SEMANA: OEA presenta informe sobre el trabajo de la Misión de Apoyo; hace un llamado para “sumar voluntades” y consolidar la “paz completa”

9 noviembre, 2023

Para la OEA, hay que avanzar sobre lo construido para hacer que los nuevos procesos sean posibles y consolidar una “paz completa”.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó el informe 35 ante el Consejo Permanente de la Organización, que detalla las labores realizadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. Esta misión tiene como objetivo contribuir al avance de las negociaciones y acercamientos con grupos armados ilegales en Colombia.

La MAPP/OEA entregó un total de 16 recomendaciones dirigidas a diversas entidades del Gobierno colombiano, con un enfoque especial en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estas recomendaciones abarcan temas cruciales como el desminado humanitario, la desvinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto, el cese al fuego, la seguridad jurídica para las víctimas y victimarios, los parámetros de judicialización y las condiciones de sometimiento y desmantelamiento de los distintos grupos armados ilegales.

Durante el período informado, la MAPP/OEA llevó a cabo un total de 1.128 misiones en terreno, abarcando 486 centros poblados en 195 municipios de 22 departamentos del país. Estos centros poblados incluyeron cabeceras municipales, corregimientos, veredas, resguardos indígenas y consejos comunitarios. El alcance de su trabajo se refleja en el recorrido de 159.328 kilómetros por vía terrestre y 3.521 kilómetros por vía fluvial.

Roberto Menéndez, jefe de Misión de la MAPP/OEA, enfatizó la importancia de unir esfuerzos de todos los actores involucrados en la búsqueda de la “paz completa en Colombia”, dado el impacto significativo en la población civil. También destacó la necesidad de preservar los logros alcanzados y superar los desafíos en los nuevos procesos.

“Después de casi 20 años acompañando a Colombia en la construcción de paz, la Misión llama a sumar voluntades de todos los actores involucrados en los esfuerzos para la búsqueda de la paz completa. Las graves afectaciones a la población civil hacen que sea impostergable la atención a los desafíos en el marco de las negociaciones y conversaciones con los grupos armados. Por eso, resulta indispensable avanzar sobre lo construido, preservar lo alcanzado y superar los desafíos para hacer que los procesos sean posibles. La experiencia y lo recorrido todos estos años, son una fuente para buscar soluciones y hacer viable la paz”, afirmó Menéndez durante la presentación ante el Consejo Permanente.

El informe también abarcó la política de ‘paz total’ durante el primer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en las negociaciones con grupos armados ilegales de carácter rural y urbano. Se mencionó la instalación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional (CFBTN) entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

En el ámbito de la ‘paz urbana’, resaltaron los acercamientos del Gobierno con varios grupos armados locales en Quibdó, Buenaventura, Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá para la instalación de espacios de conversación sociojurídicos.

El informe también subrayó la importancia de considerar el medio ambiente como un componente esencial de la política de ‘paz total’ y abordó lo que se denomina “paz ambiental”. De acuerdo con la MAPP/OEA, se examinaron las afectaciones a comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y sus líderes, así como las consecuencias del secuestro, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otros aspectos.

La MAPP/OEA aprovechó para hacer una invitación a los nuevos líderes públicos surgidos después de las elecciones regionales en Colombia para que se unan en la búsqueda de una “paz completa” en el país y destaca su disposición para colaborar en este objetivo.

El trabajo de la MAPP/OEA es posible gracias al apoyo político y financiero de los países miembros del Fondo Canasta, que incluye a Alemania, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Turquía. Además, Noruega y Suiza también contribuyen, fortaleciendo el trabajo de la Misión en áreas clave como la participación y el diálogo con las comunidades en los territorios.

EL ESPECTADOR: La alerta de MAPP-OEA por la expansión de grupos ilegales durante primer semestre

Espectador: Informe 35

En su 35° informe semestral, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz reportó luces y sombras: hay persistencia en violencia de grupos armados a civiles, amenazas a pueblos étnicos y reclutamientos, pero se registró una disminución en desplazamientos forzados y la consolidación de algunos procesos en medio de las Paz Total del Gobierno Petro.

