Víctimas del conflicto armado

Cúcuta
Norte de Santander

La búsqueda de justicia es, en muchos casos, un camino difícil y solitario para las víctimas del conflicto armado. Acompañarlas, y al mismo tiempo facilitar su participación y empoderamiento, es un HECHO DE PAZ que las fortalece a ellas y a Colombia. 

Ocho años después de que sus esposos fueran asesinados en una plaza de mercado de Cúcuta, Norte de Santander, Aura Sarmiento y Nayibe Casadiegos obtuvieron un aire de paz gracias a la justicia transicional.  En 2010, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a ocho años de prisión a Jorge Iván Laverde Zapata, alias “El Iguano”, excomandante del frente Fronteras del bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su responsabilidad directa en esos y otros crímenes en la zona, como tortura, secuestro y desaparición forzada. 

Desde el inicio, Aura y Nayibe acudieron a Barranquilla a las audiencias judiciales en el proceso contra Laverde, cuya sentencia fue la segunda proferida en aplicación de la Ley de Justicia y Paz, creada para juzgar a las extintas AUC. A medida que la fase procesal avanzó, ellas y otras víctimas del departamento decidieron organizarse en la Asociación de Familias Unidas del Conflicto Armado de Norte de Santander (Asfucans), con la cual buscaron tejer redes de apoyo y obtener justicia. 

En 2007, cuando Laverde y el también ex comandante paramilitar Juan Francisco Prada , alias “Juancho Prada”, empezaron a rendir versiones libres ante la justicia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) decidió crear, a partir de su experiencia propia, un protocolo de acompañamiento a las víctimas en el escenario de Justicia y Paz. Por entonces, la Misión buscaba que las autoridades judiciales les permitieran a las personas afectadas un mayor acceso y participación en las audiencias. 

Daniel Millares, coordinador del Área de Justicia de la MAPP/OEA, explica al respecto: “Hicimos una fuerte campaña para que se pudieran aplicar el indubio pro víctima1, que no existía hasta ese momento, y las prerrogativas de las víctimas en el marco del Derecho Penal Internacional, con el fin de procurar un mejor acceso, protección y beneficios procesales”. 

Ante la crudeza de las confesiones de los primeros paramilitares que comparecieron ante la justicia transicional, la Misión concluyó que era necesario preparar a las víctimas para lo que vendría. Por ello, puso en marcha un proceso de acompañamiento en escenarios judiciales avanzados, que desarrolló en el Magdalena Medio, en los Montes de María y en Norte de Santander, donde apoyó a organizaciones de víctimas como Asfucans desde sus inicios. 

Nayibe Casadiegos, vocera de Asfucans, cuenta que “la MAPP/OEA desde el principio nos dio una mano amiga, porque pasamos por momentos muy difíciles en los que no sabíamos qué hacer. La Misión nos dijo cómo podíamos seguir y por eso nosotros consideramos que fue nuestro pilar, que le debemos gran parte de lo que aprendimos”. 

En desarrollo del proceso, la Misión les suministró acompañamiento técnico y psicosocial a los integrantes de Asfucans, y los apoyó para que viajaran a otras regiones del país a intercambiar experiencias con otras víctimas. Porfirio Vélez, vocero de la Asociación, agrega: “en esa época, viendo que íbamos acompañados de algún funcionario de la MAPP/OEA, muchas autoridades locales que antes nos desconocían o nos atendían con desdén empezaron a tratarnos con respeto”.  

La Misión también acompañó con solidaridad a las víctimas en cientos de jornadas de atención, en las que las autoridades recabaron información sobre los delitos cometidos durante el conflicto y entregaron detalles sobre rutas de atención. En esos espacios, participó como observadora activa, contribuyendo a que los asistentes se dirigieran a las entidades estatales correspondientes según sus necesidades, y a que las instituciones nacionales y locales se articularan entre sí. 

Sobre el trabajo de la Misión durante esos años, entre 2005 y 2016, Millares concluye que “el hecho de que hayamos estado en todas las etapas de Justicia y Paz nos permitió identificar avances y desafíos, nos ayudó a mantenernos siempre del lado de las víctimas y hoy nos permite entregar recomendaciones privilegiadas a otros mecanismos de justicia, como la JEP”. 

La MAPP/OEA desarrolló un protocolo de monitoreo judicial, gracias al cual emitió múltiples recomendaciones ante el Comité Interinstitucional de Justicia y Paz, integrado por la vicepresidencia de la República, los ministerios del Interior y de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia, entre otras entidades del Estado. 

En el grupo de recomendaciones se incluyó el diseño de una metodología por parte de la Fiscalía para que se garantizaran los derechos de las víctimas a lo largo de las diligencias, entendiendo Justicia y Paz no como un proceso penal de carácter retributivo, sino restaurativo. En las ciudades donde existían salas especializadas, como Medellín, Bucaramanga y Barranquilla, el personal de la Misión también presentó sugerencias. 

En 2011, la Misión condensó el resultado del trabajo de monitoreo en un gran informe que identificó los principales vacíos e indefiniciones de la Ley. Entre ellos, obstáculos que retrasaban el desarrollo proceso y que afectaban los derechos de las víctimas en las diferentes etapas. 

El análisis permitió generar recomendaciones para superar esas y otras dificultades, algunas de las cuales estuvieron relacionadas con criterios de priorización, incidentes de reparación y versiones libres. 

Por cuenta de ese ejercicio, la Misión participó en la comisión de expertos que elaboró el proyecto de modificación de la Ley que el Gobierno nacional le presentó al Congreso de la República. Producto de ese ejercicio, el legislativo expidió en 2012 la Ley 1592, que incluyó mejoras en temas de participación, enfoque diferencial y reparación.