La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia lanzó desde Washington su más reciente informe semestral en el que incluye las negociaciones en marcha con distintos grupos armados y analiza las situaciones de riesgo que siguen existiendo en los territorios. Mayor control social, liderazgos sociales, participación ciudadana, justicia transicional y tierras entre los puntos centrales.

Este miércoles la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) publicó la edición número 34 del Informe del Secretario General al Consejo Permanente. El corazón del documento es el diagnóstico de las negociaciones en marcha que lleva el Gobierno de Gustavo Petro con grupos armados -algunas con miras a una negociación y otras a un sometimiento a la justicia- en lo que se ha denominado la política de Paz Total.

Para esta edición, que comprende el periodo entre el 1° de julio de 2022 y el 31 de diciembre del mismo año, la MAPP-OEA hizo una labor de veeduría y monitoreo a los acuerdos mínimos claves para que las condiciones de paz se den, como ceses al fuego bilaterales,alivios humanitarios o fortalecimientos y capacidades de diálogo para que la sociedad civil esté en el centro del fin de las violencias en los territorios.

Según el documento, el Estado Mayor Central de las FARC, la Segunda Marquetalia, las Agc y el ELN han profundizado las afectaciones a los civiles, interfiriendo en modos de vida cotidianos. Por eso, el llamado principal del informe es a cesar las violencias contra la población civil y garantizar la seguridad en los territorios.

Por ejemplo, señalan, que “los grupos armados ilegales fortalecieron y aumentaron la imposición de normas de conducta a la población en algunas zonas del país. En Córdoba, las Agc limitaron el uso de prendas de vestir de color rojo y verde oscuro, y elementos que cubran el rostro como gorras y gafas. En Cauca y Nariño, el Estado Mayor Central FARC-EP exigen una carta de autorización firmada por el comandante del grupo armado ilegal para ingresar a los territorios, que se suma a los requisitos que ya existían de porte del carné y pruebas clínicas sobre enfermedades de transmisión sexual”.

Y así se menciona varias referencias más alusivas a estrategias de control y de imposición de justicias de facto que utilizan los armados para ejercer su poder territorial. No discriminan entre hostigamientos s sectores educativos, comercios, restricciones en movilidad fluvial, entre otras conductas.

Como una de sus grandes novedades, el informe la MAPP-OEA -que ya cumple 19 años en el país-, incluyó análisis y hallazgos sobre la resolución de conflictos en zonas urbanas donde, a su ritmo, la Paz Total empieza a tener algún alcance. Puntualmente, hay apartados dedicados a los diálogos con bandas criminales en Buenaventura, Quibdó y Medellín.

El informe, cuya lanzamiento se hizo desde Washington (Estados Unidos), se centra también en la violencia contra menores de edad; afectaciones a liderazgos sociales; control social de los grupos armados; ataques con minas antipersonales (MAP); víctimas de desaparición forzada; medio ambiente para la paz; agenda de mujeres, paz y seguridad; participación ciudadana y diálogo social; apertura de nuevos casos de la justicia transicional; y restitución de tierras.

En el periodo de monitoreo de MAPP-OEA, ha habido violencia diferencial contra niños, niñas y adolescentes (NNA). Esta población no ha dejado de ser reclutada forzosamente por actores armados, quienes ejercen sobre ellos crímenes conexos con sus actividades criminales.

De acuerdo con el informe, “en aquellos territorios que cuentan con cultivos ilícitos o son enclaves productivos para la narcoactividad, los NNA encuentran en la recolección de hoja de coca una opción para adquirir bienes y servicios o para solventar necesidades económicas de sus núcleos familiares, impactando su escolarización y exponiéndolos a riesgos físicos y psicológicos. De ahí que, el contexto facilita y normaliza su interacción con los grupos armados ilegales, incidiendo a que sus proyectos de vida estén ligados a actividades ilícitas”.

Las garantías para los NNA es una obligación para el Estado, donde según la MAPP-OEA también debe haber “acompañamiento y seguimiento a los casos que implican el retorno a su medio familiar y la enseñanza de herramientas para la reconstrucción de sus proyectos de vida”.

Roberto Menéndez, jefe de misión de la MAPP-OEA dijo desde Washington, en el marco de la sección ordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que todos estos esfuerzos para consolidar la paz en Colombia deben contar con “diálogo directo con la ciudadanía y una sociedad informada como factor fundamental para la legitimidad, avance y sostenibilidad de esta meta”.