Una grave preocupación por la expansión de grupos armados ilegales y, en contraste, avances importantes en la búsqueda de soluciones al conflicto y la violencia tanto en ciudades como en zonas rurales. Esos fueron dos de los panoramas que se registraron durante el primer semestre de 2023, y que fueron recogidos por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), que lanzó este miércoles desde Washington su trigésimo quinto informe periódico del secretario general al Consejo Permanente.

En el documento se hace un análisis de enero a junio en materia de Paz Total, dinámicas de grupos armados, avances en la construcción de paz en el país, y hallazgos y recomendaciones para que el Estado colombiano cumpla la defensa de derechos humanos frente a sus pobladores que más han vivido una violencia armada que parece incesante.

“En el periodo informado los grupos armados afianzaron su presencia y expandieron su control en diversos territorios del país”, aseguró Roberto Menéndez, jefe de la MAPP OEA en Colombia. No obstante, esta misión, próxima a cumplir dos décadas en el país y con extensión de su mandato hasta 2025, nuevamente le dio un espaldarazo a la Paz Total y sus estrategias de diálogo para desmantelar o negociar con los grupos ilegales.

Asimismo, frente a condiciones de seguridad en las periferias del país, este organismo destacó la formulación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. La referencia a esto es clave, pues esa política además de impulsar los esfuerzos de la Paz Total es un avance en la implementación del Acuerdo de La Habana.

Las alertas del informe

Sin embargo, además de la expansión de los grupos, hubo varias otras sombras señaladas por la MAPP-OEA, objeto de evaluación para ver cómo va la paz en el país. Como se lee en el informe, en zonas donde los grupos armados ilegales consolidaron su poder “sin que existan disputas entre ellos”, se mantuvieron las afectaciones a civiles y, agregan, a “la limitación al ejercicio de la misionalidad de algunas instituciones locales, como ocurrió en regiones de Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander”.

También esta misión aseguró que los grupos armados “afianzaron su presencia y, en algunos casos, expandieron su control territorial, generando desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, homicidios, masacres, secuestros y extorsiones a la población civil en Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo”.

En ese periodo, entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023, los crímenes mayormente perpetrados por parte de estos actores armados fueron los homicidios, el reclutamiento forzado de menores de edad, las amenazas, los secuestros, las extorsiones, el uso de artefactos explosivos y el desplazamiento forzado, aunque este último, como citan, presentó una disminución del 58 %frente a los mismos meses de 2022.

En Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle se concentraron la gran mayoría de disputas entre grupos armados ilegales.

Lea aquí el informe semestral

Por otro lado, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Norte de Santander encabezaron las afectaciones a civiles con imposición de paros armados y otras restricciones a su movilidad. Mientras que Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Meta agruparon, según MAPP-OEA, la utilización de publicidad y formas varias de coacción para “obtener apoyo a favor de los distintos acercamientos con el Gobierno Nacional”.

EL ESPECTADOR: Las recomendaciones de la MAPP-OEA para una paz completa en Colombia

21 septiembre, 2022

Este es el balance que presenta hoy la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos sobre la situación humanitaria en el país, de cara a la Paz Total del presidente Petro. Alerta por las afectaciones a civiles por parte de grupos armados y hace un llamado a que la sociedad civil sea más protagonista en la construcción de paz.

“La paz es un camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y la cooperación”. Esa es una de las frases con las que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) inicia su informe número 33 sobre el seguimiento al posconflicto colombiano, que atraviesa su sexto año. Un documento que surgió después de 1.217 misiones en terreno, desarrolladas en 678 centros poblados pertenecientes a 194 municipios de 26 departamentos del país.

El documento recopiló información en 1.217 misiones en terreno, desarrolladas en 194 municipios de 26 departamentos del país.
Photo: Christian Escobar Mora

Durante ese trabajo de campo, la seguridad territorial, la reincorporación de antiguos actores armados, las afectaciones a liderazgos sociales, el desarrollo de campañas y elecciones legislativas y presidenciales, y las garantías para el ejercicio de la movilización social, fueron apenas algunos de los factores determinantes a los que la MAPP-OEA les prestó especial cuidado para ver cómo vamos, en qué hemos fallado, qué hemos aprendido y cómo podremos seguir construyendo un país menos violento.

