SEMANA: OEA presenta informe sobre el trabajo de la Misión de Apoyo; hace un llamado para “sumar voluntades” y consolidar la “paz completa”

9 noviembre, 2023

Para la OEA, hay que avanzar sobre lo construido para hacer que los nuevos procesos sean posibles y consolidar una “paz completa”.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó el informe 35 ante el Consejo Permanente de la Organización, que detalla las labores realizadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. Esta misión tiene como objetivo contribuir al avance de las negociaciones y acercamientos con grupos armados ilegales en Colombia.

La MAPP/OEA entregó un total de 16 recomendaciones dirigidas a diversas entidades del Gobierno colombiano, con un enfoque especial en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estas recomendaciones abarcan temas cruciales como el desminado humanitario, la desvinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto, el cese al fuego, la seguridad jurídica para las víctimas y victimarios, los parámetros de judicialización y las condiciones de sometimiento y desmantelamiento de los distintos grupos armados ilegales.

Durante el período informado, la MAPP/OEA llevó a cabo un total de 1.128 misiones en terreno, abarcando 486 centros poblados en 195 municipios de 22 departamentos del país. Estos centros poblados incluyeron cabeceras municipales, corregimientos, veredas, resguardos indígenas y consejos comunitarios. El alcance de su trabajo se refleja en el recorrido de 159.328 kilómetros por vía terrestre y 3.521 kilómetros por vía fluvial.

Roberto Menéndez, jefe de Misión de la MAPP/OEA, enfatizó la importancia de unir esfuerzos de todos los actores involucrados en la búsqueda de la “paz completa en Colombia”, dado el impacto significativo en la población civil. También destacó la necesidad de preservar los logros alcanzados y superar los desafíos en los nuevos procesos.

“Después de casi 20 años acompañando a Colombia en la construcción de paz, la Misión llama a sumar voluntades de todos los actores involucrados en los esfuerzos para la búsqueda de la paz completa. Las graves afectaciones a la población civil hacen que sea impostergable la atención a los desafíos en el marco de las negociaciones y conversaciones con los grupos armados. Por eso, resulta indispensable avanzar sobre lo construido, preservar lo alcanzado y superar los desafíos para hacer que los procesos sean posibles. La experiencia y lo recorrido todos estos años, son una fuente para buscar soluciones y hacer viable la paz”, afirmó Menéndez durante la presentación ante el Consejo Permanente.

El informe también abarcó la política de ‘paz total’ durante el primer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en las negociaciones con grupos armados ilegales de carácter rural y urbano. Se mencionó la instalación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional (CFBTN) entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

En el ámbito de la ‘paz urbana’, resaltaron los acercamientos del Gobierno con varios grupos armados locales en Quibdó, Buenaventura, Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá para la instalación de espacios de conversación sociojurídicos.

El informe también subrayó la importancia de considerar el medio ambiente como un componente esencial de la política de ‘paz total’ y abordó lo que se denomina “paz ambiental”. De acuerdo con la MAPP/OEA, se examinaron las afectaciones a comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y sus líderes, así como las consecuencias del secuestro, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otros aspectos.

La MAPP/OEA aprovechó para hacer una invitación a los nuevos líderes públicos surgidos después de las elecciones regionales en Colombia para que se unan en la búsqueda de una “paz completa” en el país y destaca su disposición para colaborar en este objetivo.

El trabajo de la MAPP/OEA es posible gracias al apoyo político y financiero de los países miembros del Fondo Canasta, que incluye a Alemania, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Turquía. Además, Noruega y Suiza también contribuyen, fortaleciendo el trabajo de la Misión en áreas clave como la participación y el diálogo con las comunidades en los territorios.

EL ESPECTADOR: La alerta de MAPP-OEA por la expansión de grupos ilegales durante primer semestre

Espectador: Informe 35

En su 35° informe semestral, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz reportó luces y sombras: hay persistencia en violencia de grupos armados a civiles, amenazas a pueblos étnicos y reclutamientos, pero se registró una disminución en desplazamientos forzados y la consolidación de algunos procesos en medio de las Paz Total del Gobierno Petro.

Una grave preocupación por la expansión de grupos armados ilegales y, en contraste, avances importantes en la búsqueda de soluciones al conflicto y la violencia tanto en ciudades como en zonas rurales. Esos fueron dos de los panoramas que se registraron durante el primer semestre de 2023, y que fueron recogidos por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), que lanzó este miércoles desde Washington su trigésimo quinto informe periódico del secretario general al Consejo Permanente.

En el documento se hace un análisis de enero a junio en materia de Paz Total, dinámicas de grupos armados, avances en la construcción de paz en el país, y hallazgos y recomendaciones para que el Estado colombiano cumpla la defensa de derechos humanos frente a sus pobladores que más han vivido una violencia armada que parece incesante.

“En el periodo informado los grupos armados afianzaron su presencia y expandieron su control en diversos territorios del país”, aseguró Roberto Menéndez, jefe de la MAPP OEA en Colombia. No obstante, esta misión, próxima a cumplir dos décadas en el país y con extensión de su mandato hasta 2025, nuevamente le dio un espaldarazo a la Paz Total y sus estrategias de diálogo para desmantelar o negociar con los grupos ilegales.

Asimismo, frente a condiciones de seguridad en las periferias del país, este organismo destacó la formulación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. La referencia a esto es clave, pues esa política además de impulsar los esfuerzos de la Paz Total es un avance en la implementación del Acuerdo de La Habana.

Las alertas del informe

Sin embargo, además de la expansión de los grupos, hubo varias otras sombras señaladas por la MAPP-OEA, objeto de evaluación para ver cómo va la paz en el país. Como se lee en el informe, en zonas donde los grupos armados ilegales consolidaron su poder “sin que existan disputas entre ellos”, se mantuvieron las afectaciones a civiles y, agregan, a “la limitación al ejercicio de la misionalidad de algunas instituciones locales, como ocurrió en regiones de Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander”.

También esta misión aseguró que los grupos armados “afianzaron su presencia y, en algunos casos, expandieron su control territorial, generando desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, homicidios, masacres, secuestros y extorsiones a la población civil en Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo”.

