Diálogo institucional: Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

La agencia Nacional de Tierras (ANT), ubicada en Barrancabermeja, ha convocado a diferentes instituciones presentes en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra desde octubre de 2017. Esta convocatoria tiene el fin de articular las acciones que las distintas agencias del gobierno vienen desarrollando para la implementación de los acuerdos de paz en esta zona del Magdalena Medio, comprendida entre los municipios de Remedios y Yondó (Antioquía) y San Pablo y Cantagallo (sur de Bolívar).

En el marco de la Reforma Rural Integral pactada en los acuerdos de La Habana, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son parte importante para el reconocimiento de los derechos territoriales de miles de campesinos y campesinas. Es por esto que la ANT consideró necesario generar una coordinación interinstitucional que responda a los retos puntuales de la formalización de tierras, la restitución, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la implementación de los PDET.

Según Alexander Rivera, subdirector de Administración de Tierras de la Nación de la ANT, este espacio entre agencias del Estado ha sido clave para “la formulación y consolidación de políticas públicas, acceso a la institucionalidad, fortalecimiento de mecanismos de participación democrática, aplicación del enfoque diferencial e identificación de oportunidades de complementariedad institucional”. En este sentido, este espacio permite potenciar el trabajo en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

A la fecha se han realizado varios encuentros interinstitucionales en los que han participado la  Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz-Enlace Magdalena Medio, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) de la Policía Nacional, el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación. Así mismo, han participado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina de la Misión de Verificación de la ONU.

En cumplimiento de su mandato, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) acompaña esta iniciativa como parte del apoyo al estado colombiano en su esfuerzo por ampliar la oferta institucional y la garantía de derechos en zonas claves para la construcción de una paz estable y duradera.

EL ESPECTADOR: La situación en el Catatumbo “es una violación al Derecho Internacional Humanitario”: OEA

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la situación vivida en el Catatumbo (Norte de Santander) donde continúan los ataques entre los grupos armados ilegales del Eln y una disidencia del Epl. La organización hizo un llamado a los implicados en el conflicto y pidió el cese de los ataques violentos para velar por el respeto a los derechos y la integridad de los habitantes de la zona.

La Organización constató la continuidad de las hostilidades, especialmente en los sitios conocidos como Filogringo, San Pablo, Mesitas y La Primavera, entre otras veredas. En la subregión se denuncian homicidios, desplazamiento forzado y secuestros. Incluso, en el transcurso de esta semana se suspendieron las actividades en las escuelas locales, ya que sería peligroso el tránsito de menores de edad en la zona.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia señaló que el actual paro armado constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, pues se involucra población civil en actos de guerra. De igual forma, las organizaciones comunitarias han manifestado ser víctimas de constantes amenazas a sus líderes.

Por su parte, la disidencia del Epl envió un comunicado el pasado 17 de marzo, en el que informaba que no van a interrumpir las ataques al Eln en el territorio. “Ustedes quisieron llevar nuestras diferencias políticas al plano militar y en el plano militar nos veremos. En el territorio hemos estado y ahí nos quedaremos, cueste lo que nos cueste”. La situación es cada vez peor, tanto así que, el pasado 16 de abril, el gobernador de Norte de Santander decretó una situación de emergencia en la zona.

La Defensoría del Pueblo también se manifestó al respecto. “La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación”, señaló la entidad.

Finalmente, la Misión de Apoyo confirmó su presencia y seguimiento en el Catatumbo y resaltó las iniciativas de paz y diálogo que las diferentes organizaciones sociales, campesinas e indígenas han promovido a pesar de la grave situación en la que se encuentra en este momento la zona, históricamente enmarcada en el conflicto armado en Colombia.

EL ESPECTADOR: La OEA expresa su rechazo al atentado en estación de Policía en Barranquilla

Por medio de un comunicado, la organización rechazó a atentado y expresó su solidaridad con familiares de las víctimas y la pronta recuperación a los heridos.

La Organización de Estados Americanos mostró este su “enérgico rechazo” al atentado contra una comisaría de Policía del barrio San José, en la ciudad de Barranquilla, en el norte del país, en el que al menos cuatro policías perdieron la vida.

“Enérgico rechazo a atentado en estación de Policía San José de Barranquilla. Nuestra solidaridad con familiares de las víctimas, y deseo de pronta recuperación a los heridos“, señaló la organización en un comunicado divulgado a través de las redes sociales.

