Llamado conjunto por la vida y la paz

21 septiembre, 2020

La pandemia nos ha permitido recordar el valor de lo esencial: la vida. En este contexto, todas y todos hemos entendido que sólo juntos, como sociedad, podemos construir un futuro que dignifique la vida, sin distinción.

Lamentablemente en los territorios más vulnerables de Colombia, la vida sigue en riesgo. Vemos con preocupación la violencia que día a día siguen generando el conflicto armado, la criminalidad y la inequidad.

Por eso en el Día Internacional de la Paz, unimos nuestras voces para clamar por el fin de la violencia, la protección de la vida, y la búsqueda colectiva de la PAZ. Llamamos al silencio de todas las armas y los fusiles, y al cese de todo ataque contra la población civil. ¡El camino es la PAZ!

Unimos esfuerzos para alcanzar una PAZ COMPLETA, que garantice la no repetición de violencias, la verdad, el acceso a la justicia, la participación, la reparación de las víctimas, la seguridad, el desarrollo, la protección del medio ambiente y la transformación de los territorios. En esta nueva normalidad, normalicemos el diálogo, no la violencia. Construyamos alianzas, no división. Generemos acuerdos, no agresión. Tenemos la oportunidad de actuar juntos, con sentido humanitario.

También llamamos a la protección de niños, niñas, jóvenes, mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, de liderazgos sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, excombatientes y miembros de instituciones.

Valoramos los avances del Estado colombiano en favor de la PAZ, y lo animamos a fortalecer su presencia integral y articulada en todos los territorios; construyendo confianza con las comunidades.

Estamos convencidos que la unión hace la PAZ. Por eso, hoy reafirmamos nuestra solidaridad, apoyo y compromiso total con Colombia, con sus comunidades y con sus instituciones. Cuenten con NOSOTROS y NOSOTRAS, cuenten con la MAPP/OEA.

Embajada de Alemania

Embajada de Canadá

Embajada de España

Embajada de Noruega

Embajada de los Países Bajos

Embajada de Reino Unido

Embajada de Suiza

Embajada de Suecia


EL TIEMPO: ‘OEA advierte sobre violencia de grupos armados contra civiles’

23 junio, 2020

Martes, 23 de junio 2020

El acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen siendo factores de riesgo en el país.


La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) informó, en su más reciente informe, de fuertes que, durante el segundo semestre de 2019, los grupos armados ilegales ejercieron contra comunidades y liderazgos sociales.

Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, señaló que es “alarmante la persistencia del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento”, delitos que han impactado fuertemente, y en especial, a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

La MAPP/OEA realizó 1.200 misiones de monitoreo, en las que verificó la continuidad en las expansión y el control territorial de los grupos armados ilegales, situaciones que generaron afectaciones a la población del Bajo Atrato, Alto y Medio Baudó, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Catatumbo, Pacífico nariñense y en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Putumayo.

Además, la Misión advirtió sobre amenazas, hostigamientos, estigmatización, desplazamientos forzados y homicidios contra líderes y lideresas comunales, de derechos humanos, reclamantes de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y autoridades étnicas, en territorios como Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó.

El informe más reciente señala que el acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen siendo escenarios de riesgo en el país y llamó la atención; especialmente, sobre graves afectaciones en contra de los excombatientes que están en proceso de reincorporación.

Al respecto, la MAPP/OPEA exigió a los grupos armados ilegales que cesen todo ataque contra la población civil e instó a las autoridades nacionales y locales a fortalecer la articulación de esfuerzos en favor de la protección y la no repetición de violencias. Así mismo, reiteró su llamado al Gobierno Nacional y al ELN para que continúen en la búsqueda de diálogo.

El informe destacó los impactos positivos que ha traído para la paz la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la activación de los Consejos Territoriales de Paz. Además, valoró la llegada sostenida del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) a los territorios más vulnerables.

Por otro lado la Misión hizo observaciones frente a la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, adjunto a las presiones e incentivos de grupos armados ilegales. Situación que identifican como un desafío frente a la implementación de planes de sustitución voluntaria y confrontaciones derivadas de la erradicación forzosa: “Insistimos en la necesidad de avanzar en la transformación de los territorios; también, en la generación de un diálogo amplio que aborde con determinación todas las dimensiones del fenómeno, en especial los relacionados con la narcoactividad. Es urgente ponerle fin a uno de los impulsores de la violencia en Colombia”, dijo el Jefe de Misión.

Finalmente, la MAPP/OEA reafirmó su compromiso con las comunidades e instituciones para seguir avanzando hacia una paz completa en Colombia.


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SEMANA: ‘OEA advierte “altos niveles de hostilidad” contra líderes sociales en Colombia’

19 junio, 2020

Viernes, 19 de junio 2020

Según la organización, desde el primer semestre de 2019 viene observando “la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, presiones y confrontaciones por la erradicación forzosa”.


La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso de paz en el país dio la voz de alarma por “los altos niveles de hostilidad” a los que se ven sometidos los líderes sociales y sus comunidades por parte de los grupos armados, en su último informe semestral, que se refiere a la segunda mitad del año 2019.

“Alarma la persistencia del reclutamiento forzado de niños y adolescentes, así como la instalación de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, la violencia sexual, el confinamiento, el desplazamiento y el secuestro”, ha dicho el jefe de la misión, Roberto Menéndez, según informó la OEA en un comunicado.

