Rodrigo Salazar, una vida de liderazgo indígena

El gobernador suplente del Resguardo indígena Piguambí Palangala, ubicado en Tumaco, fue asesinado este jueves por desconocidos. Fue durante años un líder querido y reconocido por el pueblo Awá. Perfil.

Rodrigo tenía 44 años, y fue durante largo tiempo un destacado representante del pueblo Awá. Entre 2012 y 2016 fue consejero zonal de la Guardia Indígena para el municipio de Tumaco, donde se encuentra ubicado el resguardo. Allí fortaleció los lazos de la UNIPA, una asociación de autoridades indígenas Awá que agrupa desde hace 30 años a más de 30 cabildos y a 20 mil miembros de este pueblo, con el resguardo Piguambí Palangala.

En ese momento comenzaron las amenazas contra él y otras autoridades del resguardo. El fortalecimiento de la Guardia se daba en medio de una intensa lucha de las comunidades étnicas por la defensa del territorio, que se disputaban, y se siguen disputando, varios grupos armados ilegales.

La labor de Salazar fue tan destacada que, una vez terminó su periodo como consejero zonal de Guardias, fue elegido unánimemente como Gobernador suplente del Resguardo. Desde allí, fortaleció la defensa del territorio y la vida de sus comuneros y, en el marco de la implementación de los Acuerdos de Paz, promovió la sustitución de cultivos ilícitos en una de las zonas más conflictivas del país.

Esta lucha histórica del pueblo Awá significó que UNIPA fuera acreditada como participante en el caso 002 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga las graves afectaciones del conflicto ocurridas entre 1990 y 2016 en Tumaco, Barbacoas y Ricaurte (Nariño), contra pueblos indígenas, afrocescendientes y campesinos. El pueblo indígena Awá fue víctima de al menos dos masacres por parte de grupos armados ilegales, y varios de sus liderazgos han tenido que desplazarse y aún viven en constante zozobra por la presencia de violentos en el territorio.

El asesinato de Rodrigo Salazar es un nuevo golpe para la organización indígena en Nariño y en Colombia. Él regresaba a su casa, ubicada en el resguardo Piguambí Palangala, cuando hombres desconocidos lo abordaron. Eran las 11 de la mañana del 9 de julio del 2020. Tanto Salazar como otros miembros de ese resguardo del pueblo Awá habían recibido amenazas, al punto de que tenía un esquema de seguridad por parte de la Unidad Nacional de Protección. Sin mediar palabra, desconocidos lo asesinaron.

De inmediato, tanto la Organización Nacional Indígena de Colombia  (ONIC) como la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) comunicaron a través de redes sociales lo sucedido. El crimen ha causado indignación y fue condenado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, organizaciones internacionales y el gobierno nacional.

Salazar fue conocido por el equipo regional de la MAPP/OEA, por su valioso trabajo en favor de la construcción de paz territorial. La Misión lamenta y condena enérgicamente  su asesinato, al tiempo que se solidariza con su familia y con el pueblo indígena Awá. Además, reitera su exigencia a los grupos armados ilegales a cesar la violencia contra la población civil y los liderazgos en el país, al tiempo que exhorta a las autoridades a reforzar las medidas de protección efectiva para las comunidades y para quienes defienden la vida, el territorio y la paz en Colombia. 

En Arauca, la construcción de Paz avanza en medio de la Pandemia

Con el acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la MAPP/OEA imparte una capacitación en transformación de conflicto a 40 liderazgos sociales y políticos del departamento.

La nueva realidad que vive el planeta ha derivado en conflictos sociales cada vez más latentes. Los efectos de la pandemia son más evidentes en las comunidades vulnerables de Colombia, donde sus habitantes, además, sufren los impactos del conflicto armado y las consecuencias de la débil presencia institucional.