El ataque, que fue causado por un explosivo colocado en uno de los muros de la comisaría, ocurrió cerca de las 06.40 cuando los policías estaban en formación en el patio para el cambio de turno, según explicó el general Mariano Botero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades han informado de la detención de un sospechoso, que fue capturado en las inmediaciones del lugar, a quien se le decomisó un cuaderno y una radio de comunicaciones que podrían haber servido para perpetrar un ataque en el que además 42 personas resultaron heridas.

En estos momentos se investiga si el atentado podría tener relación con un ataque que ocurrió casi en simultánea en un lugar cercano de la ciudad contra un camión de transporte de valores, del cual no se llevaron nada, pero que dejó un vigilante asesinado y dos más heridos.

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MAPP/OEA acompañó instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad

Por petición del Gobierno Nacional, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) acompañó en Popayán, Cauca, la primera sesión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad Nacional, prevista en los acuerdos de La Habana para garantizar la seguridad de los líderes sociales.

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EL TIEMPO: Una misión internacional de paz en territorio de conflicto

EL TIEMPO estuvo en el Catatumbo con la MAPP-OEA y habló con comunidad. Crónica desde campo.

Desde aquí, el país se ve diferente. La Colombia en guerra es una realidad y mantiene las calles empolvadas en un constante tránsito entre miedo y esperanza. Se sabe, por ejemplo, que en algunos pueblos, cuando se escucha el primer disparo desde la selva, hay que cerrar puertas y buscar resguardo hasta que terminen los hostigamientos contra el Ejército. También, es una regla implícita de vida nunca recorrer la región de noche o “respetar” los grafitis que aparecen en las fachadas.

Aquí la gente sabe que mientras en Bogotá se habla de paz, ellos hacen parte de una región en donde los grupos armados ilegales siguen activos en guerra. Y a pesar de los complejos conflictos con los cuales viven a diario y de todas las noticias negativas que llegan al centro del país, sus comunidades tienen presente también que algún día ese país en posconflicto que se ve en las noticias será el suyo.

Y trabajan para que lo sea. Los liderazgos comunitarios son, probablemente, el mecanismo más poderoso que tiene este territorio, no solo para mitigar el temor y la incertidumbre, sino para lograr el cambio.

Los líderes sociales repiten, incansablemente y con vehemencia, palabras como ‘concertación’, ‘participación’, ‘transformación’ y también ‘sustitución’. Consideran que allí está la clave para la paz en su región. Las comunidades, por su parte, saben escucharlos, rodearlos e interpelarlos. A ellos se suman los indígenas barí, habitantes ancestrales del territorio, quienes aportan su sabiduría y noción incluyente para la resolución pacífica de conflictos. Todos, desde sus visiones particulares, desarrollan planes autónomos para aportar a esta fase de transición que se vislumbra en el Catatumbo.

La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela y extendida por el departamento de Norte de Santander, ha sido y sigue siendo una zona de interés y disputa para los actores armados ilegales, precisamente por su carácter geoestratégico de frontera.

Están las Farc, el Eln, el Epl, bandas criminales como el ‘clan del Golfo’, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de lado y lado de la frontera, quienes han aprovechado la débil presencia estatal para consolidarse a través del control de la economía ilegal, principalmente los cultivos de coca, el narcotráfico y el contrabando de gasolina. Todos ellos, a veces en alianzas y a veces por separado, manejan en mayor o menor medida los distintos eslabones de la economía local. También intimidan a través del dinero ilícito las extorsiones a la mayoría de los 11 municipios que conforman la región.

Aquí hay heridas de la guerra aún por sanar y un conflicto que sigue presente y deja nuevas víctimas. En La Gabarra, un corregimiento al norte de Tibú, la capital de la región, una mujer dice que hace más de diez años los paramilitares la violaron y producto del hecho tuvo una hija. Lo recuerda una y otra vez, sin parecer encontrar la calma que necesita. Y en Versalles, otro caserío pero al sur, en la entrada se levanta un imponente letrero de las Farc que nadie se atreve a retirar. Mientras que en el occidente, en el municipio de San Calixto, la vía estuvo interrumpida en diciembre por un carro bomba del Epl, y el Eln continúa con ataques a oleoductos y bloqueo de carreteras.