En ese periodo, entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023, los crímenes mayormente perpetrados por parte de estos actores armados fueron los homicidios, el reclutamiento forzado de menores de edad, las amenazas, los secuestros, las extorsiones, el uso de artefactos explosivos y el desplazamiento forzado, aunque este último, como citan, presentó una disminución del 58 %frente a los mismos meses de 2022.

En Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle se concentraron la gran mayoría de disputas entre grupos armados ilegales.

Lea aquí el informe semestral

Por otro lado, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Norte de Santander encabezaron las afectaciones a civiles con imposición de paros armados y otras restricciones a su movilidad. Mientras que Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Meta agruparon, según MAPP-OEA, la utilización de publicidad y formas varias de coacción para “obtener apoyo a favor de los distintos acercamientos con el Gobierno Nacional”.

El Espectador: Esto es lo que dice primer informe de MAPP-OEA en Gobierno Petro sobre Paz Total

8 junio, 2023

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia lanzó desde Washington su más reciente informe semestral en el que incluye las negociaciones en marcha con distintos grupos armados y analiza las situaciones de riesgo que siguen existiendo en los territorios. Mayor control social, liderazgos sociales, participación ciudadana, justicia transicional y tierras entre los puntos centrales.

Este miércoles la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) publicó la edición número 34 del Informe del Secretario General al Consejo Permanente. El corazón del documento es el diagnóstico de las negociaciones en marcha que lleva el Gobierno de Gustavo Petro con grupos armados -algunas con miras a una negociación y otras a un sometimiento a la justicia- en lo que se ha denominado la política de Paz Total.

Para esta edición, que comprende el periodo entre el 1° de julio de 2022 y el 31 de diciembre del mismo año, la MAPP-OEA hizo una labor de veeduría y monitoreo a los acuerdos mínimos claves para que las condiciones de paz se den, como ceses al fuego bilaterales,alivios humanitarios o fortalecimientos y capacidades de diálogo para que la sociedad civil esté en el centro del fin de las violencias en los territorios.

Según el documento, el Estado Mayor Central de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Agc y el ELN han profundizado las afectaciones a los civiles, interfiriendo en modos de vida cotidianos. Por eso, el llamado principal del informe es a cesar las violencias contra la población civil y garantizar la seguridad en los territorios.

Por ejemplo, señalan, que “los grupos armados ilegales fortalecieron y aumentaron la imposición de normas de conducta a la población en algunas zonas del país. En Córdoba, las Agc limitaron el uso de prendas de vestir de color rojo y verde oscuro, y elementos que cubran el rostro como gorras y gafas. En Cauca y Nariño, el Estado Mayor Central FARC-EP exigen una carta de autorización firmada por el comandante del grupo armado ilegal para ingresar a los territorios, que se suma a los requisitos que ya existían de porte del carné y pruebas clínicas sobre enfermedades de transmisión sexual”.

Y así se menciona varias referencias más alusivas a estrategias de control y de imposición de justicias de facto que utilizan los armados para ejercer su poder territorial. No discriminan entre hostigamientos s sectores educativos, comercios, restricciones en movilidad fluvial, entre otras conductas.

Como una de sus grandes novedades, el informe la MAPP-OEA -que ya cumple 19 años en el país-, incluyó análisis y hallazgos sobre la resolución de conflictos en zonas urbanas donde, a su ritmo, la Paz Total empieza a tener algún alcance. Puntualmente, hay apartados dedicados a los diálogos con bandas criminales en Buenaventura, Quibdó y Medellín.

El informe, cuya lanzamiento se hizo desde Washington (Estados Unidos), se centra también en la violencia contra menores de edad; afectaciones a liderazgos sociales; control social de los grupos armados; ataques con minas antipersonales (MAP); víctimas de desaparición forzada; medio ambiente para la paz; agenda de mujeres, paz y seguridad; participación ciudadana y diálogo social; apertura de nuevos casos de la justicia transicional; y restitución de tierras.

En el periodo de monitoreo de MAPP-OEA, ha habido violencia diferencial contra niños, niñas y adolescentes (NNA). Esta población no ha dejado de ser reclutada forzosamente por actores armados, quienes ejercen sobre ellos crímenes conexos con sus actividades criminales.

De acuerdo con el informe, “en aquellos territorios que cuentan con cultivos ilícitos o son enclaves productivos para la narcoactividad, los NNA encuentran en la recolección de hoja de coca una opción para adquirir bienes y servicios o para solventar necesidades económicas de sus núcleos familiares, impactando su escolarización y exponiéndolos a riesgos físicos y psicológicos. De ahí que, el contexto facilita y normaliza su interacción con los grupos armados ilegales, incidiendo a que sus proyectos de vida estén ligados a actividades ilícitas”.

Las garantías para los NNA es una obligación para el Estado, donde según la MAPP-OEA también debe haber “acompañamiento y seguimiento a los casos que implican el retorno a su medio familiar y la enseñanza de herramientas para la reconstrucción de sus proyectos de vida”.

Roberto Menéndez, jefe de misión de la MAPP-OEA dijo desde Washington, en el marco de la sección ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que todos estos esfuerzos para consolidar la paz en Colombia deben contar con “diálogo directo con la ciudadanía y una sociedad informada como factor fundamental para la legitimidad, avance y sostenibilidad de esta meta”.

Lea aquí el informe completo

A su vez, Menéndez dijo que se debe luchar por la autonomía de las expresiones organizadas de la sociedad civil, que vaya de la mano con la “participación armónica de la institucionalidad, y el lamento y rechazo a que los grupos violentos sigan afectando a la sociedad civil”.

Las afectaciones a liderazgos sociales en Colombia apremian las políticas de paz en el país y ese fue otro de los grandes llamados de la MAPP-OEA en su informe. Allí resaltaron el papel de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV), instalados por el gobierno, pero invitaron a que en estas campañas de prevención y seguridad hubiera más claridad sobre su alcance.