Arauca es uno de esos territorios. Aunque los casos de Covid-19 parecen estar controlados, en esta zona del país persiste el accionar de grupos armados ilegales, la crisis migratoria no encuentra salida y la implementación de los Acuerdos de Paz es todavía un desafío.

En ese marco, la MAPP/OEA organizó junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, un taller de fortalecimiento de capacidades en el que más de 40 miembros de los Consejos Territoriales de Paz de Arauca adquieren herramientas de diálogo, construcción de Paz y transformación de conflictos. El distanciamiento social no ha sido un problema para que las defensoras y defensores de los Derechos Humanos y del territorio asistan a la sesiones, ahora virtuales.

“La gente estaba necesitando este espacio desde hace algún tiempo.  Se están involucrando con la metodología, y el promedio de participación se ha mantenido. Ya están aterrizando las herramientas y el enfoque de transformación de conflictos que estamos planteando, que involucra a todas y a todos en el diálogo auténtico y en sus implicaciones”, señaló el coordinador del área de Fortalecimiento de Capacidades de la MAPP/OEA, Herbert Ortega.

Utilizando la virtualidad, liderazgos sociales de Arauca siguen fortaleciendo sus capacidades en resolución y transformación de conflictos.

La capacitación, que irá hasta el mes de agosto, está dirigida a liderazgos políticos, sociales, étnicos y religiosos de la zona, y tiene como objetivo que estas personas se conviertan en replicadores de metodologías de transformación de conflictos y de escenarios de construcción de Paz colectivos.

 “Este lugar ha sido un punto de encuentro y de entendimiento de las posturas de los diferentes movimientos sociales y los Consejos Municipales de Paz en el departamento. Ha sido muy fructífero participar en los talleres porque hemos adquirido nuevos conocimiento y nuevas terminologías para poder trabajar e incidir en los conflictos sociales que vive nuestra región”, señaló Yesid Robles, líder social y miembro del Consejo Municipal de Paz de Arauquita.

Por su parte, la profesora Gloria Dilva Medina, representante del Consejo de Cultura de Saravena, destacó que “si algo he aprendido en mi vida como docente es que los seres humanos nos conocemos cuando estamos en grupo, que nos volvemos una familia. Yo me he convertido en una especie de motor para desarrollar confianza, competencias y su mejor potencial. Con estas herramientas quenos da el curso podemos abordar mejor los conflictos de estos jóvenes y ayudarlos a que saquen lo mejor de ellas y ellos”.

De la mano de la institucionalidad nacional, la MAPP/OEA reafirma su compromiso de seguir acompañando a las comunidades en la construcción de una Paz completa que beneficie a los territorios más afectados por el conflicto, la criminalidad y la inequidad en el país.

Aramis Arenas, una vida de liderazgo

Luego de décadas de lucha por los Derechos Humanos y el territorio, el líder social Aramis Arenas fue asesinado el 19 de mayo en Becerril, Cesar. La MAPP/OEA condena este grave hecho. Perfil.

Aramis Arenas Bayona era reconocido en todo el oriente del Cesar. Las y los habitantes de esta zona de Colombia, que durante más de 10 años sufrió en carne propia las multiples tragedias del conflicto armado, veían en él una esperanza de Paz y de futuro de su región.

Víctima de desplazamiento y tortura por parte de grupos armados ilegales, nunca cesó en su empeño de luchar porque la Paz llegara al territorio. Quienes lo conocieron lo definen como una persona comprometida, lúcida e íntegra, y aseguran que su muerte ha sido un golpe duro para la región.

Su vida de liderazgo lo llevó a vincularse a la organización comunal, a emprender la defensa de los Derechos Humanos y de la Paz en esta zona del oriente del Cesar. Además, fue candidato al consejo municipal de Becerril y adelantaba, hasta el momento de su muerte, un proyecto turístico de desarrollo sostenible y mejora de las condiciones de su comunidad.

Nadie vio nada, pero el 19 de mayo Amaris apareció muerto en su finca con un disparo en la cabeza. Aunque era el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, ese día se encontraba solo, por lo que no hay indicios de los responsables de su muerte.