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A su vez, Menéndez dijo que se debe luchar por la autonomía de las expresiones organizadas de la sociedad civil, que vaya de la mano con la “participación armónica de la institucionalidad, y el lamento y rechazo a que los grupos violentos sigan afectando a la sociedad civil”.

Las afectaciones a liderazgos sociales en Colombia apremian las políticas de paz en el país y ese fue otro de los grandes llamados de la MAPP-OEA en su informe. Allí resaltaron el papel de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV), instalados por el gobierno, pero invitaron a que en estas campañas de prevención y seguridad hubiera más claridad sobre su alcance.

Esto, porque en los PMUV hay “confusión sobre la naturaleza y el alcance de esta instancia, al igual que su diferencia frente a otras existentes en materia de prevención y protección; la concentración de la convocatoria en algunos sectores sociales, lo cual limita la visibilización de todos los escenarios de riesgo y vulneración existentes”.

Hay coacción y constreñimiento contra líderes y lideresas sociales. Así lo sentenció la MAPP-OEA, indicando también que en distintas zonas del país, los ataques de los grupos armados ilegales van dirigidos a acabar con el funcionamiento de los núcleos veredales, desplazar líderes y lideresas (Almaguer, Cauca), enseñarse con voceros indígenas (Awá, en Nariño), obligar a difundir informaciones de interés de los armados (Bajo Cauca, sur de Córdoba y subregión del Urabá), entre otras cosas.

Ante la OEA, delegaciones como la estadounidense, canadiense o argentina, manifestaron desde Washington que seguirán apoyando la Paz Total, los esfuerzos para acabar la violencia en Colombia y la defensa de los derechos humanos en la región. Un punto en común fue el pedido para que desde la sociedad civil haya canales de participación amplios.

Aquí, se destacaron los roles que se cumplieron en los Diálogos Regionales Vinculantes, llevados a cabo entre septiembre y diciembre de 2022, así como las posibilidades de las comunidades en participar en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo.

Los escenarios de movilización social fueron entendidos por la MAPP-OEA como espacios importantes y que se mantuvieron vigentes para seguir con los pedidos de seguridad y paz. Allí, según se lee en el documento, hubo manifestaciones de comunidades como la awá, en Nariño, donde hubo “n la exigencia del respeto a la vida e integridad de sus comunidades y al ejercicio de gobierno propio; el fortalecimiento de mecanismos de autoprotección ante el accionar de los GAI; la atención a la situación de desplazamientos forzados de sus territorios colectivos y a la contaminación de fuentes hídricas con derivados del petróleo”.

Los temas de participación y acompañamiento no se quedan exclusivamente en las calles. El diálogo social también se construye desde la institucionalidad y con todas las voces posibles.

Las cárceles, de acuerdo con el documento, también son escenarios de construcción de paz. Justamente allí se están negociando puntos para llegar a acuerdos con bandas criminales urbanas y las políticas de escucha y resocialización son ejes centrales en ese contexto.

De hecho, MAPP-OEA diagnostica y solicita que haya más expresiones en favor de los derechos humanos como los que ha adelantado el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Tomaron ese ejemplo par amostrar que desde esa instancia se han “ejecutado acciones institucionales que buscan fortalecer la cultura de derechos humanos con herramientas para el uso correcto de la fuerza, la prevención de la violencia sexual al interior de los establecimientos de reclusión, el derecho a la participación, a la protesta pacífica, a la visita íntima, la garantía de los derechos sexuales y reproductivos”.

Esto va de la mano con las peticiones a la justicia transicional y al Sistema Integral para la Paz en su conjunto, de ser dialógicos, de apelar a la búsqueda de la verdad y de centralizar las voces de los más afectados por el conflicto para trabajar en la no repetición.

Claro, los aprendizajes sobre justicia para una paz total no son lo único que apremian para consolidar la pluralidad en la construcción de paz desde el diálogo. Por eso la MAPP-OEA en este informe también aborda la superación de las causas estructurales de la guerra desde el acceso a tierras, los temas de medio ambiente y las agendas de paz y seguridad en torno a las mujeres; esto último desde giros a la agenda legislativa nacional, la adopción del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 del año 2000 y el impacto de las mujeres como actor determinante en los diálogos de paz con el ELN y aquellos que también entren a la Paz Total.