Esto, porque en los PMUV hay “confusión sobre la naturaleza y el alcance de esta instancia, al igual que su diferencia frente a otras existentes en materia de prevención y protección; la concentración de la convocatoria en algunos sectores sociales, lo cual limita la visibilización de todos los escenarios de riesgo y vulneración existentes”.

Hay coacción y constreñimiento contra líderes y lideresas sociales. Así lo sentenció la MAPP-OEA, indicando también que en distintas zonas del país, los ataques de los grupos armados ilegales van dirigidos a acabar con el funcionamiento de los núcleos veredales, desplazar líderes y lideresas (Almaguer, Cauca), enseñarse con voceros indígenas (Awá, en Nariño), obligar a difundir informaciones de interés de los armados (Bajo Cauca, sur de Córdoba y subregión del Urabá), entre otras cosas.

Ante la OEA, delegaciones como la estadounidense, canadiense o argentina, manifestaron desde Washington que seguirán apoyando la Paz Total, los esfuerzos para acabar la violencia en Colombia y la defensa de los derechos humanos en la región. Un punto en común fue el pedido para que desde la sociedad civil haya canales de participación amplios.

Aquí, se destacaron los roles que se cumplieron en los Diálogos Regionales Vinculantes, llevados a cabo entre septiembre y diciembre de 2022, así como las posibilidades de las comunidades en participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Los escenarios de movilización social fueron entendidos por la MAPP-OEA como espacios importantes y que se mantuvieron vigentes para seguir con los pedidos de seguridad y paz. Allí, según se lee en el documento, hubo manifestaciones de comunidades como la awá, en Nariño, donde hubo “n la exigencia del respeto a la vida e integridad de sus comunidades y al ejercicio de gobierno propio; el fortalecimiento de mecanismos de autoprotección ante el accionar de los GAI; la atención a la situación de desplazamientos forzados de sus territorios colectivos y a la contaminación de fuentes hídricas con derivados del petróleo”.

Los temas de participación y acompañamiento no se quedan exclusivamente en las calles. El diálogo social también se construye desde la institucionalidad y con todas las voces posibles.

Las cárceles, de acuerdo con el documento, también son escenarios de construcción de paz. Justamente allí se están negociando puntos para llegar a acuerdos con bandas criminales urbanas y las políticas de escucha y resocialización son ejes centrales en ese contexto.

De hecho, MAPP-OEA diagnostica y solicita que haya más expresiones en favor de los derechos humanos como los que ha adelantado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Tomaron ese ejemplo par amostrar que desde esa instancia se han “ejecutado acciones institucionales que buscan fortalecer la cultura de derechos humanos con herramientas para el uso correcto de la fuerza, la prevención de la violencia sexual al interior de los establecimientos de reclusión, el derecho a la participación, a la protesta pacífica, a la visita íntima, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”.

Esto va de la mano con las peticiones a la justicia transicional y al Sistema Integral para la Paz en su conjunto, de ser dialógicos, de apelar a la búsqueda de la verdad y de centralizar las voces de los más afectados por el conflicto para trabajar en la no repetición.

Claro, los aprendizajes sobre justicia para una paz total no son lo único que apremian para consolidar la pluralidad en la construcción de paz desde el diálogo. Por eso la MAPP-OEA en este informe también aborda la superación de las causas estructurales de la guerra desde el acceso a tierras, los temas de medio ambiente y las agendas de paz y seguridad en torno a las mujeres; esto último desde giros a la agenda legislativa nacional, la adopción del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del año 2000 y el impacto de las mujeres como actor determinante en los diálogos de paz con el ELN y aquellos que también entren a la Paz Total.

Las recomendaciones

La MAPP-OEA hizo un llamado enfático a seis ministerios del Gobierno Nacional, en el que le pidió a la cartera del Interior claridad sobre los PMUV, capacidades técnicas de delegaciones y seguridad para liderazgos sociales; al Ministerio de Agricultura, por su parte, le recomendó avanzar en la Reforma Rural Integral, mayor veeduría ciudadana en los PDET y trabajar en los planes de formalización de viviendas rurales.

En las recomendaciones a la cartera de Defensa, MAPP-OEA insistió en que se debe “mantener como prioridad la ejecución de acciones que eviten el surgimiento, reconfiguración y expansión territorial de los GAI, con el fin de mitigar los impactos de su accionar en la población civil, con especial observancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se le pidió, entre otras cosas, hacerles seguimiento a las zonas contaminadas por minas antipersonas, proteger a la población reincorporada, restablecer el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, y fortalecer las capacidades para consolidar políticas de paz.

Hay un sinfín de desafíos más, entre formalizar predios (llamado a la Agencia Nacional de Tierras), descongestionar el represamiento en las salas de la JEP, fortalecer los programas de resocialización en las cárceles e investigar más a fondo los crímenes que sucedan en las regiones. Un cúmulo de recomendaciones hacia una paz a la que la comunidad internacional no deja sola y deposita su confianza para que la gente que ha padecido tanto dolor no viva nunca más lo mismo.

El Tiempo: Las recomendaciones de la Misión de Apoyo de la OEA al Alto Comisionado para la Paz

6 junio, 2023

Este miércoles, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) presentó el Informe 34 sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) en el segundo semestre de 2022.
En este, la entidad advierte sobre la reactivación del accionar de los grupos armados ilegales e insta a estos a comprometerse con la política de paz total y cesar los ataques.

El estudio corresponde a los hallazgos obtenidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, período durante el cual se llevaron a cabo un total de 1.121 misiones en terreno, desarrolladas en 585 centros poblados pertenecientes a 190 municipios de 24 departamentos del país.

La MAPP/OEA comienza resaltando que el Gobierno haya establecido la búsqueda de la paz como política de Estado y que se hayan llegado a un acuerdo de alivios humanitarios con el Eln en el primer ciclo de conversaciones, favoreciendo a la subregión del San Juan, en Chocó y la cuenca del río Calima, en Valle del Cauca.

Sin embargo, el monitoreo realizado por la Misión señala que luego de septiembre se reactivaron los enfrentamientos y las actividades de los Grupos Armados Ilegales, GAI, incluyendo paros armados, acciones de control social e imposición de justicia de facto.