La MAPP/OEA condena enérgicamente este grave hecho, que se convierte en un capítulo más de una cadena de afectaciones contra liderazgos sociales, comunales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y defensoras y defensores de Derechos Humanos en el país.

A los grupos armados ilegales, les exige cesar todas las acciones violentas contra la población civil, víctima de un conflicto que se ensaña con las comunidades y territorios más vulnerables de Colombia.

La Misión exhorta también a las autoridades a emprender una investigación exhaustiva que permita dar con los responsables de este grave hecho, así como reforzar las medidas de protección a los liderazgos sociales en el país.

El equipo de la MAPP/OEA se solidariza con el dolor de la familia y de las personas que tuvieron la oportunidad de compartir el liderazgo, el compromiso y la sabiduría de Aramis Arenas Bayona.

Ningún niño debe ser combatiente

En el día de la niñez, la MAPP/OEA reitera su preocupación por la continua utilización de niños y niñas en el conflicto y la criminalidad. También renueva el llamado a garantizar sus derechos.

El monitoreo realizado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz señala que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes persiste en Colombia, en zonas como Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca, y en departamentos como Antioquia, Caquetá y Chocó. La Misión ve con especial preocupación el impacto que la vinculación forzada a grupos armados ilegales en los territorios étnicos, con una afectación directa al tejido social y a las tradiciones de sus comunidades.

En estas y otras zonas del país, los grupos ilegales utilizan a los menores de edad como “niños soldado”, vigilantes, mensajeros, cobradores de extorsiones e, incluso, como reclutadores de otros menores.

Según análisis de la MAPP/OEA, los grupos armados ilegales emplean principalmente cuatro tácticas. Los seducen mediante el ofrecimiento de dinero, armas cortas o artículos de lujo; utilizan a otros menores para que los atraigan al grupo armado; los convencen a través de invitaciones constantes o presión psicológica, y también los amenazan con atentar contra su vida o la de sus familias si no se unen a las filas.

Garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes es una labro impostergable para el Estado colombiano.

Durante los últimos 15 años, la Misión ha identificado que las condiciones que contribuyen al reclutamiento forzado en territorios vulnerables no han cambiado. Por el contrario, en el marco del conflicto armado los niños, niñas y adolescentes también son víctima de violencia sexual, desplazamientos forzados y explosión de minas antipersonal, entre otros.

Por eso, además de los retos estructurales asociados a la llegada articulada e integral, el Estado colombiano enfrenta el desafío de ponerse al día en la oferta efectiva de servicios de educación, vivienda, salud, oportunidades de empleo e ingresos, y mecanismos de prevención de violencias al interior del hogar.

Recientemente, la MAPP/OEA ha destacado el abordaje del reclutamiento forzado de menores en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRN), a través de la apertura del caso 007 en la JEP. También ha celebrado la priorización de casos de violencia contra NNA en las sesiones de la Comisión Nacional de Coordinación del Sistema Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena (COCOIN).

La Misión misma ha venido acompañado iniciativas para prevenir violencias en contra de menores de edad, especialmente en César, Córdoba y Nariño. También ha desarrollado acciones encaminadas a promover el acceso a sus derechos en Caquetá, Nariño y Norte de Santander.

En concepto de la Misión de la OEA, el respeto, garantía y promoción de los derechos de la niñez, así como su participación activa, son fundamentales para avanzar en el logro de una paz completa. Por eso, seguirá visibilizando las dinámicas de afectación a esta población, y contribuyendo a su participación y empoderamiento en los procesos territoriales de paz.

El liderazgo social después de la violencia

Tres mujeres de una misma familia fueron víctima de violencia sexual, en medio del conflicto armado en el Sur de Bolívar. Hoy las tres, de generaciones distintas, son activistas y defensoras de derechos humanos.