En concreto, denunció “con alta preocupación las amenazas, los hostigamientos, la estigmatización, los desplazamientos y los homicidios” contra líderes sociales, ya sea por su defensa de los derechos humanos en general, de los derechos sobre la tierra o de los planes para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

A este respecto, indicó que desde el primer semestre de 2019 viene observando “la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, presiones e incentivos de grupos armados, desafíos frente a la implementación de planes de sustitución voluntaria y confrontaciones derivadas de la erradicación forzosa”.

“Insistimos en la necesidad de avanzar en la transformación de los territorios y también en la generación de un diálogo amplio que aborde con determinación todas las dimensiones del fenómeno, en especial los relacionados con la ‘narcoactividad‘. Es urgente ponerle fin a uno de los impulsores de la violencia en Colombia“, reclamó Menéndez.

Asimismo, la organización regional ha llamado la atención “sobre las graves afectaciones contra exguerrilleros (de las Farc) en proceso de reincorporación”.

El bloque hemisférico ha atribuido todos estos abusos a “la continuidad en las acciones de expansión y de control territorial de los grupos armados”.

Así las cosas, ha reiterado su llamamiento a los grupos armados a “cesar todo ataque contra la población civil”, instando también a las autoridades colombianas a “fortalecer la articulación de esfuerzos en favor de la protección y la no repetición de violencias”.

La OEA renovó su llamamiento al gobierno de Iván Duque y al ELN para que reactiven el diálogo de paz, que se rompió en enero de 2019 por un atentado de la guerrilla contra una escuela de cadetes de Bogotá.

En el lado positivo, la OEA destaca “los impactos positivos que ha traído para la paz la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la activación de los Consejos Territoriales de Paz y el alcance del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) en zonas “vulnerables”.

“Frente a estos desafíos y en el actual contexto de pandemia, la MAPP/OEA reafirma su compromiso con las comunidades e instituciones para seguir avanzando hacia una paz completa en Colombia”, finalizó.


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EL ESPECTADOR: ‘Grupos ilegales continúan administrando justicia en las áreas rurales, dice Misión de la OEA’

Viernes, 19 de junio 2020

El más reciente informe de esta misión ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó sobre la persistencia de minas antipersonales en esta vereda del municipio de Briceño, en Antioquia, declarada libre de minas en 2016, producto del acuerdo de paz con las Farc. Advirtió también sobre el reclutamiento forzado de menores de edad, el asesinato de líderes sociales y la reconfiguración del conflicto armado.

El Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), la vereda que fue declarada libre de minas antipersonales en 2016, como consecuencia del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, ya no está libre de estos artefactos explosivos que tantas víctimas indiscriminadas ha dejado en el país. El éxito de este plan piloto, anunciado en su momento con euforia por el Gobierno y las organizaciones, es hoy un fracaso. Este es uno de los hallazgos más novedosos y preocupantes del informe semestral que presentó este viernes el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) al consejo permanente a la misión internacional para la verificación, monitoreo y acompañamiento a procesos de paz en Colombia de esta organización.

Estas trampas explosivas persisten en vías terciarias donde suelen movilizarse tropas del Ejército Nacional en este municipio, poniendo en riesgo a personas de la comunidad, incluyendo menores que a diario transitan estas vías para asistir a sus actividades, dice la MAPP/OEA y detalla: “Se identifica con mayor afectación las vías de acceso al sector de la vereda El Orejón de este municipio, siendo un caso que reviste especial preocupación por haber sido parte del plan piloto de desminado humanitario acordado en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; zona que, en el 2016, fue declarada libre de sospecha de minas”.

El documento de 35 páginas, conocido por este diario, alarma también sobre el incremento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; el asesinato y amenazas de liderazgos, en especial de quienes han buscado la sustitución de la hoja coca en sus territorios; y la reconfiguración del conflicto armado y el impacto en los territorios de los grupos disidentes del proceso de paz, los grupos sucesores del paramilitarismo, las bandas criminales y la guerrilla del ELN.

Es precisamente “el accionar de estos grupos armados ilegales”, advierte esta organización multilateral, lo que está afectando el desarrollo del desminado humanitario en todo el país. “En particular, existe preocupación en las comunidades e instituciones de municipios como Mesetas y Uribe, en el departamento del Meta, por las amenazas que estos grupos armados hicieron a las organizaciones que adelantan dicho proceso. De igual forma, en San Vicente del Caguán y Milán en el departamento de Caquetá, y en Buenos Aires, Cauca, operadores de desminado humanitario suspendieron o modificaron sus operaciones por la amenaza de grupos disidentes de las FARC-EP”, dice el informe. Los hallazgos obtenidos corresponden al periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019, durante el cual la MAP/OEA realizó 1.251 misiones en terreno, en 594 centros poblados pertenecientes a 191 municipios de 20 departamentos del país.

Reclutamiento de menores se intensifica

Un capítulo a aparte merece el tema del reclutamiento de menores. Aunque no menciona cifras, el informe da cuenta de los escenarios donde actúan los armados:

“A partir del monitoreo, la Misión sigue identificando dinámicas de reclutamiento forzado y vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales. En relación con los territorios donde tiene presencia el ELN, se observa que los espacios escolares son utilizados para inducir u obligar a los menores a que formen parte de su organización, resaltando que la población que no tiene acceso a la educación es la más vulnerable; lo que se ha identificado en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo”, dice el documento.

