El Espectador: Misión de paz de OEA en Colombia se amplía hasta 2021

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP / OEA) se extendió hasta finales de 2021. Así quedó establecido en el séptimo protocolo adicional firmado este martes por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y el jefe de la Misión, Roberto Menéndez.

La canciller Holguín agradeció el compromiso de la Misión en la construcción de paz en Colombia para estos próximos cuatro años, a la vez que resaltó el trabajo de la organización durante 14 años en el país.

Por su parte, el jefe de la MAPP / OEA, Roberto Menéndez, dijo que se hará especial énfasis en el tema de cultivos ilícitos y la protección de líderes sociales y campesinos que viven en amenaza de diferentes actores armados por los procesos de sustitución. “Con esta nueva firma vamos a continuar haciendo esta tarea que venimos realizando, vamo a seguir priorizando nuestras actividades en aquellos temas que constituyen verdaderos desafíos para la paz”, señaló Menéndez.

El jefe de la misión insitió en que seguirán el trabajo de acompañamiento en temas fundamentales como la situación de comunidades, líderes sociales, comunales y étnicos: “Son afectaciones generadas por grupos ilegales, criminales y aquellos violentos que todavía sumen a Colombia en esta tragedia de la que los colombianos están tratando de salir”.

Las labores de monitoreo de la misión se realizarán de forma directa “en más de 400 centros poblados de 127 municipios y 15 departamentos, con énfasis en zonas rurales, áreas remotas, Consejos Comunitarios, Resguardos y Cabildos indígenas. Para hacerlo, la Misión dispone de 16 oficinas permanentes y un equipo móvil que realiza misiones especiales a lo largo del país”.

Cabe recordar que desde 2004, la MAPP / OEA ha acompañado más de 80.000 víctimas participantes en Justicia  y Paz, a 20.000 desmovilizados en su proceso de reintegración. a 6.000 participantes en proyectos de Construcción de Paz, a  1.600 líderes comunitarios en su reparación integral, y 30 procesos de restitución de tierras y territorios.

La misión tiene tres áreas de trabajo principales:  Dinámicas territoriales de seguridad, con énfasis en el monitoreo a las afectaciones a las comunidades y líderes sociales, y en los conflictos sociales actuales y potenciales; construcción de paz, con énfasis en restitución de tierras, reparación a víctimas y participación; y  Justicia transicional, con énfasis en condiciones carcelarias y armonización entre justicia ordinaria, indígena y transicional.

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El País de Cali: “La desmovilización de actores armados no garantiza la paz”: Jefe de la Misión de la OEA

Desde hace más de una década la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA ) trabaja en los territorios más afectados por el conflicto armado, donde ha recogido y visibilizado sus necesidades ante instituciones gubernamentales.

También hace el acompañamiento de comunidades para apoyar el diálogo, la participación y procesos de restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto.

Al frente de la Misión de la MAPP-OEA en Colombia está Roberto Menéndez, quien habla de los alcances de las labores que realizan en el Valle del Cauca, el Pacífico y otras regiones de Colombia.

¿Cuál es el aporte de la MAPP-OEA en el proceso de paz? ¿Qué labores realizan en las regiones?

Desde 2004, por solicitud del Gobierno colombiano, la MAPP-OEA ha acompañado de manera ininterrumpida los esfuerzos de construcción de paz. Nuestro aporte fundamental ha sido estar de forma permanente y solidaria con las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto en los últimos 13 años, recogiendo de manera amplia y plural las percepciones de las poblaciones, visibilizando y trasladando sus demandas a más de 20 instituciones y entregando recomendaciones al Estado a nivel local, regional y nacional. Como organismo internacional también hemos logrado un efecto disuasivo con los violentos en contextos de conflicto.

¿Qué los motivó a abrir una oficina en el Valle del Cauca y qué trabajo desarrollarán en esta región?

Con la nueva oficina de la Misión en Cali queremos potenciar el trabajo que hemos venido haciendo desde nuestras oficinas en Pasto, Tumaco, Popayán y Quibdó. Las acciones que desarrollaremos en el Valle del Cauca tienen relación directa con nuestro mandato, que se centra en el monitoreo de las dinámicas territoriales que generan riesgos y amenazas para la paz, y en el acompañamiento a las víctimas y las comunidades para apoyar el diálogo, la participación y los procesos de restitución de tierras y reparación de víctimas, entre otros.

Buscamos fortalecer el trabajo de monitoreo a las dinámicas del Pacífico, específicamente en Buenaventura. Allí hemos encontrado fenómenos complejos de violencia, criminalidad y conflictividades sociales que deben ser atendidas cuanto antes por el Gobierno.

También buscamos favorecer espacios de diálogo sobre dinámicas humanitarias y participación social para contribuir a la Mesa Pública de Conversaciones entre el Gobierno y el ELN. Esto en el marco del convenio que suscribimos con la Arquidiócesis de Cali, con el apoyo de Suecia.

¿Cómo ve el fenómeno de disidentes en las Farc y el ingreso a bandas criminales?

El riesgo de que los llamados disidentes de las Farc terminen en bandas criminales siempre estará latente, pues en muchas de las zonas de las que salió esta guerrilla se siguen identificando contextos de ilegalidad vinculados netamente al control de economías ilegales. En este sentido, es posible que a mediano o largo plazo dichas disidencias terminen convertidas en bandas criminales o en oferta criminal disponible para delinquir al mejor postor.

El gran temor de las Farc es que los asesinen, de hecho ya ha ocurrido con excombatientes. ¿Qué se puede hacer para evitar eso?

Esta es una situación lamentable y preocupante que la Misión ha venido monitoreando con la mayor atención. Sin embargo, en este tipo de procesos es común que cuando una fuerza beligerante se desmoviliza después de tantos años de confrontación exista toda una serie de factores de riesgo que pueden tener varios autores y motivaciones, como venganzas, represalias o estigmatizaciones.

Lo ideal es que los miembros de las Farc puedan desarrollar su proceso de reincorporación a la vida civil con el máximo de garantías de seguridad y sin preocupaciones de que puedan ser asesinados, amenazados o intimidados. El Gobierno deberá propender para que los lugares de reincorporación colectiva o individual sean concebidos como entornos seguros donde, en lo posible, no existan tentaciones o distractores que acerquen a los desmovilizados nuevamente a la ilegalidad.

Cada vez es más evidente que uno de los mayores retos de la reincorporación de las Farc se relaciona con la marcada estigmatización y afectaciones de las que también están siendo víctimas sus familiares, allegados y antiguos colaboradores. Las garantías de seguridad deben extenderse a ellos, e incluso a funcionarios que participen del proceso.

Si bien es cierto que se firmó la paz con las Farc, que se está implementando, también es cierto que esa paz no se siente en regiones apartadas del Valle y el Pacífico. ¿Qué hacer frente a eso?

En efecto, la experiencia en este y otros procesos evidencia que la desmovilización de actores armados no garantiza la paz. Si bien es cierto que el cese al fuego y la dejación de armas por parte de las Farc ha traído transformaciones positivas, observamos con preocupación que en algunos territorios aún parecen mantenerse las dinámicas violentas.

Este es el caso del andén Pacífico, que durante el último año ha sido escenario de disputas de grupos armados ilegales y donde el riesgo de la población es alto debido a condiciones de aislamiento, a contextos de ilegalidad marcados por el narcotráfico y minería ilegal, y al limitado control del Estado.

Colombia y el Pacífico deben seguir transitando un largo camino que, sin ninguna duda, requiere un mayor y más cercano compromiso del Estado. Este acercamiento debe ser integral, no solo mejorando las condiciones de seguridad y justicia, sino la vida de las comunidades a través de planes de desarrollo, productividad y solución de necesidades básicas insatisfechas, como salud, educación y vías. Esto también implica desincentivar los contextos de ilegalidad a los cuales están aferrados o forzados grandes núcleos poblacionales, como campesinos cocaleros o mineros.

¿Qué opinión le merece la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país?

La situación de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país es compleja. Es motivo de alarma que los liderazgos que están visibilizando las afectaciones de sus comunidades y que propenden por la reclamación de derechos, tanto de necesidades básicas insatisfechas como en el marco del proceso de paz, sean de los más afectados a través de homicidios, amenazas y estigmatización.

Valoramos los esfuerzos del Gobierno para desmovilizar grupos armados ilegales y combatir estructuras criminales, pues ha generado cambios palpables en materia de derechos humanos. No obstante, y como parte de la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, hemos instado al Gobierno a reforzar medidas efectivas y coordinadas de prevención, protección, seguridad e investigación, que se adapten a territorios rurales y a las necesidades de los líderes comunales, étnicos, campesinos y sociales.

¿Cómo analiza la situación frente a la los cultivos ilícitos? ¿Es suficiente la sustitución que ustedes han venido acompañando para facilitar acuerdos en las regiones?

En regiones como Putumayo, Cauca, Nariño y Bolívar, la Misión ha venido acompañando algunas socializaciones del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el fin de incentivar la participación y formulación de propuestas por parte de las comunidades, cuyos aportes deben ser tenidos en cuenta para el éxito del proceso.

Los esfuerzos que Colombia viene adelantando permiten dar pasos importantes hacia la solución del problema de las drogas. Pero dada la complejidad del fenómeno, su abordaje debe ser integral, articulando por ejemplo la sustitución con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, involucrando a todo el Estado y atendiendo las dinámicas de los territorios.

Es fundamental que el Estado siga afinando las estrategias para apuntar los eslabones más gruesos de la cadena, como los cristalizaderos, grupos narcotraficantes y estructuras de lavado de activos, que es donde finalmente se concentran los grandes recursos de esa economía.

¿Cuál es el panorama que ustedes tienen de las bandas criminales?

Aunque la MAPP-OEA reconoce un esfuerzo consistente y metódico de parte del Estado desde 2006 para desarticular estas estructuras, el fenómeno sigue existiendo en varias regiones y afectando a diversos sectores de la población. De hecho, la Misión ha identificado a estos grupos como uno de los victimarios o fuente de afectación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El panorama de las bandas criminales debe entenderse de acuerdo al contexto particular de cada región donde delinquen. Aún así, hemos identificado que estos grupos están cada vez más fragmentados y desarrollan diferentes modus operandi.

De acuerdo con lo anterior, ¿cómo están operando esas estructuras?