“Nosotros fuimos el botín de guerra de ellos”, dice Jennis Calderón. Respira, guarda silencio. Recuerda que durante meses, por las calles de su pueblo, se pasearon los grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar con sus motos ruidosas, sus fusiles desafiantes y sus listas mal escritas. Interrumpe la entrevista para ojear de nuevo las calles empolvadas de San Blas, un corregimiento que se convirtió a finales de los años 90 en el enclave criminal de esa estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según relata, las AUC se adueñaron de todos los territorios del Sur de Bolívar: los lugares, que convirtieron en casa de pique, emisoras, salones de reunión y centros de tortura. Pero también se apoderaron de los cuerpos de las mujeres, territorios de lucha y resistencia pues ellas también han parido la resiliencia.

Las y los pobladores de San Blas intenta recuperarse después de vivir la violencia en su pueblo.

El cuerpo de Jennis también fue arrebatado. Prefiere no hablar de eso. Mira para otro lado, le habla  a sus dos pequeños hijos y saluda a los vecinos. Le duele recordar el episodio, pero quizás le atormenta más escuchar en su cabeza las voces de la gente del pueblo, que la increpaban diciéndole que “por algo le había sucedido”. Paradójicamente, frases como esa se convirtieron a la vez en una especie de karma que provocó el germen del liderazgo social.

Es que Jennis es hija y nieta de la resistencia. Su abuela, Julia Calderón, fue la fundadora de San Blas; su madre, Luz Dary, se convirtió en la representante legal de la primera organización de víctimas de esta región, donde el conflicto llegó a través del río y dejó a su paso miles de familias desplazadas, niñas y niños huérfanos y cientos de mujeres viudas.

Jennis siguió sus pasos. Luz Dary, su madre, víctima también de violencia sexual y una especie de consejera espiritual del pueblo, la llevó a las primeras reuniones que convocaba el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Allí conoció a otras víctimas, a otras defensoras y otras causas. Desde entonces se prometió que dedicaría su vida a que ninguna otra mujer sufriera lo que ella tuvo que vivir.

La oficina regional de la MAPP/OEA acompaña el proceso de Construcción de Paz de las mujeres de San Blas.

Hace diez años ingresó a la Mesa Municipal de Víctimas, luego hizo parte de la Mesa Departamental y hoy es una de las voces más importantes en la defensa de los derechos de las mujeres en el Sur de Bolívar. Además, desde hace 4 años creó la primera organización de mujeres víctimas de la violencia.

“He logrado que muchas mujeres despierten y que se eviten muchos feminicidios. Ha sido duro, pero lo he logrado. He logrado que muchas mujeres declaren sus hechos victimizantes como el de la violencia sexual, que es un crimen de lesa humanidad”, dice orgullosa. Se levanta de una silla blanca que ubicamos afuera de su casa para la entrevista. Se quita el micrófono. Tiene afán, una veintena de mujeres la esperan en el parque central de San Blas.

Dictará junto a la oficina regional de la MAPP/OEA un taller participativo sobre género. Gracias a la labor de Jennis, decenas de mujeres de San Blas empiezan a pensar que merecen las mismas oportunidades y derechos que los hombres, se preguntan sobre la maternidad desde la igualdad y la empatía, y comienzan a educar a sus hijas y a sus hijos en el cuidado y la responsabilidad.

Una niña montada en una moto grande pasa por delante nuestro y deja el aire lleno de humo. Las calles polvorientas de San Blas son la huella de un pueblo que no ha logrado recuperarse aún de ese capítulo siniestro que le tocó vivir. Esa niña es Yuly Ximena Calderón, tiene 18 años, es la hija de Jennis y la guerra también le atravesó el cuerpo.

Luz Dary, Jennis y Yuly se han convertido en las referentes de su pueblo.