Otros actores que también están reclutando menores son los grupos disidentes de las FARC-EP, quienes lo han hecho en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Putumayo, Cauca; y en la Costa Pacífica nariñense. Otros, con presencia en el departamento de Caquetá, continúan reclutando en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, Milán y El Doncello, “situación que las comunidades y el Ministerio Público han visibilizado, generando el desplazamiento forzado de los personeros de Solano y Puerto Rico, tras las denuncias públicas que realizaron con ocasión al operativo realizado por la Fuerza Pública a finales del mes de agosto en San Vicente del Caguán”, resalta el informe. Y agrega que los grupos disidentes de las Farc también están reclutando en comunidades indígenas y afrodescendientes en municipios como Patía, Morales, Suárez, Timbiquí y Guapi en el Cauca; y Buenaventura y Jamundí, en el Valle del Cauca.

En la región del Bajo Cauca esta afectación la llevan a cabo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas Clan del Golfo por el Gobierno) las fuerzas militares, reseña el informe. Igualmente lo hace, se lee, en otros municipios del departamento de Antioquia como Apartadó, Chigorodó, Murindó y Vigía del Fuerte; en Riosucio y Alto Baudó, en el Chocó; y en el municipio de Leiva en Nariño. Los Caparrapos (o Caparros, como les dice el Gobierno), por su parte, han reclutado menores en el casco urbano de El Bagre, en zonas rurales y territorios colectivos de comunidades indígenas de Cáceres, al igual que en las áreas urbanas y rurales de Caucasia, Zaragoza y Tarazá, en Antioquia. El EPL mantiene la misma práctica en la región del Catatumbo.

Las funciones que les están asignando a estos menores al interior de los grupos armados, también fueron documentadas por la Misión. “El tipo de vinculación y el reclutamiento forzado varía según la edad, el género y la procedencia de las víctimas. En el caso de los varones, sus funciones al interior del grupo están ligadas con actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte y actividades de tipo militar. Mientras que la mayoría de las niñas y adolescentes son vinculadas forzadamente para cumplir roles de reclutadoras de otros menores, siendo, además, víctimas de explotación y agresión sexual, características principales de los riesgos diferenciales de género”.

El asesinato de líderes sociales

El documento, contiene un capítulo aparte sobre el homicidio contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, “cuyos perfiles corresponden a líderes y lideresas comunales, autoridades indígenas, afrodescendientes, reclamantes de tierras, víctimas del conflicto armado y promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que asumen un importante rol de reclamo, denuncia y visibilización en sus comunidades. Los ataques identificados se concentran en departamentos como Meta, Guaviare, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Caquetá”.

Sobre los líderes de sustitución y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el informe trae duros cuestionamientos frente al abandono del programa en algunas regiones y el impacto que eso ha generado en las comunidades. “En municipios donde se previó que originalmente el PNIS ingresaría y finalmente no se implementó, o se firmaron acuerdos colectivos y la ruta no continuó, los liderazgos han perdido credibilidad de las comunidades quienes los consideran culpables de que el programa no avance, situación que agrava su estado de vulnerabilidad”, resalta el documento.

Estos casos se han presentado en lugares como Valdivia y Cáceres (Antioquia); en toda la subregión de Cordillera, Magüí Payán, Roberto Payán, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y Tumaco (Nariño); en San José del Palmar, Medio Baudó y Medio San Juan (Chocó); y en López de Micay, Guapi, Argelia, Balboa, Mercaderes, Corinto, Morales, Cajibío, Suarez Buenos Aires, Patía, Almaguer y Bolívar (Cauca).

De hecho, resalta el escenario de peligro al que están expuestos estos líderes que impulsaron la sustitución voluntaria y que luego quedaron con los brazos cruzados. “La promoción que ejercieron líderes y lideresas para que las comunidades se acogieran al programa, el acompañamiento que brindan a quienes realizan labores de sustitución y las negativas para realizar acciones de resiembra o para fungir como comercializadores de la hoja de coca o de la pasta base, se configuran como los principales factores de riesgo. La labor de líderes y lideresas también se ha visto afectada debido a que son reconocidos como propulsores del PNIS, siendo víctimas de amenazas por la falta de respuesta en casos de suspensión o de exclusión del programa”.

Por otro lado, el informe desataca los avances en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algunos planes para proteger a los líderes sociales y el papel de la sociedad civil en la paz territorial y la no repetición: “La Misión de la OEA reconoce la labor del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia que se encuentra en funcionamiento con 68 miembros de Sociedad Civil y 35 miembros de institucionalidad nombrados. Durante el segundo semestre de 2019 se celebró una sesión plenaria, 7 sesiones del Comité Nacional de Paz y reuniones de la subcomisión operativa y comisiones permanentes de Educación, Pedagogía, Arte y Cultura; Paz Territorial; y Veeduría y Garantías de No Repetición”.

Finalmente, el informe realiza varias recomendaciones sobre el Acuerdo de Paz, en las que está la importancia al acceso a la justicia. “Valoramos los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano tendientes a fortalecer el desempeño de la justicia a través de la creación de nuevos juzgados, permanentes o de descongestión, la instalación de equipos tecnológicos para realizar audiencias virtuales, y la reactivación de los modelos de Justicia Local y Rural”.

