Resguardo Menkue, Misaya y La Pista

Cesar

Traducir a la lengua Yukpa un fallo que reconoció que esta comunidad indígena había sido gravemente afectada por el conflicto armado y luego socializar el tema en el territorio es un HECHO DE PAZ que fue posible gracias al trabajo articulado entre la comunidad, las instituciones y la MAPP/OEA. 

En agosto del 2016, en el marco de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Tribunal Superior de Cartagena le ordenó a distintas agencias estatales ampliar el resguardo Menkue, Misaya y La Pista del pueblo indígena Yukpa, así como garantizar los derechos fundamentales de esa comunidad, asentada en la Serranía del Perijá, en el departamento del Cesar, zona estratégica por su conexión con Venezuela. 

El Tribunal tomó la decisión a favor del resguardo, en jurisdicción del municipio Agustín Codazzi, tras reconocer que los Yukpa habían sufrido la “dilación en la formalización y ampliación” de su territorio y habían sido gravemente afectados por el conflicto armado interno. En la sentencia quedó constancia de que los indígenas sufrieron confinamientos, restricción para el transporte de alimentos, estigmatización, trabajos forzados, contaminación del territorio con minas antipersonal, desplazamientos, violencia sexual, afectaciones derivadas de la fumigación de cultivos ilícitos y detenciones arbitrarias e ilegales. 

El fallo también recogió la grave situación alimentaria que atraviesa el pueblo Yukpa por falta de tierras fértiles para cultivar, así como las afectaciones causadas a su vida espiritual. Estas últimas fueron generadas por la fragmentación del territorio y por la instalación del Batallón de Alta Montaña Número 7 de la Décima Brigada Blindada del Ejército Nacional, apostado en “un territorio sagrado de suma importancia espiritual y cultural”, según quedó consignado en la sentencia. 

Como parte de las 26 órdenes que profirió para restablecer los derechos de la comunidad, el Tribunal les ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y al Ministerio de Cultura traducir la sentencia a la lengua Yukpa. Varios meses después, la URT le solicitó cooperación técnica y financiera a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) para cumplir con esa exigencia, clave para la difusión del documento entre los habitantes del resguardo, muchos de los cuales solo hablan en su lengua materna. 

Para la MAPP/OEA, la solicitud de la URT constituyó una nueva oportunidad de seguir profundizando su trabajo en la Serranía del Perijá, zona en la que Misión había hecho presencia desde el 2011, conociendo de cerca las dificultades de las comunidades campesinas e indígenas del municipio de Codazzi. 

Una vez concertado con las autoridades tradicionales, el equipo interinstitucional conformado por las tres entidades empezó a dinamizar el proceso. Así, se decidió conjuntamente traducir una síntesis con los aspectos más relevantes del fallo, relacionados con el reconocimiento de los delitos que habían cometido los grupos armados ilegales, los derechos protegidos y las órdenes proferidas por el Tribunal. Además, se acordó crear tres equipos de traductores, integrados cada uno por una autoridad ancestral, un sabedor y un etnoeducador, uno de los cuales debía ser mujer. 

El primer paso consistió en socializar un borrador de síntesis preparado por los profesionales de las tres entidades. Posteriormente, el equipo se dedicó a facilitar la comprensión de la síntesis, tarea en la cual jugó un rol clave la MAPP/OEA. La Misión fue la encargada de ayudar a explicar los tecnicismos propios del lenguaje jurídico y del engranaje institucional colombiano, en buena parte ajenos al pueblo Yukpa. Así, se aterrizaron conceptos como “tribunal”, “última instancia”, “propiedad”, “bloque de constitucionalidad” y “catastro”. Además, se explicaron las palabras usadas en español para describir los delitos de que había sido víctima la comunidad: “despojo”, “reclutamiento”, “violencia sexual”, “detención”. 

Con los conceptos claros, los profesionales y la comunidad indígena se embarcaron en la ardua tarea de la traducción. El lingüista John Freddy Chaparro, asesor del Ministerio de Cultura para este proceso, explica que el ejercicio consistió en buscar “cuál era la mejor forma de expresar algo que no existía en la realidad social de la comunidad, para que todos sus miembros, de todas las edades, lo pudieran entender. Esto requirió de un esfuerzo cognitivo muy importante, porque, en la medida en que se trató de una traducción intercultural, implicó un proceso de interpretación, de uso de metáforas, de reescritura del texto”. 

Aunque los equipos de traductores eran fijos, la comunidad participó activamente en el proceso, discutiendo sobre el mejor uso de las palabras. Una vez la traducción fue aprobada por todos, los etnoeducadores trabajaron en la ortografía y la redacción. Un ejercicio difícil si se tiene en cuenta que, tal como explica Chaparro, los Yukpa son una sociedad de tradición oral. 

Aun así, para los indígenas adquirió relevancia la escritura del documento. De acuerdo con Chaparro, “el pueblo insistió mucho en que se estaba dejando registrado un componente importante de su historia para las otras generaciones”. El proceso también impulsó el reconocimiento del Yukpa, según el lingüista: “Fue muy valioso que el mismo pueblo sintiera que su lengua es importante. Las lenguas en Colombia se pierden porque los grupos indígenas piensan que deben dejarlas de usar, que para eso está el español. El hecho de que un tribunal haya dicho que tiene que hacerse una traducción al Yukpa hace que la lengua adquiera relevancia para la comunidad”. 

De otro lado, la traducción facilitó la difusión del fallo entre los habitantes del resguardo y motivó el interés de la comunidad en exigir su cumplimiento. Así lo refiere la MAPP/OEA: “El proceso de traducción sirvió como proceso de socialización y entendimiento de la sentencia. A partir del trabajo articulado de la Misión con el Ministerio de Cultura y la Unidad de Restitución se generó conciencia de cuáles eran los derechos y las órdenes que se habían establecido y se motivó la exigibilidad de derechos por parte de las autoridades tradicionales”. 

Pablo Emilio Manzano, habitante del territorio, reconoce la importancia del proceso para la comunidad: “La traducción nos ha permitido hablar de salud, educación y tierra. Nos ha dado conocimiento para poderle exigir al mismo Gobierno que tenga en cuenta este resguardo, que poco ha sido reconocido, que ha sido abandonado”. 

Como resultado de las actividades, en octubre del 2017 las instituciones le entregaron a la comunidad una publicación impresa en lengua Yukpa. Posteriormente, la MAPP/OEA ha continuado haciéndole seguimiento al cumplimiento del fallo, clave para la pervivencia del resguardo Menkue, Misaya y La Pista. Ya en el 2009, la Corte Constitucional había declarado que el pueblo Yukpa se encontraba en riesgo de desaparecer por cuenta de la disminución progresiva de la población, la falta de alimentos, los conflictos con colonos por el territorio y la débil presencia institucional.