El Gobierno reconoce tres estructuras principales: Clan del Golfo, Puntilleros, Pelusos o EPL; aunque en varias regiones existen grupos delincuenciales menores que ofertan servicios criminales en función de una retribución económica. Algunas bandas criminales conservan capacidad de desafiar a las autoridades, como aquellos que desarrollaron el ‘plan pistola’ contra la Policía en el norte del país. Otras facciones han desarrollado capacidad de enfrentar a otros actores ilegales, como el Clan del Golfo en el Chocó y el Bajo Cauca antioqueño, donde se enfrentan al ELN por el control geoestratégico del territorio para las economías ilícitas. Otros grupos prestan seguridad a sus jefes, como el Clan del Golfo en el Darién chocoano y el Urabá antioqueño.

Aunque algunas de estas expresiones son locales como los llamados ‘Puntilleros’ en el Meta y Vichada, y los ‘Pelusos’ (EPL) en Catatumbo, Norte de Santander, también hemos identificado que el Clan del Golfo y los ‘Pelusos’ han intentado expandir su presencia a otras zonas del país.
En el sur de la costa Pacífica, específicamente en Valle, Cauca y Nariño, también se percibe una reconfiguración territorial, no solo de bandas criminales, sino de todos los actores ilegales disponibles con posibilidades de efectuar alianzas para fortalecer sus estructuras o facilitar la emergencia de nuevos grupos.

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El Tiempo: Así está la seguridad en las regiones del país, según la OEA

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) lleva 13 años en el país. El año pasado, el Gobierno extendió su mandato para monitorear la situación en las zonas que están dejando las Farc.

Roberto Menéndez, jefe de la Misión, dice que si bien las comunidades están viviendo más tranquilas, hay amenazas. Según dice, donde se vive la situación más compleja es en el Chocó.

A 45 días largos de la desmovilización y el desarme definitivo de las Farc, ¿cuál es el panorama de seguridad que la Mapp-OEA ha identificado en las regiones?

Como resultado del monitoreo y acompañamiento permanente en los territorios, hemos identificado que en algunas zonas hay continuidad de las acciones violentas de los grupos armados ilegales en su afán por copar territorios y acceder al control de economías ilegales. Esto se expresa, en algunos casos, en el asesinato de líderes sociales y atentados contra la fuerza pública. Sin embargo, estos hechos son de naturaleza compleja y no se corresponden con la realidad de todo el país. Realizar conjeturas con base en generalizaciones es contribuir a la confusión y al temor, y no aporta a la correcta comprensión del fenómeno, ni a soluciones eficaces para enfrentarlo.

Por ejemplo, es necesario analizar con mayor profundidad la lectura según la cual las regiones en las que estaban las Farc fueron copadas completamente por otros actores armados. Hemos identificado que rumores iniciales sobre la presencia o llegada del Eln a ciertos territorios, como el Meta, alcanzaron a generar alarma, pero con el pasar del tiempo se diluyeron porque no son cercanos a la realidad.

No obstante, también hemos constatado que tras la salida de las Farc, el Eln ha buscado reposicionarse en territorios como el Darién chocoano y la costa del Pacífico nariñense. Hasta hace algún tiempo la presencia del Eln en esas zonas era marginal, pero desde hace dos años se ha fortalecido, con el agravante de que en el Darién hay fuerte presencia del clan del Golfo y en la costa de Nariño de las llamadas disidencias de las Farc, lo que ha generado enfrentamientos armados y consecuentes desplazamientos masivos, como los registrados en Riosucio e Iscuandé el pasado abril. Nos preocupan, entonces, esos reacomodamientos y pretensiones expansivas que están generando afectaciones en muchas zonas.

Consideramos que frente a estas dinámicas es importante mantener la rigurosidad en el análisis, ya que si bien en algunos casos se puede identificar la llegada o expansión de estos grupos a nuevas zonas, como lo mencioné, en otros el uso de nombres como ‘disidencias de las Farc’, ‘clan del Golfo’ o ‘Rastrojos’ puede obedecer a una estrategia de expresiones de delincuencia común para generar temor.

De esa labor en el terreno, no desde ahora sino desde antes del proceso, ¿se puede concluir que el fin de la guerra con las Farc sí producirá un cambio para mejorar la vida de esas zonas?

Aún observamos con preocupación que en algunos territorios parecen mantenerse o degradarse las dinámicas violentas que afectaron al país en los últimos 50 años. Sin embargo, también identificamos cambios muy positivos. De hecho, si comparamos con las fases iniciales del proceso de paz con las Farc, es decir 5 o 6 años atrás, los cambios hoy son más palpables en la cotidianidad de las comunidades, debido al cumplimiento del cese al fuego y hostilidades por parte de la guerrilla. Un ejemplo de esto son los procesos de desminado que se están dando en algunas zonas, y que contribuyen a que la gente viva más tranquila. Tenemos la plena certeza que menos hombres y mujeres en armas siempre será un escenario más esperanzador.

En efecto, el fin del conflicto debería ser el paso inicial que dé cabida a una mayor presencia estatal y al aterrizaje de las políticas de paz en los territorios. Es por ello que insistimos en la necesidad de seguir avanzando de manera rápida, pero ordenada y articulada, en la implementación de los acuerdos a nivel local, de tal forma se mejore la vida de las comunidades, se cierren las brechas de inequidad y se facilite el acceso los mecanismos institucionales como la justicia formal.

 ¿Qué amenazas perciben para la seguridad en las antiguas zonas de presencia y control de las Farc?

Tenemos gran preocupación respecto a la seguridad de los líderes sociales, comunitarios y defensores de Derechos Humanos, y la de sus entornos. Desde 2016 y comienzos de 2017 hemos observado la ocurrencia, en cortos períodos, de amenazas y homicidios de personas con perfiles diferentes, pero con marcados roles de liderazgo y preocupación por temas colectivos en sus comunidades. Valoramos los esfuerzos del Estado a través de instancias como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para garantizar la seguridad de estos líderes. En este y otros espacios hemos reiterado que se requiere seguir avanzando hacia medidas efectivas y oportunas de protección e investigación.

Otra amenaza es el mantenimiento de los nichos que favorecen las economías ilegales, como el narcotráfico, o de otras legales pero con altos grados de informalidad, como la minería. Esto hace que ciertas regiones continúen siendo de interés para el control y posicionamiento de los grupos armados ilegales, aunque las Farc ya no estén. También reconocemos el esfuerzo del Estado con políticas como la sustitución de cultivos ilícitos. No obstante, es determinante evaluar a tiempo las posibles amenazas a la seguridad de quienes liderarán este proceso desde las comunidades para garantizar su integridad de manera efectiva, pues la sustitución constituye un palo en la rueda para los grupos armados que se financian del narcotráfico.

Hace una década, la Mapp-OEA dio la primera alerta sobre el surgimiento de nuevos grupos en antiguas zonas ‘paras’. ¿Cuál es el panorama que se ve hoy en regiones como Guaviare, Nariño, Chocó y el Catatumbo?

Tal vez estas son las zonas de mayor complejidad, pero no por la misma razón. El caso de Guaviare es particular porque allí las llamadas disidencias de las Farc se han manifestado con gran hostilidad hacia la fuerza pública, pero también hacia la población civil, con afectaciones como el reclutamiento de menores, extorsiones, amenazas y restricciones a la movilidad, también a la comunidad internacional que acompaña diferentes procesos, como ocurrió con el colega de Undoc hace dos semanas en Miraflores.

En Nariño, además de lo mencionado anteriormente, también hemos identificado que en municipios fronterizos como Cumbal se evidencia la presencia de miembros del Eln que buscan posicionar su control tras la salida de las Farc.

La región del Catatumbo, en Norte de Santander, sigue siendo escenario de manifestaciones de violencia. Allí el panorama se complejiza por la presencia del reducto no desmovilizado del Epl, que aumenta sus niveles de hostilidad hacia la población civil y la fuerza pública. Y en zonas rurales de Cúcuta, además de los enfrentamientos entre Los Rastrojos y el clan del Golfo, las comunidades y las Juntas de Acción Comunal de algunos barrios ya han denunciado amenazas provenientes de otros grupos.

Y de todos, el caso que nos parece más preocupante es el de Chocó, debido al fuerte impacto humanitario que han dejado los enfrentamientos entre el clan del Golfo y el Eln en municipios como Riosucio, Lloró, Alto Baudó, Medio Baudó y El Litoral del San Juan. Los miles de desplazados que han salido de Riosucio, los secuestros en Nóvita y San José del Palmar, así como la masacre en El Litoral del San Juan, evidencian que si bien las disputas son entre grupos armados, la principal afectada sigue siendo la población civil.

Además de estas, ¿hay otras zonas del país que le preocupen a la Mapp-OEA?

De la región pacífica también nos preocupa el Valle del Cauca, específicamente Buenaventura. Como mencionaba anteriormente, algunas zonas del andén Pacífico han sido escenario de disputa durante los últimos meses y dadas las condiciones de la zona, el riesgo de la población es extremadamente alto.

Esto incluye al Cauca, no solo en su zona costera. Este es uno de los departamentos con mayor cantidad de agresiones a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos. Además, es una zona de fuerte presencia del Eln, así como lo fue de las Farc, con complejas conflictividades sociales que deben ser abordadas por el Estado para favorecer la consolidación de la paz.

Nos preocupa también que las llamadas disidencias de las Farc han dejado de ser exclusivamente del Guaviare, y se han empezado a conocer algunas informaciones que hablan del tránsito de las disidencias de los frentes 1 y 7 hacia otras zonas como el sur del Meta y el Caquetá.

¿Cómo describiría los nuevos grupos, las disidencias en antiguas zonas de Farc?

Algunas de las llamadas disidencias, en particular las de los frentes 1 y 7, han mantenido sus formas de control y afectación sobre las comunidades. Además de lo que mencionaba sobre las extorsiones y reclutamiento de menores de edad, han circulado panfletos y cartillas con mensajes ideológicos y políticos justificando su permanencia en armas. Sin embargo, sigue existiendo en el territorio la percepción de que el vínculo con las economías ilegales como la del narcotráfico aún es muy fuerte, y que esa es la verdadera motivación de esta disidencia para no sumarse a la dejación de armas.

Si bien se habla de su debilitamiento producto de fugas de mandos medios con armas y cantidades importantes de dinero, nos preocupa profundamente el hecho de que, en paralelo, nuevamente se están presentando reclutamientos de menores de edad en zonas rurales del Guaviare y del sur del Meta.

¿Ve al Estado colombiano cubriendo realmente la situación en las antiguas zonas de Farc?

Hay un esfuerzo importante de parte del Estado. Hay que señalar, por ejemplo, que el papel de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz ha sido valorado positivamente en aquellas zonas aledañas a las ZVTN y PTN donde están concentradas las Farc. Su rol en la resolución de conflictos o en la regulación de la convivencia, ha sido visto como una aproximación adecuada de la Policía en estos territorios históricamente controlados por las Farc.