Sin embargo, la Misión pide profundizar en este punto porque los grupos armados ilegales continúan ejerciendo y administrando justicia de facto, sobre todo en áreas rurales: “en estos territorios existe una precaria presencia institucional e inconvenientes para acceder al sistema judicial, ya sea por las distancias entre zonas rurales y centros urbanos, las dificultades geográficas, o la imposibilidad de los operadores de justicia para llegar a todos los territorios por la situación de inseguridad que se vive en ellos. Esto da lugar a que los grupos armados ilegales impongan medidas, restricciones y disposiciones, con el fin de regular el comportamiento social y asegurar, entre otros, el mantenimiento de sus economías ilegales”.


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EL TIEMPO: ‘No existe justificación para continuar con la violencia en Colombia’

2 mayo, 2020

Sábado, 02 de mayo 2020

El jefe de la Misión de la OEA pide atención para comunidades apartadas que sufren la violencia.


Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP / OEA), en entrevista con EL TIEMPO se refirió a la situación actual del país de cara a los problemas de orden público, y señaló que recibía con agrado el anuncio del presidente Iván Duque de avalar un sometimiento individual de los grupos armados, pero sin olvidar la justicia y reparación para las víctimas.

¿Cómo han venido desarrollando su trabajo en Colombia?

En efecto, trabajamos en los territorios rurales más afectados por la violencia, la inequidad y la insuficiente presencia del Estado, a través de 18 oficinas regionales. Nuestro trabajo se centra, principalmente, en el monitoreo a las dinámicas del conflicto, así como en el acompañamiento a los esfuerzos de paz. El año pasado cumplimos 15 años de apoyo ininterrumpido a las comunidades e instituciones de Colombia. De hecho, la MAPP / OEA es la primera Misión de un organismo internacional con tareas de verificación a acuerdos de paz en el país.

Durante este tiempo no hemos tenido mayores incidentes de seguridad. Por el contrario, nuestra presencia tiene un efecto disuasivo, en gran parte, por la cercanía e imparcialidad de nuestro trabajo, lo que nos ha permitido construir confianza entre las comunidades y demás actores en los territorios.

El gobierno de Iván Duque trazó una línea de sometimiento para los grupos armados organizados, ¿cómo reciben este anuncio?

Considerando las graves afectaciones que estos grupos generan, por supuesto que lo saludamos. Constituye un hecho concreto que abre la puerta para la búsqueda de acuerdos que contribuyan a la pacificación de los territorios. Ahora bien, es importante señalar que, en nuestro concepto, cualquier mecanismo que entregue seguridad jurídica a quienes se someten también debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Esto es de la mayor importancia.

En este sentido, reiteramos la exigencia a todos los grupos armados ilegales a cesar los ataques contra la población civil y el medioambiente. Hacemos el llamado a los miembros de estos grupos a reconsiderar su proyecto de vida y el de sus familias, y los invitamos a externar su voluntad de acogerse a los beneficios vigentes para su tránsito a la legalidad.

¿Cuáles consideran que son los problemas más graves de violencia que afectan al país?

Desde nuestra apreciación son tres: el conflicto armado, la criminalidad y la inequidad. Hemos constatado que estas violencias coexisten e impactan, de manera directa y reiterada, a la población que habita áreas rurales y profundas, donde la presencia del Estado aún no es suficiente, y en donde grupos armados ilegales accionan a través de disputas armadas o de alianzas criminales.

Estas expresiones de violencia tienen su principal combustible en el narcotráfico, un flagelo de dimensión transnacional que pone en peligro a comunidades enteras, a liderazgos sociales y funcionarios públicos, que profundiza las desigualdades en la sociedad y que causa un daño irreparable al medioambiente.

Los grupos armados ilegales se configuran como agentes de violencia que vinculan a niños, niñas y adolescentes, siembran minas antipersona, imponen medidas de control social, extorsión y justicia de facto, confinan y desplazan poblaciones, entre otras afectaciones. De esta manera generan graves impactos humanitarios que obstaculizan el desarrollo social, económico, político y cultural de las comunidades, así como la llegada y eficacia del Estado.

¿Los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc cómo lo analizan?

Con alta preocupación, por supuesto. Desde 2009, a través de informes directos al Estado colombiano y de informes públicos ante el Consejo Permanente de la OEA, hemos venido alertando sobre las afectaciones a liderazgos sociales en el país. Hemos señalado que el perfil de las víctimas se corresponde, mayoritariamente, con líderes y lideresas que adelantan un importante rol de reclamo, denuncia y visibilización de afectaciones en sus comunidades. Se trata de liderazgos comunales, de víctimas, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras e impulsores de la sustitución de cultivos ilícitos. De hecho, en informes recientes hemos señalado que quienes habitan en zonas de sustitución voluntaria o erradicación forzosa enfrentan un mayor riesgo.

Entre los factores que configuran este fenómeno está, principalmente, el accionar de los grupos armados ilegales en territorios donde ejercen un fuerte control o donde desarrollan disputas. Todos estos factores se exacerban en la vigente situación de aislamiento que impone la covid-19.

También nos genera preocupación las afectaciones contra exintegrantes de las Farc que han dejado las armas y avanzan en procesos de reincorporación. La seguridad de los liderazgos y excombatientes es fundamental, no solo para el éxito del proceso de paz, sino para el logro de una paz completa. En ambos casos, la lucha contra la impunidad, así como la oportuna y adecuada administración de justicia constituyen un desafío permanente.