“Estas acciones configuran indudablemente un escenario de riesgo para la vida, la libertad, la integridad personal y la seguridad de las comunidades, liderazgos sociales y autoridades étnico-territoriales, firmantes de paz, así como a funcionarios y funcionarias estatales”, se lee en el documento.

Las alertas:

La Misión lanza una alerta especialmente sobre la utilización de minas antipersonal (MAP), municiones usadas sin explotar (MUSE) y trampas explosivas (TE) como recurso de guerra por parte de los grupos armados ilegales “que impiden el retorno de personas en situación de desplazamiento forzado y que, en escenarios de confinamiento, refuerzan los obstáculos de las comunidades para acceder plenamente a sus derechos, a medios de subsistencia y al relacionamiento social”.

El informe indica que las zonas más afectadas por este hecho corresponden al Catatumbo, la costa Pacífica nariñense, Norte del Cauca, Sur de Bolívar, Sur de Caquetá, Sur de Cesar, Urabá y el departamento de Arauca.

Llamado a suspender acciones violentas

Tanto en las zonas urbanas como rurales se requiere emprender un examen riguroso de la política de lucha contra las drogas que conlleve a un ajuste de esta

Además, la entidad llama la atención por el aumento de la violencia y las hostilidades de estos grupos contra niños, niñas y adolescentes mediante el reclutamiento forzado y las agresiones sexuales ejercidas por estos grupos, tanto en el ámbito rural como urbano.

“Particularmente, se observaron casos de reclutamiento forzado pertenecientes a comunidades étnicas por parte de GAI en Buenaventura, Valle del Cauca”, agrega.

Es por esto que en el informe solicita a los grupos entendidos como el Eln, el ‘Estado Mayor Central’ Farc-Ep, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) y la ‘Segunda Marquetalia’ Farc- Ep “a suspender de manera inmediata sus acciones violentas y sumarse al llamado del diálogo”.

Asimismo, la OEA reconoce la urgencia de la puesta en marcha de una estrategia de paz que “busque solucionar las dinámicas de violencia en todo el país“.

“Tanto en las zonas urbanas como rurales se requiere emprender un examen riguroso de la política de lucha contra las drogas que conlleve a un ajuste de esta, teniendo en cuenta que la narcoactividad sigue siendo un factor central en la dinamización de la violencia. Adicionalmente, avanzar de manera articulada con una estrategia de
seguridad integral en los territorios, como elementos indispensables para generar condiciones que posibiliten la consecución de la Paz Total”, subraya.

Recomendaciones:

Por lo anterior, la investigación entrega al final 24 recomendaciones dirigidas a más de 18 entidades del orden nacional e invita a que se profundice un diálogo directo con la ciudadanía.

Una de ellas va dirigida al Ministerio de Defensa Nacional, al que recomienda acciones “que eviten el surgimiento, reconfiguración y expansión territorial de los grupos armados ilegales, con el fin de mitigar los impactos de su accionar en la población civil, con especial observancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

En cuanto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el informe le aconseja “promover procesos de Desminado Humanitario, Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal y Asistencia Integral a las Víctimas, para mitigar los riesgos de afectación a la población civil y avanzar en la construcción de estrategias que contribuyan a la descontaminación de los territorios”.

“Hoy, todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con determinación y congruencia con el momento histórico que vive Colombia, identificando en la política de Paz Total una ocasión propicia para transitar en el camino correcto del diálogo y la no violencia”, afirmó Roberto Menéndez, Jefe de la MAPP/OEA.

Semana: OEA insta a grupos armados a cesar la violencia y a sumarse a la ‘paz total’: “Es tiempo de dejar fuera del conflicto a la población civil”

31 mayo, 2023

El organismo internacional presentó un informe sobre las labores que ha venido adelantando la Misión de Apoyo en al proceso de paz.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos presentó, este 17 de mayo, ante el Consejo Permanente el informe 34 sobre las labores de la Misión de Apoyo al proceso de paz en Colombia durante el segundo semestre de 2022. En el informe, se destacó el respaldo de la Misión de Apoyo a la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro y e hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que se comprometan con el diálogo y cesen los ataques contra la población civil y los actores humanitarios.

El Informe 34 abarca el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, durante el cual se llevaron a cabo 1.121 misiones en terreno en 585 centros poblados de 190 municipios en 24 departamentos del país, de acuerdo con la Secretaría General. Estos centros poblados incluyen cabeceras municipales, corregimientos, veredas, resguardos indígenas y consejos comunitarios. Durante este período, la Misión de Apoyo recorrió 124.293 kilómetros por vía terrestre y 5.642 kilómetros por vía fluvial.

Roberto Menéndez, Jefe de la Misión de Apoyo de la OEA, señaló que todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con la política de ‘paz total’ y optar por el diálogo y la no violencia. Recordó que esta política fue respaldada por los Estados miembros de la OEA durante la Asamblea General 2022 en Lima, Perú, a través de la declaración “Respaldo a la Paz Total en Colombia”.

“Hoy, todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con determinación y congruencia con el momento histórico que vive Colombia, identificando en la política de ‘paz total’ una ocasión propicia para transitar en el camino correcto del diálogo y la no violencia”, afirmó Menéndez.

En el informe, la Misión de Apoyo hace 24 recomendaciones dirigidas a más de 18 entidades del orden nacional y destaca la importancia de “un diálogo directo” con la ciudadanía para “enriquecer” las acciones encaminadas hacia la paz completa en Colombia. El documento resaltó la persistencia de amenazas, homicidios, confinamientos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, violencia sexual y la instalación de minas antipersonal por parte de los grupos armados ilegales en el país.

Menéndez enfatizó en que es fundamental detener la violencia y proteger a la población civil y a los actores humanitarios. Destacó que estas afectaciones no son aceptables bajo ninguna justificación y subrayó la importancia de respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.

“Es tiempo de detener la violencia y dejar fuera del conflicto armado a la población civil y a los actores humanitarios. Estas afectaciones no son aceptables bajo ninguna justificación”, señaló.

