Una oportunidad para la verdad y la justicia

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, la cifra de los colombianos afectados por el conflicto supera los 8’000.000. Contribuir a que las víctimas participen activamente en los procesos de verdad, justicia y reparación es un HECHO DE PAZ. 

El Acuerdo Final de paz firmado por el Gobierno nacional y las FARC-EP en el 2016 creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, un entramado institucional de gran envergadura destinado a sancionar en el marco de la justicia transicional las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, así como a esclarecer sus causas, reparar a las víctimas y promover la reconciliación. 

Tal como se acordó en la Mesa de conversaciones de La Habana, el Sistema está integrado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). El funcionamiento de las tres entidades ha requerido la confluencia de múltiples esfuerzos de las instituciones públicas, las organizaciones de víctimas, las plataformas de defensores de derechos humanos y la comunidad internacional. 

Como parte de su compromiso con los esfuerzos de la justicia transicional en Colombia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) ha venido apoyando al Sistema, especialmente a la JEP y a la CEV. Ambas instituciones tienen la enorme responsabilidad de garantizar los derechos de las personas directamente afectadas por el conflicto, que de acuerdo con el Registro Único de Víctimas superan los 8.800.000 colombianos. 

En lo que respecta a la JEP, que es la instancia judicial del Sistema, la Misión ha venido proponiendo rutas y recomendaciones para contribuir a garantizar uno de los principios claves para la paz: el acceso efectivo de las víctimas a la justicia. Esto, a través del monitoreo judicial y la elaboración de informes especiales de análisis sobre autos, sentencias o documentos internos.  

“Hemos hecho una alianza estratégica que pretende, entre otras cosas, aprovechar esa experiencia arraigada y prolongada de la MAPP/OEA en Colombia. La OEA, por ejemplo, a través del Sistema Interamericano, ha sido un pilar para la Jurisdicción y para el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación”, señaló la presidenta de la JEP, Patricia Linares, durante la entrega pública de tres informes de la Misión a esta jurisdicción, en marzo del 2019. 

La MAPP/OEA, además, ha venido apoyando a la JEP en su relacionamiento con las comunidades étnicas y sus autoridades, duramente golpeadas por todos los actores armados. En esa línea, ha trabajado en la recolección de experiencias sobre justicia restaurativa que puedan ser aplicadas en la JEP y que han sido llevadas a cabo por los pueblos indígenas Inga, Kamëntsá, Cocama, Yagua, Tikuna, Nasa, Yanakona, Arhuaco, Wiwa, Kogui, Kankuamo y Wayuu. Asimismo, la Misión ha apoyado la creación de un protocolo de interjurisdiccionalidad entre la JEP y la Jurisdicción Especial Indígena. 

En lo que respecta a los casos priorizados por la JEP, algunos de los cuales responden al criterio de “impacto diferenciado en los pueblos étnicos y sus territorios”, la MAPP/OEA ha monitoreado y acompañado a víctimas de las subregiones del Urabá y el Pacífico nariñense que trabajan en la elaboración de informes con destino a la Jurisdicción. Con base en ello se pretende diseñar una metodología de intercambio de experiencias entre las víctimas de las regiones priorizadas. 

“Con la JEP no teníamos contacto directo, pero con la MAPP/OEA sí. A través de ellos logramos contactar para realizar, con todas las organizaciones que pudieran, un taller de capacitación, y se logró”, relata Fanny Escobar, coordinadora de las Mujeres del Plantón, una organización social de Apartadó, Antioquia, que avanza en la preparación de informes sobre los hechos de violencia sufridos en el Urabá antioqueño durante el conflicto. 

En cuanto a la CEV, entre cuyas tareas principales se encuentran esclarecer las causas del conflicto armado y promover la convivencia en los territorios, con el apoyo de Países Bajos, la Misión acompañó el diseño de una metodología para la participación de las víctimas en el proceso de esclarecimiento. Para ello, realizó varios talleres regionales, en los que escuchó percepciones y preocupaciones, y a partir de los cuales elaboró informes especiales. 

Edelma Gómez, coordinadora del Área de Construcción de Paz de la MAPP/OEA, explica que “en nuestras recomendaciones hemos recogido las peticiones de las víctimas, que han expresado su preocupación para que no se repitan las dificultades que se presentaron en el marco de Justicia y Paz y de la Ley de Víctimas”. Gómez agrega que entre esas recomendaciones se encuentran temas asociados a las garantías de seguridad para la entrega de testimonios, la custodia de los mismos y el protagonismo de las voces de los directamente afectados por el conflicto en el informe final que deberá preparar la CEV.  

Gracias a su conocimiento de los territorios más afectados por la guerra, la Misión también ha acompañado a la CEV en su ingreso a por lo menos siete regiones, tendiendo puentes con las organizaciones de víctimas y las instituciones locales. Según Gómez, la labor ha sido fructífera gracias “a la confianza que ha adquirido la Misión en territorios complejos y difíciles, en los que llevamos 15 años de presencia y hemos acompañado múltiples procesos comunitarios”. 

El presidente de la CEV, Francisco de Roux, opina al respecto: “La MAPP/OEA nos ha traído la experiencia de haber estado en terreno, la sensibilidad hacia las comunidades y la comprensión de las culturas territoriales, además de formas de garantizar seguridad a las poblaciones con el acompañamiento, que son distintas a la seguridad que puede venir de componentes armados o de instituciones del Estado. Eso enriquece a la Comisión”. 

En materia temática, la MAPP/OEA respondió a la solicitud de la CEV para liderar ciclos de conversaciones y análisis internos sobre asuntos relevantes para el trabajo de esclarecimiento. Entre los temas abordados se encuentran las lecciones aprendidas del proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la atención psicosocial que el Estado les suministró a las víctimas del paramilitarismo y la violencia perpetrada por las AUC contra las mujeres y las personas LGBTI en subregiones como el Catatumbo, el Magdalena Medio y los Montes de María. 

El trabajo de la Misión le apunta a fortalecer las capacidades del Sistema, entre cuyos principios se encuentran el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción efectiva de sus derechos.