La Misión insiste en la urgente necesidad de armonizar los numerosos esfuerzos del Estado, de las comunidades, organizaciones sociales, autoridades étnicas y entes territoriales, observando los aspectos diferenciales de esos fenómenos, a fin de lograr acciones más coordinadas, efectivas y contundentes.

Frente al tema del reclutamiento de niños y adolescentes, ¿qué han encontrado y qué grupos mantienen esta práctica?

Lamentablemente, todos los grupos armados ilegales reclutan menores de edad. Niños, niñas y adolescentes son obligados a vincularse a las filas o son utilizados como vigilantes, cobradores de extorsiones e incluso como reclutadores de otros menores. También son víctima de violencia sexual, minas antipersonal y desplazamientos forzados. Hemos advertido que estos grupos emplean diversas estrategias para reclutarlos, desde el ofrecimiento de armas y dinero hasta la presión psicológica y las amenazas para atentar contra sus vidas o las de sus familias.

Además, hemos identificado que las comunidades afrodescendientes e indígenas y la población migrante son fuertemente impactadas por el reclutamiento forzado. Niños y niñas de nacionalidad venezolana, por ejemplo, enfrentan alto nivel de riesgo, pues los grupos aprovechan la informalidad de su residencia para evadir la acción de la justicia.

¿Cuáles son las regiones que más llaman su atención?

Municipios de unos 22 departamentos enfrentan dinámicas diferenciadas de conflicto y criminalidad, y por tanto son de especial atención de la Misión. Actualmente nos genera particular preocupación la reiterada violencia en el Cauca, en municipios como El Tambo, Argelia, Buenos Aires y Santander de Quilichao. La semana pasada alertamos sobre el asesinato de cinco liderazgos sociales en un lapso de seis días. También repudiamos la masacre de un líder comunal y su familia ocurrida el miércoles en Mercaderes. Estamos haciendo seguimiento a estos casos, así como a los nuevos planes anunciados por el Estado colombiano, que confiamos traerán mayores garantías de seguridad a estas poblaciones.

Otros departamentos como Chocó y Putumayo, y zonas como el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y la franja fronteriza con Venezuela también son de actual inquietud, principalmente por los impactos humanitarios que generan las acciones de grupos ilegales.

El Eln dio por finalizado su cese unilateral, ¿cómo se puede retomar el acercamiento entre Gobierno y guerrilla?

La paz se construye con hechos, principalmente con aquellos que generan alivio a la población civil. En este sentido, valoramos el desempeño del cese al fuego unilateral del Eln durante el mes de abril, pues observamos alivios sustanciales en no pocas comunidades. Tras la reciente declaración de ese grupo armado, la MAPP / OEA reitera su enfático llamado a esa guerrilla a retomar el cese al fuego y a detener todas las afectaciones contra civiles.

¿Y al Estado?

Al Gobierno lo llamamos a redoblar los esfuerzos tendientes a la implementación de acuerdos y políticas de paz. Consideramos también que, así como se nombraron dos promotores de paz, la designación de gestores contribuiría a mejorar las condiciones para avanzar hacia la paz completa. Tanto para el Estado como para el Eln, nuestro mensaje ha sido y seguirá siendo: la paz es un imperativo, y el camino es el diálogo efectivo hacia acuerdos concretos. Desde nuestro punto de vista, no existe justificación alguna para continuar con el ejercicio de la violencia en Colombia, y sí innumerables motivos para detenerla definitivamente.

En la pandemia, ¿qué ha identificado la Misión?

La vigente pandemia ha evidenciado las vulnerabilidades estructurales de aquellas regiones donde confluyen factores de violencia armada, inequidad e insuficiente presencia del Estado. Por un lado, a pesar de las medidas de aislamiento social, los grupos armados han aprovechado para ampliar su control territorial y social, generando confrontaciones que impactan en la integridad de las comunidades. Asimismo, se observan procesos comunitarios y sociales que trabajan para evitar la propagación del virus en los territorios.

La Misión ha observado la continuidad de esfuerzos institucionales en la implementación de los acuerdos de paz, también en numerosas iniciativas para combatir las afectaciones contra el liderazgo social y de excombatientes. Las acciones de la Fuerza Púbica siguen concentrándose en el combate a los grupos armados ilegales y, un tanto, en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Esto último incrementa las tensiones sociales con la población campesina, pues escala la percepción de incertidumbre económica ante la vigente coyuntura.

Además de implicar una crisis de salud y económica, la actual pandemia representa un desafío institucional, político y social. Desde la visión de la MAPP / OEA, también es una nueva oportunidad para acercar posiciones, alcanzar acuerdos y cumplirlos con los efectos transformadores que la realidad exige.


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Declaración: un nuevo llamado a la Paz Completa

29 abril, 2020

Abril 29 de 2020.

El Covid-19 ha modificado hábitos, lógicas y dinámicas en el mundo entero. Y en medio de todos los esfuerzos para afrontar la crisis, emerge una prioridad: preservar la vida; apostarle a la vida.

En Colombia, esa apuesta también pasa por un imperativo: alcanzar la PAZ COMPLETA.  Es urgente ponerle fin a la violencia, la criminalidad y la inequidad, que siguen impactando de forma directa y preocupante a la población civil, especialmente a la más vulnerable que habita zonas rurales y profundas.

Defender la vida es jugársela por una paz que cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos sociales; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de diálogo y de acuerdos con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y que procure la seguridad y el desarrollo en todos los territorios de Colombia.