La Secretaría General de la OEA también expresó su agradecimiento a los Estados miembros y observadores, especialmente a aquellos que integran el Fondo Canasta (Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia), cuyo apoyo político y financiero ha permitido el funcionamiento de la Misión. También se agradeció a Noruega y Suiza, cuyas contribuciones fortalecen el trabajo de la Misión de Apoyo con las comunidades en los territorios, en aspectos fundamentales como la participación y el diálogo.

El informe 34 presentado ante el Consejo Permanente se suma a la comunicación que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, envió a Virginia Gamba, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los niños y el conflicto armado. En dicha comunicación, informó sobre las alertas emitidas y los casos de reclutamiento de menores de edad en Colombia.

Durante el primer trimestre de 2023, la Defensoría del Pueblo identificó 23 casos de reclutamiento de menores de edad, 13 de ellos corresponden a niños y adolescentes, y los 10 restantes a niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. Estos casos se distribuyeron de la siguiente manera: 16, en el departamento del Cauca; 4, en Amazonas; 2, en Antioquia; y 1, en Arauca.

“Comunicamos a la representante especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, como resultado del permanente seguimiento a las acciones perpetradas por grupos armados, hemos advertido sobre el alto riesgo en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes de ser reclutados, usados y utilizados por los actores violentos”, indicó el defensor del Pueblo.

Infobae: OEA hizo recomendaciones al gobierno Petro para mitigar la violencia en el país

30 mayo, 2023

A través de un informe semestral sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, no solo le dio un nuevo espaldarazo a la política de paz total del Gobierno nacional, sino que hizo un llamado a los grupos armados ilegales para sumarse a establecer mecanismos que interrumpan las hostilidades contra actores civiles en los territorios.

Dicho documento – el primero realizado durante la administración del presidente Gustavo Petro –, fue presentado en el Consejo Permanente de ese organismo realizado el miércoles 17 de mayo. Allí, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp/OEA), Roberto Menéndez, reconoció que la nueva política de seguridad y pacificación nacional están enfocadas en la protección de la vida humana y el medio ambiente.

En ese sentido, el organismo valoró “la visión holística, completa e integral que incorpora y privilegia la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 por el Gobierno de Colombia y las Farc-EP, así como la invitación con caminos concretos a los grupos armados ilegales para sumarse a esta política a través de acercamientos, conversaciones y escenarios de diálogos políticos y jurídicos”. Además, resaltó el desarrollo y acompañamiento de procesos de paz urbanos, labor liderada por la oficina del alto comisionado para la Paz.

Por otra parte, el informe resaltó que, si bien hay esfuerzos estatales para consolidar la paz en los territorios, las acciones armadas por parte de estructuras ilegales continúa en determinadas zonas del país. Sobre esto, detalló que de acuerdo con el monitoreo realizado por la sección de este organismo, entre agosto y septiembre de 2022, hubo una reducción de ataques contra la población en Arauca, Chocó, Bolívar, Putumayo y Chocó.

Sin embargo, criticó hechos violentos posteriores a ese periodo y alertó por el incremento de hostilidades contra niños, niñas y adolescentes a través de prácticas como el reclutamiento forzado y agresiones sexuales ejercidas por esos grupos ilegales tanto en zonas rurales como urbanas.

Alianzas entre grupos armados

El informe de la Secretaría General de la OEA avisó posibles alianzas entre estructuras adheridas a la Segunda Marquetalia y el ELN. Además, el Estado Mayor Central de las antiguas Farc tiene constantes enfrentamientos con la guerrilla activa; mientras que en Catatumbo (Norte de Santander) no se registraron enfrentamientos entre esos grupos, pero sí fuertes tensiones por el control territorial en los municipios que componen esa región.

En contraste, el organismo multilateral resaltó que, dentro de la política de pacificación nacional, se realizaron acercamientos entre Los Shottas y Los Espartanos, los dos principales grupos criminales de Buenaventura. Este proceso de paz urbana, liderado también por organizaciones sociales, la Iglesia católica.

Producto de lo acordado entre las dos estructuras que se disputan el control de las economías ilegales en el casco urbano del municipio, se generó una reducción de los homicidios en un 50% entre el primer y segundo semestre de 2022, de acuerdo con registros de la Policía Nacional. Y si bien la OEA resaltó esa cifra, manifestó su preocupación por un aumento de otros hechos delictivos, como amenazas y desapariciones forzadas.

“La población y la institucionalidad advierten el aumento de amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas. Estas afectaciones tienen un alto impacto para las comunidades, pese a los bajos índices de denuncia”, advirtió. En ese orden, recomendó una presencia activa y permanente tanto de la fuerza pública como de otras entidades del Estado.

Violencia contra líderes sociales, pueblos y comunidades indígenas

Uno de los hechos resaltados por el organismo dentro del actual gobierno fue la instalación de Puestos de Mando Unificados por la Vida (Pmuv) con el primer objetivo de articular a diferentes instituciones a fin de proteger la vida de quienes ejercen liderazgos sociales. Además, saludó el acompañamiento de Petro en la gran mayoría de estos; “lo que denotó la relevancia de este espacio para el Gobierno nacional”.

A pesar de ese esfuerzo reconocido, lamentaron la continuación de ejercicios violentos en zonas donde el conflicto armado es una constante más allá de la firma del Acuerdo Final. En Bojayá (Chocó), reseñaron que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) le exigen a lideresas y líderes sociales actos de presión para retirar a la fuerza pública de los centros poblados e incentiven la siembra de cultivos ilícitos.

Al otro lado del país, en zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander (Norte de Santander) se estarían ofreciendo recursos “para el fortalecimiento organizativo con el fin de coaccionar a liderazgos sociales y ganar aceptación en el territorio”.

“En la Cordillera nariñense el Estado Mayor Central FARC EP obliga a las JAC a gestionar autorizaciones para el ingreso o salida del territorio de personas e instituciones. Mientras que en Putumayo la Segunda Marquetalia constriñe a liderazgos comunales a que recauden dinero para su estructura”, puntualizó la Secretaría General de la OEA.

