A diario se escucha hablar de las “misiones de verificación”, sin que se reconozca la verdadera dimensión de lo que significan. En su rol de verificación al cese al fuego y desarme de los paramilitares, los funcionarios de la MAPP/OEA con sus chalecos, sin ser antibalas, ayudaron a frenar violaciones de derechos humanos y propiciaron incontables HECHOS DE PAZ. 

La primera tarea que asumió la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) en el 2004 fue verificar las posibles violaciones al cese unilateral de hostilidades y alto al fuego declarado en 2003 por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el marco del proceso de paz con el Gobierno colombiano, que podrían incluir acciones contra la Fuerza Pública y contra la población civil. 

No fueron pocos los desafíos que planteó la verificación para la recién creada Misión. Entre ellos, el hecho de que las tropas permanecieron desplegadas en sus áreas de operación durante la mayor parte del proceso, así como el temor que generaron los eventuales escenarios de desmovilización entre las comunidades aledañas. 

Decidida a asumir estos y otros retos, y a avanzar en el cumplimiento de su Mandato, la Misión estuvo presente en los territorios desde el primer día, verificando de cerca las dinámicas del cese, acompañando a las poblaciones y promoviendo la garantía de derechos. Por ello, abrió 7 oficinas regionales, que realizaron gestiones vitales para preservar la vida en las comunidades acompañadas. Por ejemplo, a finales del 2004, el trabajo en terreno les permitió a los oficiales verificadores constatar que hombres del Bloque Catatumbo de las AUC se encontraban asentados en una comunidad rural de Norte de Santander, en donde habían afectado a varias familias. Una vez en la zona, el equipo consiguió por la vía del diálogo y los buenos oficios que las tropas se retiraran sin nuevos incidentes. 

La presencia de la Misión contribuyó a generar entornos seguros, según lo señala un habitante del departamento de Córdoba que conoció de cerca el proceso: “Nunca hubo ninguna acción de riesgo por parte de los grupos armados ilegales. Como habitante de una zona de conflicto, puedo decir que los chalecos que usa la MAPP no son antibalas, pero frenan acciones de violaciones de derechos humanos, por ser comunidad internacional”. 

La presencia de verificadores de la Misión también permitió, y sigue permitiendo, que funcionarios públicos ingresaran a territorios que habían sido aislados por los actores armados. Tal fue el caso del corregimiento Mingueo, en el municipio de Dibulla, en La Guajira, puerta de entrada a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde las AUC habían establecido un retén que impedía la entrada de personas, alimentos y medicamentos. Enterada de las epidemias y la desnutrición generalizada que sufría el pueblo Kogui por cuenta del confinamiento, la MAPP/OEA lideró en julio del 2005 una misión humanitaria en la que participaron autoridades departamentales, municipales e indígenas. 

Paralelo al rol de verificación del cese, la Misión acompañó los esfuerzos del Gobierno nacional y de las AUC para establecer las 36 Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), destinadas principalmente para el desarme y la desmovilización. Hacia el final del proceso de diálogo las distintas tropas fueron llegando a estas  zonas, en donde permanecieron por periodos de 5 a 15 días, y en donde tuvieron lugar las ceremonias de desmovilización y entrega de armas. 

Las tareas de verificación también se llevaron a cabo en la ZUT de Tierralta, Córdoba, donde la MAPP/OEA estableció una subestación, más exactamente en la vereda Volcanes de ese municipio. Allí, los verificadores desplegaron sus buenos oficios para que el entonces comandante del bloque Central Bolívar, Rodrigo Pérez Alzate, alias ‘Julián Bolívar’, revirtiera las amenazas de muerte que hombres bajo su mando habían proferido contra un sacerdote del sur de Bolívar. Otras situaciones en las que podían prevenirse hechos de gravedad contaron con la intervención de la Misión. 

La puesta en marcha de esta ZUT también implicó un intenso trabajo con las comunidades. La Zona comprendía seis corregimientos integrados por más de cuarenta veredas, que se vieron afectadas por la llegada de los principales jefes de las Autodefensas y por la instalación de sus anillos de seguridad, así como envueltas en la inusitada atención mediática que recibió la región tras la instalación de la mesa de diálogos. 

En ese contexto, la MAPP/OEA realizó visitas constantes a las veredas, con el objetivo de generar confianza, brindar información sobre el proceso y escuchar a los pobladores. El acercamiento implicó recorrer buena parte de los 368 kilómetros cuadrados que componían la Zona, usando un mapa que los verificadores fueron precisando y enriqueciendo a medida que se adentraban en la región. 

Asimismo, con el fin de gestionar las inquietudes de las comunidades, la MAPP/OEA contribuyó a crear un Comité de Seguridad y Convivencia, en el que también participaron el Gobierno nacional y las AUC. Allí no solo se canalizaron reclamos por posibles abusos dentro de la ZUT, sino que también se generaron espacios de integración. 

Otro mecanismo que se creó para avanzar en el proceso fue el Comité de Verificación, en el que se recibieron y atendieron denuncias por posibles incumplimientos del cese de hostilidades. El escenario permitió actuar frente a hechos tan graves como la masacre de Valencia, Córdoba, perpetrada en abril del 2005 por el bloque de Héroes de Tolová de las AUC, y por la que años después fue condenado alias ‘Don Berna’. La presentación del caso ante el Comité y su verificación por parte de la Misión llevó al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes para acelerar la fase de desarme y desmovilización. 

La MAPP/OEA acompañó 36 de los 38 actos de desmovilización colectiva, que se llevaron a cabo entre 2004 y 2006, en cuatro etapas. La Misión acompañó el proceso de recepción y registro del armamento, su traslado desde las zonas de concentración hasta las instalaciones del Ejército y su posterior empadronamiento a cargo de la Fiscalía General de la Nación. En total, se desmovilizaron más de 40 estructuras paramilitares. 

La Misión también acompañó el acto simbólico de fundición del armamento, que se llevó a cabo en diciembre del 2007 en Boyacá, con la participación del Gobierno nacional, las víctimas, los desmovilizados y el Secretario General de la OEA. Un año antes, el secretario había firmado un Memorando de Entendimiento relativo al Plan de Destrucción de Armas Pequeñas y Armas Ligeras en Colombia, que incluyó asesoría y apoyo financiero. 

En medio de los intensos debates políticos y jurídicos que suscitó en el país el proceso de desmovilización de las AUC, el acompañamiento de la MAPP/OEA contribuyó a construir escenarios de confianza, así como los primeros puentes entre la institucionalidad y las comunidades más golpeadas por el conflicto armado interno. 

Tras la verificación del cese, el desarme y la desmovilización, la Misión volcó sus esfuerzos al monitoreo y acompañamiento a la reparación integral de víctimas y a la reintegración de excombatientes a la vida civil, procesos de la Ley 975 de Justicia y Paz que requirieron todo el carácter territorial, cercano y solidario que este organismo internacional demostró desde sus primeros días.