Las fuerzas militares, por su parte, continúan protegiendo las ZVTN y PTN, al tiempo que mantienen la ofensiva sobre actores armados que siguen siendo identificados como amenaza, como es el caso del Eln o de las llamadas ‘Bacrim’ o GAO. Esa doble tarea, refleja el compromiso de las fuerzas armadas con la paz del país. Sin embargo, hay dos preocupaciones que reiteradamente nos manifiestan las comunidades que habitan los territorios dejados por las Farc. La primera es la percepción de que la presencia de la Fuerza Pública en algunas de estas zonas es insuficiente y no alcanza para garantizar las condiciones de seguridad que la gente esperaba tras la salida de las Farc; la segunda es que en algunas regiones, particularmente en aquellas con amplia actividad extractiva petrolera, como Putumayo, se mantiene la sensación de que las fuerzas militares únicamente protegen la infraestructura, mas no brindan seguridad a las comunidades.

También hay avances relevantes en materia desarrollo territorial y política criminal. No obstante, el gran reto del Estado será lograr aterrizar todos estos planes y programas en los territorios en donde históricamente no estuvo o tuvo una presencia débil, y en donde las reclamaciones son múltiples y de larga data.

¿De qué características es el reacomodamiento de los actores ilegales en las zonas que han dejado las Farc?

Así como los reacomodos descritos para el caso del Chocó han implicado fuertes disputas por el control de ríos, cuencas y pasos estratégicos, con grandes impactos humanitarios, en otras zonas estos reacomodos resultan menos evidentes de lo que se podría pensar. Encontramos, por ejemplo, que en el sur de Bolívar, zona en la que compartían presencia las Farc y el Eln, los movimientos de esta última guerrilla tras la salida de las Farc, se han dado a nivel veredal, generando afectaciones a la población que son menos visibles a los ojos del Estado.

Como resultado del monitoreo permanente en los territorios a través de 15 oficinas regionales, hemos encontrado que el ‘modus operandi’ de estas estructuras es más cercano al de grupos pequeños, que pueden vestir de civil y usar armamento corto para no llamar la atención y garantizar su presencia de bajo perfil en algunos caminos o cascos urbanos de corregimientos o veredas. En otras regiones de abierta disputa sí se ha tenido conocimiento del uso de brazaletes, uniformes y armamento largo pero, de nuevo, no con grandes cantidades de hombres armados, sino en pequeños grupos.

Aunque la tendencia a nivel nacional no nos ha mostrado casos en los que grandes contingentes de hombres armados realicen desplazamientos con la libertad con la que, por ejemplo, lo hacían los grupos de las Auc, recientemente hemos conocido informaciones sobre posibles desplazamientos de un gran número de hombres armados en el municipio de Murindó, en el norte del Chocó. Es importante que el Estado de la atención debida a estos hechos investigando y verificando eficazmente este tipo de episodios.

¿Cuál es su hipótesis sobre las recientes acciones del clan del Golfo, como el ‘plan pistola’? ¿Cómo debería enfrentar esta situación el Gobierno? 

No es la primera vez que el Estado enfrenta una estrategia así. Desde la época de los carteles, ésta ha sido una estrategia utilizada por las redes ilegales debido al bajo costo que les significa y al enorme impacto que tiene en las comunidades y en las autoridades.

El desarrollo de este tipo de acciones en grandes ciudades como Cartagena, o en sus zonas rurales como ha ocurrido en Medellín, Sincelejo o Montería, evidencia la fuerte influencia que puede llegar a tener este grupo en diferentes lugares, en un mismo momento. Esto ya se había presentado en al menos dos paros armados convocados por el Clan del Golfo, el más reciente hace poco más de un año, en el que logró afectar a varios municipios del norte y noroccidente colombiano.

En ese sentido, es importante que el Estado colombiano identifique correctamente el fenómeno, como una dinámica que normalmente se manifiesta en entornos rurales apartados pero que, para manifestar su influencia, se puede extender también a sectores urbanos. La Misión reconoce el valor de la estrategia de seguridad del Estado contra este grupo, pero también identifica la necesidad de avanzar en el desarrollo de alternativas penales que, a partir del sometimiento, puedan ofrecer una solución desde el punto de vista de política criminal.

El Tiempo: La paz también se escribe a pulso de mujer

– ¿Quién soy yo? Van a tratar de pensar en una palabra que represente esa frase. Si digo que yo soy principalmente alegre voy a adquirir una posición corporal que represente la alegría y voy a empezar a mover mi cuerpo, según lo que la música me transmita. Muevan su cuerpo muy lentamente con el sonido de la música. Que cada cuerpo obtenga un movimiento…

La escena ocurre en el salón de una casa antigua, con aroma de mujer. Es la Casa de la Ruta Pacífica de las Mujeres, en una esquina del centro de Cali. Ahí están ellas, diez mujeres con historias distintas, pero con algo en común: las cicatrices de un conflicto que poco a poco van sanando, aprendiendo a leerse a sí mismas, tratando de reencontrar esas cosas que se refundieron entre los afanes y los miedos, pero que ahora vuelven aflorar.

Algunas están de pie. Otras prefieren permanecer sentadas y unas más están acostadas. La música suave ambienta el ejercicio y una fragancia de aceites las lleva al relajamiento. A los costados, rodeando el salón o en el centro del mismo, ellas buscan esa expresión con la que quieren definirse, mientras la voz de la psicóloga sigue orientando el ejercicio…

– Mi cuerpo es un vehículo de amor, de perfección pura. Mi única realidad es el amor, la energía vital de plenitud que fluye por todo mi ser. No tengo barreras para reconciliarme conmigo misma, porque el dolor y la falta de amor son ilusiones de la mente. La realidad es aquí y ahora, con esa energía plena que fluye de la cabeza a los pies. Y le quiero gritar al mundo que camino hacia la paz y la paz es una realidad.

Autorreconocimiento: así se llama esta primera etapa del proyecto Video Reconciliación, una iniciativa de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP- OEA), de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), de la Unidad de Víctimas, la Secretaría de Paz de la Alcaldía de Cali y la Ruta Pacífica de las Mujeres. Un aporte a la reconciliación entre mujeres desmovilizadas, mujeres víctimas y mujeres residentes en zonas vulnerables, 30 en total, con el fin de fortalecerlas como sujetos políticos que aporten a escenarios de paz.

La iniciativa comenzó en febrero y tiene un año de duración. Actualmente se encuentran en la etapa de sensibilización, con el autorreconocimiento de sus participantes, además de los encuentros de integración entre los distintos grupos. A mitad de año pasarán al módulo de construcción de paz y más adelante aprenderán a manejar equipos de grabación, técnicas de entrevista y desempeño visual para ser ellas mismas quienes produzcan dos documentales como parte del proceso.

Adicionalmente, el producto final será un documental de una extensión máxima de 30 minutos, realizado por Sylvia Mejía, directora y creadora de la metodología de Video Transformación, en la que se inspira el proyecto, además de una gran reflexión final que reúna las vivencias y lo aprendido, más allá de lo técnico.

Según los creadores del proyecto, Video Transformación es una metodología que reconoce que el crecimiento personal puede tener lugar a través de la observación y la reflexión sobre uno mismo (la imagen propia, la apariencia, el discurso, los gestos, el comportamiento, entre otros), y en consecuencia se nutre de las características más importantes del video: la posibilidad de retroalimentación inmediata.

Paola Andrea Gómez P.

Luego les reparte un pedazo de cartulina y arcilla, para que cada una moldee algo que sintetice tres preguntas: ¿quién soy yo?, ¿qué quiero transfomar? y ¿qué quiero reconciliar?

Foto: Paola Andrea Gómez P.
Auto reconocimiento. Así se llama esta primera etapa del proyecto Video Reconciliación.

La escena ocurre en el salón de una casa antigua, con aroma de mujer; es la Casa de la Ruta Pacífica de las Mujer.

Foto: Paola Andrea Gómez P.
Al final, parecen haberse quitado muchos ladrillos de encima. Sus dibujos, sus transformaciones, forman un círculo en medio del salón y se enciende una vela para cerrar la jornada.

Al final, parecen haberse quitado muchos ladrillos de encima. Sus dibujos, sus transformaciones, forman un círculo en medio del salón y se enciende una vela para cerrar la jornada.

Foto: Paola Andrea Gómez P.
Paola Andrea Gómez P.

Luego les reparte un pedazo de cartulina y arcilla, para que cada una moldee algo que sintetice tres preguntas: ¿quién soy yo?, ¿qué quiero transfomar? y ¿qué quiero reconciliar?

Foto: Paola Andrea Gómez P.
Auto reconocimiento. Así se llama esta primera etapa del proyecto Video Reconciliación.

La escena ocurre en el salón de una casa antigua, con aroma de mujer; es la Casa de la Ruta Pacífica de las Mujer.

Foto: Paola Andrea Gómez P.

Fabiola Perdomo, directora territorial de la Unidad de Víctimas del Valle del Cauca y viuda de Juan Carlos Narváez, uno de los diputados asesinados por las Farc en cautiverio, dice que con este proyecto “las mujeres, a partir de sus múltiples roles como esposas, viudas, madres, lideresas y ciudadanas se convierten desde la cotidianidad en reconstructoras del tejido social. En ciudades como Cali, que experimentaron de cerca el conflicto y hoy son ejes del posconflicto, mujeres que vivieron la guerra desde lados diferentes, hoy están compartiendo el territorio y tienen el desafío de la convivencia”.

A su turno, Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos, expresa: “Este proyecto contribuye al reconocimiento individual y colectivo, y al encuentro entre las mujeres que han sufrido, de distintas maneras, los impactos de la guerra. También facilita el empoderamiento para que ellas se conviertan en lideresas del cambio y los procesos de construcción de paz que requieren los más amplios compromisos. Esta iniciativa constituye un primer paso en el camino posible hacia la reconciliación, que no es fácil, pero que debe comenzar desde la cotidianidad y en los territorios más afectados por el conflicto, como es el suroccidente colombiano”.

¿Qué quiero transformar?