El documento cita el episodio ocurrido en marzo de este año con la fuerza pública en la zona de Alto Remanso, jurisdicción de Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que fueron evidentes las contradicciones entre las autoridades involucradas, las víctimas y las organizaciones sociales sobre si fue un combate legítimo o un caso de ejecuciones extrajudiciales. Para la entidad, casos como ese no pueden repetirse en un contexto de posconflicto.

De hecho, sobre este caso, la MAPP-OEA instó al Estado a que se debe “acelerar y profundizar la investigación sobre estos hechos, ante una eventual infracción al DIH, y establecer las sanciones respectivas. Asimismo, brindar apoyo psicosocial y humanitario a las víctimas, como también, proteger la vida y la integridad de los testigos”.

El caso de Alto Remanso apenas es un abrebocas de lo que este informe señaló sobre la fragilidad en las condiciones de seguridad de lugares periféricos de Colombia. También hizo énfasis en el accionar del Eln y las Agc, grupos que decretaron en el primer semestre de 2022, en algunas subregiones como Catatumbo y Montes de María, paros armados “que alteraron la seguridad y las dinámicas sociales y económicas de los pobladores, con graves impactos humanitarios”, como se lee en el documento.

Además, el informe rastrea los puntos en los que la guerrilla del Eln ha operado y ha disputado frente a paramilitares y diferentes disidencias de las Farc. La MAPP-OEA asegura que “en los ríos San Juan y Baudó (Chocó) el Eln mantiene disputas con las Agc y, en menor medida, en el sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño. Con los grupos disidentes o residuales de las Farc sostiene relacionamientos diferenciados que apuntan a la existencia de alianzas y/o acuerdos con la Segunda Marquetalia en Arauca, Cauca y Nariño”.

Sobre las disidencias, particularmente, si bien alerta que mantengan una presencia constante en Cauca, Nariño y Putumayo, por ejemplo, la misión dijo que a filas como las de Iván Mordisco se les ve debilitadas considerablemente, “debido a la muerte de varios de sus principales jefes, la persecución de la fuerza pública y las confrontaciones entre sí, que podrían tener repercusiones para sus planes de consolidación o expansión territorial, al menos en el corto plazo”.

Fidel Cano Correa, director de El Espectador, lee el editorial de este domingo 18 de septiembre titulado “Para tener paz total se necesita claridad total”, en este hace una reflexión acerca de las críticas hechas a la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro.

Aún con los golpes que han recibido las disidencias y otros grupos armados, este informe constata que la población civil sigue recibiendo los mayores rigores de su violencia e insiste en que hay mayor vulnerabilidad en zonas en las que los grupos armados ilegales sostienen disputas por apropiarse de contextos de ilegalidad asociados a economías criminales y corredores de movilidad o combates con la fuerza pública.

Las investigaciones de MAPP- OEA concluyen sobre este tema que las afectaciones más graves continúan siendo los homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad, instalación de minas antipersonal, reclutamiento forzado de menores de edad, feminicidios y otras violencias basadas en género.

Reincorporación, a media máquina

En Colombia existen estrategias de seguridad integral a nivel departamental para personas que dejaron las armas y se suscribieron al Acuerdo de Paz de 2016. Distintos programas de protección integral, cita el documento, se han enfocado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que han sido los que mayores asesinatos de esta población han tenido en los últimos cinco años.

La Consejería Presidencial para la Estabilización durante el gobierno del expresidente Iván Duque aseguró que el 98 % de las personas en proceso de reincorporación que fueron candidatas a recibir medidas de protección las recibieron, especialmente durante los procesos electorales, momentos en los que la violencia armada se podría disparar en su contra.

Sin embargo, la MAPP-OEA señaló que en el país persisten graves afectaciones contra la vida de estas personas y sus familias, especialmente por parte de disidencias que ven en ellos “traidores”, al participar en rutas de reincorporación. Los casos más graves “se concentraron en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, dinámica que además impactó a sus familiares, servidores públicos y organismos de cooperación internacional”.