“Emmm… a ver… cómo le digo. Yo sufrí de violencia sexual”, dice Yuly. También hace silencio y su expresión es tan parecida a la de su mamá que se hacen inconfundibles. Un excombatiente llegó a San Blas hace un par de años y abusó de Yuly. Producto de esa violación, hoy es mamá de una niña de dos años, que empieza a caminar y ya tiene la marca del conflicto en sus hombros. “Una niña criando a otra niña”, sentencia.

Así como Luz Dary llevó a Jennis a las reuniones de líderes y lideresas para empaparla del mundo del activismo, ella ha hecho lo mismo con Yuly. Montada en esa moto negra, recién comprada, llega a los encuentros de la Junta de Acción Comunal de San Blas y hace parte de las reuniones de jóvenes de Simití. Se ha convertido, como su madre, su abuela y su bisabuela, en una defensora de la comunidad.

Las mujeres de San Blas comienzan a pensar que ellas tienen las mismas oportunidades y derechos que los hombres.

San Blas le debe a la familia Calderón, a su tenacidad y liderazgo, que el ejército haya reconstruido el parque central del pueblo, en el que ahora unos columpios de madera pintados con la bandera de Colombia conviven con niñas y niños, gallinas, micos, perros, vacas y gatos. Además, decenas de familias recibieron una carta-cheque como vía de reparación administrativa.

Luz Dary, Jennis y Yuly se convirtieron en tres caras del liderazgo social en el sur de Bolívar. Hoy rara vez las recuerdan como las víctimas de los paramilitares, más bien las saludan en las calles preguntándoles cuándo será la próxima junta, el próximo partido de fútbol, el siguiente taller o la siguiente reunión.

MAPP/OEA condena situación de violencia y llama a la Paz en Colombia

En estas horas difíciles, reiteramos la exigencia a los grupos armados ilegales a cesar todo tipo de afectación contra la población civil, la infraestructura y el ambiente.

Bogotá, marzo 29 de 2020. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) condena los graves hechos de violencia que se han registrado en los últimos días contra liderazgos sociales y de derechos humanos, así como las persistentes afectaciones a varias comunidades del país a causa del conflicto armado y la criminalidad, en medio de los enormes desafíos y amenazas que supone el COVID-19.

La MAPP/OEA reitera su repudio por el asesinato de Carlota Salinas, en el sur de Bolívar; Marco Rivadeneira, en el Putumayo; Ángel Ovidio Quintero, en Antioquia; y Omar Guasiruma y Ernesto Guasiruma, del pueblo indígena Embera en el Valle del Cauca, así como de tres personas en proceso de reincorporación en zona rural de La Macarena, Meta, e insta a las autoridades a avanzar en las investigaciones pertinentes.

La Misión de la OEA ha constatado con preocupación la continuidad de afectaciones por parte de grupos armados ilegales, como amenazas, confinamientos y desplazamientos forzados de comunidades en el Alto Baudó (Chocó), Roberto Payán (Nariño), Argelia y El Tambo (Cauca), y de hostigamientos a estaciones de policía en el Norte del Cauca que ponen en alto riesgo a la población civil. Asimismo, la Misión advierte sobre el incremento de tensión social en el marco de las erradicaciones forzadas de cultivos ilícitos en regiones como Caquetá, Putumayo y el Catatumbo, donde se registró una lamentable muerte.

La MAPP/OEA hace un llamado al Estado colombiano a multiplicar las medidas de prevención y protección del liderazgo social y de la población civil que habita zonas fuertemente impactadas por la violencia y la inequidad, reconociendo su preocupación y las diversas iniciativas implementadas hasta la fecha.

La Misión destaca los esfuerzos que están adelantando las autoridades nacionales, regionales y locales para prevenir y contrarrestar los efectos del COVID-19, y los alienta a disponer los recursos y las acciones necesarias para atender a las poblaciones que, en las actuales circunstancias, son vulnerables tanto al virus como a los efectos de las violencias y la desigualdad.

