Sustituir la coca, una esperanza para la paz del Putumayo

HECHOS DE PAZ como acordar reglas de juego para facilitar el diálogo, así como promover una representación más amplia y diversa de actores sociales, han sido algunos de los aportes de la Misión en este tema trascendente para la paz de los territorios. 

A mediados del 2014, organizaciones sociales, étnicas y campesinas del Putumayo le exigieron al Gobierno nacional el cese de la fumigación con glifosato de los cultivos de hoja de coca, fuente de sustento para miles de personas de la región. Ese año, según cifras oficiales, Putumayo era el segundo productor de coca en el país, con más de 13.600 hectáreas sembradas. 

Durante décadas, familias y pueblos enteros del departamento crecieron alrededor de la coca, pese a los múltiples esfuerzos del Estado por erradicarla. Tal como explica una lideresa comunal de la vereda La Carmelita, del municipio de Puerto Asís: “Por medio de la coca muchos padres les dieron educación a sus hijos, construyeron sus viviendas y le dieron alimentación y vestido a sus familias”. 

Pero la coca también ha sido el combustible de la cruenta guerra que libraron en la zona la guerrilla de las FARC-EP y los paramilitares del bloque Sur Putumayo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). El control del negocio del narcotráfico fue y sigue siendo objeto de disputa entre grupos armados ilegales, con graves consecuencias y afectaciones para las comunidades. De los más de 350.000 habitantes del departamento, hasta abril del 2019 cerca de 130.000 se han declarado víctimas del conflicto armado interno, de acuerdo con la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. 

La pobreza y la violencia han llevado a las comunidades a proponer soluciones integrales a los problemas de la región. Por ello, durante las protestas del 2014, la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofanía Jardines de Sucumbíos (Meros) le propuso al Gobierno nacional dialogar sobre los temas de sustitución de cultivos ilícitos, inversión social y acuerdos incumplidos, derechos humanos y modelo minero-energético, teniendo en cuenta, además, que el Putumayo es uno de los mayores productores de petróleo del país. 

En septiembre de ese año, producto de la movilización, el Gobierno y la Meros concertaron la instalación de cuatro comisiones de diálogo, una de las cuales se dedicaría a abordar el tema de la sustitución. 

Para mayo del 2015, eran muy pocos los avances que reportaba la comisión. La falta de reglas claras para desarrollar el diálogo era una de las mayores dificultades. Por ello, las partes acordaron solicitar a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) que participara en el proceso como tercero facilitador para establecer mecanismos que permitieran el avance del diálogo. 

Fue así como la Misión se vinculó al proceso, ayudando a establecer pautas, precisar roles y definir asuntos de procedimiento y logística, como las convocatorias, el manejo del tiempo y la elaboración de actas, entre otros. A través del fomento de la cooperación y corresponsabilidad, la Misión también contribuyó en la reconstrucción de la confianza entre las partes, rota tras décadas de obstáculos para la sustitución. 

Herbert David Ortega, entonces coordinador regional de la MAPP/OEA en Putumayo, opina que “la facilitación permitió abordar responsablemente aspectos psicológicos y de procedimiento, que entregaron mejores condiciones para avanzar en la negociación a pesar de las dificultades”, relacionadas principalmente con los cambios frecuentes en la composición de la delegación gubernamental, la masiva asistencia de integrantes de organizaciones campesinas e indígenas a las sesiones y los desencuentros entre los negociadores de una y otra delegación, derivados de estilos personales. 

El rol de la Misión se puso a prueba a mediados del 2016, cuando la Meros llevó a cabo una nueva jornada de protestas ante el anuncio de que el Gobierno realizaría manualmente fumigaciones con glifosato, suspendidas desde octubre del 2015. La movilización incluyó el bloqueo de vías en los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Caicedo y Puerto Asís, afectando, entre otros, el transporte de crudo. 

La situación estancó el diálogo y escaló la confrontación entre las partes, al punto que la comunicación dejó de ser directa y la tensión en el territorio se incrementó. Tras varios intentos infructuosos por restablecer las conversaciones, la MAPP/OEA propuso y consiguió que voceros de ambas delegaciones se reunieran en Bogotá, donde llegaron a acuerdos inmediatos para levantar los bloqueos en el territorio y retomar el trabajo en las cuatro comisiones. 

Finalmente, en febrero del 2017, las partes arribaron a un preacuerdo regional de sustitución voluntaria que implicó la integración de los avances con las disposiciones del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), incluido en el Acuerdo de Paz que firmaron el Gobierno nacional y las FARC-EP en noviembre del 2016. 

Posteriormente, los delegados del Gobierno, del recién creado partido de las FARC y de la Meros, acompañados por la Misión, avanzaron en la socialización del preacuerdo con las comunidades, que dio pie a un acuerdo regional de sustitución de cultivos de coca, firmado en julio del 2017. Uno de los aportes fundamentales de la MAPP/OEA fue la inclusión de una representación más amplia y diversa de actores sociales del territorio, a través del Consejo Asesor Territorial (CAT) que, además de la Meros, convoca a la Organización Zonal Indígena del Putumayo, a la Ruta Pacífica de Mujeres y a las Tejedoras de Vida, entre otras. 

Para la diputada del Putumayo Yuri Quintero, integrante del movimiento de derechos humanos del departamento, la participación de la Misión en el proceso de negociación fue vital para acercar a las delegaciones: “Desde los procesos organizativos hemos podido reconocer el papel fundamental y trascendental que la MAPP/OEA ha jugado en el marco de los diálogos entre el Gobierno nacional y las comunidades, teniendo en cuenta que ha sido mediadora y nos ha ayudado a entender los pasos a seguir”.  

Ambas partes tienen claro que el cultivo ilícito debe desaparecer. El preacuerdo y el acuerdo regional del PNIS permitieron empezar a recorrer el camino de la sustitución, con el que las comunidades esperan que el Estado contribuya a mejorar su calidad de vida, garantizar sus derechos y cambiar la vocación productiva del territorio. 

Tras la firma del acuerdo, la Misión se ha enfocado en el monitoreo de las complejas dinámicas de implementación del PNIS, para visibilizar sus impactos y entregar recomendaciones al Gobierno nacional que contribuyan a que el proceso realmente avance y conlleve a un cambio integral de las condiciones de vida de los pobladores del Putumayo, y otras zonas con escenarios similares.