EL TIEMPO estuvo en el Catatumbo con la MAPP-OEA y habló con comunidad. Crónica desde campo.

Desde aquí, el país se ve diferente. La Colombia en guerra es una realidad y mantiene las calles empolvadas en un constante tránsito entre miedo y esperanza. Se sabe, por ejemplo, que en algunos pueblos, cuando se escucha el primer disparo desde la selva, hay que cerrar puertas y buscar resguardo hasta que terminen los hostigamientos contra el Ejército. También, es una regla implícita de vida nunca recorrer la región de noche o “respetar” los grafitis que aparecen en las fachadas.

Aquí la gente sabe que mientras en Bogotá se habla de paz, ellos hacen parte de una región en donde los grupos armados ilegales siguen activos en guerra. Y a pesar de los complejos conflictos con los cuales viven a diario y de todas las noticias negativas que llegan al centro del país, sus comunidades tienen presente también que algún día ese país en posconflicto que se ve en las noticias será el suyo.

Y trabajan para que lo sea. Los liderazgos comunitarios son, probablemente, el mecanismo más poderoso que tiene este territorio, no solo para mitigar el temor y la incertidumbre, sino para lograr el cambio.

Los líderes sociales repiten, incansablemente y con vehemencia, palabras como ‘concertación’, ‘participación’, ‘transformación’ y también ‘sustitución’. Consideran que allí está la clave para la paz en su región. Las comunidades, por su parte, saben escucharlos, rodearlos e interpelarlos. A ellos se suman los indígenas barí, habitantes ancestrales del territorio, quienes aportan su sabiduría y noción incluyente para la resolución pacífica de conflictos. Todos, desde sus visiones particulares, desarrollan planes autónomos para aportar a esta fase de transición que se vislumbra en el Catatumbo.

La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela y extendida por el departamento de Norte de Santander, ha sido y sigue siendo una zona de interés y disputa para los actores armados ilegales, precisamente por su carácter geoestratégico de frontera.

Están las Farc, el Eln, el Epl, bandas criminales como el ‘clan del Golfo’, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de lado y lado de la frontera, quienes han aprovechado la débil presencia estatal para consolidarse a través del control de la economía ilegal, principalmente los cultivos de coca, el narcotráfico y el contrabando de gasolina. Todos ellos, a veces en alianzas y a veces por separado, manejan en mayor o menor medida los distintos eslabones de la economía local. También intimidan a través del dinero ilícito las extorsiones a la mayoría de los 11 municipios que conforman la región.

Aquí hay heridas de la guerra aún por sanar y un conflicto que sigue presente y deja nuevas víctimas. En La Gabarra, un corregimiento al norte de Tibú, la capital de la región, una mujer dice que hace más de diez años los paramilitares la violaron y producto del hecho tuvo una hija. Lo recuerda una y otra vez, sin parecer encontrar la calma que necesita. Y en Versalles, otro caserío pero al sur, en la entrada se levanta un imponente letrero de las Farc que nadie se atreve a retirar. Mientras que en el occidente, en el municipio de San Calixto, la vía estuvo interrumpida en diciembre por un carro bomba del Epl, y el Eln continúa con ataques a oleoductos y bloqueo de carreteras.

A estas dinámicas de conflicto, criminalidad y rentas ilegales se suma la pobreza. A pesar de ser una región rica en tierras fértiles y recursos mineros, la carencia de servicios básicos es evidente a medida que transitamos y nos adentramos en el territorio, al punto de que un habitante del corregimiento de Versalles señala que los del Catatumbo son “los hijos olvidados de Colombia”.

Las vías terciarias son en realidad largas trochas. Para transportar enfermos y heridos los pobladores han tenido que recurrir al uso de motos particulares, pues no hay ni ingresan ambulancias. No hay suficientes hospitales ni centros de salud. Y las escuelas, además de ser escasas, ofrecen hasta quinto de primaria o atienden a solo 30 estudiantes.

Esta falta de oportunidades de educación y empleo, sumada a la presión ejercida por los ilegales, ha hecho del cultivo de coca una de las principales fuentes de ingresos para los campesinos de la zona, quienes desde muy jóvenes empiezan a rasparla. Aun así, ellos saben que “lidiar con la mata de coca es lidiar con violencia”. De ahí su reiterada voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito por proyectos productivos concertados.

El terreno está abonado. Por un lado, existe la intención; por el otro, hay iniciativas locales de emprendimiento y asociatividad que, tan solo, necesitan ser potenciadas. “Nosotros no somos agricultores, somos cultivadores. Necesitamos que el Gobierno nos enseñe a producir la comida para alimentar al país. Ese es nuestro mayor deseo”, le dijo a EL TIEMPO uno de los líderes comunitarios del tema en el Catatumbo.

Sin embargo, el Estado aquí se ve únicamente vestido de camuflado. Las acciones militares están vigentes y la inversión social sigue siendo una promesa. En su lugar, los casos de corrupción se oyen con frecuencia, al punto de que las comunidades temen, desde ya, que los recursos del posconflicto se queden “en el camino”, en manos de intermediarios. Por eso, piden tener mayor veeduría sobre estos fondos y así evitar que la paz esté en riesgo.

Monitoreo y acompañamiento en zona de conflicto

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) ha estado en el Catatumbo desde el momento en que se desmovilizaron las AUC. En estos 13 años en la región, ha sido un actor fundamental en la visibilización de las afectaciones del conflicto armado a las poblaciones, en el monitoreo a los procesos de reparación colectiva de víctimas y restitución de tierras, así como en el acompañamiento a iniciativas comunitarias de paz.