Otra arista de este análisis de la misión está enfocada en los temas de reincidencia. Si bien múltiples indicadores internacionales han mostrado que las tasas de rearme de antiguos combatientes de las Farc han sido bajas desde la firma del Acuerdo de Paz, preocupa que en la subregión del Urabá antioqueño haya personas en proceso de reincorporación que se estarían sumando a filas de grupos paramilitares de las Agc. Así lo denuncia la misión: “las comunidades e institucionalidad perciben que integrantes de esta población harían parte de las filas de las Agc e incluso desempeñarían roles de mando. En cierta medida, la existencia de un relacionamiento previo entre quienes mantienen su compromiso con el proceso y aquellas personas en proceso de reincorporación presuntamente reincidentes permitiría el establecimiento de acuerdos de no agresión”.

Apoyo a la Paz Total de Petro

La MAPP-OEA, desde el inicio de su trigésimo tercer informe, hace explícito su reconocimiento al proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Plantea que los acercamientos con el Eln son necesarios para mitigar la violencia territorial y un paso importante para mostrar que la paz se construye hablando con todos los grupos armados organizados.

El organismo aseguró que si bien hay constancia en los intentos de generar esquemas de desmovilización y sometimiento individual, esto “no ha logrado el completo desmantelamiento de los grupos armados, razón por la cual es necesario explorar formas colectivas en las que se pueda tener un mayor control del desmantelamiento efectivo, un proceso de atención diferencial integral y el desarrollo de escenarios judiciales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Es decir, se hace un llamado para que el Gobierno estudie la macrocriminalidad de los actores armados que persisten en los territorios para obtener información que permita desmantelamientos efectivos, con sometimientos libres y, en la medida de lo posible, con carácter voluntario.

El documento incluye recomendaciones concretas a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que les solicita que fortalezcan “las capacidades de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SRVR) y otras instancias encargadas del estudio y la emisión de medidas cautelares y de protección, con el fin de garantizar la correcta participación de las víctimas y comparecientes, evitando escenarios de riesgo”.

Sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se le pide al organismo humanitario que haga más robustas “las mesas de trabajo con la JEP, que permitan ampliar masivamente la identificación de zonas y territorios para la ubicación de cuerpos. Asimismo, acelerar la puesta en marcha de los planes regionales de búsqueda”.

También se refirieron a la Agencia para la Renovación del Territorio, a la que instaron a “diseñar un protocolo de participación ciudadana para el seguimiento de las iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este proceso permitirá a la entidad y a las comunidades llegar a acuerdos sobre las competencias y las formas en las que se puede ejercer el derecho a la participación ciudadana en el marco de los PDET”. Para MAPP-OEA, el fortalecimiento de los escenarios de diálogo y la garantía de derechos constituyen “una tarea impostergable para la gestión y transformación de los conflictos sociales”.

Esto después de las lecciones aprendidas tras las violaciones de derechos humanos por parte de instituciones del Estado a ciudadanos en el marco del paro nacional de 2021, que incluso llegaron a instancias internacionales, con el rechazo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el accionar de la Fuerza Pública frente a manifestantes.

Asimismo, según el informe, los cuidados para ejercer de manera tranquila el derecho a la protesta social deben ir ligados a la escucha de las peticiones de firmantes de paz, pueblos indígenas y caravanas humanitarias que salieron a las calles en departamentos como Valle, Tolima, Nariño y Chocó pidiendo garantías de seguridad para sus comunidades.

Participación ciudadana para la paz

Para la misión, un punto neurálgico es cómo la ciudadanía puede tomar las riendas de los procesos de construcción de paz. MAPP-OEA insistió en que deben aumentar las capacidades ciudadanas de incidencia y construcción de propuestas desde todos los sectores sociales; así como fortalecer los mecanismos, espacios y reglas institucionales para la participación ciudadana basada en la transparencia y el acceso a garantías.

