La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) analizó la implementación de la paz en Colombia. De acuerdo con el documento, se han reforzado los grupos armados y los problemas territoriales siguen persistiendo.
En octubre de 2021, el Gobierno Nacional renovó hasta 2025 el mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), entidad que le ha seguido de cerca la pista a la implementación del Acuerdo de Paz colombiano, precisando en retos y amenazas que tiene el pacto para calar al interior de los territorios más afectador por la guerra.
Este miércoles, la MAPP-OEA entregó al Consejo Permanente de la OEA un informe, con corte al segundo semestre de 2021, en el que abordó la situación de implementación de los seis puntos de lo pactado en La Habana, prestando especial atención en compromisos relacionados con: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), las campañas de desminado territorial, la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, los mecanismos de participación juveniles y con enfoque diferencial, los avances institucionales en el Sistema Integral para la Paz, entre otras directrices.
El común denominador de las observaciones de la MAPP son las preocupaciones por la persistencia de las acciones violentas que afectan a poblaciones que ya sufrieron los rigores de la guerra y que por la comisión de crímenes como el reclutamiento forzado, atentados sistemáticos y desplazamientos forzados, no han encontrado la paz que tanto han anhelado.
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Puntualmente, la organización detalla que estas situaciones críticas se manifestaron de sobremanera en el Bajo Cauca (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander), sur de Bolívar, sur de Córdoba y ejes de los ríos Atrato, Baudó y San Juan (Chocó), así como en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.
Retos para la seguridad territorial y la justicia
Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, insistió en que Colombia necesita efectuar acciones inmediatas para consolidar “una paz que defienda la vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de diálogo y alternativas judiciales con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y acelere el desarrollo en todos los territorios”. Pero en terreno, ¿qué tan lejos estamos de eso?
Retomando el contenido del documento, sobre las condiciones de seguridad y accionar de grupos armados que rodean la paz, en el “Trigésimo Segundo Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia”, se instó al Estado colombiano a que analizara y adelantara acciones para no permitir más la expansión de la guerrilla del Eln, que tras la desmovilización de las Farc aumentaron su influencia en el país.
Asimismo, la MAPP-OEA advirtió que por si la presencia de otros actores como las Agc o las disidencias de las Farc no era suficiente, “en regiones como el Catatumbo y la Costa Pacífica caucana se ha hecho referencia la circulación de personas de otras nacionalidades que estarían ejerciendo el rol de emisarios de carteles u organizaciones criminales dedicadas a la cadena del narcotráfico, principalmente en las fases de comercialización y exportación de cocaína”.
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Las violencias basadas en género (VBG) y la violencia contra pueblos étnicos siguen siendo una constante en el posconflicto. Sobre esto, MAPP – OEA señaló que, en municipios como Tibú, las VBG tuvieron un aumento de 500% respecto al mismo periodo de 2020, principalmente por causa de liderazgos sociales de mujeres que dentro de sus comunidades son constructoras de paz.
En línea con las afectaciones a líderes y lideresas, el documento indicó que en Arauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo y Valle del Cauca, al igual que en las subregiones del sur de Bolívar y Catatumbo, y en el Área Metropolitana de Cúcuta, se manifestaron en mayor cuantía este tipo de situaciones, por el accionar del Eln, las Agc y las disidencias de las extintas Farc.
Si bien las bajas tasas de rearme en Colombia dan muestra de un proceso de reincorporación exitoso, la violencia contra esta población no ha cesado. MAPP-OEA informó que entre el segundo semestre de 2020 y el corte del primer semestre de 2021, 64 firmantes de paz fueron víctimas de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada.
“Uno de los principales factores de inseguridad está relacionado con la persistencia del accionar de grupos armados en los territorios donde habitan las personas en proceso de reincorporación y sus familias. Si bien existe un riesgo mayor para aquellas personas que han decidido continuar su proceso de reincorporación por fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de manera individual o colectiva, la población concentrada en dichos espacios también es objeto de vulneraciones”, agregó el informe.