Las recomendaciones

La MAPP-OEA hizo un llamado enfático a seis ministerios del Gobierno Nacional, en el que le pidió a la cartera del Interior claridad sobre los PMUV, capacidades técnicas de delegaciones y seguridad para liderazgos sociales; al Ministerio de Agricultura, por su parte, le recomendó avanzar en la Reforma Rural Integral, mayor veeduría ciudadana en los PDET y trabajar en los planes de formalización de viviendas rurales.

En las recomendaciones a la cartera de Defensa, MAPP-OEA insistió en que se debe “mantener como prioridad la ejecución de acciones que eviten el surgimiento, reconfiguración y expansión territorial de los GAI, con el fin de mitigar los impactos de su accionar en la población civil, con especial observancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

A la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se le pidió, entre otras cosas, hacerles seguimiento a las zonas contaminadas por minas antipersonas, proteger a la población reincorporada, restablecer el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia, y fortalecer las capacidades para consolidar políticas de paz.

Hay un sinfín de desafíos más, entre formalizar predios (llamado a la Agencia Nacional de Tierras), descongestionar el represamiento en las salas de la JEP, fortalecer los programas de resocialización en las cárceles e investigar más a fondo los crímenes que sucedan en las regiones. Un cúmulo de recomendaciones hacia una paz a la que la comunidad internacional no deja sola y deposita su confianza para que la gente que ha padecido tanto dolor no viva nunca más lo mismo.

Este miércoles, la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) presentó el Informe 34 sobre las labores de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) en el segundo semestre de 2022.
En este, la entidad advierte sobre la reactivación del accionar de los grupos armados ilegales e insta a estos a comprometerse con la política de paz total y cesar los ataques.

El estudio corresponde a los hallazgos obtenidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, período durante el cual se llevaron a cabo un total de 1.121 misiones en terreno, desarrolladas en 585 centros poblados pertenecientes a 190 municipios de 24 departamentos del país.

La MAPP/OEA comienza resaltando que el Gobierno haya establecido la búsqueda de la paz como política de Estado y que se hayan llegado a un acuerdo de alivios humanitarios con el Eln en el primer ciclo de conversaciones, favoreciendo a la subregión del San Juan, en Chocó y la cuenca del río Calima, en Valle del Cauca.

Sin embargo, el monitoreo realizado por la Misión señala que luego de septiembre se reactivaron los enfrentamientos y las actividades de los Grupos Armados Ilegales, GAI, incluyendo paros armados, acciones de control social e imposición de justicia de facto.

“Estas acciones configuran indudablemente un escenario de riesgo para la vida, la libertad, la integridad personal y la seguridad de las comunidades, liderazgos sociales y autoridades étnico-territoriales, firmantes de paz, así como a funcionarios y funcionarias estatales”, se lee en el documento.

Las alertas:

La Misión lanza una alerta especialmente sobre la utilización de minas antipersonal (MAP), municiones usadas sin explotar (MUSE) y trampas explosivas (TE) como recurso de guerra por parte de los grupos armados ilegales “que impiden el retorno de personas en situación de desplazamiento forzado y que, en escenarios de confinamiento, refuerzan los obstáculos de las comunidades para acceder plenamente a sus derechos, a medios de subsistencia y al relacionamiento social”.

El informe indica que las zonas más afectadas por este hecho corresponden al Catatumbo, la costa Pacífica nariñense, Norte del Cauca, Sur de Bolívar, Sur de Caquetá, Sur de Cesar, Urabá y el departamento de Arauca.

Llamado a suspender acciones violentas

Tanto en las zonas urbanas como rurales se requiere emprender un examen riguroso de la política de lucha contra las drogas que conlleve a un ajuste de esta

Además, la entidad llama la atención por el aumento de la violencia y las hostilidades de estos grupos contra niños, niñas y adolescentes mediante el reclutamiento forzado y las agresiones sexuales ejercidas por estos grupos, tanto en el ámbito rural como urbano.

“Particularmente, se observaron casos de reclutamiento forzado pertenecientes a comunidades étnicas por parte de GAI en Buenaventura, Valle del Cauca”, agrega.

Es por esto que en el informe solicita a los grupos entendidos como el Eln, el ‘Estado Mayor Central’ Farc-Ep, las ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ (Agc) y la ‘Segunda Marquetalia’ Farc- Ep “a suspender de manera inmediata sus acciones violentas y sumarse al llamado del diálogo”.