A su vez, quedó expuesto que los procesos de diálogo social son primordiales a la hora de entender que desde los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad surgen iniciativas humanitarias y mensajes de paz que evidencian la determinación, experticia y perseverancia de las bases sociales.

En ese sentido, instancias como los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, las Mesas de Participación de Víctimas, las Mesas Territoriales de Garantías, los Consejos Municipales de Juventud, entre otros, deben tener mayor protagonismo en la agenda política del país.

Colombia no puede estar rezagada por los actos violentos ni mucho menos condenada a repetir hechos que causaron dolor por tantos años. La suma de voluntades para alentar la construcción de paz es la clave, según la misión, para acelerar el cumplimiento de lo pactado en La Habana y coordinar nuevos pactos que hagan del país un sitio más cercano y generoso con los que en su momento lo perdieron casi todo.

Artículo extraído de: www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/estas-son-las-recomendaciones-de-la-mapp-oea-para-una-paz-completa-en-colombia/

SEMANA: OEA lanzó alerta por violencia armada en Colombia; pidió paz con el ELN

17 junio, 2022

La violencia armada persiste en Colombia, a pesar de avances en la implementación del acuerdo de paz sellado hace cinco años, advirtió un reciente informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llamando a la guerrilla del ELN a dar señales de paz.

El último reporte de la Misión de la OEA en Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) identifica “graves impactos” sobre la población civil en muchas zonas del país, varias fronterizas con Venezuela y Ecuador.

Menciona homicidios de activistas y líderes comunitarios, desplazamientos forzados, confinamientos, extorsiones, contaminación con minas antipersonales y reclutamiento de menores, especialmente indígenas y migrantes.

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Aunque el Estado colombiano acordó en 2016 el fin del conflicto con las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Farc y bandas narcotraficantes siguen disputándose el control territorial.

Más allá de que su objetivo parece ser maximizar sus ganancias de economías legales e ilegales, en gran parte “intentan sostener una plataforma político-ideológica con la que buscan legitimar su existencia y accionar”, agrega el reporte.

También señala la “alta actividad armada” de bandas narcotraficantes, como el Clan del Golfo, aunque destaca la detención de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, extraditado a Estados Unidos en mayo.

El informe, que repasa el segundo semestre de 2021, subraya “preocupación” por lo que considera una “justicia de facto” ejercida por estos grupos armados ilegales, que “entorpecen” la labor de la justicia formal.

Aunque aplaude la puesta en marcha por parte del gobierno de Iván Duque del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la MAPP/OEA nota dificultades en la implementación, con “casos de estafas” y “débil gestión” de entes territoriales.

Por otra parte, resalta que la población migrante “sigue siendo víctima de agresiones físicas, homicidios, desapariciones y expulsiones” por parte los grupos armados ilegales.

https://twitter.com/MAPPOEA/status/1537177552246263808?cxt=HHwWgMC-5dy1k9UqAAAA

“Necesidad de un acuerdo de paz con el ELN”

A cuatro días del balotaje presidencial en Colombia, en el que se medirán el exguerrillero del M19 Gustavo Petro y el excéntrico millonario Rodolfo Hernández, la MAPP/OEA convoca a seguir avanzando hacia la “paz completa” tras seis décadas de conflicto armado.

Es necesario que la guerrilla del ELN dé señales claras y concretas de sus intenciones de paz”, enfatiza el informe, pidiendo la liberación de todos los secuestrados, y el cese de los raptos, las afectaciones a la población civil y los atentados contra la infraestructura que producen “enormes” impactos ambientales.

Además, el reporte llama a mantener abiertas las vías de diálogo que permitan eventualmente “retomar las conversaciones de paz” con esta guerrilla guevarista, alzada en armas desde 1964.

“El pueblo colombiano se merece una paz completa”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, al presentar el informe ante el Consejo Permanente de la OEA.

Iván Duque, que dejará la presidencia en agosto luego de cuatro años en el poder, rompió los diálogos con el ELN en 2019, luego de un atentado en una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.

Las conversaciones habían sido iniciadas por el antecesor de Duque, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, quien el 24 de noviembre de 2016 firmó la paz con las Farc.