La tarde continúa en la antigua casona del centro de Cali. Las mujeres, las protagonistas de la historia, empiezan a hablar de cómo se sintieron en el ejercicio para definirse:

– Me reconocí. Me sorprendió encontrarme con la cicatriz de mi cesárea.
– Me daba miedo chocarme con alguien.
– A mí se me hizo fácil, hasta monté bicicleta.
– Hace muchos años que no hacía movimientos con mi cuerpo. Sentía que el cuerpo lo necesita, pero a mí me daba pena de pronto hacer movimientos que fueran vergonzosos. Es que uno se dedica mucho a otras personas, pero se olvida del cuerpo…

La psicóloga de la ACR interviene para explicarles un poco por qué es importante autorreconocerse, ser dueñas de sí. Luego les reparte un pedazo de cartulina y arcilla para que cada una moldee algo que sintetice tres preguntas: ¿quién soy yo?, ¿qué quiero transformar? y ¿qué quiero reconciliar? “Ese va a ser el símbolo que me va a recordar la transformación, la reconciliación”, concluye.

Pasados unos minutos, con sus dibujos cada una va concluyendo lo que plasmó:

– Hice una palma que ha soportado muchas tormentas. Y las raíces sobresalen porque están fuertes, a pesar de las dificultades. Y voy a estar firme venga lo que venga, para adelante.

– La mía es una mariposa, me siento identificada con ella. Estoy un poco en contradicción, soy fuerte pero sensible. La hice en movimiento porque ella va a alzar vuelo.

– Me siento feliz porque a uno le habrán podido quitar todo, pero la vida sigue, y mientras tenga vida y salud, lo tengo todo. Hice una palomita porque quiero volar, conocer. Y la casita que también quiero alcanzar a tener. A las plantas las quiero mucho porque ellas me dan vida.

– Esta soy yo, la mujer que me liberé. Muchas veces mojé las hojas de los cuadernos con lágrimas, pero ahora salgo a la calle sonriendo, feliz. Me liberé y este es el camino, ayudar a otras mujeres. Ahora puedo hablar sin llorar. Y he llegado a muchos rincones para decirles que caminemos juntas.

– Esta es la banda que tapó mis ojos y hoy la dejo atrás. Esta soy yo con un vestido bonito, de flores, como me gustan. A pesar de mis ataduras tengo que lograrlo, porque yo sí puedo.

– La mía es una mariposa que va volando y esta es una escalera en ascenso. Mi lema: insistir, persistir y nunca desistir. No me doy por vencida nunca. Siempre estoy pensando en ayudar a la gente. Y estas flores son para identificarlas a ustedes y a quienes quieren vivir en paz.

Al final, parecen haberse quitado muchos ladrillos de encima. Sus dibujos, sus transformaciones, forman un círculo en medio del salón y se enciende una vela para cerrar la jornada.

A muchas les cuesta aún reabrir sus páginas, hablar de sus paréntesis, verbalizar sus momentos más lúgubres, pero poco a poco van venciendo sus miedos y aprenden de eso que llaman empoderarse, que no es otra cosa que sentirse seguras, capaces de enfrentar lo que venga, estar orgullosas de su rol como mujer, sentirse iguales no inferiores, hablar de lo que creen, decir lo que piensan.

Pero quizás la mejor manera de definir lo vivido y lo que aquí se está construyendo es –como lo sintetiza una lideresa del oriente de Cali, oriunda del Pacífico y quien le apuesta a esta experiencia como un peldaño más en el camino de la reconciliación– con perspectiva de mujer:

– Hay muchas cosas qué aprender. Mucho camino aún por recorrer. Pero nos estamos reconociendo. Nos estamos empoderando. Y es así como quizás podamos curar las heridas y salir adelante. Es así como podemos ser mujeres líderes, de verdad, que se levantan y siguen, que aprendieron a hablar y que se reconocen como constructoras de paz.

Caminos por recorrer

La iniciativa de Video Reconciliación busca producir un cambio positivo en la percepción de las mujeres, los funcionarios y la comunidad involucrada en el proyecto, que posibilite un ambiente de reconciliación, genere un cambio positivo en la percepción de la ciudadanía respecto a la reconciliación y sistematice la experiencia (informe final y documental) para aportar a la construcción de modelo de trabajo enfocado hacia la reconciliación.

La cifra aproximada de beneficiarios indirectos, además de las 30 participantes, es de 295.803 personas, determinada de la siguiente manera: grupo familiar de las participantes (120 aproximadamente), comunidades en las que conviven las participantes (294.085), equipo técnico (20), grupo operativo instituciones locales (278), número de copias del documental repartidas (1000), asistentes al foro y estreno documental (300 aprox.).

Los efectos potenciales del mismo son:

– Que las mujeres tengan nuevos conocimientos sobre sí mismas.
– Proceso activo de toma de palabra.
– Empoderamiento y elevación de la autoestima.
– Posibilita desaprender discursos y romper esquemas mentales.
– Cuestiona actitudes autoritarias.
– Rompe silencios y aislamientos.
– Revela formas ocultas de rechazo hacia sí misma y hacia los demás.
– Descubre y realza talentos ocultos

El documental final será realizado por la directora y creadora de la metodología Video Transformación, llamada Sylvia Mejía, junto a un equipo de grabación. Pero las mujeres participantes tendrán oportunidad de hacer dos documentales (con proceso de rodaje y edición), como parte del ejercicio de aprendizaje que propone el proyecto. Son un plus, un regalo para que ellas mismas realicen todo el proceso que implica hacer un producto audiovisual y puedan, así mismo, empezar a realizar sus propios videos, replicando lo aprendido con sus comunidades.

El video será el reflejo de todo el proceso vivido por las participantes durante el proyecto. Estará enfocado en mostrar un aporte a la reconciliación entre mujeres que estuvieron en lados opuestos del conflicto y de mujeres que habitan los territorios más vulnerables de la ciudad y deben empezar a convivir juntas. La experiencia concluye en los primeros meses del próximo año.

Una vez terminados los productos (el informe final y el videodocumental), serán compartidos con autoridades locales y nacionales a cargo de reparación, reintegración y reconciliación: la Agencia Colombiana para la Reintegración, la Alcaldía de Cali, la Unidad para la Atención y Reparación a Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros.

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La participación de la sociedad civil en la construcción de la paz

Por Roberto Menéndez, Jefe de la MAPP/OEA

Publicado en Revista ORBIS*, No. 21. Marzo de 2017.

Finalizar con más de medio siglo de enfrentamiento armado en Colombia no es una tarea fácil. El logro de la paz requiere del concurso de una serie de factores y, además, su implementación en los territorios está plagada de grandes dificultades y enormes desafíos en la etapa del posconflicto.

A pesar de ello, el camino hacia la paz bien vale el sacrificio y los esfuerzos que se realizan, si con ello se logra el cese de afectaciones causado sobre la población, especialmente a aquellos grupos poblacionales que históricamente han estado en condiciones de desigualdad o vulnerabilidad, como las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los niños, niñas y adolescentes, las personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas.

Los resultados negativos obtenidos tras la reciente expresión ciudadana en las urnas votando sobre del Acuerdo Final para la Terminación de del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, deja una serie de conclusiones y lecciones aprendidas, pero tal vez una de las más importantes sea la necesidad de incluir desde el inicio, en la construcción de los acuerdos, de la manera más amplia, plural y activa a todos los estamentos del quehacer nacional.

La participación amplia y consultiva en la formación de procesos de paz cobra en este contexto, especial relevancia y atención.

Nuestra experiencia comparada en procesos de paz en Centro América, indica que la verdadera paz se construye en base a la propuesta de un amplio abanico de sectores.

Es fundamental, mediante la participación, recoger las expectativas, valoraciones y propuestas de sectores políticos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, respecto a la manera cómo se imaginan la paz y cómo se pueden incluir sus diferentes perspectivas y visiones en los acuerdos que se logren.

Participación, paz y democracia.

La activa participación ciudadana, como lo debiera ser en los procesos de paz, en países que atraviesan situaciones de conflicto armado interno (como exclusión a aquella que se manifiesta esporádicamente mediante el voto) es en gran medida uno de los pilares del sistema democrático.

La participación de los ciudadanos es un componente central para la construcción de una democracia más dinámica, en parte porque el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas depende tanto de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos como de una ciudadanía alerta y activa. Los ciudadanos apoyan la democracia no solo porque sea un bien deseable en sí mismo, sino porque conlleva la esperanza de una mejor calidad de vida socioeconómica y política.

Asimismo, la participación social es fundamental para la mejora continua del desempeño de las instituciones, donde con frecuencia el ámbito local es el punto de entrada para la participación política de las personas. En este espacio es donde se suele formar la cultura democrática en la mente de los ciudadanos, y donde estos experimentan diariamente los resultados prácticos de sus decisiones políticas y la repercusión en sus vidas.

Las personas valoran y juzgan la calidad de la democracia en función de su capacidad de involucramiento en decisiones fundamentales y de la respuesta que reciben por parte del Estado para garantizar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que les permita vivir en condiciones dignas.

En tal medida, los conceptos universales de derechos y ciudadanía corren el riesgo de tener poco sentido en la vida cotidiana de la población si se emplean para excluir a las personas en lugar de incluirlas.

La participación como complemento de los acuerdos de paz, sirve de puente entre las cúspides de poder y las esferas más amplias de la sociedad. El debate y las propuestas ciudadanas ahondan en el sentido de la democracia, y son una barrera para impedir el alejamiento progresivo entre la toma de decisiones y el sentir de la sociedad real.

Participación social para la paz

Para que la paz no sufra reveses, es necesario una participación temprana. La participación ciudadana activa en los procesos de paz no debe generar prevenciones, ni tampoco debe ser mal entendida como un entramado cuyo hilo conductor se pierde en discusiones interminables, sin sentido o interesadas. Por el contrario, la participación temprana de la población como parte propositiva e integrante de la discusión, es garantía de legitimidad y blinda el proceso desde sus orígenes aumentando la aceptación de lo que se acuerde y facilitando la parte más crítica e importante del proceso, su implementación.

De igual manera, el involucramiento ciudadano es un reconocimiento a la capacidad de las comunidades, haciéndolas parte de la propia construcción del proceso y no sólo que sean tomadas en cuenta al final del mismo, sea para validar o manifestarse en contra de lo acordado mediante acto refrendario.

La participación es el medio para obtener el enorme bagaje de información que emerge de las comunidades. De ellas se obtienen valiosas lecciones que son perfectamente funcionales a una construcción de paz territorial. Considerar estos factores marca la diferencia entre lo ideal y lo real, entre lo nacional y lo local, haciendo más efectivas las medidas que se adopten de cara al logro de una paz firme y duradera.

Asimismo, para que los efectos de la paz lleguen a los lugares más afectados, la comprensión de lo local es un factor determinante. Esto implica entender el tejido social para relacionar las dinámicas institucionales nacionales con las particularidades de las dinámicas a nivel local.

Es cierto que los mecanismos de la consulta y participación social pueden ser más demorados, pero es indiscutible que acorta los tiempos y facilita diametralmente las fases de implementación de los acuerdos.