A estas dinámicas de conflicto, criminalidad y rentas ilegales se suma la pobreza. A pesar de ser una región rica en tierras fértiles y recursos mineros, la carencia de servicios básicos es evidente a medida que transitamos y nos adentramos en el territorio, al punto de que un habitante del corregimiento de Versalles señala que los del Catatumbo son “los hijos olvidados de Colombia”.

Las vías terciarias son en realidad largas trochas. Para transportar enfermos y heridos los pobladores han tenido que recurrir al uso de motos particulares, pues no hay ni ingresan ambulancias. No hay suficientes hospitales ni centros de salud. Y las escuelas, además de ser escasas, ofrecen hasta quinto de primaria o atienden a solo 30 estudiantes.

Esta falta de oportunidades de educación y empleo, sumada a la presión ejercida por los ilegales, ha hecho del cultivo de coca una de las principales fuentes de ingresos para los campesinos de la zona, quienes desde muy jóvenes empiezan a rasparla. Aun así, ellos saben que “lidiar con la mata de coca es lidiar con violencia”. De ahí su reiterada voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito por proyectos productivos concertados.

El terreno está abonado. Por un lado, existe la intención; por el otro, hay iniciativas locales de emprendimiento y asociatividad que, tan solo, necesitan ser potenciadas. “Nosotros no somos agricultores, somos cultivadores. Necesitamos que el Gobierno nos enseñe a producir la comida para alimentar al país. Ese es nuestro mayor deseo”, le dijo a EL TIEMPO uno de los líderes comunitarios del tema en el Catatumbo.

Sin embargo, el Estado aquí se ve únicamente vestido de camuflado. Las acciones militares están vigentes y la inversión social sigue siendo una promesa. En su lugar, los casos de corrupción se oyen con frecuencia, al punto de que las comunidades temen, desde ya, que los recursos del posconflicto se queden “en el camino”, en manos de intermediarios. Por eso, piden tener mayor veeduría sobre estos fondos y así evitar que la paz esté en riesgo.

Monitoreo y acompañamiento en zona de conflicto

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) ha estado en el Catatumbo desde el momento en que se desmovilizaron las AUC. En estos 13 años en la región, ha sido un actor fundamental en la visibilización de las afectaciones del conflicto armado a las poblaciones, en el monitoreo a los procesos de reparación colectiva de víctimas y restitución de tierras, así como en el acompañamiento a iniciativas comunitarias de paz.

“La gente siempre tiene la expectativa de ser escuchada”, dice María Mandova, coordinadora regional en Cúcuta de la Mapp-OEA. “Las personas tienen preocupaciones y necesidades, pero creo que una de las grandes conclusiones que nos queda es que la gente tiene muchas propuestas de cómo proyectarse y cómo seguir adelante en un Catatumbo sin conflicto armado”, señala.

Algunas de estas iniciativas de paz se presentan en Pacelli, un corregimiento que, para muchos, es modelo de resiliencia en el convulsionado Catatumbo. A través de estructuras de líderes comunitarios, los pobladores de Pacelli propusieron un modelo propio de sustitución de cultivos ilícitos. El año pasado también socializaron un manual de convivencia que busca ponerles freno a los accidentes de tránsito y que ha permitido solucionar problemas comunitarios por medio del diálogo participativo entre todos sus habitantes. Aquí estuvo presente este organismo internacional brindando asesoría y apoyo.

Como un actor presente en la zona, la Misión también ha conocido y llamado la atención del Gobierno Nacional sobre casos recientes que han herido de manera profunda a las comunidades. Uno de estos es la desaparición forzada del líder comunal Henry Pérez, en La Gabarra, de quien no se tienen noticias desde el 26 de enero del año pasado. Este hecho ha conmocionado a la comunidad, que ha marchado y le ha pedido al Gobierno celeridad en las investigaciones, así como acompañamiento a las estructuras comunitarias locales.

La movilización comunitaria para exigir medidas urgentes y concretas en el caso de Pérez es ejemplo de cómo el renovado impulso de conseguir una paz estable empieza por poner fin al silencio y la impunidad. Aun así, los pobladores siguen sin respuestas sobre el paradero del dirigente comunal.

“Es un gran líder. Este tipo de hechos no se deben repetir en nuestro territorio, donde queremos es paz. Es muy doloroso”, le dijo a EL TIEMPO una mujer del corregimiento, que conocía la labor comunitaria de Pérez.

