Históricamente, la zona de La Alta Guajira, situada en el extremo peninsular del departamento, ha sido un territorio con bajos niveles de desarrollo social y con una posición territorial estratégica que antaño vio operar al bloque Paramilitar “Contrainsurgencia Wayuu”, uno de los pocos bloques que no participó en las desmovilizaciones.

Este territorio, actualmente presenta un panorama en el que las comunidades conviven en un estado de afectación y falta de oportunidades. Comunidades fundamentalmente indígenas wayuu, que desde hace un tiempo comparten su vida con la presencia de grupos armados ilegales que hacen presencia en la zona.

Por ello, durante la semana del 8 al 13 de febrero, la Oficina Regional de Valledupar de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA –MAPP/OEA-, junto a una delegación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y al analista de Sistema de Alerta Temprana (SAT) de la Defensoría del Pueblo, realizaron un recorrido en la zona de la Alta Guajira con el objetivo de conocer la situación de las comunidades asentadas en esta región y recabar información de las instituciones en esta área del país.

En este marco, la comisión interinstitucional recorrió la localidad de Uribia, conocida también como la capital indígena de Colombia y visitó además a las comunidades de El Cerro de la Teta, Flor de Paraíso, Flor de la Guajira, Puerto López, Siapana, Nazareth, Villa Fátima y el caserío de Paraíso del corregimiento de Bahía Hondita, en donde se realizaron entrevistas con miembros de la comunidad Wayuu, quienes conforman un 98% de la población de la zona, además de otras instancias como comerciantes, autoridades policiales y militares de la región.

  
La comisión, logró evidenciar varios factores de vulnerabilidad de la población frente a posibles desastres naturales y especialmente frente a la violencia que se vive actualmente en el territorio, lo que pone en situación de cuidado y seguimiento a la vida cotidiana de los habitantes de la Alta Guajira.

 
Por este motivo, la comisión interinstitucional evidenció la necesidad de establecer un cronograma de visitas periódicas y coordinadas entre las instancias que la componen con el fin de acompañar a las  instituciones del Estado la situación de la población y de esta manera surjan iniciativas que impulsen una mayor atención a la población.