Encontrar los medios que faciliten la fluidez de los debates, opiniones y aceleren la formación de acuerdos previos que sirvan de insumos para las negociaciones, es el reto que debe convocar las mejores intenciones y voluntades.

Es menester tener en cuenta que este esquema constituye un reto organizativo y plantea diversos desafíos a las partes y a los convocados. La participación debe plantearse como un ejercicio amplio, abierto, integrador, inclusivo y descentralizado. Un proceso de comunicación en doble vía que fomente la interacción, donde haya una relación transparente y fluida entre los que participan y los que toman decisiones.

De forma paralela al desarrollo del conflicto armado, la sociedad civil se ha organizado y construido formas alternativas de participación, labrando caminos de paz que deberían ser considerados. La sociedad se ha organizado y ha construido formas de movilización, negociación y acción política, así como diversos emprendimientos, gestiones e intervenciones en clave de participación que no obedecen a fórmulas prescritas sino a la propia vivencia de aquellas personas y organizaciones que se han visto afectadas por el conflicto armado.

Existen ciertos criterios que son presupuestos fundamentales a cumplir, para que los ejercicios de consulta a implementarse arrojen los resultados esperados. Entre ellos se puede destacar: el carácter incluyente de los diálogos, que permita una participación lo más amplia posible; realizar una campaña de información que permita que todas las personas intervinientes estén debidamente enteradas de los mecanismos, contenidos y alcances; la participación debe ser accesible a la ciudadanía en el marco de una intervención sin daño; las consultas deben ser realizadas y entendidas en un contexto de construcción de paz; y finalmente, se debe respetar todas las opiniones y procurar la tolerancia.

El modelo de participación ciudadana que se adopte debe, además, aprovechar lo máximo posible las instancias creadas y que ya han adquirido legitimidad y confianza entre la población; por ejemplo, las Juntas de Acción Comunal o el Consejo Nacional de Paz. Esta decisión no sólo se basa en criterios de economía procesal, sino fundamentalmente en fortalecer los espacios democráticos creados para tales efectos.

Asimismo, es necesario tener en consideración las modalidades propias de organización y deliberación de los pueblos indígenas, lo cual supone tratar en lo posible de respetar sus procesos internos en sus comunidades, como los espacios autónomos de minga y asambleas. Estos espacios deberían de ser convocados, concertados y fortalecidos a fin de generar una real y mayor participación de estas minorías.

Con dicho fin, se podrían adoptar las siguientes acciones: Garantizar la autonomía para que las comunidades indígenas elijan a sus representantes libremente; brindar información sobre los impactos y medidas de protección territorial o protección jurídica de los territorios étnicos; adecuar la pedagogía de acuerdo a las regiones y su diversidad, buscando capacitar y empoderar a las autoridades étnico-territoriales; retomar espacios como la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, creada para salvaguardar los derechos territoriales y colectivos de las poblaciones étnicas en el actual proceso de negociación; entre otros aspectos.

De igual manera, resulta pertinente tener en cuenta las necesidades y espacios que representan los intereses de la población afrodescendiente. Las comunidades negras tienen asambleas propias, como los Consejos Comunitarios, las cuales deberían ser consideradas para los procesos de participación. Para ello, es importante que se aliste a estas comunidades mediante información clara y concreta, y se tenga en cuenta sus derechos colectivos.

Comprender estos acumulados como integralidad relacional, así como la sumatoria de actores como tejido social garante de la superación del conflicto, es un camino común para poner en relación experiencias históricas y actuales de participación social y política.

Atendiendo a todo ello, no está de más señalar que un proceso de participación que busque impactos locales o regionales, no puede realizarse a partir de suposiciones, presunciones o desconocimiento sobre la operatividad y las posibilidades de éxito del esquema o el modelo a desarrollar. No pocas iniciativas se han realizado sin considerar aspectos básicos (de una importancia determinante) en iniciativas de esta naturaleza. Errores comunes en las acciones consultivas se reproducen frecuentemente generando frustraciones tanto en los organizadores como en las partes intervinientes. Restar posibilidades de fracaso a las etapas del proceso de participación es de una importancia manifiesta para que el proceso logre los resultados que se esperan.

En ese sentido, es necesario tener en cuenta diversas variables y condiciones necesarias para que el proceso sea robusto desde sus inicios y rinda los frutos esperados. Para ello, una ventaja estratégica comparativa es conocer la opinión de aquellos que en última instancia serán los que asuman un rol protagónico en los procesos de participación.

Reflexiones finales y retos para la participación de la sociedad civil en procesos de paz

Más que escenarios formales, las estrategias de participación de los movimientos sociales y de la ciudadanía son posibilidades, son actos de creación de respuesta y propuesta frente a los procesos de paz.

La calidad de la participación es mayor cuando además de colectiva es directa, auto gestionada y se manifiesta en la adopción de acuerdos o decisiones. Para ello, se necesita promover una participación activa, donde la población colabora con su acción personal en su desarrollo y seguimiento. Este involucramiento que pasa por una serie de consideraciones es el reto más importante de cara a la organización de estos procesos.

La principal característica de la participación es el ejercicio legítimo y autónomo, como iniciativa permanente para encontrar alternativas de solución hacia la construcción de la paz. La participación es también una búsqueda constante del reconocimiento como actores válidos frente a los procesos de paz. La búsqueda de tal reconocimiento e interlocución favorece el ejercicio de los derechos ciudadanos. Cada experiencia participativa es en sí misma un ejercicio que favorece el logro de consensos y es una forma de incidencia, diálogo y el sentido de llegar a buen término de las negociaciones, de lograr los objetivos, de culminar los eventos.

Las formas de participación construyen herramientas y logísticas basadas en la cualificación de sus capacidades de interlocución, la comunicación como herramienta de legitimación, y, de manera ascendente la sistematización de los avances, contenidos y prácticas realizadas, lo que a su vez permite una preservación de los aportes colectivos.

Las experiencias indican que el proceso de paz al expresarse territorialmente ayuda a cobrar un sentido en el cual las experiencias de participación y paz asumen que solo bajo el compromiso activo se podrá superar de manera definitiva las dificultades de la implementación de los acuerdos en el posconflicto.

*ORBIS es la revista de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia.

 

Verdad Abierta: Se enredó la libertad de los ‘paras’ en la costa Caribe

Han pasado varios meses, e incluso años, desde que algunos desmovilizados del Bloque Norte cumplieron la condena de ocho años que se pactó en la Ley de Justicia y Paz, pero por problemas de trámite muy pocos están en libertad.

A mediados de enero, más de 20 paramilitares del pabellón de Justicia y Paz de la cárcel de Barranquilla se declararon en huelga de hambre. Protestaban porque no han sido puestos en libertad, a pesar de que ya cumplieron ocho años en la cárcel, la pena máxima para los desmovilizados que se acogieron a la ley 975 de 2005.

En una carta dirigida al director del establecimiento carcelario, culpa de estas dilaciones a los seis jueces de ejecución de penas de Barranquilla: “Nosotros hemos cumplido con los compromisos que adquirimos al acogernos al proceso de desmovilización (verdad, justicia, perdón garantía de no repetición y reparación), por lo tanto, exigimos a los jueces de ejecución de penas de Barranquilla, cumplan con lo de ordenado por el tribunal de justicia y paz”. (Ver comunicado)

Se trata de un problema de trámite entre los jueces de la justicia transicional, es decir los magistrados de Justicia y Paz, y los jueces de la justicia ordinaria. Para algunos expertos, este es el resultado de una ley que no cumplió los límites temporales que se impuso y, cuyos funcionarios, tanto jueces como fiscales, no lograron conectarse con sus pares en de la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), es claro que la ley no le está cumpliendo a quienes se desmovilizaron y decidieron hacer parte del proceso, pues los postulados están cumpliendo en promedio 9.4 años de prisión.

El problema ya había sido denunciado cuando los primeros jefes paramilitares cumplieron su condena, y desde entonces se han logrado mejoras sustanciales en el proceso. Sin embargo, los abogados de los postulados coinciden en que hay un embudo en los procesos de la costa Caribe que puede convertirse en una ‘bomba de tiempo’ en las cárceles.

Cargas desproporcionadas

El enredo se centra en la sustitución de la medida de aseguramiento, una figura creada en 2012 por el Congreso de la República cuando se reformó la Ley de Justicia y Paz, que permitía dejar en libertad a los desmovilizados que, aunque no hubieran sido condenados, cumplieran ocho años privados de la libertad. La medida fue tomada a raíz de la mínima cantidad de fallos emitidos hasta entonces.

De acuerdo con información de la Fiscalía, hasta el momento hay 28 sentencias de Justicia y Paz en firme y la mayoría en contra de exjefes paramilitares. Estas personas tienen un procedimiento distinto para solicitar su libertad.

De acuerdo con abogados y expertos en el tema consultados por VerdadAbierta.com, varios de los ‘paras’ rasos y exmandos medios del Bloque Norte han encontrado un primer embudo en la falta de personal de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla. Una sola magistrada debe resolver las solicitudes de libertad de todo el Bloque Norte, la estructura más numerosa de las Auc.

Aunque la norma dice que hay un plazo de 20 días para resolver dichas sustituciones de medida de aseguramiento, lo cierto es que cada uno de estos casos se está tardando entre ocho y nueve meses en llegar a audiencia.

En respuesta a una tutela interpuesta por un grupo de postulados en la cárcel de Montería, la magistrada Zoraida Anyul Chalela aseguró que sólo cuenta con un profesional de apoyo debido al recorte de personal que hizo el Consejo Superior de la Judicatura. Esta entidad “no prorrogó las medidas de descongestión, ni creó cargos permanentes que se requieren, lo que ha traído una sobrecarga laboral”. En esa misma respuesta, la magistrada aseguró que a comienzos del año pasado había 68 peticiones de libertad en su despacho esperando una respuesta.

Los abogados que acompañan estos casos y los mismos postulados son conscientes del trabajo imparable de la magistrada, pero saben que estas solicitudes desbordan las capacidades de la funcionaria. Teniendo en cuenta, además, que esta misma magistrada es la encargada de hacer las imputaciones a los postulados e imponer medidas cautelares de los predios que serán destinados a la reparación a las víctimas.

Por esa razón, en respuesta a la tutela, el Tribunal de Bogotá aseguró que esta situación no puede afectar los derechos de quienes que acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Por lo que le pidió al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia dar respuestas claras y de fondo a las solicitudes de los desmovilizados.