Asimismo, la OEA reconoce la urgencia de la puesta en marcha de una estrategia de paz que “busque solucionar las dinámicas de violencia en todo el país“.

“Tanto en las zonas urbanas como rurales se requiere emprender un examen riguroso de la política de lucha contra las drogas que conlleve a un ajuste de esta, teniendo en cuenta que la narcoactividad sigue siendo un factor central en la dinamización de la violencia. Adicionalmente, avanzar de manera articulada con una estrategia de
seguridad integral en los territorios, como elementos indispensables para generar condiciones que posibiliten la consecución de la Paz Total”, subraya.

Recomendaciones:

Por lo anterior, la investigación entrega al final 24 recomendaciones dirigidas a más de 18 entidades del orden nacional e invita a que se profundice un diálogo directo con la ciudadanía.

Una de ellas va dirigida al Ministerio de Defensa Nacional, al que recomienda acciones “que eviten el surgimiento, reconfiguración y expansión territorial de los grupos armados ilegales, con el fin de mitigar los impactos de su accionar en la población civil, con especial observancia de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.

En cuanto a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el informe le aconseja “promover procesos de Desminado Humanitario, Educación en el Riesgo de Minas Antipersonal y Asistencia Integral a las Víctimas, para mitigar los riesgos de afectación a la población civil y avanzar en la construcción de estrategias que contribuyan a la descontaminación de los territorios”.

“Hoy, todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con determinación y congruencia con el momento histórico que vive Colombia, identificando en la política de Paz Total una ocasión propicia para transitar en el camino correcto del diálogo y la no violencia”, afirmó Roberto Menéndez, Jefe de la MAPP/OEA.

El organismo internacional presentó un informe sobre las labores que ha venido adelantando la Misión de Apoyo en al proceso de paz.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos presentó, este 17 de mayo, ante el Consejo Permanente el informe 34 sobre las labores de la Misión de Apoyo al proceso de paz en Colombia durante el segundo semestre de 2022. En el informe, se destacó el respaldo de la Misión de Apoyo a la política de ‘paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro y e hizo un llamado a los grupos armados ilegales para que se comprometan con el diálogo y cesen los ataques contra la población civil y los actores humanitarios.

El Informe 34 abarca el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, durante el cual se llevaron a cabo 1.121 misiones en terreno en 585 centros poblados de 190 municipios en 24 departamentos del país, de acuerdo con la Secretaría General. Estos centros poblados incluyen cabeceras municipales, corregimientos, veredas, resguardos indígenas y consejos comunitarios. Durante este período, la Misión de Apoyo recorrió 124.293 kilómetros por vía terrestre y 5.642 kilómetros por vía fluvial.

Roberto Menéndez, Jefe de la Misión de Apoyo de la OEA, señaló que todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con la política de ‘paz total’ y optar por el diálogo y la no violencia. Recordó que esta política fue respaldada por los Estados miembros de la OEA durante la Asamblea General 2022 en Lima, Perú, a través de la declaración “Respaldo a la Paz Total en Colombia”.

“Hoy, todos los grupos armados ilegales tienen la oportunidad de comprometerse con determinación y congruencia con el momento histórico que vive Colombia, identificando en la política de ‘paz total’ una ocasión propicia para transitar en el camino correcto del diálogo y la no violencia”, afirmó Menéndez.

En el informe, la Misión de Apoyo hace 24 recomendaciones dirigidas a más de 18 entidades del orden nacional y destaca la importancia de “un diálogo directo” con la ciudadanía para “enriquecer” las acciones encaminadas hacia la paz completa en Colombia. El documento resaltó la persistencia de amenazas, homicidios, confinamientos, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, desplazamiento forzado, violencia sexual y la instalación de minas antipersonal por parte de los grupos armados ilegales en el país.

Menéndez enfatizó en que es fundamental detener la violencia y proteger a la población civil y a los actores humanitarios. Destacó que estas afectaciones no son aceptables bajo ninguna justificación y subrayó la importancia de respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario.

“Es tiempo de detener la violencia y dejar fuera del conflicto armado a la población civil y a los actores humanitarios. Estas afectaciones no son aceptables bajo ninguna justificación”, señaló.