Las recomendaciones al Gobierno Petro

En total, fueron remitidas 18 sugerencias a los diferentes ministerios y consejerías relacionados con la construcción de paz en el país. Siete de ellas, enviadas a las carteras de Interior, Defensa, Agricultura, Relaciones Exteriores, Ambiente, Justicia y la oficina del alto comisionado para la paz, fueron las más importantes, pues tienen que ver con Paz Total, sustitución de cultivos ilícitos y puesta en marcha de la Reforma Rural Integral (RRI).

Al Ministerio del Interior le pidió fortalecer el alcance y funciones de los Pmuv, así como definir una ruta o canal de atención para que sea activado por cualquier integrante de este mecanismo ante situaciones de riesgo que se presenten contra defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo Final.

A la dependencia liderada por Iván Velásquez, solicitó “mantener como prioridad la ejecución de acciones que eviten el surgimiento, reconfiguración y expansión territorial de los grupos armados ilegales” con el objetivo de mitigar la violencia y sus impactos en civiles.

A la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, pidió el fortalecimiento junto con la cartera dirigida por Luis Fernando Velasco, de los mecanismos de participación ciudadana creados en el Acuerdo Final, incluyendo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet); el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural y el de Zonificación Ambiental.

La petición para la Cancillería estuvo basada en la atención humanitaria en municipios fronterizos y la continuación de los mecanismos de diálogo para la definición e implementación de medidas conjuntas para mitigar los escenarios de vulneración de derechos de la población migrante, especialmente en los límites con Venezuela y Panamá.

Al Ministerio de Ambiente le recomendó avanzar en la construcción del Pacto Nacional para la Defensa de la Amazonía, Orinoquía y Pacífico para la conservación y protección ambiental en esas áreas.

A la cartera de Justicia y el Derecho solicitó garantizar la consulta previa sobre el proyecto de ley de Coordinación Interjurisdiccional como parte clave en el desarrollo de un marco normativo “que permita avanzar en la superación del vacío normativo para la articulación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena”.

A la oficina del alto comisionado solicitó señalizar las zonas contaminadas con minas antipersona y municiones usadas sin explotar y seguir promoviendo procesos de desminado humanitario, educación en el riesgo de minas y asistencia integral a las víctimas. También restablecer el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia para el fortalecimiento de labores constructivas de paz en los territorios.

Aquí la nota

EL ESPECTADOR: Las recomendaciones de la MAPP-OEA para una paz completa en Colombia

21 septiembre, 2022

Este es el balance que presenta hoy la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos sobre la situación humanitaria en el país, de cara a la Paz Total del presidente Petro. Alerta por las afectaciones a civiles por parte de grupos armados y hace un llamado a que la sociedad civil sea más protagonista en la construcción de paz.

“La paz es un camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y la cooperación”. Esa es una de las frases con las que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) inicia su informe número 33 sobre el seguimiento al posconflicto colombiano, que atraviesa su sexto año. Un documento que surgió después de 1.217 misiones en terreno, desarrolladas en 678 centros poblados pertenecientes a 194 municipios de 26 departamentos del país.

El documento recopiló información en 1.217 misiones en terreno, desarrolladas en 194 municipios de 26 departamentos del país.
Photo: Christian Escobar Mora

Durante ese trabajo de campo, la seguridad territorial, la reincorporación de antiguos actores armados, las afectaciones a liderazgos sociales, el desarrollo de campañas y elecciones legislativas y presidenciales, y las garantías para el ejercicio de la movilización social, fueron apenas algunos de los factores determinantes a los que la MAPP-OEA les prestó especial cuidado para ver cómo vamos, en qué hemos fallado, qué hemos aprendido y cómo podremos seguir construyendo un país menos violento.

El documento cita el episodio ocurrido en marzo de este año con la fuerza pública en la zona de Alto Remanso, jurisdicción de Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que fueron evidentes las contradicciones entre las autoridades involucradas, las víctimas y las organizaciones sociales sobre si fue un combate legítimo o un caso de ejecuciones extrajudiciales. Para la entidad, casos como ese no pueden repetirse en un contexto de posconflicto.

De hecho, sobre este caso, la MAPP-OEA instó al Estado a que se debe “acelerar y profundizar la investigación sobre estos hechos, ante una eventual infracción al DIH, y establecer las sanciones respectivas. Asimismo, brindar apoyo psicosocial y humanitario a las víctimas, como también, proteger la vida y la integridad de los testigos”.

El caso de Alto Remanso apenas es un abrebocas de lo que este informe señaló sobre la fragilidad en las condiciones de seguridad de lugares periféricos de Colombia. También hizo énfasis en el accionar del Eln y las Agc, grupos que decretaron en el primer semestre de 2022, en algunas subregiones como Catatumbo y Montes de María, paros armados “que alteraron la seguridad y las dinámicas sociales y económicas de los pobladores, con graves impactos humanitarios”, como se lee en el documento.

Además, el informe rastrea los puntos en los que la guerrilla del Eln ha operado y ha disputado frente a paramilitares y diferentes disidencias de las Farc. La MAPP-OEA asegura que “en los ríos San Juan y Baudó (Chocó) el Eln mantiene disputas con las Agc y, en menor medida, en el sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño. Con los grupos disidentes o residuales de las Farc sostiene relacionamientos diferenciados que apuntan a la existencia de alianzas y/o acuerdos con la Segunda Marquetalia en Arauca, Cauca y Nariño”.

Sobre las disidencias, particularmente, si bien alerta que mantengan una presencia constante en Cauca, Nariño y Putumayo, por ejemplo, la misión dijo que a filas como las de Iván Mordisco se les ve debilitadas considerablemente, “debido a la muerte de varios de sus principales jefes, la persecución de la fuerza pública y las confrontaciones entre sí, que podrían tener repercusiones para sus planes de consolidación o expansión territorial, al menos en el corto plazo”.

Fidel Cano Correa, director de El Espectador, lee el editorial de este domingo 18 de septiembre titulado “Para tener paz total se necesita claridad total”, en este hace una reflexión acerca de las críticas hechas a la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro.