En contravía con el lado nefasto que mostraron los anteriores indicadores, los temas de desminado y de prevención de ataques con trampas explosivas, el informe reconoció avances en el desarrollo de actividades en el riesgo de minas, lo que además de fortalecer la articulación institucional y civil, logró activar hojas de ruta e inclusión de enfoques diferenciales para tratar estas situaciones.
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Por otro lado, el tema de justicia es contradictorio. Por un lado, la Jurisdicción Especial Indígena se vio fortalecida en 45 comunidades indígenas, sin que eso fuera garantía para no recibir ataques por parte de grupos armados. A su vez, como describe el documento, “los pueblos Embera Katío, Embera Dobida, Embera Eyábida y Wounaan en Chocó y Antioquia fueron víctimas de confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, instalación de minas antipersonas, escenarios de fuego cruzado e imposición de medidas de facto, en contradicción con los reglamentos internos”.
Por el lado de sanciones dentro de la justicia transicional, MAPP OEA comentó que se presentaron avances en un componente institucional que ha encabezado el Ministerio de Justicia. “El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional ha avanzado en la coordinación de la ruta. Igualmente, la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) viene desarrollando el Proceso de Atención Diferencial (PAD) que ha permitido que 306 personas (36 mujeres y 270 hombres) integrantes de diferentes GAO (Grupos Armados Organizados), sean atendidas a través de los Grupos Territoriales a nivel nacional”, reza el documento.
Aterrizando en el Sistema Integral de Paz, MAPP – OEA insistió en que, si bien desde allí se han consolidado acciones complementarias sobre asuntos estratégicos que permiten una noción de trabajo en bloque en los territorios, las particularidades de tiempo, metodología, priorización de lugares, fórmulas para la participación de las víctimas y el alcance de cada entidad, hacen que la integralidad siga siendo un reto.
Acciones destacables para el proceso de paz
La participación ciudadana y política fue un punto alto con la consolidación de instancias como los Consejos Municipales de Juventud (con 7.789 listas paritarias), la puesta en marcha de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (escaños elegidos el 13 de marzo de 2022), la aprobación paritaria en organismos electorales -que entró en vigor desde 2020 – o con el adelanto institucional del Proceso participativo del Organismo de Acción Comunal (para dar respuesta a procesos democráticos locales).
Esto en conjunto significó una apertura más de la Ley de Víctimas de 2011 y un impacto estratégico para las políticas de transformación territorial en las zonas afectadas por el conflicto armado.
Para cerrar brechas en el campo, MAPP-OEA reconoció también un esfuerzo desde el Estado para trabajar en favor de los PDET y las políticas rurales que los rodean. En concreto, se estipuló que “los componentes de fortalecimiento del Estado social de derecho y aceleración PDET son los que presentan un mayor avance en la instalación, mejora o dotación de infraestructura esencial para la reducción de brechas de desigualdad y acceso a recursos públicos. En este aspecto, las Consejerías Presidenciales y la OACP han desempeñado un rol importante para acelerar el ingreso articulado e integral de las instituciones del Estado”. Caso contrario al problema de las drogas ilícitas, donde hubo puntualizaciones para buscar estrategias amplias que redujeran los cultivos de coca, especialmente en territorios colectivos.
Entre las recomendaciones finales, llama poderosamente la atención la referida a la JEP y a la Corte Constitucional, en la que la Misión de Apoyo sugiere avanzar en nuevas audiencias territoriales o sesiones técnicas que permitan a estos tribunales conocer los riesgos y dificultades que enfrentan los comparecientes y exintegrantes de las antiguas Farc en cada uno de los territorios en donde adelantan su proceso de reincorporación. Esto a puertas de nuevas audiencias y diligencias judiciales que van a definir prontamente el futuro de los máximos responsables de la comisión de crímenes durante el conflicto armado.
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