La MAPP/OEA apreció, por otra parte, lo que describió como “logros institucionales” en la implementación de programas de desarrollo territorial y sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), desminado humanitario y prevención del reclutamiento.

También reconoció hechos de “gran relevancia en términos democráticos”, como la reactivación del proceso de elección de 16 curules de paz para el Congreso nacional.

Finalmente, exaltó el trabajo de la Comisión de la Verdad para el acceso de las víctimas del conflicto armado a justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

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EL TIEMPO: Los retos y avances del proceso de paz en Colombia, según informe de la OEA

Amenazas por grupos armados ilegales, financiación de programas y narcotráfico, entre los temas.

El accionar de los grupos armados ilegales sobre la población civil e instituciones del Estado, la persistencia de dinámicas del narcotráfico y el conflicto, el periodo de renovación democrática y el proceso de reincorporación y comparecencia a la justicia de los excombatientes de las Farc son algunos de los temas centrales que aborda el informe semestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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El documento aborda el segundo semestre de 2021, y aunque se destacan algunos logros alcanzados durante la implementación del acuerdo de paz, también se encienden las alertas sobre varios temas.

“La MAPP/OEA expresa su altísima preocupación por la persistencia de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales que afectan gravemente a las comunidades, principalmente a liderazgos sociales y comunales; autoridades étnicas; mujeres; niños, niñas y adolescentes; víctimas del conflicto armado; personas en proceso de reincorporación, y servidores públicos”, indica la misión.

Producto de 5.197 acciones de monitoreo y acompañamiento, en cerca de 700 centros poblados de 29 departamentos, la MAPP observó que continúan los homicidios, el desplazamiento forzado, los atentados, las amenazas, la instalación de minas antipersonal, las extorsiones y el control territorial en el Bajo Cauca (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander), Sur de Bolívar, Sur de Córdoba y ejes de los ríos Atrato, Baudó y San Juan (Chocó), así como en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.

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“También, que se mantiene el reclutamiento forzado de menores de edad, que afecta de manera particular a miembros de pueblos étnicos y población migrante, así como el incremento de la justicia de facto”, dice el informe.


La misión destaca logros en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), el desminado humanitario, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y el trabajo adelantado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que está ad portas de entregar su informe final.

Además, la MAPP reconoce el proceso de renovación democrática adelantado en instancias territoriales como las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Mesas de Participación de Victimas; la elección de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y la Instancia Especial de Mujeres de la Comisión de seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), y la reactivación del proceso de elección de 16 curules de paz para el Congreso de la República.


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“Una Paz que defienda la vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de diálogo y alternativas judiciales con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y acelere el desarrollo en todos los territorios”, puntualizó Roberto Menéndez, jefe de la misión.

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VERDAD ABIERTA: Se enredó la libertad de los ‘paras’ en la costa Caribe

17 febrero, 2017

Han pasado varios meses, e incluso años, desde que algunos desmovilizados del Bloque Norte cumplieron la condena de ocho años que se pactó en la Ley de Justicia y Paz, pero por problemas de trámite muy pocos están en libertad.

A mediados de enero, más de 20 paramilitares del pabellón de Justicia y Paz de la cárcel de Barranquilla se declararon en huelga de hambre. Protestaban porque no han sido puestos en libertad, a pesar de que ya cumplieron ocho años en la cárcel, la pena máxima para los desmovilizados que se acogieron a la ley 975 de 2005.

En una carta dirigida al director del establecimiento carcelario, culpa de estas dilaciones a los seis jueces de ejecución de penas de Barranquilla: “Nosotros hemos cumplido con los compromisos que adquirimos al acogernos al proceso de desmovilización (verdad, justicia, perdón garantía de no repetición y reparación), por lo tanto, exigimos a los jueces de ejecución de penas de Barranquilla, cumplan con lo de ordenado por el tribunal de justicia y paz”. (Ver comunicado)

Se trata de un problema de trámite entre los jueces de la justicia transicional, es decir los magistrados de Justicia y Paz, y los jueces de la justicia ordinaria. Para algunos expertos, este es el resultado de una ley que no cumplió los límites temporales que se impuso y, cuyos funcionarios, tanto jueces como fiscales, no lograron conectarse con sus pares en de la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), es claro que la ley no le está cumpliendo a quienes se desmovilizaron y decidieron hacer parte del proceso, pues los postulados están cumpliendo en promedio 9.4 años de prisión.