Lo hemos dicho e insistimos. La paz no es una opción; es un imperativo moral, social, cultural, económico, ambiental y político, y es, sobre todo, un compromiso con las comunidades más vulnerables y con las víctimas del conflicto armado.

La paz se construye con hechos. Por eso, reiteramos nuestro saludo a las recientes medidas adoptadas por el gobierno colombiano y el ELN, y los animamos a ampliarlas. También exigimos a todos los grupos armados ilegales cesar los ataques contra la población civil y el medio ambiente.

Hacemos un nuevo llamado al Estado para redoblar los esfuerzos que permitan cumplir políticas, acuerdos y medidas de paz; e invitamos a la sociedad colombiana en su conjunto a vencer la indiferencia y a involucrarse en la búsqueda de del derecho a la paz. La paz es de todas y todos.

No es momento de dar pasos atrás. Colombia está frente a una nueva oportunidad para acercar posiciones, alcanzar acuerdos y cumplirlos con los efectos transformadores que la realidad exige. Cuenten con la MAPP/OEA, porque seguiremos acompañando a Colombia en sus esfuerzos de paz. Ese ha sido, es y seguirá siendo nuestro compromiso.

Equipo MAPP/OEA

https://twitter.com/MAPPOEA/status/1255512582716297220?s=20

LA OPINIÓN: ‘Vemos con preocupación la reconfiguración y persistencia del conflicto’

6 enero, 2020

Lunes, 6 Enero 2020

Roberto Menéndez, jefe la misión de apoyo al proceso de paz en colombia, en diálogo con La Opinión, reconoció que el Catatumbo es uno de los epicentros para la consolidación de la paz, pero que es preocupante la persistencia del conflicto.


La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia fue creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene 15 años en el país. 

Su jefe es Roberto Menéndez, abogado. Funciona en Norte Santander, con una regional que tiene oficinas en Cúcuta y Ocaña, bajo la coordinación del sociólogo mexicano Carlos González Zárate.  

Como vocero institucional de la MAPP-OEA, Menéndez conversó con La Opinión sobre las acciones que lleva a cabo el organismo no solo en el país sino en la convulsionada región del Catatumbo y, en general, en el departamento.

¿Cuáles son los objetivos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia?

La MAPP/OEA es una misión internacional que monitorea y acompaña las políticas e iniciativas de paz, directamente en los territorios rurales más afectados por el conflicto armado, la inequidad y la débil presencia del Estado. Allí entablamos un diálogo cercano y franco con las comunidades, para visibilizar las principales afectaciones que sufre la población civil, entregar recomendaciones concretas a la institucionalidad, y crear puentes entre comunidades y Estado para la construcción conjunta de paz. También aportamos al fortalecimiento de procesos y capacidades de liderazgos y organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, mujeres, y comunales para procurar que esa paz sea plural, incluyente y participativa. De igual manera,  facilitamos la llegada coordinada e integral del Estado.

¿Qué resultados han alcanzado en Norte de Santander?

Norte de Santander fue uno de los primeros departamentos a los que llegó la MAPP/OEA en cumplimiento de su mandato de verificación al proceso de desmovilización de las AUC. En el caso del Bloque Catatumbo, identificamos  violaciones al cese de hostilidades, lanzamos las primeras alertas sobre reagrupamientos y surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, y alertamos sobre el asesinato de desmovilizados. Asimismo, tras la salida de las Farc, advertimos sobre el reacomodo de otros grupos armados ilegales, y los impactos humanitarios a las comunidades, que lamentablemente aún siguen vigentes. 

¿Cuál ha sido el trabajo con las víctimas?

En este departamento acompañamos a las víctimas que se organizaron para asistir a las primeras versiones libres de paramilitares ante la Fiscalía de Justicia y Paz, facilitando su participación, su trato digno en escenarios profundamente difíciles, y contribuyendo a que accedieran a la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo,  acompañamos procesos de fortalecimiento y reparación colectiva, como en La Gabarra, cuyo objetivo aún no se ha cumplido en su totalidad. También hemos acompañado los esfuerzos institucionales y de sociedad civil para mitigar las afectaciones derivadas de la confrontación entre grupos armados ilegales, así como procesos organizativos de campesinos, jóvenes, mujeres, comunales e indígenas, incluidas las reivindicaciones del Pueblo Barí. 

¿El proceso de implementación también lo acompañan hoy en día?

Sí. Acompañamos la implementación del PDET y monitoreamos el proceso de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). 

A propósito de este tema, ¿cómo ve el cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana?

Firmar un acuerdo de paz es un proceso sumamente complejo, e implementarlo aún más. Desde la MAPP/OEA somos respetuosos de la forma en que los gobiernos han enfrentado estos enormes desafíos, exhortando siempre a la implementación completa y efectiva de los acuerdos y compromisos asumidos. Hemos constatado que se han establecido prioridades, discusiones y ajustes que se  consideraron necesarios. 

¿Cuáles cree que son los principales avances?

Reconocemos avances en la elaboración de un fuerte andamiaje normativo e institucional, como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, el de la desmovilización y desarme de las exFarc, en la reincorporación de los ex combatientes, el desminado humanitario, la apertura de nuevos espacios y escenarios de participación política para actores del conflicto, etcétera. 

¿Y las principales inquietudes?

Nos preocupan las demoras y expectativas generadas en las comunidades, frente a asuntos centrales como las garantías de seguridad, el desarrollo y la sustitución de cultivos ilícitos.