¿Por qué hay presencia de la Mapp-OEA? Por solicitud expresa del Gobierno Nacional de realizar misiones de monitoreo y apoyo en zonas de conflicto. Sus alertas, el conocimiento de los territorios y la confianza conseguida en el trato cercano con las comunidades permiten dar lectura de cómo avanzan las regiones en conflicto y su camino en búsqueda de la paz.

Al día siguiente de la firma del acuerdo de paz en Cartagena, el Gobierno expresó públicamente su deseo de que la Misión continúe en el país aportando al proceso de paz. Con dicho fin, extendió su presencia hasta diciembre del 2018, encargándole a su vez nuevas funciones en la etapa de posconflicto, que constituyen un aporte al fortalecimiento del proceso en cuanto implican acciones de monitoreo y acompañamiento en zonas del país que son de la mayor importancia. Esto se logra gracias al apoyo económico y político de los diversos países donantes de la Mapp-OEA.

El panorama en una región como el Catatumbo es complejo. Aunque las Farc, presentes en la zona, están próximas a iniciar la entrega de armas tras consolidarse el proceso de paz con el Gobierno, otros grupos ocupan y controlan el lugar.

Roberto Menéndez, el jefe de la Mapp-OEA, señaló en noviembre que sus equipos en las regiones vienen constatando que las zonas de las que se están retirando las Farc están siendo copadas por otros actores armados ilegales.

“Es muy difícil determinar si dichas dinámicas obedecen a una ‘cesión oficial de territorios’, por expresarlo de alguna manera. Lo que sí se ha logrado identificar son reconfiguraciones en los territorios. Las evidencias de dichos reacomodamientos son percibidas por las comunidades por la aparición de grafitis, presencia física y convocatorias a reuniones con pobladores”, le dijo Menéndez a EL TIEMPO.

Y esto es lo que las comunidades quieren que las autoridades locales y nacionales tengan en sus radares, para evitar que la violencia se perpetúe en la zona con nuevos rostros. También para reiterar la esperanza y necesidad de avanzar hacia una paz completa, que dé pronto inicio al anunciado proceso con el Eln y que busque una salida negociada con el reducto del Epl, conocido aquí como ‘los Pelusos’.

Entretanto, mientras avanzan las iniciativas gubernamentales para desarmar grupos a través del diálogo y de la ofensiva militar contra las demás estructuras ilegales, en terreno la gente deja entrever un arma poderosa contra la guerra enquistada en su región, y esta es su esperanza.

“Aquí estamos totalmente dispuestos a dejar la coca, que tanto daño nos ha hecho. Estamos dispuestos a ayudar. A unirnos. A buscar que los grupos armados salgan del territorio. Solo necesitamos mejorar la comunicación con el Gobierno y que este, por primera vez, llegue aquí sin promesas electorales. Que nos ayude a sacar los cultivos de cacao porque no hay vías, o que los niños tengan colegios. Juntos podemos lograrlo”, señala un hombre en Versalles, un punto cercano a Caño Indio, que en un principio se planteó como una de las zonas veredales para que las Farc se agruparan y dejaran las armas.

Una misión de paz como esta emite radiografías del conflicto y crea espacios de confianza y diálogo en zonas donde incluso la prensa ve restringido su trabajo por la violencia. Pero también acompaña los procesos que llenan de esperanza a las comunidades que se resisten a la guerra y anhelan conseguir la paz completa con todos los grupos armados.

Aquí, en el Catatumbo, cada vez son más quienes comienzan sus días con la ilusión de ver sus montañas sembradas de cacao, de tener sus vías pavimentadas y de que la educación de calidad llegue a sus niños. Ese día está cerca, porque los primeros pasos ya están dados: creen y trabajan por él.

EL TIEMPO
*Por invitación de la Mapp-OEA

El Espectador: “Tendencia de violencia contra los líderes no cesará fácilmente”, Roberto Menéndez

El jefe de la Misión de Apoyo Al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, asegura que los ataques y crímenes contra líderes sociales son un riesgo y una amenaza para la paz.

Al cumplirse un año de la desaparición del líder comunitario del Catatumbo, Henry Pérez, la Misión de Apoyo Al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, MAPP-OEA, hace un llamado de alerta ante la preocupante situación de seguridad de los líderes sociales del país, agravada por las condiciones de aislamiento y debilidad estatal que se viven en muchos territorios. Una problemática a la que se suma el miedo que ha impedido que muchas afectaciones sean visibilizadas, pues las comunidades temen que existan represalias.

