Violencia y afectaciones, amenazas para la paz

En el 2004 la MAPP/OEA llegó a Colombia para apoyar un anhelo de paz. Desde entonces, como acompañante cercano de distintos procesos, ha sido testigo privilegiado de grandes avances y también de graves obstáculos que aún ponen en riesgo este propósito. 

Aunque durante los últimos 15 años, dos grandes procesos de paz han tenido lugar en Colombia, la persistencia del conflicto armado interno, el accionar del crimen organizado y la débil presencia estatal han impedido que algunas comunidades rurales de distintas regiones del país puedan experimentar mejoras en su calidad de vida. Con el fin de contribuir a superar estos desafíos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) monitorea las dinámicas de los territorios y las condiciones de seguridad que afectan a las diversas poblaciones. 

En cerca de 450 centros poblados de 150 municipios, ubicados en 18 departamentos, la Misión monitorea los aspectos clave para la construcción de paz, como las dinámicas del conflicto armado, la criminalidad, los conflictos sociales, los impactos de la implementación de las políticas de paz y la movilización ciudadana. 

Tras largos trayectos a lomo de mula, en camionetas, chalupas o motos, los funcionarios de la MAPP/OEA llegan a las veredas, corregimientos, resguardos indígenas y consejos comunitarios, muchos de los cuales ni siquiera aparecen en los mapas oficiales. Allí, realizan el monitoreo, triangulando la información a través de conversaciones con todos los actores locales, entre los que se incluyen alcaldías, autoridades étnicas, comunidad religiosa, Juntas de Acción Comunal, víctimas, excombatientes, Fuerza Pública y comunidad en general. 

La presencia sostenida de la MAPP/OEA en estos territorios de la extensa geografía colombiana, además de ayudar a generar entornos protectores para la población, le ha permitido construir confianza y corresponsabilidad, no solo con las comunidades, sino también con las instituciones locales y regionales. Así, a partir de las percepciones y preocupaciones recogidas en campo, la Misión elabora análisis, alertas y recomendaciones con destino a las autoridades que toman las decisiones en materia de prevención y protección. 

Para visibilizar estos temas, la MAPP/OEA cuenta con cerca de 20 contrapartes a nivel nacional, entre las que se cuentan el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz,  la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Además, hace parte de instancias para la protección de liderazgos sociales, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, y el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas. Tan solo en los primeros cinco meses del 2019, la Misión le ha entregado a la institucionalidad 120 diagnósticos territoriales. 

Los territorios de Colombia en términos de seguridad 

William Quintero, coordinador del Área de Dinámicas Territoriales de la MAPP/OEA, explica que “la Colombia de hoy es diferente a la del 2004, cuando empezaron a desmovilizarse las AUC. Algunos territorios han evolucionado tranquilamente, en buenas condiciones de seguridad. Sin embargo, en otras zonas las cosas no cambian satisfactoriamente, como ocurre en Catatumbo, Bajo Cauca y Chocó”. 

En el Catatumbo, la Misión ha detectado múltiples ciclos de violencia desde que empezó sus labores de monitoreo. Allí, la comunidad ha estado bajo la influencia de diferentes actores armados ilegales, como las FARC-EP, las AUC, el ELN y el autodenominado EPL, también conocido como Los Pelusos. Tras la desmovilización del Bloque Catatumbo de las AUC en el 2004 y la dejación de armas del Frente 33 de las FARC-EP en el 2017, este territorio ha sido escenario de disputa entre el ELN y el EPL, con múltiples afectaciones y graves violaciones a los derechos humanos, tales como masacres, desapariciones y desplazamientos forzados. La economía ilegal del narcotráfico y el tráfico de combustible son dos de los factores que alimentan el conflicto en la zona. 

En medio de esas circunstancias, el obispo de la Diócesis de Tibú, Ómar Sánchez, opina que, en el Catatumbo, la MAPP/OEA “es más que una observadora de esos procesos, porque asume compromisos en cosas concretas. Es capaz de estar en los momentos coyunturales de manera ejemplarizante, con mucha moderación, pero al mismo tiempo de forma proactiva, con un sentido de pertenencia que es admirable”. Por su parte, Blanca Navas, docente del municipio de Tibú, Norte de Santander, destaca que “la MAPP/OEA nos ha ayudado a contactarnos con muchas instituciones, lo que nos ha permitido darnos cuenta de que no estamos solos, que nuestros problemas les pueden interesar a otros”. 

En el departamento del Chocó, donde también persiste el conflicto armado y la criminalidad, la Misión ha constatado la comisión de múltiples violaciones a los derechos humanos contra comunidades afro e indígenas, tales como homicidios, confinamientos, desplazamientos y reclutamientos forzados. Allí, el ELN y el grupo armado autodenominado Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocido también como Clan del Golfo, se disputan el territorio, considerado estratégico para las rutas del narcotráfico hacia la costa Pacífica, así como por su riqueza en maderas y metales preciosos. 

En la subregión del Bajo Cauca, del departamento de Antioquia, la MAPP/OEA también sigue identificando altos niveles de afectación a la población, a raíz de la confrontación entre el ELN, el Clan del Golfo y los grupos residuales, también identificados como disidentes de las FARC-EP. Los extensos cultivos de coca y la riqueza minera de la zona estimulan esta violenta disputa que ha generado desplazamientos, confinamientos y homicidios selectivos. 

Con este monitoreo focalizado, profundo y en tiempo real, la Misión ha logrado visibilizar y llamar la atención de las instituciones responsables y la comunidad internacional, sobre las adversas condiciones de seguridad en las que viven estas y otras comunidades, así como las complejidades para construir y consolidar la paz en territorios donde la presencia efectiva e integral del Estado sigue siendo uno de los mayores desafíos.