¿Le ve posibilidades a nuevos acuerdos con grupos que todavía están alzados en armas? 

La paz es un imperativo para todo Estado y sociedad, y en Colombia vemos oportunidades para alcanzarla de forma completa y definitiva. Desde la MAPP/OEA hemos reiterado que el diálogo es la mejor senda para alcanzarla; que se requieren pasos, gestos y hechos concretos, y que evitar mayores afectaciones a la población civil debe ser la principal motivación para ambientar y perseverar en los esfuerzos.

Particularmente, ¿cuál es su visión del Catatumbo?

En Norte de Santander la MAPP/OEA tiene dos oficinas: una en Ocaña y otra en Cúcuta, porque consideramos que el Catatumbo es uno de los epicentros para la construcción y consolidación de la paz en Colombia. Vemos con preocupación la reconfiguración y persistencia del conflicto alrededor de las economías ilegales, las afectaciones a las comunidades campesinas e indígenas, y el contexto de informalidad, ilegalidad, debilidad institucional y necesidades insatisfechas agravadas por la crisis venezolana.

¿Es sostenible la contribución de la comunidad internacional a la paz de Colombia?

La comunidad internacional está convencida que la paz de Colombia es paz para el hemisferio y para el mundo. Por eso ha demostrado y reiterado su voluntad de apoyar a Colombia en estos procesos históricos, a través de mecanismos de monitoreo y acompañamiento permanentes como es la MAPP/OEA, de cooperación financiera y técnica. Siempre insistimos, además, en que la paz es un asunto que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos aquellos que no están a favor de los acuerdos del Teatro Colón o quienes se declaran como indiferentes.

¿Qué tanta influencia le asigna al narcotráfico en el conflicto armado de Colombia?

El narcotráfico ha servido de combustible para el conflicto armado en Colombia, degradándolo y perpetuándolo. Los grupos armados ilegales se lucran y tienen interés en mantener todos los eslabones de la cadena. Esto incluye la siembra y transformación de hoja de coca, marihuana o amapola, y principalmente la narcoactividad, que implica a los eslabones más gruesos y rentables, como los carteles y lavadores de activos, quienes tienen gran interés de que el negocio continúe, a pesar de las graves consecuencias humanitarias y ambientales.

‘La paz sí es posible’

En la revista MAPP-OEA, publicada en junio de 2019 con motivo de cumplirse los 15 años de esa entidad en Colombia, el jefe de la misión, Roberto Menéndez, escribió un editorial destacando los resultados de ese proceso, titulado “Lo que aprendimos de las víctimas”. En uno de sus apartes dice:

“En estos 15 años, Colombia nos ha enseñado que la paz es posible. A pesar de la violencia, las víctimas del conflicto armado perseveran diariamente, no solo en mostrarnos que la paz es el camino sino en la importancia de construirlo. En las zonas rurales, en los centros poblados, en las ciudades intermedias y en las capitales, siempre hemos encontrado procesos organizativos de víctimas que emprenden, con más o menos herramientas, pero con completa convicción y voluntad procesos que reivindican la memoria y exigen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Además, hemos aprendido que la paz solo es posible con la activa participación de la sociedad en su conjunto y, fundamentalmente, de las víctimas del conflicto. Quienes acompañamos y hemos sido testigos privilegiados de sus procesos de sanación, resiliencia y empoderamiento hemos visto la fuerza de la reconciliación entre las víctimas y quienes en algún momento fueron victimarios. Ambos nos enseñaron que la paz requiere ver al otro con humanidad.

“Con firmeza y bondad, las víctimas también nos han enseñado que solo es posible construir paz entre adversarios, es decir, entre quienes están, de una manera u otra, en orillas distintas. A entender el diálogo, no como algo lejano o retórico, sino como la única herramienta que permite acercar, tramitar diferencias y transformar los conflictos para llegar a acuerdos concretos, desde el mejoramiento de la convivencia hasta la exigencia a los actores armados de mantenerse fuera de territorios y poblados”.


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Mujeres que gobiernan: cuatro experiencias de liderazgo político

19 diciembre, 2019

Dos gobernadoras de departamento, una gobernadora indígena y una presidenta de Consejo Comunitario nos cuentan su experiencia ejerciendo el poder local. Retos, aprendizajes y desafíos para las mujeres que ocupan y aspiran a cargos de poder en Colombia.

La paridad en política sigue siendo una deuda del Estado colombiano con las mujeres. A pesar de que existe una legislación que promueve la participación femenina en instancias de poder, solo el 12% de las alcaldías y el 17% de los puestos en consejos municipales están ocupados por mujeres.

Por eso, en el marco de la “Estrategia de acompañamiento a la agenda de género y derechos humanos de las mujeres en la paz territorial” liderada por la MAPP/OEA, resaltamos cuatro experiencias de mujeres que gobiernan.

Se trata de Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle; María Fernanda Cruz Samboní, presidenta del Consejo Comunitario  de la vereda Varejonal, en el corregimiento Guachinte (Jamundí – Valle del Cauca); María Yalanda Campo, Gobernadora Misak del Cabildo Nu Pachick Chack, ubicado en la ciudad de Cali; y Sorrel Parisa Aroca Rodríguez, Gobernadora de Putumayo. Ellas nos cuentan cómo fue su experiencia de mandato, su relación con los medios de comunicación, experiencias de discriminación asociadas al hecho de ser mujeres y la importancia de las mujeres en la construcción de paz.