Desorden y pagos irregulares

Una vez los desmovilizados llegan a juicio y la magistrada le concede la libertad, esta envía copias de la decisión a los jueces de ejecución de penas de la justicia ordinaria, es decir, a los jueces que se encargan de vigilar el cumplimiento de las sentencias proferidas.

Esto sucede porque en la mayoría de los casos, mientras estos exparamilitares eran juzgados por Justicia y Paz, los procesos siguieron andando en la justicia ordinaria por hechos que sucedieron mientras hicieron parte del grupo armado. Cada postulado tiene en promedio entre 5 a 20 sentencias proferidas por jueces de todo el país y mientras estas sigan en firme es imposible que salgan libres.

Como una solución, la Corte Suprema ha dicho que la magistrada debe informar a los jueces de ejecución para que suspendan dichas sentencias, pero este procedimiento se ha tornado particularmente enredado en Barranquilla.

“Llega la orden de suspensión al centro de servicios administrativos, que está encargado de hacerlas llegar a los jueces de ejecución de penas, pero a veces ese simple procedimiento se demora meses o se refunden los documentos”, dijo Beatriz Quintero, quien representa a casi el 70 por ciento de los postulados en la cárcel de Barranquilla.

Una vez llega a los despachos de los seis jueces de ejecución, la decisión de suspender las sentencias puede tardar unos cuantos meses. Las tutelas de los exparamilitares por las demoras han llegado hasta la Corte Suprema, que les ha recordado a los jueces que estos sólo deben hacer la suspensión de la sentencia, pues del estudio de los casos se encarga la justicia transicional.

“Me ha pasado que solicito la copia de la sentencia que en teoría están vigilando y me dicen que la sentencia se perdió, fallos con nombre errados y eso genera unos trancones terribles”, indica la abogada.

Por esta razón, la MAPP/OEA ha propiciado espacios de dialogo entre las entidades que ayuden a descongestionar las solicitudes de libertad que se han quedado en el embudo. De hecho, hace una semana se reunieron los seis jueces, con las autoridades carcelarias, la Defensoría del Pueblo y los abogados para darle solución al problema.

Sin embargo, a los postulados les preocupa en particular las decisiones del juez cuarto de ejecución de penas de Barranquilla que ha ordenado pagar una caución a quienes quieran acceder a su libertad. En algunos casos ha llegado a ordenar pagos de hasta 15 salarios mínimos.

De acuerdo con los defensores de los exparamilitares, esto es irregular si se tiene en cuenta que dentro del proceso de Justicia y Paz estos debían entregar todos sus bienes para reparar a sus víctimas. Independientemente de si esto se cumplió o no, los ‘paras’ rasos aseguran que no están en capacidad de cancelar esos montos.

Algunos postulados han apelado la decisión en varias oportunidades hasta lograr una rebaja de hasta tres salarios mínimos, otros siguen en la cárcel buscando el dinero para poder quedar en libertad.

Muy pocos exparamilitares han podido sortear estos obstáculos y algunos se han encontrado con otra barrera cuando están listos para dejar el centro penitenciario: las medidas de aseguramiento siguen vigentes por investigaciones que los fiscales de la justicia ordinaria se han negado a cerrar. Se trata de delitos que ya está siendo juzgados por la justicia transicional.

“Lo que está claro es que esta norma nunca logró integrar la justicia ordinaria y no se midieron las consecuencias. Sin duda esto trae muchas lecciones para nuevos procesos de justicia transicional”, concluye la abogada.

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El Tiempo: Una misión internacional de paz en territorio de conflicto

EL TIEMPO estuvo en el Catatumbo con la MAPP-OEA y habló con comunidad. Crónica desde campo.

Desde aquí, el país se ve diferente. La Colombia en guerra es una realidad y mantiene las calles empolvadas en un constante tránsito entre miedo y esperanza. Se sabe, por ejemplo, que en algunos pueblos, cuando se escucha el primer disparo desde la selva, hay que cerrar puertas y buscar resguardo hasta que terminen los hostigamientos contra el Ejército. También, es una regla implícita de vida nunca recorrer la región de noche o “respetar” los grafitis que aparecen en las fachadas.

Aquí la gente sabe que mientras en Bogotá se habla de paz, ellos hacen parte de una región en donde los grupos armados ilegales siguen activos en guerra. Y a pesar de los complejos conflictos con los cuales viven a diario y de todas las noticias negativas que llegan al centro del país, sus comunidades tienen presente también que algún día ese país en posconflicto que se ve en las noticias será el suyo.

Y trabajan para que lo sea. Los liderazgos comunitarios son, probablemente, el mecanismo más poderoso que tiene este territorio, no solo para mitigar el temor y la incertidumbre, sino para lograr el cambio.

Los líderes sociales repiten, incansablemente y con vehemencia, palabras como ‘concertación’, ‘participación’, ‘transformación’ y también ‘sustitución’. Consideran que allí está la clave para la paz en su región. Las comunidades, por su parte, saben escucharlos, rodearlos e interpelarlos. A ellos se suman los indígenas barí, habitantes ancestrales del territorio, quienes aportan su sabiduría y noción incluyente para la resolución pacífica de conflictos. Todos, desde sus visiones particulares, desarrollan planes autónomos para aportar a esta fase de transición que se vislumbra en el Catatumbo.

La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela y extendida por el departamento de Norte de Santander, ha sido y sigue siendo una zona de interés y disputa para los actores armados ilegales, precisamente por su carácter geoestratégico de frontera.

Están las Farc, el Eln, el Epl, bandas criminales como el ‘clan del Golfo’, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de lado y lado de la frontera, quienes han aprovechado la débil presencia estatal para consolidarse a través del control de la economía ilegal, principalmente los cultivos de coca, el narcotráfico y el contrabando de gasolina. Todos ellos, a veces en alianzas y a veces por separado, manejan en mayor o menor medida los distintos eslabones de la economía local. También intimidan a través del dinero ilícito las extorsiones a la mayoría de los 11 municipios que conforman la región.

Aquí hay heridas de la guerra aún por sanar y un conflicto que sigue presente y deja nuevas víctimas. En La Gabarra, un corregimiento al norte de Tibú, la capital de la región, una mujer dice que hace más de diez años los paramilitares la violaron y producto del hecho tuvo una hija. Lo recuerda una y otra vez, sin parecer encontrar la calma que necesita. Y en Versalles, otro caserío pero al sur, en la entrada se levanta un imponente letrero de las Farc que nadie se atreve a retirar. Mientras que en el occidente, en el municipio de San Calixto, la vía estuvo interrumpida en diciembre por un carro bomba del Epl, y el Eln continúa con ataques a oleoductos y bloqueo de carreteras.

A estas dinámicas de conflicto, criminalidad y rentas ilegales se suma la pobreza. A pesar de ser una región rica en tierras fértiles y recursos mineros, la carencia de servicios básicos es evidente a medida que transitamos y nos adentramos en el territorio, al punto de que un habitante del corregimiento de Versalles señala que los del Catatumbo son “los hijos olvidados de Colombia”.

Las vías terciarias son en realidad largas trochas. Para transportar enfermos y heridos los pobladores han tenido que recurrir al uso de motos particulares, pues no hay ni ingresan ambulancias. No hay suficientes hospitales ni centros de salud. Y las escuelas, además de ser escasas, ofrecen hasta quinto de primaria o atienden a solo 30 estudiantes.

Esta falta de oportunidades de educación y empleo, sumada a la presión ejercida por los ilegales, ha hecho del cultivo de coca una de las principales fuentes de ingresos para los campesinos de la zona, quienes desde muy jóvenes empiezan a rasparla. Aun así, ellos saben que “lidiar con la mata de coca es lidiar con violencia”. De ahí su reiterada voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito por proyectos productivos concertados.

El terreno está abonado. Por un lado, existe la intención; por el otro, hay iniciativas locales de emprendimiento y asociatividad que, tan solo, necesitan ser potenciadas. “Nosotros no somos agricultores, somos cultivadores. Necesitamos que el Gobierno nos enseñe a producir la comida para alimentar al país. Ese es nuestro mayor deseo”, le dijo a EL TIEMPO uno de los líderes comunitarios del tema en el Catatumbo.

Sin embargo, el Estado aquí se ve únicamente vestido de camuflado. Las acciones militares están vigentes y la inversión social sigue siendo una promesa. En su lugar, los casos de corrupción se oyen con frecuencia, al punto de que las comunidades temen, desde ya, que los recursos del posconflicto se queden “en el camino”, en manos de intermediarios. Por eso, piden tener mayor veeduría sobre estos fondos y así evitar que la paz esté en riesgo.

Monitoreo y acompañamiento en zona de conflicto

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) ha estado en el Catatumbo desde el momento en que se desmovilizaron las AUC. En estos 13 años en la región, ha sido un actor fundamental en la visibilización de las afectaciones del conflicto armado a las poblaciones, en el monitoreo a los procesos de reparación colectiva de víctimas y restitución de tierras, así como en el acompañamiento a iniciativas comunitarias de paz.

“La gente siempre tiene la expectativa de ser escuchada”, dice María Mandova, coordinadora regional en Cúcuta de la Mapp-OEA. “Las personas tienen preocupaciones y necesidades, pero creo que una de las grandes conclusiones que nos queda es que la gente tiene muchas propuestas de cómo proyectarse y cómo seguir adelante en un Catatumbo sin conflicto armado”, señala.

Algunas de estas iniciativas de paz se presentan en Pacelli, un corregimiento que, para muchos, es modelo de resiliencia en el convulsionado Catatumbo. A través de estructuras de líderes comunitarios, los pobladores de Pacelli propusieron un modelo propio de sustitución de cultivos ilícitos. El año pasado también socializaron un manual de convivencia que busca ponerles freno a los accidentes de tránsito y que ha permitido solucionar problemas comunitarios por medio del diálogo participativo entre todos sus habitantes. Aquí estuvo presente este organismo internacional brindando asesoría y apoyo.

Como un actor presente en la zona, la Misión también ha conocido y llamado la atención del Gobierno Nacional sobre casos recientes que han herido de manera profunda a las comunidades. Uno de estos es la desaparición forzada del líder comunal Henry Pérez, en La Gabarra, de quien no se tienen noticias desde el 26 de enero del año pasado. Este hecho ha conmocionado a la comunidad, que ha marchado y le ha pedido al Gobierno celeridad en las investigaciones, así como acompañamiento a las estructuras comunitarias locales.

La movilización comunitaria para exigir medidas urgentes y concretas en el caso de Pérez es ejemplo de cómo el renovado impulso de conseguir una paz estable empieza por poner fin al silencio y la impunidad. Aun así, los pobladores siguen sin respuestas sobre el paradero del dirigente comunal.