En estas horas difíciles, la MAPP/OEA reitera la exigencia a los grupos armados ilegales a cesar todo tipo de afectación contra la población civil, la infraestructura y el ambiente, así como a respetar la integridad del personal médico, sanitario y humanitario, público y privado, que trabaja incansablemente para afrontar la emergencia sanitaria. Este es un clamor de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional.

Finalmente, la MAPP/OEA convoca a la sociedad colombiana en su conjunto a priorizar la convivencia pacífica, el bien colectivo, la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales. En este difícil escenario, en el que se reafirma la urgente necesidad de la paz completa, la Misión reitera su compromiso de seguir apoyando, bajo las actuales medidas de contingencia, a las comunidades e instituciones de Colombia.

Marco Rivadeneira, un defensor de la vida y la tierra

La Misión reitera su llamado a las autoridades para adelantar una investigación exhaustiva, que permita dar con los responsables de esta grave y lamentable afectación.

Desde que la MAPP/OEA abrió su oficina en Puerto Asís, hace más de 10 años, conoció de cerca a Marco y su historia. En ese entonces ya era un líder consumado, vocero departamental del Proceso Nacional de Garantías, delegado de una plataforma de Derechos Humanos y vocero nacional del Coordinador Nacional Agrario, una asociación que agrupa a miles de familias campesinas de la región, entre otras organizaciones.

Para quienes habitaban el corredor Puerto Vega – Teteyé, punto estratégico del Putumayo, Marco encarnaba el alma de su lucha. Siempre le apostó al diálogo y a la transformación productiva de los territorios afectados por la presencia de grupos armados ilegales y cultivos ilícitos.

Marco Rivadaneira particpó en varias jornadas de capacitación con la MAPP/OEA en el departamento.

Primero, al lado de las miles de familias cocaleras, acompañó las movilizaciones contra la erradicación forzada a mediados de los 2000. Luego, en tiempos del Acuerdo de Paz, contribuyó al diálogo entre su comunidad y la institucionalidad para transformar de forma pacífica y concertada el territorio.

Este espacio gestionado por Rivadeneira le permitió al gobierno conocer de primera mano las necesidades de más de siete veredas de Puerto Asís, que históricamente encontraron en el cultivo de hoja de coca la única salida a la difícil situación económica.

En medio de esta apuesta pacífica, a Marco Rivadeneira lo encontró la violencia. La MAPP/OEA reitera su condena y rechazo al asesinato, que no solo atenta contra la vida del querido líder, sino contra el tejido de una comunidad que le apuesta a la construcción de paz. También reitera su llamado a las autoridades para adelantar una investigación oportuna y exhaustiva, que permita dar con los responsables de esta grave y lamentable crimen..

Asimismo, extiende su profunda solidaridad a la familia, amigos y comunidad de Marco, y a quienes, como la Misión, tuvimos el inmenso privilegio de conocerlo.

Acción Comunal de Tumaco entrega propuestas para Plan de Desarrollo

La MAPP/OEA fue la única organización que acompañó la entrega de las propuestas. Se trata de la consolidación de dos años de un proceso organizativo territorial.

Tumaco es una de las zonas del país que representa los grandes retos que tiene Colombia para avanzar hacia el posconflicto. Presencia de cultivos de uso ilícito, de grupos armados organizados, falta de llegada de las instituciones del estado y un tejido social fracturado hacen que en este lugar se viva con fuerza el conflicto armado interno.

En medio de esta difícil situación, la sociedad civil ha resistido al abandono y a la violencia para encaminar acciones conjuntas que permitan mejorar la vida de las y los habitantes de esta zona del país. Tal es el caso de AsoJuntas, una organización con más de 50 años de experiencia en el país y que agrupa a la mayoría de liderazgos sociales de Colombia.

