El liderazgo social después de la violencia

Tres mujeres de una misma familia fueron víctima de violencia sexual, en medio del conflicto armado en el Sur de Bolívar. Hoy las tres, de generaciones distintas, son activistas y defensoras de derechos humanos.

“Nosotros fuimos el botín de guerra de ellos”, dice Jennis Calderón. Respira, guarda silencio. Recuerda que durante meses, por las calles de su pueblo, se pasearon los grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar con sus motos ruidosas, sus fusiles desafiantes y sus listas mal escritas. Interrumpe la entrevista para ojear de nuevo las calles empolvadas de San Blas, un corregimiento que se convirtió a finales de los años 90 en el enclave criminal de esa estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según relata, las AUC se adueñaron de todos los territorios del Sur de Bolívar: los lugares, que convirtieron en casa de pique, emisoras, salones de reunión y centros de tortura. Pero también se apoderaron de los cuerpos de las mujeres, territorios de lucha y resistencia pues ellas también han parido la resiliencia.

Las y los pobladores de San Blas intenta recuperarse después de vivir la violencia en su pueblo.

El cuerpo de Jennis también fue arrebatado. Prefiere no hablar de eso. Mira para otro lado, le habla  a sus dos pequeños hijos y saluda a los vecinos. Le duele recordar el episodio, pero quizás le atormenta más escuchar en su cabeza las voces de la gente del pueblo, que la increpaban diciéndole que “por algo le había sucedido”. Paradójicamente, frases como esa se convirtieron a la vez en una especie de karma que provocó el germen del liderazgo social.

Es que Jennis es hija y nieta de la resistencia. Su abuela, Julia Calderón, fue la fundadora de San Blas; su madre, Luz Dary, se convirtió en la representante legal de la primera organización de víctimas de esta región, donde el conflicto llegó a través del río y dejó a su paso miles de familias desplazadas, niñas y niños huérfanos y cientos de mujeres viudas.

Jennis siguió sus pasos. Luz Dary, su madre, víctima también de violencia sexual y una especie de consejera espiritual del pueblo, la llevó a las primeras reuniones que convocaba el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Allí conoció a otras víctimas, a otras defensoras y otras causas. Desde entonces se prometió que dedicaría su vida a que ninguna otra mujer sufriera lo que ella tuvo que vivir.

La oficina regional de la MAPP/OEA acompaña el proceso de Construcción de Paz de las mujeres de San Blas.

Hace diez años ingresó a la Mesa Municipal de Víctimas, luego hizo parte de la Mesa Departamental y hoy es una de las voces más importantes en la defensa de los derechos de las mujeres en el Sur de Bolívar. Además, desde hace 4 años creó la primera organización de mujeres víctimas de la violencia.

“He logrado que muchas mujeres despierten y que se eviten muchos feminicidios. Ha sido duro, pero lo he logrado. He logrado que muchas mujeres declaren sus hechos victimizantes como el de la violencia sexual, que es un crimen de lesa humanidad”, dice orgullosa. Se levanta de una silla blanca que ubicamos afuera de su casa para la entrevista. Se quita el micrófono. Tiene afán, una veintena de mujeres la esperan en el parque central de San Blas.

Dictará junto a la oficina regional de la MAPP/OEA un taller participativo sobre género. Gracias a la labor de Jennis, decenas de mujeres de San Blas empiezan a pensar que merecen las mismas oportunidades y derechos que los hombres, se preguntan sobre la maternidad desde la igualdad y la empatía, y comienzan a educar a sus hijas y a sus hijos en el cuidado y la responsabilidad.

Una niña montada en una moto grande pasa por delante nuestro y deja el aire lleno de humo. Las calles polvorientas de San Blas son la huella de un pueblo que no ha logrado recuperarse aún de ese capítulo siniestro que le tocó vivir. Esa niña es Yuly Ximena Calderón, tiene 18 años, es la hija de Jennis y la guerra también le atravesó el cuerpo.

Luz Dary, Jennis y Yuly se han convertido en las referentes de su pueblo.

“Emmm… a ver… cómo le digo. Yo sufrí de violencia sexual”, dice Yuly. También hace silencio y su expresión es tan parecida a la de su mamá que se hacen inconfundibles. Un excombatiente llegó a San Blas hace un par de años y abusó de Yuly. Producto de esa violación, hoy es mamá de una niña de dos años, que empieza a caminar y ya tiene la marca del conflicto en sus hombros. “Una niña criando a otra niña”, sentencia.

Así como Luz Dary llevó a Jennis a las reuniones de líderes y lideresas para empaparla del mundo del activismo, ella ha hecho lo mismo con Yuly. Montada en esa moto negra, recién comprada, llega a los encuentros de la Junta de Acción Comunal de San Blas y hace parte de las reuniones de jóvenes de Simití. Se ha convertido, como su madre, su abuela y su bisabuela, en una defensora de la comunidad.