La Secretaría General de la OEA también expresó su agradecimiento a los Estados miembros y observadores, especialmente a aquellos que integran el Fondo Canasta (Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia), cuyo apoyo político y financiero ha permitido el funcionamiento de la Misión. También se agradeció a Noruega y Suiza, cuyas contribuciones fortalecen el trabajo de la Misión de Apoyo con las comunidades en los territorios, en aspectos fundamentales como la participación y el diálogo.

El informe 34 presentado ante el Consejo Permanente se suma a la comunicación que el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, envió a Virginia Gamba, representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para los niños y el conflicto armado. En dicha comunicación, informó sobre las alertas emitidas y los casos de reclutamiento de menores de edad en Colombia.

Durante el primer trimestre de 2023, la Defensoría del Pueblo identificó 23 casos de reclutamiento de menores de edad, 13 de ellos corresponden a niños y adolescentes, y los 10 restantes a niñas y adolescentes, con edades comprendidas entre los 13 y 17 años. Estos casos se distribuyeron de la siguiente manera: 16, en el departamento del Cauca; 4, en Amazonas; 2, en Antioquia; y 1, en Arauca.

“Comunicamos a la representante especial del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que, como resultado del permanente seguimiento a las acciones perpetradas por grupos armados, hemos advertido sobre el alto riesgo en el que se encuentran niñas, niños y adolescentes de ser reclutados, usados y utilizados por los actores violentos”, indicó el defensor del Pueblo.

A través de un informe semestral sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, no solo le dio un nuevo espaldarazo a la política de paz total del Gobierno nacional, sino que hizo un llamado a los grupos armados ilegales para sumarse a establecer mecanismos que interrumpan las hostilidades contra actores civiles en los territorios.

Dicho documento – el primero realizado durante la administración del presidente Gustavo Petro –, fue presentado en el Consejo Permanente de ese organismo realizado el miércoles 17 de mayo. Allí, el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp/OEA), Roberto Menéndez, reconoció que la nueva política de seguridad y pacificación nacional están enfocadas en la protección de la vida humana y el medio ambiente.

En ese sentido, el organismo valoró “la visión holística, completa e integral que incorpora y privilegia la implementación del Acuerdo Final de Paz, firmado en 2016 por el Gobierno de Colombia y las Farc-EP, así como la invitación con caminos concretos a los grupos armados ilegales para sumarse a esta política a través de acercamientos, conversaciones y escenarios de diálogos políticos y jurídicos”. Además, resaltó el desarrollo y acompañamiento de procesos de paz urbanos, labor liderada por la oficina del alto comisionado para la Paz.

Por otra parte, el informe resaltó que, si bien hay esfuerzos estatales para consolidar la paz en los territorios, las acciones armadas por parte de estructuras ilegales continúa en determinadas zonas del país. Sobre esto, detalló que de acuerdo con el monitoreo realizado por la sección de este organismo, entre agosto y septiembre de 2022, hubo una reducción de ataques contra la población en Arauca, Chocó, Bolívar, Putumayo y Chocó.

Sin embargo, criticó hechos violentos posteriores a ese periodo y alertó por el incremento de hostilidades contra niños, niñas y adolescentes a través de prácticas como el reclutamiento forzado y agresiones sexuales ejercidas por esos grupos ilegales tanto en zonas rurales como urbanas.

Alianzas entre grupos armados

El informe de la Secretaría General de la OEA avisó posibles alianzas entre estructuras adheridas a la Segunda Marquetalia y el ELN. Además, el Estado Mayor Central de las antiguas Farc tiene constantes enfrentamientos con la guerrilla activa; mientras que en Catatumbo (Norte de Santander) no se registraron enfrentamientos entre esos grupos, pero sí fuertes tensiones por el control territorial en los municipios que componen esa región.

En contraste, el organismo multilateral resaltó que, dentro de la política de pacificación nacional, se realizaron acercamientos entre Los Shottas y Los Espartanos, los dos principales grupos criminales de Buenaventura. Este proceso de paz urbana, liderado también por organizaciones sociales, la Iglesia católica.

Producto de lo acordado entre las dos estructuras que se disputan el control de las economías ilegales en el casco urbano del municipio, se generó una reducción de los homicidios en un 50% entre el primer y segundo semestre de 2022, de acuerdo con registros de la Policía Nacional. Y si bien la OEA resaltó esa cifra, manifestó su preocupación por un aumento de otros hechos delictivos, como amenazas y desapariciones forzadas.

