Colombia

Durante el desarme de las AUC, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y durante los diálogos con el ELN, la MAPP/OEA aportó un HECHO DE PAZ invaluable: monitorear las condiciones de salud de los reclusos. Con esta información no solo se gestionaron actividades como brigadas de salud, sino que se detectaron los casos graves que requerían tratamientos inmediatos o especiales. 

La Mesa de conversaciones de La Habana, Cuba, en la que el Gobierno nacional y la entonces guerrilla de FARC-EP negociaron los términos para poner fin al conflicto armado interno, les permitió a distintos estamentos de la sociedad colombiana contribuir a la enorme tarea de aportar al proceso de paz. 

En consonancia con la activa participación de la sociedad civil, los actores políticos y la comunidad internacional, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) puso al servicio de las partes su amplia experiencia en monitoreo carcelario en la justicia transicional, adquirida desde la puesta en marcha de la Ley de Justicia y Paz. 

Desde el proceso de desarme de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las labores de carácter humanitario adelantadas por la Misión han permitido avanzar en la garantía de derechos de los excombatientes de distintos grupos armados ilegales privados de la libertad, en temas como seguridad, salud y habitabilidad. 

Haciendo uso de ese bagaje, durante la vigencia de la mesa de conversaciones la Misión le entregó a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) recomendaciones y lecciones aprendidas, que podían ser útiles para las partes a la hora de abordar la situación de los más de tres mil militantes de las FARC-EP que se encontraban presos en distintas cárceles del país. 

La MAPP/OEA, además, apoyó un diálogo interinstitucional sobre el tema, en el que participaron la OACP, representantes de las FARC- EP, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría General, Medicina Legal y la Coalición Larga Vida a las Mariposas, integrada por colectivos de abogados defensores de excombatientes. 

Fue así como la Misión asumió la tarea de monitorear las condiciones de salud de los presos de las FARC-EP, con el fin de que el Gobierno analizara la posibilidad de que algunos de ellos fueran liberados como gesto de buena voluntad en el marco de la mesa de conversaciones. Con base en la información recopilada, el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, liberó en enero del 2016 a treinta integrantes de esa guerrilla, varios de los cuales sufrían graves condiciones de salud. 

La MAPP/OEA, además, se sumó al censo carcelario nacional que realizó la Coalición Larga Vida a las Mariposas como insumo para la mesa de diálogos. El trabajo permitió identificar reclusos que podrían quedar por fuera del proceso de paz por encontrarse en cárceles municipales que no habían sido censadas. 

La Misión, además, gestionó soluciones en el corto y el mediano plazo en relación a las condiciones de salud, tales como la realización de brigadas y la valoración de médicos legistas, teniendo en cuenta que varios de los internos eran discapacitados o sufrían enfermedades graves. 

Ejemplo de ello es el caso de José Ángel Parra Bernal, integrante de las FARC-EP que se encontraba detenido en la cárcel La Picota, afectado por una grave enfermedad conocida como leucemia mieloide crónica. En el 2016, la Misión adelantó gestiones ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y el INPEC para promover el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares ordenadas por la CIDH en el 2015, con el fin de preservar la vida y la integridad de ese excombatiente. 

En ese entonces, la Misión “también presentó una propuesta de tratamiento médico especial para las personas que habían sufrido el fragor de la guerra y de la reclusión, teniendo en cuenta que se detectaron casos de estrés postraumático o síndromes depresivos graves”, según explica Daniel Millares, coordinador del Área de Justicia de la MAPP/OEA. 

Jhon León, director de la Corporación Solidaridad Jurídica, que hace parte de la Coalición, opina que “la participación de la Misión en todo el proceso fue clave, dado que coordinó un acompañamiento importante que produjo insumos a la mesa respecto a las condiciones de salud y algunos temas de seguridad de las personas privadas de la libertad. Igualmente, contribuyó a garantizar que en el proceso de alistamiento se fuera desarrollando un espacio de coordinación en materia de derechos humanos”. 

En el 2017, la MAPP/OEA sumó su experiencia y esfuerzos en materia de monitoreo carcelario para apoyar el proceso de diálogo con la guerrilla del ELN, que se desarrolló desde febrero de ese año en Quito, Ecuador. 

Como parte de ese proceso, la Misión expuso ante ambas delegaciones en Quito la situación de los integrantes de esa guerrilla que estaban detenidos, al tiempo que emitió informes y recomendaciones dirigidos a la institucionalidad. 

Además, participó en mesas de trabajo regionales junto a las organizaciones de la sociedad civil Equipo Jurídico Pueblos y Comité de Solidaridad con los Procesos Políticos. Tal fue el caso del seguimiento a las condiciones de reclusión de los integrantes del ELN presos en las cárceles de Istmina y Quibdó, especialmente en los temas de seguridad y salubridad. 

Fue la experiencia la que le permitió a la Misión aportar a los procesos de paz con ambas guerrillas. Tras la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, en el 2005, la MAPP/OEA llevó a cabo múltiples tareas de monitoreo carcelario, consolidando sistemas de alertas y protocolos para seguir de cerca la reclusión de los paramilitares en temas como habitabilidad, salubridad, salud y cumplimiento de condiciones especiales de reclusión. 

En opinión de Millares, coordinador del Área de Justicia de la MAPP/OEA, esta labor “humaniza el trabajo de la Misión, porque no está enfocada en lo que las personas han hecho o han sido, sino en cómo se les puede mejorar la vida a partir del cumplimiento de sus derechos y obligaciones”.