En diálogo con El Espectador el jefe de la MAPP-OEA, Roberto Menéndez, explica que se trata de un fenómeno con múltiples motivaciones y que no se puede simplificar.

Ustedes han hecho seguimiento a la desaparición del líder campesino del Catatumbo, Henry Pérez ¿Qué ha pasado con ese caso?

Hemos observado que no ha habido avances sustanciales en la identificación de los autores o del paradero actual de Henry Pérez, lo cual nos preocupa. Además, su esposa y los miembros de la Junta de Acción Comunal de La Gabarra han recibido reiteradas amenazas para que no lo sigan buscando ni exigiendo su liberación. El silencio, la impunidad y la revictimización no son una opción cuando el Catatumbo y el país avanzan en un proceso de paz con las FARC y vislumbran otro con el ELN. Reiteramos nuestro llamado para su inmediato regreso, sano y salvo.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA ha condenado los asesinatos de líderes indígenas, sociales y campesinos en distintos puntos del país, para los que pidió una pronta justicia. Esos asesinatos se siguen presentando. ¿Cuál es hoy el balance que hacen de esta situación?

El balance sigue siendo altamente preocupante. Tenemos la percepción de que en las actuales circunstancias la tendencia de violencia contra los líderes no cesará fácilmente, pudiendo afectar la implementación del proceso de paz. La demora en la investigación de estos hechos y en la implementación de políticas efectivas que garanticen la protección de los líderes en los territorios, requieren atención urgente de las autoridades en los distintos niveles del Estado.

¿Cuáles han sido los principales hallazgos que ha hecho la MAPP-OEA en sus investigaciones sobre este tema?

A través del monitoreo y acompañamiento permanente en los territorios hemos identificado que las amenazas e intimidaciones son la principal afectación contra los líderes, y que sin medidas efectivas de protección, seguridad e investigación, éstas se pueden traducir en nuevos asesinatos.
Este es un fenómeno complejo que no se puede simplificar. Por un lado, el perfil de las víctimas no es homogéneo. Se trata de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero también de líderes comunales, de víctimas, indígenas, afros, campesinos y reclamantes de tierras. Todos ellos, sin embargo, adelantan un importante rol de denuncia y visibilización de las afectaciones en sus comunidades.

Por otro lado, es un fenómeno multicausal, con diversas motivaciones en el actual contexto. La salida de las FARC de las zonas de presencia histórica; el reacomodo de otros grupos armados que buscan controlar esos territorios y las economías ilegales, para quienes las denuncias de los líderes resultan potenciales obstáculos; las tensiones entre viejos y nuevos liderazgos que surgen en el marco de la implementación de los acuerdos, y retaliaciones contra quienes respaldan el proceso, como lo hemos identificado en Córdoba, son algunas de las causas. Todos estos factores han sido exacerbados por las condiciones de aislamiento y debilidad estatal que han padecido los territorios por décadas.

El Gobierno cree que no hay un patrón sistemático en dichos crímenes, ¿ustedes lo ven así?

Estos casos de violencia, así como las consecuentes investigaciones, no pueden estar desvinculados del contexto del conflicto. Se trata de una serie de afectaciones que se están generando en cortos periodos de tiempo y contra personas con roles sociales similares de denuncia y visibilización de afectaciones, en el marco del proceso de paz.

¿Qué análisis hacen sobre la denuncia de que entre los autores de estos atentados contra líderes se encuentran las llamadas bandas criminales u organizaciones surgidas posdesmovilización de los paramilitares?

Sin entrar en generalidades, hemos constatado que los responsables no siempre son los llamados “sucesores del paramilitarismo”. La complejidad del fenómeno en juego hace difícil señalar a un único autor. De hecho, hay casos donde la responsabilidad de los ataques se difumina debido a la presencia de varios actores ilegales en una misma zona, como sucede en el sur de Bolívar, el Bajo Ariari, el Catatumbo y la costa de Nariño.
Aun así, la Misión ha conocido casos en los cuales las comunidades señalan como responsables a las llamadas Bacrim o GAO, como el Clan del Golfo, como viene ocurriendo en sur de Córdoba y el Urabá antioqueño.

El año pasado también tuvimos conocimiento de que en los territorios con presencia y control del ELN, FARC-EP y EPL se presentaron homicidios, como es el caso de Cauca, Arauca y el mismo Catatumbo, donde desapareció Henry Pérez y líderes comunales son objeto de constantes amenazas.
Hay otros casos donde la responsabilidad recae en poderes fácticos, mafias locales o colaboradores que sirven intereses de terceros, a veces de estructuras más grandes.