“La población y la institucionalidad advierten el aumento de amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas. Estas afectaciones tienen un alto impacto para las comunidades, pese a los bajos índices de denuncia”, advirtió. En ese orden, recomendó una presencia activa y permanente tanto de la fuerza pública como de otras entidades del Estado.

Violencia contra líderes sociales, pueblos y comunidades indígenas

Uno de los hechos resaltados por el organismo dentro del actual gobierno fue la instalación de Puestos de Mando Unificados por la Vida (Pmuv) con el primer objetivo de articular a diferentes instituciones a fin de proteger la vida de quienes ejercen liderazgos sociales. Además, saludó el acompañamiento de Petro en la gran mayoría de estos; “lo que denotó la relevancia de este espacio para el Gobierno nacional”.

A pesar de ese esfuerzo reconocido, lamentaron la continuación de ejercicios violentos en zonas donde el conflicto armado es una constante más allá de la firma del Acuerdo Final. En Bojayá (Chocó), reseñaron que las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) le exigen a lideresas y líderes sociales actos de presión para retirar a la fuerza pública de los centros poblados e incentiven la siembra de cultivos ilícitos.

Al otro lado del país, en zonas rurales de Cúcuta y Puerto Santander (Norte de Santander) se estarían ofreciendo recursos “para el fortalecimiento organizativo con el fin de coaccionar a liderazgos sociales y ganar aceptación en el territorio”.

“En la Cordillera nariñense el Estado Mayor Central FARC EP obliga a las JAC a gestionar autorizaciones para el ingreso o salida del territorio de personas e instituciones. Mientras que en Putumayo la Segunda Marquetalia constriñe a liderazgos comunales a que recauden dinero para su estructura”, puntualizó la Secretaría General de la OEA.

Las recomendaciones al Gobierno Petro

En total, fueron remitidas 18 sugerencias a los diferentes ministerios y consejerías relacionados con la construcción de paz en el país. Siete de ellas, enviadas a las carteras de Interior, Defensa, Agricultura, Relaciones Exteriores, Ambiente, Justicia y la oficina del alto comisionado para la paz, fueron las más importantes, pues tienen que ver con Paz Total, sustitución de cultivos ilícitos y puesta en marcha de la Reforma Rural Integral (RRI).

Al Ministerio del Interior le pidió fortalecer el alcance y funciones de los Pmuv, así como definir una ruta o canal de atención para que sea activado por cualquier integrante de este mecanismo ante situaciones de riesgo que se presenten contra defensores de derechos humanos y firmantes del Acuerdo Final.

A la dependencia liderada por Iván Velásquez, solicitó “mantener como prioridad la ejecución de acciones que eviten el surgimiento, reconfiguración y expansión territorial de los grupos armados ilegales” con el objetivo de mitigar la violencia y sus impactos en civiles.

A la cartera de Agricultura y Desarrollo Rural, pidió el fortalecimiento junto con la cartera dirigida por Luis Fernando Velasco, de los mecanismos de participación ciudadana creados en el Acuerdo Final, incluyendo los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet); el Plan de Formalización Masiva de la Propiedad Rural y el de Zonificación Ambiental.

La petición para la Cancillería estuvo basada en la atención humanitaria en municipios fronterizos y la continuación de los mecanismos de diálogo para la definición e implementación de medidas conjuntas para mitigar los escenarios de vulneración de derechos de la población migrante, especialmente en los límites con Venezuela y Panamá.

Al Ministerio de Ambiente le recomendó avanzar en la construcción del Pacto Nacional para la Defensa de la Amazonía, Orinoquía y Pacífico para la conservación y protección ambiental en esas áreas.

A la cartera de Justicia y el Derecho solicitó garantizar la consulta previa sobre el proyecto de ley de Coordinación Interjurisdiccional como parte clave en el desarrollo de un marco normativo “que permita avanzar en la superación del vacío normativo para la articulación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena”.

A la oficina del alto comisionado solicitó señalizar las zonas contaminadas con minas antipersona y municiones usadas sin explotar y seguir promoviendo procesos de desminado humanitario, educación en el riesgo de minas y asistencia integral a las víctimas. También restablecer el Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia para el fortalecimiento de labores constructivas de paz en los territorios.

Aquí la nota

#Colombia | Cuatro grupos al margen de la ley tienen asediada a la población en seis regiones del país. Así lo reveló un informe de la Organización de Estados Americanos al evaluar la política de “Paz Total”.