Aún con los golpes que han recibido las disidencias y otros grupos armados, este informe constata que la población civil sigue recibiendo los mayores rigores de su violencia e insiste en que hay mayor vulnerabilidad en zonas en las que los grupos armados ilegales sostienen disputas por apropiarse de contextos de ilegalidad asociados a economías criminales y corredores de movilidad o combates con la fuerza pública.

Las investigaciones de MAPP- OEA concluyen sobre este tema que las afectaciones más graves continúan siendo los homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad, instalación de minas antipersonal, reclutamiento forzado de menores de edad, feminicidios y otras violencias basadas en género.

Reincorporación, a media máquina

En Colombia existen estrategias de seguridad integral a nivel departamental para personas que dejaron las armas y se suscribieron al Acuerdo de Paz de 2016. Distintos programas de protección integral, cita el documento, se han enfocado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que han sido los que mayores asesinatos de esta población han tenido en los últimos cinco años.

La Consejería Presidencial para la Estabilización durante el gobierno del expresidente Iván Duque aseguró que el 98 % de las personas en proceso de reincorporación que fueron candidatas a recibir medidas de protección las recibieron, especialmente durante los procesos electorales, momentos en los que la violencia armada se podría disparar en su contra.

Sin embargo, la MAPP-OEA señaló que en el país persisten graves afectaciones contra la vida de estas personas y sus familias, especialmente por parte de disidencias que ven en ellos “traidores”, al participar en rutas de reincorporación. Los casos más graves “se concentraron en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, dinámica que además impactó a sus familiares, servidores públicos y organismos de cooperación internacional”.

Otra arista de este análisis de la misión está enfocada en los temas de reincidencia. Si bien múltiples indicadores internacionales han mostrado que las tasas de rearme de antiguos combatientes de las Farc han sido bajas desde la firma del Acuerdo de Paz, preocupa que en la subregión del Urabá antioqueño haya personas en proceso de reincorporación que se estarían sumando a filas de grupos paramilitares de las Agc. Así lo denuncia la misión: “las comunidades e institucionalidad perciben que integrantes de esta población harían parte de las filas de las Agc e incluso desempeñarían roles de mando. En cierta medida, la existencia de un relacionamiento previo entre quienes mantienen su compromiso con el proceso y aquellas personas en proceso de reincorporación presuntamente reincidentes permitiría el establecimiento de acuerdos de no agresión”.

Apoyo a la Paz Total de Petro

La MAPP-OEA, desde el inicio de su trigésimo tercer informe, hace explícito su reconocimiento al proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Plantea que los acercamientos con el Eln son necesarios para mitigar la violencia territorial y un paso importante para mostrar que la paz se construye hablando con todos los grupos armados organizados.

El organismo aseguró que si bien hay constancia en los intentos de generar esquemas de desmovilización y sometimiento individual, esto “no ha logrado el completo desmantelamiento de los grupos armados, razón por la cual es necesario explorar formas colectivas en las que se pueda tener un mayor control del desmantelamiento efectivo, un proceso de atención diferencial integral y el desarrollo de escenarios judiciales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Es decir, se hace un llamado para que el Gobierno estudie la macrocriminalidad de los actores armados que persisten en los territorios para obtener información que permita desmantelamientos efectivos, con sometimientos libres y, en la medida de lo posible, con carácter voluntario.

El documento incluye recomendaciones concretas a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que les solicita que fortalezcan “las capacidades de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SRVR) y otras instancias encargadas del estudio y la emisión de medidas cautelares y de protección, con el fin de garantizar la correcta participación de las víctimas y comparecientes, evitando escenarios de riesgo”.

Sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se le pide al organismo humanitario que haga más robustas “las mesas de trabajo con la JEP, que permitan ampliar masivamente la identificación de zonas y territorios para la ubicación de cuerpos. Asimismo, acelerar la puesta en marcha de los planes regionales de búsqueda”.

También se refirieron a la Agencia para la Renovación del Territorio, a la que instaron a “diseñar un protocolo de participación ciudadana para el seguimiento de las iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este proceso permitirá a la entidad y a las comunidades llegar a acuerdos sobre las competencias y las formas en las que se puede ejercer el derecho a la participación ciudadana en el marco de los PDET”. Para MAPP-OEA, el fortalecimiento de los escenarios de diálogo y la garantía de derechos constituyen “una tarea impostergable para la gestión y transformación de los conflictos sociales”.

Esto después de las lecciones aprendidas tras las violaciones de derechos humanos por parte de instituciones del Estado a ciudadanos en el marco del paro nacional de 2021, que incluso llegaron a instancias internacionales, con el rechazo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el accionar de la Fuerza Pública frente a manifestantes.

Asimismo, según el informe, los cuidados para ejercer de manera tranquila el derecho a la protesta social deben ir ligados a la escucha de las peticiones de firmantes de paz, pueblos indígenas y caravanas humanitarias que salieron a las calles en departamentos como Valle, Tolima, Nariño y Chocó pidiendo garantías de seguridad para sus comunidades.

Participación ciudadana para la paz

Para la misión, un punto neurálgico es cómo la ciudadanía puede tomar las riendas de los procesos de construcción de paz. MAPP-OEA insistió en que deben aumentar las capacidades ciudadanas de incidencia y construcción de propuestas desde todos los sectores sociales; así como fortalecer los mecanismos, espacios y reglas institucionales para la participación ciudadana basada en la transparencia y el acceso a garantías.

A su vez, quedó expuesto que los procesos de diálogo social son primordiales a la hora de entender que desde los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad surgen iniciativas humanitarias y mensajes de paz que evidencian la determinación, experticia y perseverancia de las bases sociales.

En ese sentido, instancias como los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, las Mesas de Participación de Víctimas, las Mesas Territoriales de Garantías, los Consejos Municipales de Juventud, entre otros, deben tener mayor protagonismo en la agenda política del país.

Colombia no puede estar rezagada por los actos violentos ni mucho menos condenada a repetir hechos que causaron dolor por tantos años. La suma de voluntades para alentar la construcción de paz es la clave, según la misión, para acelerar el cumplimiento de lo pactado en La Habana y coordinar nuevos pactos que hagan del país un sitio más cercano y generoso con los que en su momento lo perdieron casi todo.