“Es un gran líder. Este tipo de hechos no se deben repetir en nuestro territorio, donde queremos es paz. Es muy doloroso”, le dijo a EL TIEMPO una mujer del corregimiento, que conocía la labor comunitaria de Pérez.

¿Por qué hay presencia de la Mapp-OEA? Por solicitud expresa del Gobierno Nacional de realizar misiones de monitoreo y apoyo en zonas de conflicto. Sus alertas, el conocimiento de los territorios y la confianza conseguida en el trato cercano con las comunidades permiten dar lectura de cómo avanzan las regiones en conflicto y su camino en búsqueda de la paz.

Al día siguiente de la firma del acuerdo de paz en Cartagena, el Gobierno expresó públicamente su deseo de que la Misión continúe en el país aportando al proceso de paz. Con dicho fin, extendió su presencia hasta diciembre del 2018, encargándole a su vez nuevas funciones en la etapa de posconflicto, que constituyen un aporte al fortalecimiento del proceso en cuanto implican acciones de monitoreo y acompañamiento en zonas del país que son de la mayor importancia. Esto se logra gracias al apoyo económico y político de los diversos países donantes de la Mapp-OEA.

El panorama en una región como el Catatumbo es complejo. Aunque las Farc, presentes en la zona, están próximas a iniciar la entrega de armas tras consolidarse el proceso de paz con el Gobierno, otros grupos ocupan y controlan el lugar.

Roberto Menéndez, el jefe de la Mapp-OEA, señaló en noviembre que sus equipos en las regiones vienen constatando que las zonas de las que se están retirando las Farc están siendo copadas por otros actores armados ilegales.

“Es muy difícil determinar si dichas dinámicas obedecen a una ‘cesión oficial de territorios’, por expresarlo de alguna manera. Lo que sí se ha logrado identificar son reconfiguraciones en los territorios. Las evidencias de dichos reacomodamientos son percibidas por las comunidades por la aparición de grafitis, presencia física y convocatorias a reuniones con pobladores”, le dijo Menéndez a EL TIEMPO.

Y esto es lo que las comunidades quieren que las autoridades locales y nacionales tengan en sus radares, para evitar que la violencia se perpetúe en la zona con nuevos rostros. También para reiterar la esperanza y necesidad de avanzar hacia una paz completa, que dé pronto inicio al anunciado proceso con el Eln y que busque una salida negociada con el reducto del Epl, conocido aquí como ‘los Pelusos’.

Entretanto, mientras avanzan las iniciativas gubernamentales para desarmar grupos a través del diálogo y de la ofensiva militar contra las demás estructuras ilegales, en terreno la gente deja entrever un arma poderosa contra la guerra enquistada en su región, y esta es su esperanza.

“Aquí estamos totalmente dispuestos a dejar la coca, que tanto daño nos ha hecho. Estamos dispuestos a ayudar. A unirnos. A buscar que los grupos armados salgan del territorio. Solo necesitamos mejorar la comunicación con el Gobierno y que este, por primera vez, llegue aquí sin promesas electorales. Que nos ayude a sacar los cultivos de cacao porque no hay vías, o que los niños tengan colegios. Juntos podemos lograrlo”, señala un hombre en Versalles, un punto cercano a Caño Indio, que en un principio se planteó como una de las zonas veredales para que las Farc se agruparan y dejaran las armas.

Una misión de paz como esta emite radiografías del conflicto y crea espacios de confianza y diálogo en zonas donde incluso la prensa ve restringido su trabajo por la violencia. Pero también acompaña los procesos que llenan de esperanza a las comunidades que se resisten a la guerra y anhelan conseguir la paz completa con todos los grupos armados.

Aquí, en el Catatumbo, cada vez son más quienes comienzan sus días con la ilusión de ver sus montañas sembradas de cacao, de tener sus vías pavimentadas y de que la educación de calidad llegue a sus niños. Ese día está cerca, porque los primeros pasos ya están dados: creen y trabajan por él.

EL TIEMPO
*Por invitación de la Mapp-OEA

El Espectador: “Tendencia de violencia contra los líderes no cesará fácilmente”, Roberto Menéndez

El jefe de la Misión de Apoyo Al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, asegura que los ataques y crímenes contra líderes sociales son un riesgo y una amenaza para la paz.

Al cumplirse un año de la desaparición del líder comunitario del Catatumbo, Henry Pérez, la Misión de Apoyo Al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, MAPP-OEA, hace un llamado de alerta ante la preocupante situación de seguridad de los líderes sociales del país, agravada por las condiciones de aislamiento y debilidad estatal que se viven en muchos territorios. Una problemática a la que se suma el miedo que ha impedido que muchas afectaciones sean visibilizadas, pues las comunidades temen que existan represalias.

En diálogo con El Espectador el jefe de la MAPP-OEA, Roberto Menéndez, explica que se trata de un fenómeno con múltiples motivaciones y que no se puede simplificar.

Ustedes han hecho seguimiento a la desaparición del líder campesino del Catatumbo, Henry Pérez ¿Qué ha pasado con ese caso?

Hemos observado que no ha habido avances sustanciales en la identificación de los autores o del paradero actual de Henry Pérez, lo cual nos preocupa. Además, su esposa y los miembros de la Junta de Acción Comunal de La Gabarra han recibido reiteradas amenazas para que no lo sigan buscando ni exigiendo su liberación. El silencio, la impunidad y la revictimización no son una opción cuando el Catatumbo y el país avanzan en un proceso de paz con las FARC y vislumbran otro con el ELN. Reiteramos nuestro llamado para su inmediato regreso, sano y salvo.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA ha condenado los asesinatos de líderes indígenas, sociales y campesinos en distintos puntos del país, para los que pidió una pronta justicia. Esos asesinatos se siguen presentando. ¿Cuál es hoy el balance que hacen de esta situación?

El balance sigue siendo altamente preocupante. Tenemos la percepción de que en las actuales circunstancias la tendencia de violencia contra los líderes no cesará fácilmente, pudiendo afectar la implementación del proceso de paz. La demora en la investigación de estos hechos y en la implementación de políticas efectivas que garanticen la protección de los líderes en los territorios, requieren atención urgente de las autoridades en los distintos niveles del Estado.

¿Cuáles han sido los principales hallazgos que ha hecho la MAPP-OEA en sus investigaciones sobre este tema?

A través del monitoreo y acompañamiento permanente en los territorios hemos identificado que las amenazas e intimidaciones son la principal afectación contra los líderes, y que sin medidas efectivas de protección, seguridad e investigación, éstas se pueden traducir en nuevos asesinatos.
Este es un fenómeno complejo que no se puede simplificar. Por un lado, el perfil de las víctimas no es homogéneo. Se trata de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero también de líderes comunales, de víctimas, indígenas, afros, campesinos y reclamantes de tierras. Todos ellos, sin embargo, adelantan un importante rol de denuncia y visibilización de las afectaciones en sus comunidades.

Por otro lado, es un fenómeno multicausal, con diversas motivaciones en el actual contexto. La salida de las FARC de las zonas de presencia histórica; el reacomodo de otros grupos armados que buscan controlar esos territorios y las economías ilegales, para quienes las denuncias de los líderes resultan potenciales obstáculos; las tensiones entre viejos y nuevos liderazgos que surgen en el marco de la implementación de los acuerdos, y retaliaciones contra quienes respaldan el proceso, como lo hemos identificado en Córdoba, son algunas de las causas. Todos estos factores han sido exacerbados por las condiciones de aislamiento y debilidad estatal que han padecido los territorios por décadas.

El Gobierno cree que no hay un patrón sistemático en dichos crímenes, ¿ustedes lo ven así?

Estos casos de violencia, así como las consecuentes investigaciones, no pueden estar desvinculados del contexto del conflicto. Se trata de una serie de afectaciones que se están generando en cortos periodos de tiempo y contra personas con roles sociales similares de denuncia y visibilización de afectaciones, en el marco del proceso de paz.

¿Qué análisis hacen sobre la denuncia de que entre los autores de estos atentados contra líderes se encuentran las llamadas bandas criminales u organizaciones surgidas posdesmovilización de los paramilitares?

Sin entrar en generalidades, hemos constatado que los responsables no siempre son los llamados “sucesores del paramilitarismo”. La complejidad del fenómeno en juego hace difícil señalar a un único autor. De hecho, hay casos donde la responsabilidad de los ataques se difumina debido a la presencia de varios actores ilegales en una misma zona, como sucede en el sur de Bolívar, el Bajo Ariari, el Catatumbo y la costa de Nariño.
Aun así, la Misión ha conocido casos en los cuales las comunidades señalan como responsables a las llamadas Bacrim o GAO, como el Clan del Golfo, como viene ocurriendo en sur de Córdoba y el Urabá antioqueño.

El año pasado también tuvimos conocimiento de que en los territorios con presencia y control del ELN, FARC-EP y EPL se presentaron homicidios, como es el caso de Cauca, Arauca y el mismo Catatumbo, donde desapareció Henry Pérez y líderes comunales son objeto de constantes amenazas.
Hay otros casos donde la responsabilidad recae en poderes fácticos, mafias locales o colaboradores que sirven intereses de terceros, a veces de estructuras más grandes.

¿Son estos crímenes el obstáculo más grande a superar de cara a la consolidación de una paz estable y duradera?

Estos crímenes son un riesgo y una amenaza para la paz, de esto no tenemos ninguna duda. Hemos reiterado que atentar contra un líder es atentar contra una comunidad entera. La ausencia del líder fractura completamente una población, como ocurre desde hace un año en La Gabarra con la desaparición forzada de Henry. Si no hay garantías para los líderes y lideresas, que son la voz y rostro de las comunidades, difícilmente habrá garantías para la paz.

¿Qué llamado le hacen al Gobierno para evitar que este tipo de casos se sigan presentando en el país?

Hemos constatado que las medidas ordinarias de prevención y protección no son suficientes para garantizar la vida e integridad de los líderes. Es clave que dichas medidas se adapten a las realidades de las personas y los territorios, que en la mayoría de los casos son rurales y aislados. Esto también implica que la justicia adecúe sus métodos de investigación al accionar de los autores ilegales, de modo que la respuesta institucional pueda ser efectiva. Además es clave escuchar y acompañar las propuestas y planes de las comunidades con el fin de mejorar la situación de seguridad.

El Espectador: “Ataques contra líderes no se desvinculan del conflicto”, MAPP-OEA

De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, la tendencia de esta violencia no cesará fácilmente, pudiendo afectar la implementación del proceso de paz.