¿Son estos crímenes el obstáculo más grande a superar de cara a la consolidación de una paz estable y duradera?

Estos crímenes son un riesgo y una amenaza para la paz, de esto no tenemos ninguna duda. Hemos reiterado que atentar contra un líder es atentar contra una comunidad entera. La ausencia del líder fractura completamente una población, como ocurre desde hace un año en La Gabarra con la desaparición forzada de Henry. Si no hay garantías para los líderes y lideresas, que son la voz y rostro de las comunidades, difícilmente habrá garantías para la paz.

¿Qué llamado le hacen al Gobierno para evitar que este tipo de casos se sigan presentando en el país?

Hemos constatado que las medidas ordinarias de prevención y protección no son suficientes para garantizar la vida e integridad de los líderes. Es clave que dichas medidas se adapten a las realidades de las personas y los territorios, que en la mayoría de los casos son rurales y aislados. Esto también implica que la justicia adecúe sus métodos de investigación al accionar de los autores ilegales, de modo que la respuesta institucional pueda ser efectiva. Además es clave escuchar y acompañar las propuestas y planes de las comunidades con el fin de mejorar la situación de seguridad.

El Espectador: “Ataques contra líderes no se desvinculan del conflicto”, MAPP-OEA

De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la tendencia de esta violencia no cesará fácilmente, pudiendo afectar la implementación del proceso de paz.

Las versiones sobre lo que ocurrió aquella madrugada son varias. Se ha dicho, por ejemplo, que a las 4:00 a.m. Henry Pérez salió de la finca de su vecino, en la vereda Trocha Ganadera -del corregimiento La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander- rumbo a la de su hermana, en donde tenía pensado pasar la mañana trabajando en una plantación de limón. Se dice también que en algún momento de la jornada Pérez argumentaba que tenía que cumplir una cita con el dueño de otro predio cercano.

Lo cierto es que ese fue el último día en que alguien vio a Henry Pérez. Fue hace exactamente un año, el 26 de enero de 2016, y desde entonces nada se sabe de la suerte del líder comunitario reconocido por su trabajo en la región del Catatumbo. Ningún grupo armado ha dicho tenerlo en su poder, su familia no ha recibido pruebas de supervivencia como tampoco llamadas para pedir recompensa. Su caso, con el paso del tiempo, se convirtió en uno más de los ya varios líderes desaparecidos en el país.

Pérez venía adelantando en la región múltiples proyectos productivos y ganaderos, y había sido certificado como conciliador en equidad e impulsor al proceso de reparación colectiva de La Gabarra. Incluso la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) venía trabajando con él en el proceso de reparación colectiva de La Gabarra, en el diagnóstico de afectaciones de su comunidad, iniciativas de proyección comunitaria y resistencia pacífica, como el Festival por la Vida.

Por eso la MAPP-OEA ha hecho seguimiento del caso, preocupada también ante el difícil panorama que enfrentan los líderes sociales en el país. “Hemos observado que no ha habido avances sustanciales en la identificación de los autores o del paradero actual de Henry Pérez, lo cual nos preocupa. Además, su esposa y los miembros de la junta de acción comunal de La Gabarra han recibido reiteradas amenazas para que no lo sigan buscando ni exigiendo su liberación. El silencio, la impunidad y la revictimización no son una opción cuando el Catatumbo y el país avanzan en un proceso de paz con las Farc y vislumbran otro con el Eln”, manifiesta Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, quien insiste en que la tendencia de violencia contra los líderes no cesará fácilmente y que hay demora en la investigación de estos hechos y en la implementación de políticas que garanticen la protección de los líderes en los territorios.

El monitoreo permanente que realiza la MAPP-OEA a las condiciones de seguridad en los territorios más afectados por el conflicto y la criminalidad le ha permitido realizar varios hallazgos basados en las percepciones recogidas durante el proceso. Por ejemplo, en 2016, la Misión conoció más de 100 casos de agresiones contra líderes sociales, principalmente amenazas, homicidios, desapariciones forzadas, atentados y desplazamientos. El perfil de las víctimas no es homogéneo (hay campesinos, comunales, indígenas, afros y reclamantes de tierras), aunque es evidente que en todos los casos se trataba de personas que realizaban una labor de denuncia.

