La voz y el valor de las Juntas de Acción Comunal

En sus más de 60 años de existencia, los organismos de Acción Comunal han impulsado el desarrollo de los territorios. Sin embargo, la defensa de sus comunidades en medio del conflicto los ha puesto en riesgo. Hoy, su perseverancia y una articulación fluida con las instituciones son la esperanza para reparar y fortalecer una organización que construyó, construye y seguirá construyendo HECHOS DE PAZ. 

El liderazgo comunal es la estructura civil organizada más grande de Colombia. Según el Ministerio del Interior, 6.300.000 hombres y mujeres hacen parte de los Organismos de Acción Comunal en el país. La gran mayoría de veredas, municipios y ciudades del país cuentan con líderes o lideresas comunales. 

“Desde el día uno de la llegada de la Misión a los territorios, son los presidentes de las Juntas de Acción Comunal los que nos reciben. Son nuestras primeras guías  en los territorios. Ellas y ellos conocen exactamente el contexto social, político y económico de la región”, señala Edelma Gómez, coordinadora del Área de Construcción de Paz de la MAPP/OEA. 

Este liderazgo, que funciona de manera organizada desde 1958, está encargado de gestionar ante entidades públicas y privadas las necesidades de sus comunidades. “Hemos construido el 30 por ciento de la infraestructura que tiene Colombia, puentes, colegios, acueductos y vías. Hemos sido gestores sociales, de derechos humanos y de paz, pero también empresariales, ya que queremos crear nuestras propias empresas comunitarias para el beneficio de todos los territorios”, afirma Jaime Gutiérrez, asesor en la Confederación Nacional de Acción Comunal para temas de derechos humanos, víctimas y construcción de paz. 

El desarrollo de muchas regiones en el país ha sido posible gracias a la capacidad de gestión y agencia de estos liderazgos. Sin embargo, la defensa de sus comunidades también los ha puesto en peligro. Así lo ha podido evidenciar la MAPP/OEA, quien por medio del monitoreo y el acompañamiento permanente ha visto cómo desde el 2016 la Acción Comunal ha sido una de las organizaciones sociales más afectadas por el asesinato de sus líderes y lideresas. 

 “Las Juntas de Acción Comunal son el centro de aglutinamiento de la comunidad y son quienes defienden el territorio. Por esa causa nos han venido asesinando, amenazando y desplazando, entonces cada vez que se acrecienta el conflicto en Colombia, las principales víctimas hemos sido los y las comunales”, señala Ceferino Mosquera, presidente de la Confederación Nacional de Acción Comunal. 

Para la Misión, esto se debe a varias razones. Por un lado, hay procesos de estigmatización de los liderazgos comunales en zonas donde persisten conflictos ligados a economías ilícitas, a la explotación de recursos naturales y otros intereses económicos y políticos. Por el otro, la voz de las organizaciones de Acción Comunal no ha sido suficientemente escuchada por las instituciones gubernamentales. 

Por eso la MAPP/OEA se ha dedicado desde hace varios años a ser un interlocutor para que la voz de los líderes y lideresas comunales llegue con fuerza a las instancias de toma de decisiones, y la institucionalidad sepa la magnitud de las afectaciones que el conflicto ha tenido en dicho organismo. Para esto, la Misión ha buscado fomentar una relación más fluida entre los comunales y las instancias del Estado, como el Ministerio del Interior y la Unidad para las Víctimas, claves en la implementación de mecanismos de prevención y protección adecuada a las particularidades del trabajo comunal. 

Para Gerardo Castrillón, presidente de la Federación Comunal del Cauca y secretario ejecutivo de Procesos de Paz de la Confederación Nacional de Acción Comunal, “hoy la visibilidad, la confianza y el respeto que la Acción Comunal ha ganado a nivel nacional se lo debemos en gran parte a ese caminar junto a la MAPP/OEA. En las Mesas Territoriales de Garantías y Derechos Humanos, a nosotros nunca nos tenían en cuenta, pero hoy hacer una de esas mesas sin la presencia de la Acción Comunal, es como si hubiera un vacío. Ese espacio lo conseguimos en gran parte con el apoyo de la comunidad internacional, especialmente de la MAPP/OEA”. 

Cabe resaltar que, a pesar de las dificultades, existen valiosos esfuerzos institucionales. Bajo el marco de la Ley 1448 del 2011, los Organismos de Acción Comunal fueron reconocidos como víctimas del conflicto y sujetos de reparación colectiva. Esto les dio a los comunales un nuevo escenario para participar y exigir sus derechos, puesto que el Estado colombiano reconoció que los daños producidos por el conflicto armado trascendieron las afectaciones individuales e impactaron el conjunto de la organización. 

Aún así, todavía son grandes los retos para lograr la reparación y garantizar la no repetición. El primer gran desafío es volver a articular una organización gigantesca, con una estructura de 62.553 Juntas de Acción Comunal y 1.500 Asociaciones de Juntas reunidas en 35 Federaciones, que, como pocas, han visto impactado su tejido organizativo por causa del conflicto armado y la violencia. 

Los esfuerzos de los comunales por visibilizar su caso y los diferentes apoyos recibidos han hecho posible que hoy día mantengan una interlocución directa con el Gobierno. Tras años de ser una fuerza silenciosa, hoy los comunales y la institucionalidad han llegado a acordar temas tan importantes como la creación de la Mesa Comunal por la Vida de la Procuraduría, o la implementación del Banco de Acciones Comunal (BAC), creado por el Ministerio del Interior, como una estrategia integrada en el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). 

Otro de los grandes desafíos para la Acción Comunal es garantizar la representatividad de las mujeres. “El reto es que las mujeres tomemos posiciones fuertes dentro de la organización, dirigiéndola, presidiéndola en todos sus grados y que las mujeres sigamos fortaleciendo este espacio”, señala Marta Maldonado Villamizar, presidenta de la Federación Comunal del Norte de Santander y secretaria de Derechos Humanos de la Confederación Nacional de Acción Comunal. 

Para responder a esto, las mujeres de la Acción Comunal se han articulado en diferentes expresiones, movimientos y redes, en las que han reivindicado su contribución y fomentado su participación en todos los niveles de la organización. La Misión, junto con aliados como Suecia y Suiza, ha acompañado y fortalecido esta nueva capa del tejido organizativo, propiciando reflexiones sobre los obstáculos y retos que tienen para reducir las brechas en el ejercicio del poder y fortalecer el goce de sus derechos dentro y fuera de la organización. 

Para la MAPP/OEA, la protección de la Acción Comunal es también garantía para la construcción de paz territorial y el ejercicio de la democracia. En palabras de Roberto Menéndez, jefe de Misión, “la organización comunal es la célula organizacional más importante y más fundamental que tiene la sociedad colombiana, y por lo tanto la consideramos como el verdadero motor para la paz y para la construcción democrática. Estos líderes, lideresas y dignatarios son la levadura crítica para el desarrollo de los territorios”.