“La gente siempre tiene la expectativa de ser escuchada”, dice María Mandova, coordinadora regional en Cúcuta de la Mapp-OEA. “Las personas tienen preocupaciones y necesidades, pero creo que una de las grandes conclusiones que nos queda es que la gente tiene muchas propuestas de cómo proyectarse y cómo seguir adelante en un Catatumbo sin conflicto armado”, señala.

Algunas de estas iniciativas de paz se presentan en Pacelli, un corregimiento que, para muchos, es modelo de resiliencia en el convulsionado Catatumbo. A través de estructuras de líderes comunitarios, los pobladores de Pacelli propusieron un modelo propio de sustitución de cultivos ilícitos. El año pasado también socializaron un manual de convivencia que busca ponerles freno a los accidentes de tránsito y que ha permitido solucionar problemas comunitarios por medio del diálogo participativo entre todos sus habitantes. Aquí estuvo presente este organismo internacional brindando asesoría y apoyo.

Como un actor presente en la zona, la Misión también ha conocido y llamado la atención del Gobierno Nacional sobre casos recientes que han herido de manera profunda a las comunidades. Uno de estos es la desaparición forzada del líder comunal Henry Pérez, en La Gabarra, de quien no se tienen noticias desde el 26 de enero del año pasado. Este hecho ha conmocionado a la comunidad, que ha marchado y le ha pedido al Gobierno celeridad en las investigaciones, así como acompañamiento a las estructuras comunitarias locales.

La movilización comunitaria para exigir medidas urgentes y concretas en el caso de Pérez es ejemplo de cómo el renovado impulso de conseguir una paz estable empieza por poner fin al silencio y la impunidad. Aun así, los pobladores siguen sin respuestas sobre el paradero del dirigente comunal.

“Es un gran líder. Este tipo de hechos no se deben repetir en nuestro territorio, donde queremos es paz. Es muy doloroso”, le dijo a EL TIEMPO una mujer del corregimiento, que conocía la labor comunitaria de Pérez.

¿Por qué hay presencia de la Mapp-OEA? Por solicitud expresa del Gobierno Nacional de realizar misiones de monitoreo y apoyo en zonas de conflicto. Sus alertas, el conocimiento de los territorios y la confianza conseguida en el trato cercano con las comunidades permiten dar lectura de cómo avanzan las regiones en conflicto y su camino en búsqueda de la paz.

Al día siguiente de la firma del acuerdo de paz en Cartagena, el Gobierno expresó públicamente su deseo de que la Misión continúe en el país aportando al proceso de paz. Con dicho fin, extendió su presencia hasta diciembre del 2018, encargándole a su vez nuevas funciones en la etapa de posconflicto, que constituyen un aporte al fortalecimiento del proceso en cuanto implican acciones de monitoreo y acompañamiento en zonas del país que son de la mayor importancia. Esto se logra gracias al apoyo económico y político de los diversos países donantes de la Mapp-OEA.

El panorama en una región como el Catatumbo es complejo. Aunque las Farc, presentes en la zona, están próximas a iniciar la entrega de armas tras consolidarse el proceso de paz con el Gobierno, otros grupos ocupan y controlan el lugar.

Roberto Menéndez, el jefe de la Mapp-OEA, señaló en noviembre que sus equipos en las regiones vienen constatando que las zonas de las que se están retirando las Farc están siendo copadas por otros actores armados ilegales.

“Es muy difícil determinar si dichas dinámicas obedecen a una ‘cesión oficial de territorios’, por expresarlo de alguna manera. Lo que sí se ha logrado identificar son reconfiguraciones en los territorios. Las evidencias de dichos reacomodamientos son percibidas por las comunidades por la aparición de grafitis, presencia física y convocatorias a reuniones con pobladores”, le dijo Menéndez a EL TIEMPO.

Y esto es lo que las comunidades quieren que las autoridades locales y nacionales tengan en sus radares, para evitar que la violencia se perpetúe en la zona con nuevos rostros. También para reiterar la esperanza y necesidad de avanzar hacia una paz completa, que dé pronto inicio al anunciado proceso con el Eln y que busque una salida negociada con el reducto del Epl, conocido aquí como ‘los Pelusos’.

Entretanto, mientras avanzan las iniciativas gubernamentales para desarmar grupos a través del diálogo y de la ofensiva militar contra las demás estructuras ilegales, en terreno la gente deja entrever un arma poderosa contra la guerra enquistada en su región, y esta es su esperanza.

“Aquí estamos totalmente dispuestos a dejar la coca, que tanto daño nos ha hecho. Estamos dispuestos a ayudar. A unirnos. A buscar que los grupos armados salgan del territorio. Solo necesitamos mejorar la comunicación con el Gobierno y que este, por primera vez, llegue aquí sin promesas electorales. Que nos ayude a sacar los cultivos de cacao porque no hay vías, o que los niños tengan colegios. Juntos podemos lograrlo”, señala un hombre en Versalles, un punto cercano a Caño Indio, que en un principio se planteó como una de las zonas veredales para que las Farc se agruparan y dejaran las armas.

Una misión de paz como esta emite radiografías del conflicto y crea espacios de confianza y diálogo en zonas donde incluso la prensa ve restringido su trabajo por la violencia. Pero también acompaña los procesos que llenan de esperanza a las comunidades que se resisten a la guerra y anhelan conseguir la paz completa con todos los grupos armados.

Aquí, en el Catatumbo, cada vez son más quienes comienzan sus días con la ilusión de ver sus montañas sembradas de cacao, de tener sus vías pavimentadas y de que la educación de calidad llegue a sus niños. Ese día está cerca, porque los primeros pasos ya están dados: creen y trabajan por él.

EL TIEMPO
*Por invitación de la Mapp-OEA