Para la MAPP-OEA se trata de un fenómeno complejo cuyas causales varían dependiendo de los factores que se conjugan en el territorio: salida de las Farc de las zonas de presencia histórica; el reacomodo de otros grupos armados que buscan controlar esos territorios y las economías ilegales; tensiones entre viejos y nuevos liderazgos que surgen en el marco de la implementación de los acuerdos, y retaliaciones contra quienes respaldan el proceso.

La Misión encontró, además, que la responsabilidad de las agresiones también varía. Por ejemplo, en territorios como el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño se identifica como responsables a las ‘bacrim’ o grupos armados organizados, como el clan del Golfo.

Para Menéndez, se trata de casos que tienen patrones similares y por ello no hay que abordarlos como hechos separados. “Estos casos de violencia, así como las consecuentes investigaciones, no pueden estar desvinculados del contexto del conflicto. Se trata de una serie de afectaciones que se están generando en cortos períodos y contra personas con roles sociales similares de denuncia y visibilización de afectaciones (…). Estos crímenes son un riesgo y una amenaza para la paz, de esto no tenemos ninguna duda”, concluye.

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Pacifista: ¿Quién está matando a los líderes sociales? Esto dice la Misión de Paz de la OEA

Para aportar al debate, en ¡Pacifista! decidimos consultar a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) sobre el asesinato de líderes en todo el país. La Misión llegó a Colombia en 2004 para apoyar el proceso de desarme de los 30 mil paramilitares que se desmovilizaron luego de negociar con el gobierno de Álvaro Uribe.

Desde entonces, la Misión desplegó observadores en las regiones más apartadas y conflictivas del país, incluyendo el Urabá antioqueño, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Putumayo, Chocó y Meta. En esas y otras zonas, la Mapp acompaña a las comunidades y monitorea las condiciones de seguridad de los territorios para hacerle recomendaciones al Gobierno “en materia de prevención, mitigación de riesgos y abordaje de nuevos fenómenos criminales”. Estas son las principales reflexiones de ese organismo:

Las víctimas

Según la Misión de la OEA, en lo corrido de 2016 se han presentado más de 100 agresiones contra líderes, entre las que se encuentran amenazas, homicidios, desapariciones forzadas, atentados y desplazamientos, siendo las amenazas el delito más frecuente.

El organismo menciona la circulación de panfletos en Caquetá y en el Catatumbo (Norte de Santander), y llama la atención por el hecho de que en Leiva (Nariño) permanezcan amenazados los integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan). En la región de Losada-Guayabero, donde hay una zona de reserva campesina en constitución que abarcaría terrenos de Meta y Caquetá, también se han masificado las amenazas “con la distribución de un panfleto con nombres de futuras víctimas”.

Pero la Mapp señala que no todos los afectados tienen una afiliación política homogénea o un rol social uniforme. Además de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, la Misión relaciona a líderes del movimiento comunal, de organizaciones de víctimas, de comunidades afros e indígenas y ambientalistas.

Los presuntos responsables

De acuerdo con la Mapp, es difícil saber quiénes son los directos responsables de esos hechos, debido a la presencia de varios actores armados en un mismo territorio. Ello ocurre en el Magdalena Medio, el Catatumbo y el Bajo Ariari (Meta), donde operan las Farc, el ELN, el EPL y el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o los Urabeños).

Las Autodefensas Gaitanistas alegan que en algunas regiones han conquistado el “aprecio” de las comunidades. Foto: Cortesía Para la Misión, la responsibilidad de las agresiones no siempre recae en los “sucesores del paramilitarismo”. Por ejemplo, en San Calixto (Norte de Santander), el asesinato de una lideresa de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) en enero de este año fue atribuido al EPL, que en esa región es percibida por los pobladores como una guerrilla —pese a ser considerada como una estructura narcotraficante—.

También en el Catatumbo, donde existe presencia histórica de las Farc y el ELN, se presentó hace más de diez meses la desaparición del líder Henry Pérez, en el corregimiento La Gabarra, de Tibú. Una dinámica similar ocurre en el Cauca, donde recientes homicidios de líderes socio-ambientales son relacionados por la comunidad con la presencia del ELN.

En otras zonas del país, dice la Misión, se identifica a los “Grupos Armados Organizados” como victimarios. Ello ocurre en el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, donde “se percibe la responsabilidad directa del Clan del Golfo” en las afectaciones a líderes y organizaciones sociales. Finalmente, la entidad anota que existen casos en los que la responsabilidad recae en colaboradores y mafias locales, que no necesariamente pertenecen a estructuras más grandes, pero que sí sirven a sus intereses.