La Acción Comunal en Tumaco ha permitido resistir a la violencia y restablecer el tejido social. Fotos: Francisco Barreto

En Tumaco, y desde hace dos años, han trabajado de la mano de varias organizaciones no gubernamentales y de la MAPP/OEA para fortalecer sus estructuras, presentar proyectos productivos, mejorar sus conocimientos en temas legales nacionales e internacionales y sus herramientas para la incidencia en temas políticos y de Derechos Humanos.

Producto de este proceso, el pasado 16 de marzo AsoJuntas le entregó a las autoridades locales una serie de propuestas para incluir en el Plan de Desarrollo del municipio para el año 2020.  Propusieron, por ejemplo, fortalecer las casas locales de Justicia en todos sus temas, con énfasis en la labor de las y los conciliadores en equidad.

También le propusieron al gobierno local reactivar la biblioteca que quedaba en la Casa de la Cultura de Tumaco, así como implementar una red de bibliotecas móviles en el municipio. Finalmente, en temas de salud propusieron implementar la política de instituciones amigas de la mujer y la infancia (IAMI) y la estrategia de atención integral a las enfermedades prevalentes de la infancia.

Varias instituciones acompañaron la confección de las propuestas para el Plan de Desarrollo municipal 2020. Fotos: Francisco Barreto

La entrega de propuestas se hizo luego de socializar las ideas con varias organizaciones internacionales, incluidas Save the Children, Alianza por la Solidaridad, Misión de la ONU en Colombia, Consejo Noruego para los Refugiados y Médicos del Mundo. Sin embargo, la MAPP/OEA fue la única organización que acompañó la entrega de esta matriz al gobierno local.

Sin embargo, este proceso ha tenido decenas de obstáculos: la violencia también ha empañado esta articulación y el 17 de marzo del año pasado, hace algo más de un año, cobró la vida del líder social Argemiro López. López era un reconocido líder del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos (Pnis) y en el ataque resultaron heridas su esposa y su mamá.

En medio de la violencia, AsoJuntas sigue adelante en su procesos de fortalecimiento y capacitación. Fotos: Francisco Barreto

Por eso las comunidades de Tumaco piden que el gobierno local integre sus propuestas al Plan de Desarrollo y que más organizaciones e instituciones públicas se sumen a la articulación para fortalecer la acción comunal en su territorio.

“El diálogo es el medio para construir paz”: Consejo de Paz de Cesar

Miembros de esta organización asistieron al taller Construcción de paz, diálogo y resolución de conflictos que impartió la MAPP/OEA, en el marco del trabajo conjunto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la gobernación del departamento.

El Consejo Nacional de Paz nació hace más de 20 años como un mecanismo de la sociedad civil para impulsar, apoyar y monitorear las políticas de paz del gobierno colombiano. Desde entonces, y particularmente luego la firma de los Acuerdos de Paz con las antiguas Farc, este mecanismo ha cobrado especial importanica en los lugares más azotados por el conflicto armado y la inequidad en el país.

El departamento del Cesar es uno de ellos. Desde el año pasado funciona el Consejo departamental de Paz, Reconciliación y Convivencia, conformado por miembros de diferentes sectores de la sociedad civil que vienen trabajando en evaluar la implementación de los Acuerdos y en monitorear las políticas de convivencia, diálogo, reconciliación y no repetición.

Como parte de este proceso de consolidación de los Consejos de Paz, la MAPP/OEA realizó un taller de fortalecimiento de capacidades para el diálogo con estas consejeras y consejeros en Valledupar. Durante dos días, funcionarios de la Misión compartieron contenido teórico y experiencias prácticas con las y los participantes. ¿Qué es un conflicto? ¿cómo se deriva una conflictividad social en una crisis? ¿qué hacer para prevenirlo? Fueron algunas de las preguntas que surgieron durante la actividad.

Imágenes del taller impartido por la MAPP/OEA a Consejeras y Consejeros de Paz en Cesar.