Las versiones sobre lo que ocurrió aquella madrugada son varias. Se ha dicho, por ejemplo, que a las 4:00 a.m. Henry Pérez salió de la finca de su vecino, en la vereda Trocha Ganadera -del corregimiento La Gabarra, en Tibú, Norte de Santander- rumbo a la de su hermana, en donde tenía pensado pasar la mañana trabajando en una plantación de limón. Se dice también que en algún momento de la jornada Pérez argumentaba que tenía que cumplir una cita con el dueño de otro predio cercano.

Lo cierto es que ese fue el último día en que alguien vio a Henry Pérez. Fue hace exactamente un año, el 26 de enero de 2016, y desde entonces nada se sabe de la suerte del líder comunitario reconocido por su trabajo en la región del Catatumbo. Ningún grupo armado ha dicho tenerlo en su poder, su familia no ha recibido pruebas de supervivencia como tampoco llamadas para pedir recompensa. Su caso, con el paso del tiempo, se convirtió en uno más de los ya varios líderes desaparecidos en el país.

Pérez venía adelantando en la región múltiples proyectos productivos y ganaderos, y había sido certificado como conciliador en equidad e impulsor al proceso de reparación colectiva de La Gabarra. Incluso la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) venía trabajando con él en el proceso de reparación colectiva de La Gabarra, en el diagnóstico de afectaciones de su comunidad, iniciativas de proyección comunitaria y resistencia pacífica, como el Festival por la Vida.

Por eso la MAPP-OEA ha hecho seguimiento del caso, preocupada también ante el difícil panorama que enfrentan los líderes sociales en el país. “Hemos observado que no ha habido avances sustanciales en la identificación de los autores o del paradero actual de Henry Pérez, lo cual nos preocupa. Además, su esposa y los miembros de la junta de acción comunal de La Gabarra han recibido reiteradas amenazas para que no lo sigan buscando ni exigiendo su liberación. El silencio, la impunidad y la revictimización no son una opción cuando el Catatumbo y el país avanzan en un proceso de paz con las Farc y vislumbran otro con el Eln”, manifiesta Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, quien insiste en que la tendencia de violencia contra los líderes no cesará fácilmente y que hay demora en la investigación de estos hechos y en la implementación de políticas que garanticen la protección de los líderes en los territorios.

El monitoreo permanente que realiza la MAPP-OEA a las condiciones de seguridad en los territorios más afectados por el conflicto y la criminalidad le ha permitido realizar varios hallazgos basados en las percepciones recogidas durante el proceso. Por ejemplo, en 2016, la Misión conoció más de 100 casos de agresiones contra líderes sociales, principalmente amenazas, homicidios, desapariciones forzadas, atentados y desplazamientos. El perfil de las víctimas no es homogéneo (hay campesinos, comunales, indígenas, afros y reclamantes de tierras), aunque es evidente que en todos los casos se trataba de personas que realizaban una labor de denuncia.

Para la MAPP-OEA se trata de un fenómeno complejo cuyas causales varían dependiendo de los factores que se conjugan en el territorio: salida de las Farc de las zonas de presencia histórica; el reacomodo de otros grupos armados que buscan controlar esos territorios y las economías ilegales; tensiones entre viejos y nuevos liderazgos que surgen en el marco de la implementación de los acuerdos, y retaliaciones contra quienes respaldan el proceso.

La Misión encontró, además, que la responsabilidad de las agresiones también varía. Por ejemplo, en territorios como el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño se identifica como responsables a las ‘bacrim’ o grupos armados organizados, como el clan del Golfo.

Para Menéndez, se trata de casos que tienen patrones similares y por ello no hay que abordarlos como hechos separados. “Estos casos de violencia, así como las consecuentes investigaciones, no pueden estar desvinculados del contexto del conflicto. Se trata de una serie de afectaciones que se están generando en cortos períodos y contra personas con roles sociales similares de denuncia y visibilización de afectaciones (…). Estos crímenes son un riesgo y una amenaza para la paz, de esto no tenemos ninguna duda”, concluye.

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Pacifista: ¿Quién está matando a los líderes sociales? Esto dice la Misión de Paz de la OEA

Para aportar al debate, en ¡Pacifista! decidimos consultar a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) sobre el asesinato de líderes en todo el país. La Misión llegó a Colombia en 2004 para apoyar el proceso de desarme de los 30 mil paramilitares que se desmovilizaron luego de negociar con el gobierno de Álvaro Uribe.

Desde entonces, la Misión desplegó observadores en las regiones más apartadas y conflictivas del país, incluyendo el Urabá antioqueño, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, Putumayo, Chocó y Meta. En esas y otras zonas, la Mapp acompaña a las comunidades y monitorea las condiciones de seguridad de los territorios para hacerle recomendaciones al Gobierno “en materia de prevención, mitigación de riesgos y abordaje de nuevos fenómenos criminales”. Estas son las principales reflexiones de ese organismo:

Las víctimas

Según la Misión de la OEA, en lo corrido de 2016 se han presentado más de 100 agresiones contra líderes, entre las que se encuentran amenazas, homicidios, desapariciones forzadas, atentados y desplazamientos, siendo las amenazas el delito más frecuente.

El organismo menciona la circulación de panfletos en Caquetá y en el Catatumbo (Norte de Santander), y llama la atención por el hecho de que en Leiva (Nariño) permanezcan amenazados los integrantes de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Nariño (Astracan). En la región de Losada-Guayabero, donde hay una zona de reserva campesina en constitución que abarcaría terrenos de Meta y Caquetá, también se han masificado las amenazas “con la distribución de un panfleto con nombres de futuras víctimas”.

Pero la Mapp señala que no todos los afectados tienen una afiliación política homogénea o un rol social uniforme. Además de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, la Misión relaciona a líderes del movimiento comunal, de organizaciones de víctimas, de comunidades afros e indígenas y ambientalistas.

Los presuntos responsables

De acuerdo con la Mapp, es difícil saber quiénes son los directos responsables de esos hechos, debido a la presencia de varios actores armados en un mismo territorio. Ello ocurre en el Magdalena Medio, el Catatumbo y el Bajo Ariari (Meta), donde operan las Farc, el ELN, el EPL y el Clan del Golfo (Autodefensas Gaitanistas de Colombia o los Urabeños).

Las Autodefensas Gaitanistas alegan que en algunas regiones han conquistado el “aprecio” de las comunidades. Foto: Cortesía Para la Misión, la responsibilidad de las agresiones no siempre recae en los “sucesores del paramilitarismo”. Por ejemplo, en San Calixto (Norte de Santander), el asesinato de una lideresa de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) en enero de este año fue atribuido al EPL, que en esa región es percibida por los pobladores como una guerrilla —pese a ser considerada como una estructura narcotraficante—.

También en el Catatumbo, donde existe presencia histórica de las Farc y el ELN, se presentó hace más de diez meses la desaparición del líder Henry Pérez, en el corregimiento La Gabarra, de Tibú. Una dinámica similar ocurre en el Cauca, donde recientes homicidios de líderes socio-ambientales son relacionados por la comunidad con la presencia del ELN.

En otras zonas del país, dice la Misión, se identifica a los “Grupos Armados Organizados” como victimarios. Ello ocurre en el sur de Córdoba y el Urabá antioqueño, donde “se percibe la responsabilidad directa del Clan del Golfo” en las afectaciones a líderes y organizaciones sociales. Finalmente, la entidad anota que existen casos en los que la responsabilidad recae en colaboradores y mafias locales, que no necesariamente pertenecen a estructuras más grandes, pero que sí sirven a sus intereses.

Las causas

La Mapp señala que existen diversas hipótesis sobre los motivos de las afectaciones a los líderes sociales. En primer lugar, advierte que “algunas agresiones podrían estar relacionadas con las funciones de visibilización de dinámicas que los líderes adelantan en sus territorios”, tales como denuncias sobre fenómenos como el microtráfico, la minería, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la explotación de recursos naturales, en los que terceros tienen intereses.

Otra hipótesis que plantea la Misión está relacionada con la salida de las Farc de territorios como el sur de Córdoba y Bolívar, el Bajo Ariari (Meta), el Catatumbo, y la cordillera y costa de Nariño, que en su concepto serán “zonas claves para el posconflicto”.

De un lado, la entidad comenta que, si se mantenienen las condiciones de aislamiento y ausencia estatal, esos territorios podrían seguir siendo atractivos para la llegada de nuevos grupos armados ilegales. Entonces, los líderes seguirían siendo potenciales objetivos, porque su constante labor de denuncia puede resultar incómoda para los intereses de esos grupos.

Por otro lado, la Misión llama la atención sobre la situación de riesgo que se puede derivar de los cambios sociales y políticos en esas zonas, como resultado de las posibles tensiones que surjan entre los nuevos liderazgos producto de la implementación de los acuerdos y los procesos organizativos que ya cuentan con trayectoria.

Finalmente, en concepto de la Mapp, otra causa de las agresiones contra los líderes sociales estaría relacionada con retaliaciones hacia quienes respaldan el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, como se identificó en Montelíbano (Córdoba). A similar conclusión llegó la MOE en un informe publicado en septiembre pasado.

Las consecuencias

La Mapp concluye que la persecución contra los dirigentes genera “miedo, zozobra y autocensura”. Las intimidaciones estarían empujándolos a abandonar momentáneamente su trabajo comunitario y a no denunciar los hechos ante las autoridades para evitar represalias. Sobre todo, porque “se ha identificado que tras las denuncias han llegado nuevas amenazas presionando para no seguir reclamando la investigación de los hechos”. Como ejemplo de ello, la Mapp denuncia que la junta de acción comunal de La Gabarra y la esposa del dirigente Henry Pérez fueron amenazados por exigir su liberación.

Frente a ese panorama, la Misión concluye que “atentar contra un líder social es atentar contra toda una comunidad”, y que la pérdida de los dirigentes rompe el tejido social en las regiones.

En varias ocasiones, la Mapp y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han condenado los hechos y han señalado que la demora en la investigación, así como el retraso en la implementación de políticas que garanticen la protección de los líderes, “son desafíos que demandan urgente atención por parte de las autoridades”.

Para que esta la oleada de crímenes no vuelva a ocurrir, la Misión dice que es necesario implementar medidas oportunas de prevención y protección para los líderes que sean acordes con las características de cada territorio; fortalecer el sistema judicial en las regiones; abordar los casos no como hechos aislados, sino como “una serie de afectaciones que se están generando en cortos periodos y contra personas con perfiles diferentes, pero con roles similares en sus comunidades”, y avanzar en las pesquisas sobre las amenazas para impedir que se traduzcan en nuevos homicidios.

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