Artículo extraído de: www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/estas-son-las-recomendaciones-de-la-mapp-oea-para-una-paz-completa-en-colombia/

SEMANA: OEA lanzó alerta por violencia armada en Colombia; pidió paz con el ELN

17 junio, 2022

La violencia armada persiste en Colombia, a pesar de avances en la implementación del acuerdo de paz sellado hace cinco años, advirtió un reciente informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llamando a la guerrilla del ELN a dar señales de paz.

El último reporte de la Misión de la OEA en Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) identifica “graves impactos” sobre la población civil en muchas zonas del país, varias fronterizas con Venezuela y Ecuador.

Menciona homicidios de activistas y líderes comunitarios, desplazamientos forzados, confinamientos, extorsiones, contaminación con minas antipersonales y reclutamiento de menores, especialmente indígenas y migrantes.

Leer el informe completo aquí

Aunque el Estado colombiano acordó en 2016 el fin del conflicto con las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Farc y bandas narcotraficantes siguen disputándose el control territorial.

Más allá de que su objetivo parece ser maximizar sus ganancias de economías legales e ilegales, en gran parte “intentan sostener una plataforma político-ideológica con la que buscan legitimar su existencia y accionar”, agrega el reporte.

También señala la “alta actividad armada” de bandas narcotraficantes, como el Clan del Golfo, aunque destaca la detención de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, extraditado a Estados Unidos en mayo.

El informe, que repasa el segundo semestre de 2021, subraya “preocupación” por lo que considera una “justicia de facto” ejercida por estos grupos armados ilegales, que “entorpecen” la labor de la justicia formal.

Aunque aplaude la puesta en marcha por parte del gobierno de Iván Duque del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la MAPP/OEA nota dificultades en la implementación, con “casos de estafas” y “débil gestión” de entes territoriales.

Por otra parte, resalta que la población migrante “sigue siendo víctima de agresiones físicas, homicidios, desapariciones y expulsiones” por parte los grupos armados ilegales.

https://twitter.com/MAPPOEA/status/1537177552246263808?cxt=HHwWgMC-5dy1k9UqAAAA

“Necesidad de un acuerdo de paz con el ELN”

A cuatro días del balotaje presidencial en Colombia, en el que se medirán el exguerrillero del M19 Gustavo Petro y el excéntrico millonario Rodolfo Hernández, la MAPP/OEA convoca a seguir avanzando hacia la “paz completa” tras seis décadas de conflicto armado.

Es necesario que la guerrilla del ELN dé señales claras y concretas de sus intenciones de paz”, enfatiza el informe, pidiendo la liberación de todos los secuestrados, y el cese de los raptos, las afectaciones a la población civil y los atentados contra la infraestructura que producen “enormes” impactos ambientales.

Además, el reporte llama a mantener abiertas las vías de diálogo que permitan eventualmente “retomar las conversaciones de paz” con esta guerrilla guevarista, alzada en armas desde 1964.

“El pueblo colombiano se merece una paz completa”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, al presentar el informe ante el Consejo Permanente de la OEA.

Iván Duque, que dejará la presidencia en agosto luego de cuatro años en el poder, rompió los diálogos con el ELN en 2019, luego de un atentado en una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.

Las conversaciones habían sido iniciadas por el antecesor de Duque, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, quien el 24 de noviembre de 2016 firmó la paz con las Farc.

La MAPP/OEA apreció, por otra parte, lo que describió como “logros institucionales” en la implementación de programas de desarrollo territorial y sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), desminado humanitario y prevención del reclutamiento.

También reconoció hechos de “gran relevancia en términos democráticos”, como la reactivación del proceso de elección de 16 curules de paz para el Congreso nacional.

Finalmente, exaltó el trabajo de la Comisión de la Verdad para el acceso de las víctimas del conflicto armado a justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

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EL TIEMPO: Los retos y avances del proceso de paz en Colombia, según informe de la OEA

Amenazas por grupos armados ilegales, financiación de programas y narcotráfico, entre los temas.

El accionar de los grupos armados ilegales sobre la población civil e instituciones del Estado, la persistencia de dinámicas del narcotráfico y el conflicto, el periodo de renovación democrática y el proceso de reincorporación y comparecencia a la justicia de los excombatientes de las Farc son algunos de los temas centrales que aborda el informe semestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Leer el informe completo aquí

El documento aborda el segundo semestre de 2021, y aunque se destacan algunos logros alcanzados durante la implementación del acuerdo de paz, también se encienden las alertas sobre varios temas.

“La MAPP/OEA expresa su altísima preocupación por la persistencia de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales que afectan gravemente a las comunidades, principalmente a liderazgos sociales y comunales; autoridades étnicas; mujeres; niños, niñas y adolescentes; víctimas del conflicto armado; personas en proceso de reincorporación, y servidores públicos”, indica la misión.

Producto de 5.197 acciones de monitoreo y acompañamiento, en cerca de 700 centros poblados de 29 departamentos, la MAPP observó que continúan los homicidios, el desplazamiento forzado, los atentados, las amenazas, la instalación de minas antipersonal, las extorsiones y el control territorial en el Bajo Cauca (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander), Sur de Bolívar, Sur de Córdoba y ejes de los ríos Atrato, Baudó y San Juan (Chocó), así como en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.

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“También, que se mantiene el reclutamiento forzado de menores de edad, que afecta de manera particular a miembros de pueblos étnicos y población migrante, así como el incremento de la justicia de facto”, dice el informe.


La misión destaca logros en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), el desminado humanitario, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y el trabajo adelantado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que está ad portas de entregar su informe final.

Además, la MAPP reconoce el proceso de renovación democrática adelantado en instancias territoriales como las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Mesas de Participación de Victimas; la elección de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y la Instancia Especial de Mujeres de la Comisión de seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), y la reactivación del proceso de elección de 16 curules de paz para el Congreso de la República.


Leer el informe completo aquí


“Una Paz que defienda la vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de diálogo y alternativas judiciales con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y acelere el desarrollo en todos los territorios”, puntualizó Roberto Menéndez, jefe de la misión.

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