“En sociedades afectadas por el conflicto armado y la violencia, el diálogo es el valor, el objetivo y la metodología que puede ayudar a abordar situaciones difíciles, generar participación responsable y tomar decisiones que permitan acuerdos sostenibles”, señaló Herbert Ortega, coordinador del área de Fortalecimiento de Capacidades de la MAPP/OEA.

Al taller asistieron líderes campesinos, representantes de los pueblos indígenas, de las organizaciones de mujeres, de los sindicatos y otros sectores que integran el Consejo Departamental de Paz del Cesar. Además de ellos, estuvieron presentes las y los funcionarios de la Oficina de Paz de la Gobernación, quienes tienen el reto de seguir impulsando las políticas de implementación de los Acuerdos durante los próximos cuatro años.

Imágenes del taller impartido por la MAPP/OEA a Consejeras y Consejeros de Paz en Cesar.

Las y los asistentes valoraron la experiencia, pues consideran que mezcló contenidos teóricos con ejercicios prácticos que permitieron aterrizar las definiciones en casos específicos. “Estos espacios son importantes porque estos Consejos van a ayudar a que nuestro departamento sea un lugar de Paz”, señaló al término del taller Juana Pacheco, asesora de la Oficina de Paz del Cesar.

El reto a partir de ahora es replicar estas capacidades en los Consejo Municipales de Paz, y seguir fortaleciendo la red de constructoras y constructores de reconciliación en el departamento.

Mujeres del Valle del Cauca fortalecen sus capacidades en enfoque de Género para la Paz

Mujeres de Cali, Buenaventura, Florida y Pradera asistieron a talleres de formación en los que conocieron, de primera mano, avances y restos de la implementación de los Acuerdos de Paz.

El enfoque de género fue una de las mayores victorias de las organizaciones de mujeres en los Acuerdos de Paz celebrados entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc. Gracias a la lucha de decenas de organizaciones, ese texto reconoce que las mujeres sufrieron afectaciones diferentes a los hombres en el marco del conflicto armado interno y que, por tanto, deben ser reparadas de manera específica.

Tres años después de la firma de esos Acuerdos, la MAPP/OEA acompañó a la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz en cuatro eventos realizados en el Valle del Cauca, donde más de 200 lideresas sociales y víctimas de la violencia recibieron de parte del instituto Kroc un informe sobre los avances en la implementación de los Acuerdos de Paz.

Uno a uno, el instituto Kroc y las mujeres asistentes analizaron los puntos de la agenda negociada en La Habana, para entender los alcances de cada acuerdo y el estado de la implementación. Allí descubrieron, por ejemplo, que en el tema de género se ha avanzado en la creación de los marcos, normas, protocolos y la reinstalación de la propia Instancia Especial; pero ha habido muy escasos avances en cuanto a la implementación en territorio de las medidas especiales y transversales de género en cada uno de los 6 puntos del acuerdo. 

Las mujeres plantearon varias preocupaciones respecto a la implementación de los Acuerdos: le pidieron al instituto Kroc a profundizar la mirada territorial de los avances y retos de este proceso, puesto que no se sienten representadas en los informes. Además, se mostraron más interesadas en revisar análisis cuantitativos de la implementación del Acuerdo, más que en observar los porcentajes cuantitativos.

Tras discutir los temas en grupos de trabajo, las mujeres de los cuatro municipios coincidieron en reconocer el bajo conocimiento que tienen frente a las acciones de implementación del Acuerdo de Paz y su poca participación en las entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

Sin embargo, las lideresas sociales reconocieron el trabajo de la MAPP-OEA y de otros organismos internacionales para vincular el tema de género a las agendas locales y por trabajar con las mujeres de comunidades étnicas.

Finalmente, más allá de los avances y restos en implementar los puntos de la agenda negociada, las mujeres del Valle del Cauca claman por la no repetición. Muchas de ellas denuncian la presencia de grupos armados ilegales en la región, así como afectaciones a la vida de sus comunidades. Para ellas, sin garantizar la vida es imposible avanzar hacia la paz duradera.