Las mujeres de San Blas comienzan a pensar que ellas tienen las mismas oportunidades y derechos que los hombres.

San Blas le debe a la familia Calderón, a su tenacidad y liderazgo, que el ejército haya reconstruido el parque central del pueblo, en el que ahora unos columpios de madera pintados con la bandera de Colombia conviven con niñas y niños, gallinas, micos, perros, vacas y gatos. Además, decenas de familias recibieron una carta-cheque como vía de reparación administrativa.

Luz Dary, Jennis y Yuly se convirtieron en tres caras del liderazgo social en el sur de Bolívar. Hoy rara vez las recuerdan como las víctimas de los paramilitares, más bien las saludan en las calles preguntándoles cuándo será la próxima junta, el próximo partido de fútbol, el siguiente taller o la siguiente reunión.

El Espectador: “Ataques contra líderes no se desvinculan del conflicto”, MAPP-OEA

De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la tendencia de esta violencia no cesará fácilmente, pudiendo afectar la implementación del proceso de paz.

Las versiones sobre lo que ocurrió aquella madrugada son varias. Se ha dicho, por ejemplo, que a las 4:00 a.m. Henry Pérez salió de la finca de su vecino, en la vereda Trocha Ganadera -del corregimiento La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander- rumbo a la de su hermana, en donde tenía pensado pasar la mañana trabajando en una plantación de limón. Se dice también que en algún momento de la jornada Pérez argumentaba que tenía que cumplir una cita con el dueño de otro predio cercano.

Lo cierto es que ese fue el último día en que alguien vio a Henry Pérez. Fue hace exactamente un año, el 26 de enero de 2016, y desde entonces nada se sabe de la suerte del líder comunitario reconocido por su trabajo en la región del Catatumbo. Ningún grupo armado ha dicho tenerlo en su poder, su familia no ha recibido pruebas de supervivencia como tampoco llamadas para pedir recompensa. Su caso, con el paso del tiempo, se convirtió en uno más de los ya varios líderes desaparecidos en el país.

Pérez venía adelantando en la región múltiples proyectos productivos y ganaderos, y había sido certificado como conciliador en equidad e impulsor al proceso de reparación colectiva de La Gabarra. Incluso la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) venía trabajando con él en el proceso de reparación colectiva de La Gabarra, en el diagnóstico de afectaciones de su comunidad, iniciativas de proyección comunitaria y resistencia pacífica, como el Festival por la Vida.

Por eso la MAPP-OEA ha hecho seguimiento del caso, preocupada también ante el difícil panorama que enfrentan los líderes sociales en el país. “Hemos observado que no ha habido avances sustanciales en la identificación de los autores o del paradero actual de Henry Pérez, lo cual nos preocupa. Además, su esposa y los miembros de la junta de acción comunal de La Gabarra han recibido reiteradas amenazas para que no lo sigan buscando ni exigiendo su liberación. El silencio, la impunidad y la revictimización no son una opción cuando el Catatumbo y el país avanzan en un proceso de paz con las Farc y vislumbran otro con el Eln”, manifiesta Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, quien insiste en que la tendencia de violencia contra los líderes no cesará fácilmente y que hay demora en la investigación de estos hechos y en la implementación de políticas que garanticen la protección de los líderes en los territorios.

El monitoreo permanente que realiza la MAPP-OEA a las condiciones de seguridad en los territorios más afectados por el conflicto y la criminalidad le ha permitido realizar varios hallazgos basados en las percepciones recogidas durante el proceso. Por ejemplo, en 2016, la Misión conoció más de 100 casos de agresiones contra líderes sociales, principalmente amenazas, homicidios, desapariciones forzadas, atentados y desplazamientos. El perfil de las víctimas no es homogéneo (hay campesinos, comunales, indígenas, afros y reclamantes de tierras), aunque es evidente que en todos los casos se trataba de personas que realizaban una labor de denuncia.

Para la MAPP-OEA se trata de un fenómeno complejo cuyas causales varían dependiendo de los factores que se conjugan en el territorio: salida de las Farc de las zonas de presencia histórica; el reacomodo de otros grupos armados que buscan controlar esos territorios y las economías ilegales; tensiones entre viejos y nuevos liderazgos que surgen en el marco de la implementación de los acuerdos, y retaliaciones contra quienes respaldan el proceso.

La Misión encontró, además, que la responsabilidad de las agresiones también varía. Por ejemplo, en territorios como el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño se identifica como responsables a las ‘bacrim’ o grupos armados organizados, como el clan del Golfo.

Para Menéndez, se trata de casos que tienen patrones similares y por ello no hay que abordarlos como hechos separados. “Estos casos de violencia, así como las consecuentes investigaciones, no pueden estar desvinculados del contexto del conflicto. Se trata de una serie de afectaciones que se están generando en cortos períodos y contra personas con roles sociales similares de denuncia y visibilización de afectaciones (…). Estos crímenes son un riesgo y una amenaza para la paz, de esto no tenemos ninguna duda”, concluye.

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