Sorrel Parisa Aroca Rodríguez – Gobernadora de Putumayo.

María Fernanda Cruz Samboní – Presidenta del Consejo Comunitario  de la vereda Varejonal, en el corregimiento Guachinte, Jamundí.

María Yalanda Campo – Gobernadora Misak del Cabildo Nu Pachick Chack, Cali.

Dilian Francisca Toro – Gobernadora del Valle del Cauca.

SEMANA: ‘La verdadera paz llegará cuando se logre frenar al narcotráfico’

12 diciembre, 2019

Jueves, 12 de diciembre de 2019

Así lo afirma el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia, Roberto Menéndez.


El narcotráfico ha sido el combustible del conflicto y de la violencia en Colombia durante las últimas décadas, y su persistencia amenaza el logro de la tan anhelada paz. Esta actividad ilícita es defendida por estructuras criminales de diversa índole, como los grupos armados ilegales, y en su nombre se cometen actos atroces que afectan la seguridad de los líderes sociales, de las comunidades y de los agentes del Estado. El narcotráfico es un flagelo de dimensión transnacional que pone en peligro a las niñas, los niños y los adolescentes; que profundiza las desigualdades en la sociedad y causa un daño irreparable al medioambiente.

Homicidios, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzoso, extorsiones, control social, degradación y deforestación son algunos de los efectos invariables de la cruenta disputa que libran los actores ilegales por el control de las rutas y las rentas del narcotráfico. Y estas cadenas y sus redes tienen su eslabón más grueso en el lavado de activos y la comercialización; y el más débil, en la tierra, en las plantaciones.

Durante años los cultivos ilícitos les han servido de sustento a miles de familias campesinas y a diversos grupos étnicos que no tenían otra vía de ingresos para sobrevivir. Pero la mayoría de ellas eran conscientes de los efectos negativos que traía esta actividad ilegal y por esa razón han cambiado la vocación productiva de sus tierras. De hecho, casi 100.000 grupos familiares han atendido el llamado de iniciativas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Y otros se han aliado con el Estado para hallar vías alternativas que les permitan dar el paso hacia la legalidad; una legalidad que les garantice sus subsistencias.

Desde 2016, en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, hemos constatado y alertado sobre la vulnerabilidad de las comunidades, de los líderes sociales y las lideresas, que viven en zonas de sustitución voluntaria o de erradicación forzada. Todos ellos están expuestos a las amenazas, al desplazamiento, las desapariciones forzadas y los homicidios. También hemos insistido en que la seguridad de las poblaciones y de los liderazgos pasa por un abordaje integral del fenómeno de las drogas, con estrategias efectivas en los campos del desarrollo, la salud y la seguridad.

Por tal razón consideramos necesario y oportuno que Colombia entre en un definitivo proceso de sinceramiento y diálogo, uno que abarque todas las dimensiones del problema y que convoque a los sectores competentes, a los interesados y a los afectados. Es urgente llegar a consensos mínimos que aborden con determinación todos los eslabones de dicha actividad ilegal. Esta es una oportunidad histórica para la transformación definitiva del territorio, para ponerle fin a una de las principales causas de la violencia que sigue azotando al país y para encaminar con mayor solidez la construcción de la paz.

Debido a la naturaleza transnacional de este fenómeno, los esfuerzos del Estado y de la sociedad colombiana deben seguir contando con la compañía solidaria de la comunidad hemisférica e internacional.

*Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (MAPP/OEA).


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Red de Alcaldesas: fortalecimiento de la participación y gobernanza local de mujeres

2 diciembre, 2019

Sólo el 12% de los municipios del país son gobernados por mujeres, persistiendo las brechas y barreras en su participación y gobierno.

Como parte de la “Estrategia de acompañamiento a la agenda de género y derechos humanos de las mujeres en la paz territorial”, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) y la Embajada de Suecia definieron como una de sus líneas prioritarias, el fortalecimiento a la gobernabilidad y gobernanza local con enfoque de género y paz.

A través de una alianza con la Red de Alcaldesas por la Democracia y la Paz de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), se logró impactar a 4.000 mujeres de 50 municipios, incluyendo 60 alcaldesas.

Como parte de los logros alcanzados con esta iniciativa, destaca la construcción participativa  de 4 políticas públicas de mujeres en los municipios de Alto Baudó, Bolívar, El Doncello y La Paz. Así como la  actualización participativa de las políticas públicas municipales de mujeres y equidad de género en Cáceres, Medio San Juan y Tarazá.

A través de estos ejercicios, se posibilitó la creación de redes e intercambio de experiencias a nivel regional y la calidad técnica de las políticas. De igual forma, se logró la instalación de consejos municipales de mujeres y otros mecanismos orientados a facilitar su participación política y empoderamiento local.

Finalmente, con el fin de incentivar la participación política de las mujeres, se desarrolló un curso virtual dirigido a mandatarias electas, directivas, funcionarias públicas y lideresas de organizaciones sociales y comunitarias.

A través de ello, fueron capacitadas 60 lideresas en temas de enfoque de género, participación política y liderazgo, como parte de una alianza entre la Federación Colombiana de Municipios (FCM), la Escuela de Administración de Negociación (EAN), la MAPP/OEA y la Embajada de Suecia.

Conoce más de la experiencia de tres alcaldesas que hicieron parte de esta iniciativa: