Jueves, 17 de diciembre 2020

Durante la temporada de aislamiento obligatorio para prevenir el contagio de covid-19 se agudizaron las vulnerabilidades en las zonas donde converge el conflicto armado, la criminalidad, la inequidad y la débil presencia estatal.

Esta es una de las principales conclusiones del vigésimo noveno informe semestral que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) le presentó este miércoles al Consejo Permanente de la Organización.

El documento, que analizó los primeros seis meses de 2020, evidencia los impactos que tuvo la pandemia no solo en las dinámicas de violencia armada en el país, sino también en la implementación del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las Farc hace cuatro años.

Entre los graves hallazgos que resalta el informe está el aumento de grupos armados ilegales en varios departamentos del país, el reclutamiento forzado de menores (desde los 11 años) por parte de estas estructuras criminales, la violencia contra líderes sociales y excombatientes y la persistencia en la instalación de minas antipersonal, violencias basadas en género, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios.

“La pandemia ha evidenciado los urgentes desafíos que aún persisten en las zonas más apartadas, como son la garantía de derechos, el fortalecimiento de la participación, la priorización de recursos disponibles, la realización de obras y el acceso efectivo a la conectividad y a herramientas digitales”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA.

Condiciones de seguridad

El informe pone de relieve cómo, durante el primer semestre del año, y sobre todo desde que se establecieron las medidas de aislamiento, los grupos armados ilegales aumentaron las acciones de control social y presión sobre la población civil y liderazgos sociales para cumplir con las restricciones. De hecho, señala que en municipios del Cauca se registraron asesinatos contra los pobladores que violaron las medidas.

La MAPP también le puso la lupa a las disidencias de las Farc, grupo que durante el primer semestre del año tuvo una mayor actividad bélica, “por encima incluso del Eln, el clan ‘del Golfo’, ‘Los Caparros’ y ‘Los Pelusos’”, dice el documento.

El informe alerta sobre las afectaciones de las disputas territoriales y enfrentamientos entre estos grupos, que han derivado en el desplazamiento forzado o confinamiento de la población civil.

Sin embargo, “valora los esfuerzos y avances del Estado colombiano por mejorar las condiciones de seguridad en los territorios en los que aún se evidencian retos y desafíos para la consolidación de la paz”. En ese sentido, destaca la tendencia decreciente que desde el año 2012 viene registrando el país en cuanto al número de secuestros.

Frente a la dramática situación de ataques contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, la MAPP hizo un llamado a la institucionalidad para que persevere en la construcción e implementación efectiva de la Política Pública para la Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los derechos humanos.

De igual forma, el informe expone que hasta el 10 de junio de 2020 se presentaron 239 casos de homicidio, tentativa de homicidio o desaparición forzada a reincorporados de las extintas Farc, por lo cual el mecanismo solicitó fortalecer la respuesta institucional a estos ataques y tomar medidas preventivas para eliminar las violencias contra excombatientes.

Estrategias y el sistema de verdad, justicia y reparación

El informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz también le hizo un riguroso seguimiento a las políticas y estrategias que se han implementado para transformar los territorios afectados por el conflicto.

Al respecto, el mecanismo destacó que, durante el primer semestre del año, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) lograron avanzar en el catastro multipropósito, la adjudicación y formalización de tierras a campesinos y las obras de infraestructura, sin desconocer que sigue siendo un desafío lograr que mejore la percepción de las comunidades respecto del avance de los programas.

La MAPP también resaltó la reducción de los cultivos de uso ilícito entre 2018 y 2019, pero hizo un llamado a no descuidar la implementación del PNIS, programa de sustitución voluntaria al que se acogieron 100.000 familias de cultivadores de coca.

Por otra parte, la Misión le tomó el pulso al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), conformado por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre este tema, subrayó los avances del sistema para verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de los comparecientes, entre sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, así como el esfuerzo de las tres entidades para mantener el ritmo de sus funciones durante la pandemia.

En el marco de la presentación del informe, Menéndez le hizo un llamado al país para hacer sinergias que faciliten la implementación: “Invitamos a los colombianos y colombianas a acercar posiciones, alcanzar y materializar acuerdos, con los efectos transformadores que la realidad exige. La paz completa demanda unidad en la diversidad”.

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Miércoles, 16 de diciembre 2020

Según el más reciente informe de la Misión de Apoyo a la Paz, que se entregó hoy al Consejo Permanente, en Cauca y en Caquetá han terminado expulsando a los operadores civiles que se encargan de esta labor. El documento presenta un crudo balance sobre la violencia en las regiones, aunque también destaca los avances en el punto de la reforma rural del Acuerdo de Paz.

Para levantar las minas antipersonales en territorio colombiano existen únicamente cinco operadores civiles de desminado humanitario. Halo Trust, organización inglesa, es uno de esos operadores y desde 2013 ha adelantado acciones de desminado en varios departamentos del país. Sin embargo, en el primer semestre de este año, grupos disidentes de las antiguas Farc presentes en la región del Naya, específicamente en Buenos Aires (Cauca), impidieron que ese operador avanzara en su tarea de desminado a través de amenazas directas y su personal tuvo que salir del territorio, pese a que contaban con autorización de las comunidades indígenas para desarrollar esa labor.

No es el único caso en que grupos armados han impedido el desminado humanitario. En Caquetá, en los municipios de Milán y San Vicente del Caguán, dos de esos operadores se retiraron definitivamente de la región por las reiteradas amenazas de disidencias de las Farc. La denuncia sobre la obstrucción de esos grupos a la labor del desminado en Colombia está incluida en el más reciente informe semestral que hizo la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) – Mapp-OEA – y que presentó este miércoles ante el Consejo Permanente.

El documento detalla la situación de violencia que se vive en varias regiones del país y revisa algunos asuntos fundamentales de la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, devela un crudo panorama de la guerra, que se recrudeció durante la pandemia del COVID-19 y aún más en medio de las medidas de aislamiento implementadas para combatirlo. El documento fue construido por la Mapp-OEA con base en 495 misiones en terreno, en 404 centros poblados de 159 municipios de 18 departamentos del país; así como de 3.561 monitoreos y acompañamientos virtuales en 257 centros poblados de 154 municipios de 16 departamentos, ejecutados entre el primero de enero y el 30 de junio de este año.

En ese reporte, la Mapp-OEA rastrea a los distintos grupos armados en las regiones en las que tienen presencia y asegura que las disidencias de las Farc registraron “una mayor actividad bélica de confrontación y consolidación territorial, por encima incluso del Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, los Caparros y el Epl”. En la costa pacífica nariñense, por ejemplo, esas estructuras están atomizadas y fragmentadas, debido en buena medida por la captura o muerte de sus líderes, como ocurrió en febrero de 2020 con ‘Contador’ o la muerte de ‘Mario Lata’ en mayo de 2020. En Roberto Payán, Maguí Payán y Tumaco, el Frente Alfonso Cano se identifica como una facción surgida de rupturas al interior del Frente Oliver Sinisterra.

Los enfrentamientos entre esas estructuras disidentes han generado desplazamientos y confinamientos masivos de comunidades campesinas, afro e indígenas en esa región del país. Pero en otras zonas, dice el documento, las confrontaciones han venido de otros actores. En la zona del río Baudó, en Chocó, la disputa es entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas; en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba es entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparros; en el Catatumbo es entre el Eln y el Epl; en el Cauca hay enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln, y en la zona de frontera de Norte de Santander la disputa es entre el Eln y los Rastrojos.

El informe sostiene que en esos escenarios ha aumentado la instalación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados. Según el documento, en Antioquia, Chocó y Nariño el incremento se debe a la confrontación entre los grupos armados, mientras que en otros departamentos, como Cauca y Putumayo, se utiliza como estrategia para proteger los cultivos de uso ilícito. Así también ocurre en municipios antioqueños, como Tarazá e Ituango, donde miembros de la Fuerza Pública murieron en medio de labores de erradicación forzada de los cultivos.

En el Catatumbo y en la zona rural de Cúcuta, por la confrontación entre Eln y Epl, los grupos instalan minas antipersonales para impedir acciones del contrario o de la Fuerza Pública, lo que ha generado desplazamientos de la población en Sardinata.

“En el caso de territorios colectivos pertenecientes a comunidades indígenas, estas prácticas restringen su movilidad y el ejercicio de sus usos y costumbres, siendo Antioquia uno de los departamentos más afectados. En el municipio de Dabeiba estas afectaciones han impactado a las comunidades indígenas en el acceso a alimentos y el libre desarrollo de sus actividades cotidianas; mientras que en el Resguardo Murrí Pantano del pueblo Embera Ayábida del municipio de Frontino, dos menores de edad fueron víctimas de accidente por MAP”, se lee en el informe.

Sin embargo, el documento también destaca el trabajo que ha adelantado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en materia de desminado de los territorios. Reconoce que durante el periodo de análisis del informe esa oficina incentivó la inclusión de la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (Aicma) en los planes de desarrollo departamentales y municipales, así como en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además, resalta que en ese lapso se acreditaron 11 asociaciones y organizaciones étnicas y de sobrevivientes de accidentes con minas.

La pandemia incrementó el reclutamiento

El informe confirma que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) continúa dentro del accionar de todos los grupos armados. En el caso de las disidencias de las Farc, reclutaron menores en Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Guaviare y Meta. “De manera particular, preocupa que los grupos disidentes de las Farc abordan a NNA desde los 11 años y, en algunos territorios, han iniciado procesos de censo y control para ubicar con facilidad y llevar un registro con el fin de vincularlos a sus estructuras”. Esa situación, según el documento, ocurre en Vistahermosa (Meta), donde las disidencias han empezado a ‘carnetizar’ a los menores para llevar un registro de aquellos que tengan entre 14 y 18 años.

El Eln ha hecho lo propio en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira y Arauca. “En este último, su estrategia ha sido aprovechar la coyuntura de aislamiento obligatorio para entregar mercados, y aprovechar el cierre de las escuelas, que funcionaban como espacios protectores para los NNA, para convencerlos de unirse a sus filas.”

En las regiones en que esa guerrilla mantiene confrontaciones con las AGC, entre Antioquia y Chocó, ambos grupos han vinculado a menores de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas para que participen directamente de los combates. El informe llama la atención específicamente sobre la instrucción dada por esos grupos a los menores para que instalen minas antipersonales en sus propios territorios, “situación que les ha causado accidentes ante su falta de experticia en el manejo de explosivos”. Así ocurrió con una menor indígena de 16 años, que perdió sus manos instalando una mina en Murindó (Antioquia), denuncia el informe.

Según las fuentes consultadas en el documento, “los NNA reclutados son trasladados a otros territorios para evitar que sus comunidades intercedan ante los grupos armados ilegales, donde son utilizados en actividades de transporte de estupefacientes y son usados como escudo en los anillos de seguridad de los comandantes de las estructuras”.

Mapp-OEA resaltó avances en los PDET

En contraste con el crudo balance que hace el documento de la situación de violencia en varias regiones, también se evidencia los avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el primer punto del Acuerdo de Paz. “Por primera vez en la implementación del Acuerdo Final, mediante la Hoja de Ruta Única se dio la oportunidad de alinear, en el nivel departamental y municipal de gobierno, los ejercicios de planificación pública producto del proceso de construcción participativa de los PDET. Ajustes normativos, institucionales y financieros como el OCAD-Paz u obras por impuestos, realizados en años anteriores para garantizar la implementación y seguimiento de los programas, están posibilitando que estos programas avancen”, exalta la Mapp-OEA.

En medio de esa implementación el documento hizo énfasis en que las ‘obras PDET’ se han contratado con las Juntas de Acción Comunal y han sido ejecutadas por las propias comunidades, lo que fortalece su papel activo en la transformación territorial. “La participación de las comunidades en la construcción de estas obras brinda mayor legitimidad a las acciones de la institucionalidad, impactando estratégicamente en la percepción de avance en la construcción de paz”.

Especialmente, la Mapp-OEA reconoce la labor de la Consejería para la Estabilización y de la Agencia de Renovación del Territorio, en medio de la pandemia. Según el documento, esas instituciones lideraron “una reacción rápida como medida de mitigación dirigida a consolidar la percepción de presencia institucional en momentos de crisis; impulsar la apropiación de los PDET por parte de mandatarios y mandatarias departamentales y municipales y promover la incorporación de las iniciativas que componen los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) en los planes departamentales y municipales de desarrollo con vigencia para los próximos 4 años”.

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Jueves, 12 de noviembre 2020

La lucha de la Mesa LGBT por defender la diversidad en su comuna y hacer visible la diversidad sexual en medio del conflicto armado inspiró la fábula “Un refugio para todos”, que podrá encontrar este viernes con el periódico El Espectador. Aquí la historia de este colectivo que lleva casi 20 años resistiendo a la violencia y la estigmatización.

Tras ataques recurrentes y violencias, un grupo de hormigas doradas tuvieron que huir de su hábitat natural por el miedo. Llegaron a un hormiguero donde no fueron bienvenidas por las otras hormigas. Sufrieron de discriminación y hasta ataques físicos, pero como no tenían más alternativa, decidieron quedarse.

Mientras esto pasaba, una hormiga alada se dio cuenta de que algo andaba mal, porque todas merecían ser aceptadas y respetadas, sin importar sus diferencias. Como la situación se iba complicando cada vez más, la hormiga alada decidió buscar una cueva y adecuarla para que las hormigas que alguna vez habían sido discriminadas, atacadas o heridas por ser diferentes a las otras, tuvieran un lugar seguro para refugiarse. ¿Cómo lo logró?

Así comienza la séptima fábula de esta nueva temporada de “¡De Otra Manera!”, llamada “Un refugio para todos”. Esta fábula está inspirada en el proceso de liderazgo de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, hasta consolidar el colectivo Casa Diversa, que fue el primer colectivo LGBT sujeto de Reparación Colectiva en Colombia. Pero para llegar ahí pasaron por un proceso largo y un camino labrado por la violencia que dejó muchas heridas.

Desde comienzos de los años 2000, los grupos armados ilegales con influencia en la zona centroriental de Medellín, especialmente grupos paramilitares y bandas criminales, comenzaron a intimidar y estigmatizar a las personas LGBT que habitaban la zona. Esto se agravó cuando a ellos se les prohibió salir a las calles, atender a eventos públicos y, además, fueron víctimas de ataques físicos, desplazamiento forzado y violencia sexual.

Con este panorama de violencia que cada vez arrinconaba a las personas LGBT, John Restrepo, uno de los líderes LGBT de la región decidió que no podían callar más y en 2006 junto a otros habitantes de la Comuna se reunieron y conformaron la Mesa LGBT, que fue la semilla de Casa Diversa. Empezaron 12 integrantes y en su mejor momento llegaron a ser 33. Construyeron ladrillo a ladrillo la sede de la Casa, pintaron las paredes con los materiales que les donaban, eso sí no podían faltar los seis colores de la bandera LGBT. Siempre multicolor y recordando su lucha.

En la Mesa era bienvenida la diversidad. Tenían adolescentes, mujeres, hombres, afros. Tenían las puertas abiertas a todos y todas. “Ese fue siempre nuestro accionar” asegura Jhon Restrepo uno de los líderes LGBT y quienes encabezan el proceso de la Mesa. “Casa Diversa no solo es una casa LGBT, es la casa de todas y todos. Estamos en un territorio donde, por ejemplo, la mayoría de la población es afro. Entonces nuestras acciones han sido interseccionales: hablamos de vivienda, de salud, de educación, pero no sólo para personas LGBT, sino en general”, añadió.

En Villa Hermosa, la Mesa empezó a ser más visible y a tener incidencia social. Con tal protagonismo, lamentablemente, no cesaban los ataques y las amenazas contra los miembros de la Casa Diversa continuaban. Y es que por aquel entonces muchos barrios de Medellín se convirtieron en epicentros de batallas, violencia sicarial, y disputas entre grupos armados ilegales.

“Luego de la desmovilización de diferentes frentes y bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005, fueron los grupos postdesmovilización que entraron a regular los barrios de la ladera de Medellín. Entre ellos Los Paisas o La Oficina, conformados a partir de las antiguas milicias coordinadas por Don Berna. Así como los Urabeños, también conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo o Clan Úsuga, quienes bajo el mando de “Don Mario”, lograron atemorizar las regiones del bajo y Medio Atrato, en Chocó, y el departamento de Antioquia. Se estima que el número de miembros (de los grupos ilegales) pasaron a ser 1.120 en 2010 a 3.000 en 2016”, relata el informe Un parche que resiste de Colombia Diversa, en el que se recopila la historia de violencia y de resistencia de la Mesa LGBT en la capital antioqueña.

La diversidad, entonces, estaba amenazada por las armas y el odio. Durante la época de 2011 a 2014, al menos 131 personas con orientaciones o identidades de género diversas fueron asesinadas en Antioquia. De estos, al menos El 78 % fueron cometidos en Medellín. Asimismo, durante este periodo, también asegura el informe, se presentaron el mayor número de amenazas y hechos violentos documentados. Por ejemplo, en 2014, dos jóvenes trans que se dedicaban a la prostitución fueron asesinadas dentro de hoteles en el centro de la ciudad y una tercera, fue asesinada frente a una peluquería.

Durante este lapso, la violencia se recrudeció a tal punto que los líderes de la Mesa ya no podían salir solos a las calles. Les tocaba andar de a grupos de 30, cuenta Jhon Restrepo, uno de los líderes y fundadores de Casa Diversa. Las amenazas, muchas de ellas de muerte, y los atentados sembraron el miedo en los integrantes de la Mesa LGBT y en su proceso de liderazgo. De hecho en agosto de 2011, John, quien ha sido el miembro más visible del colectivo. recibió intimidaciones diciéndole que “le iban a mochar la cabeza”.

Fue tal el terror que se sintieron en aquella época que al menos cuatro líderes sociales LGBT de la zona tuvieron que desplazarse y salir huyendo de Medellín. Esto frenó durante al menos dos años los procesos comunitarios que adelantaba la Mesa. Sin embargo, en 2014, retomaron sus labores y con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Misión de Apoyo al proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y Colombia Diversa, buscó a la Unidad de Víctimas para que reconociera el daño que sufrieron sus integrantes a causa de la violencia.

Dos años después, en enero 2016, marcaron un hito a nivel nacional: fueron reconocidos como Sujetos de Reparación Colectiva y lograron que la Unidad para las Víctimas reconociera que habían sufrido la violencia de manera diferencial a causa de sus orientaciones sexuales e identidades de género diversas; es decir, por ser lesbianas, gais, bisexuales o trans.

Durante casi 20 años Casa Diversa le ha abierto sus puertas a aquellas personas que la violencia, la estigmatización y el odio han querido borrar. Como Yuli Gutiérrez, una de las integrantes de Casa Diversa, que asegura es “un lugar donde todos podamos ser lo que queremos ser”. Sin embargo, los ataques contra ellos continúan, de hecho, en marzo de este año, John Restrepo fue víctima de otro atentado en su contra, y el colectivo ha sido enfático solicitando que se refuercen medidas de seguridad y protección, así como de garantías de no repetición para las víctimas LGBT.

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Lunes, 6 Enero 2020

Roberto Menéndez, jefe la misión de apoyo al proceso de paz en colombia, en diálogo con La Opinión, reconoció que el Catatumbo es uno de los epicentros para la consolidación de la paz, pero que es preocupante la persistencia del conflicto.

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La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia fue creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene 15 años en el país. 

Su jefe es Roberto Menéndez, abogado. Funciona en Norte Santander, con una regional que tiene oficinas en Cúcuta y Ocaña, bajo la coordinación del sociólogo mexicano Carlos González Zárate.  

Como vocero institucional de la MAPP-OEA, Menéndez conversó con La Opinión sobre las acciones que lleva a cabo el organismo no solo en el país sino en la convulsionada región del Catatumbo y, en general, en el departamento.

¿Cuáles son los objetivos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia?

La MAPP/OEA es una misión internacional que monitorea y acompaña las políticas e iniciativas de paz, directamente en los territorios rurales más afectados por el conflicto armado, la inequidad y la débil presencia del Estado. Allí entablamos un diálogo cercano y franco con las comunidades, para visibilizar las principales afectaciones que sufre la población civil, entregar recomendaciones concretas a la institucionalidad, y crear puentes entre comunidades y Estado para la construcción conjunta de paz. También aportamos al fortalecimiento de procesos y capacidades de liderazgos y organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, mujeres, y comunales para procurar que esa paz sea plural, incluyente y participativa. De igual manera,  facilitamos la llegada coordinada e integral del Estado.

¿Qué resultados han alcanzado en Norte de Santander?

Norte de Santander fue uno de los primeros departamentos a los que llegó la MAPP/OEA en cumplimiento de su mandato de verificación al proceso de desmovilización de las AUC. En el caso del Bloque Catatumbo, identificamos  violaciones al cese de hostilidades, lanzamos las primeras alertas sobre reagrupamientos y surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, y alertamos sobre el asesinato de desmovilizados. Asimismo, tras la salida de las Farc, advertimos sobre el reacomodo de otros grupos armados ilegales, y los impactos humanitarios a las comunidades, que lamentablemente aún siguen vigentes. 

¿Cuál ha sido el trabajo con las víctimas?

En este departamento acompañamos a las víctimas que se organizaron para asistir a las primeras versiones libres de paramilitares ante la Fiscalía de Justicia y Paz, facilitando su participación, su trato digno en escenarios profundamente difíciles, y contribuyendo a que accedieran a la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo,  acompañamos procesos de fortalecimiento y reparación colectiva, como en La Gabarra, cuyo objetivo aún no se ha cumplido en su totalidad. También hemos acompañado los esfuerzos institucionales y de sociedad civil para mitigar las afectaciones derivadas de la confrontación entre grupos armados ilegales, así como procesos organizativos de campesinos, jóvenes, mujeres, comunales e indígenas, incluidas las reivindicaciones del Pueblo Barí. 

¿El proceso de implementación también lo acompañan hoy en día?

Sí. Acompañamos la implementación del PDET y monitoreamos el proceso de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). 

A propósito de este tema, ¿cómo ve el cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana?

Firmar un acuerdo de paz es un proceso sumamente complejo, e implementarlo aún más. Desde la MAPP/OEA somos respetuosos de la forma en que los gobiernos han enfrentado estos enormes desafíos, exhortando siempre a la implementación completa y efectiva de los acuerdos y compromisos asumidos. Hemos constatado que se han establecido prioridades, discusiones y ajustes que se  consideraron necesarios. 

¿Cuáles cree que son los principales avances?

Reconocemos avances en la elaboración de un fuerte andamiaje normativo e institucional, como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, el de la desmovilización y desarme de las exFarc, en la reincorporación de los ex combatientes, el desminado humanitario, la apertura de nuevos espacios y escenarios de participación política para actores del conflicto, etcétera. 

¿Y las principales inquietudes?

Nos preocupan las demoras y expectativas generadas en las comunidades, frente a asuntos centrales como las garantías de seguridad, el desarrollo y la sustitución de cultivos ilícitos.

¿Le ve posibilidades a nuevos acuerdos con grupos que todavía están alzados en armas? 

La paz es un imperativo para todo Estado y sociedad, y en Colombia vemos oportunidades para alcanzarla de forma completa y definitiva. Desde la MAPP/OEA hemos reiterado que el diálogo es la mejor senda para alcanzarla; que se requieren pasos, gestos y hechos concretos, y que evitar mayores afectaciones a la población civil debe ser la principal motivación para ambientar y perseverar en los esfuerzos.

Particularmente, ¿cuál es su visión del Catatumbo?

En Norte de Santander la MAPP/OEA tiene dos oficinas: una en Ocaña y otra en Cúcuta, porque consideramos que el Catatumbo es uno de los epicentros para la construcción y consolidación de la paz en Colombia. Vemos con preocupación la reconfiguración y persistencia del conflicto alrededor de las economías ilegales, las afectaciones a las comunidades campesinas e indígenas, y el contexto de informalidad, ilegalidad, debilidad institucional y necesidades insatisfechas agravadas por la crisis venezolana.

¿Es sostenible la contribución de la comunidad internacional a la paz de Colombia?

La comunidad internacional está convencida que la paz de Colombia es paz para el hemisferio y para el mundo. Por eso ha demostrado y reiterado su voluntad de apoyar a Colombia en estos procesos históricos, a través de mecanismos de monitoreo y acompañamiento permanentes como es la MAPP/OEA, de cooperación financiera y técnica. Siempre insistimos, además, en que la paz es un asunto que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos aquellos que no están a favor de los acuerdos del Teatro Colón o quienes se declaran como indiferentes.

¿Qué tanta influencia le asigna al narcotráfico en el conflicto armado de Colombia?

El narcotráfico ha servido de combustible para el conflicto armado en Colombia, degradándolo y perpetuándolo. Los grupos armados ilegales se lucran y tienen interés en mantener todos los eslabones de la cadena. Esto incluye la siembra y transformación de hoja de coca, marihuana o amapola, y principalmente la narcoactividad, que implica a los eslabones más gruesos y rentables, como los carteles y lavadores de activos, quienes tienen gran interés de que el negocio continúe, a pesar de las graves consecuencias humanitarias y ambientales.

‘La paz sí es posible’

En la revista MAPP-OEA, publicada en junio de 2019 con motivo de cumplirse los 15 años de esa entidad en Colombia, el jefe de la misión, Roberto Menéndez, escribió un editorial destacando los resultados de ese proceso, titulado “Lo que aprendimos de las víctimas”. En uno de sus apartes dice:

“En estos 15 años, Colombia nos ha enseñado que la paz es posible. A pesar de la violencia, las víctimas del conflicto armado perseveran diariamente, no solo en mostrarnos que la paz es el camino sino en la importancia de construirlo. En las zonas rurales, en los centros poblados, en las ciudades intermedias y en las capitales, siempre hemos encontrado procesos organizativos de víctimas que emprenden, con más o menos herramientas, pero con completa convicción y voluntad procesos que reivindican la memoria y exigen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Además, hemos aprendido que la paz solo es posible con la activa participación de la sociedad en su conjunto y, fundamentalmente, de las víctimas del conflicto. Quienes acompañamos y hemos sido testigos privilegiados de sus procesos de sanación, resiliencia y empoderamiento hemos visto la fuerza de la reconciliación entre las víctimas y quienes en algún momento fueron victimarios. Ambos nos enseñaron que la paz requiere ver al otro con humanidad.

“Con firmeza y bondad, las víctimas también nos han enseñado que solo es posible construir paz entre adversarios, es decir, entre quienes están, de una manera u otra, en orillas distintas. A entender el diálogo, no como algo lejano o retórico, sino como la única herramienta que permite acercar, tramitar diferencias y transformar los conflictos para llegar a acuerdos concretos, desde el mejoramiento de la convivencia hasta la exigencia a los actores armados de mantenerse fuera de territorios y poblados”.

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