Las causas

La Mapp señala que existen diversas hipótesis sobre los motivos de las afectaciones a los líderes sociales. En primer lugar, advierte que “algunas agresiones podrían estar relacionadas con las funciones de visibilización de dinámicas que los líderes adelantan en sus territorios”, tales como denuncias sobre fenómenos como el microtráfico, la minería, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la explotación de recursos naturales, en los que terceros tienen intereses.

Otra hipótesis que plantea la Misión está relacionada con la salida de las Farc de territorios como el sur de Córdoba y Bolívar, el Bajo Ariari (Meta), el Catatumbo, y la cordillera y costa de Nariño, que en su concepto serán “zonas claves para el posconflicto”.

De un lado, la entidad comenta que, si se mantenienen las condiciones de aislamiento y ausencia estatal, esos territorios podrían seguir siendo atractivos para la llegada de nuevos grupos armados ilegales. Entonces, los líderes seguirían siendo potenciales objetivos, porque su constante labor de denuncia puede resultar incómoda para los intereses de esos grupos.

Por otro lado, la Misión llama la atención sobre la situación de riesgo que se puede derivar de los cambios sociales y políticos en esas zonas, como resultado de las posibles tensiones que surjan entre los nuevos liderazgos producto de la implementación de los acuerdos y los procesos organizativos que ya cuentan con trayectoria.

Finalmente, en concepto de la Mapp, otra causa de las agresiones contra los líderes sociales estaría relacionada con retaliaciones hacia quienes respaldan el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, como se identificó en Montelíbano (Córdoba). A similar conclusión llegó la MOE en un informe publicado en septiembre pasado.

Las consecuencias

La Mapp concluye que la persecución contra los dirigentes genera “miedo, zozobra y autocensura”. Las intimidaciones estarían empujándolos a abandonar momentáneamente su trabajo comunitario y a no denunciar los hechos ante las autoridades para evitar represalias. Sobre todo, porque “se ha identificado que tras las denuncias han llegado nuevas amenazas presionando para no seguir reclamando la investigación de los hechos”. Como ejemplo de ello, la Mapp denuncia que la junta de acción comunal de La Gabarra y la esposa del dirigente Henry Pérez fueron amenazados por exigir su liberación.

Frente a ese panorama, la Misión concluye que “atentar contra un líder social es atentar contra toda una comunidad”, y que la pérdida de los dirigentes rompe el tejido social en las regiones.

En varias ocasiones, la Mapp y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han condenado los hechos y han señalado que la demora en la investigación, así como el retraso en la implementación de políticas que garanticen la protección de los líderes, “son desafíos que demandan urgente atención por parte de las autoridades”.

Para que esta la oleada de crímenes no vuelva a ocurrir, la Misión dice que es necesario implementar medidas oportunas de prevención y protección para los líderes que sean acordes con las características de cada territorio; fortalecer el sistema judicial en las regiones; abordar los casos no como hechos aislados, sino como “una serie de afectaciones que se están generando en cortos periodos y contra personas con perfiles diferentes, pero con roles similares en sus comunidades”, y avanzar en las pesquisas sobre las amenazas para impedir que se traduzcan en nuevos homicidios.

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El Tiempo: OEA confirma movimientos del Eln y bandas a zonas que eran de Farc

robertoRoberto Menéndez, el jefe de la Misión de Apoyo de la OEA al proceso de paz en Colombia (MAPP/OEA), lanzó una alerta que sus equipos en las regiones vienen constatando: en las zonas de las que se están retirando las Farc están apareciendo nuevos actores armados ilegales.

Menéndez señala que la OEA y su Misión están listas para colaborar con el proceso de paz que ya se finiquitó con las Farc y en el que eventualmente despegue con el Eln. Continue reading “El Tiempo: OEA confirma movimientos del Eln y bandas a zonas que eran de Farc”

Puerto Torres y La Mono, en Caquetá, reconocidos como sujetos de reparación colectiva

PuertoTorresLa Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP-OEA) acompañó al Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) y a la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV) en el acto de reconocimiento de Puerto Torres y La Mono, corregimientos de Belén de los Andaquíes, como sujetos de reparación colectiva. Continue reading “Puerto Torres y La Mono, en Caquetá, reconocidos como sujetos de reparación colectiva”