El problema ya había sido denunciado cuando los primeros jefes paramilitares cumplieron su condena, y desde entonces se han logrado mejoras sustanciales en el proceso. Sin embargo, los abogados de los postulados coinciden en que hay un embudo en los procesos de la costa Caribe que puede convertirse en una ‘bomba de tiempo’ en las cárceles.

Cargas desproporcionadas

El enredo se centra en la sustitución de la medida de aseguramiento, una figura creada en 2012 por el Congreso de la República cuando se reformó la Ley de Justicia y Paz, que permitía dejar en libertad a los desmovilizados que, aunque no hubieran sido condenados, cumplieran ocho años privados de la libertad. La medida fue tomada a raíz de la mínima cantidad de fallos emitidos hasta entonces.

De acuerdo con información de la Fiscalía, hasta el momento hay 28 sentencias de Justicia y Paz en firme y la mayoría en contra de exjefes paramilitares. Estas personas tienen un procedimiento distinto para solicitar su libertad.

De acuerdo con abogados y expertos en el tema consultados por VerdadAbierta.com, varios de los ‘paras’ rasos y exmandos medios del Bloque Norte han encontrado un primer embudo en la falta de personal de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla. Una sola magistrada debe resolver las solicitudes de libertad de todo el Bloque Norte, la estructura más numerosa de las Auc.

Aunque la norma dice que hay un plazo de 20 días para resolver dichas sustituciones de medida de aseguramiento, lo cierto es que cada uno de estos casos se está tardando entre ocho y nueve meses en llegar a audiencia.

En respuesta a una tutela interpuesta por un grupo de postulados en la cárcel de Montería, la magistrada Zoraida Anyul Chalela aseguró que sólo cuenta con un profesional de apoyo debido al recorte de personal que hizo el Consejo Superior de la Judicatura. Esta entidad “no prorrogó las medidas de descongestión, ni creó cargos permanentes que se requieren, lo que ha traído una sobrecarga laboral”. En esa misma respuesta, la magistrada aseguró que a comienzos del año pasado había 68 peticiones de libertad en su despacho esperando una respuesta.

Los abogados que acompañan estos casos y los mismos postulados son conscientes del trabajo imparable de la magistrada, pero saben que estas solicitudes desbordan las capacidades de la funcionaria. Teniendo en cuenta, además, que esta misma magistrada es la encargada de hacer las imputaciones a los postulados e imponer medidas cautelares de los predios que serán destinados a la reparación a las víctimas.

Por esa razón, en respuesta a la tutela, el Tribunal de Bogotá aseguró que esta situación no puede afectar los derechos de quienes que acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Por lo que le pidió al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia dar respuestas claras y de fondo a las solicitudes de los desmovilizados.

Desorden y pagos irregulares

Una vez los desmovilizados llegan a juicio y la magistrada le concede la libertad, esta envía copias de la decisión a los jueces de ejecución de penas de la justicia ordinaria, es decir, a los jueces que se encargan de vigilar el cumplimiento de las sentencias proferidas.

Esto sucede porque en la mayoría de los casos, mientras estos exparamilitares eran juzgados por Justicia y Paz, los procesos siguieron andando en la justicia ordinaria por hechos que sucedieron mientras hicieron parte del grupo armado. Cada postulado tiene en promedio entre 5 a 20 sentencias proferidas por jueces de todo el país y mientras estas sigan en firme es imposible que salgan libres.

Como una solución, la Corte Suprema ha dicho que la magistrada debe informar a los jueces de ejecución para que suspendan dichas sentencias, pero este procedimiento se ha tornado particularmente enredado en Barranquilla.

“Llega la orden de suspensión al centro de servicios administrativos, que está encargado de hacerlas llegar a los jueces de ejecución de penas, pero a veces ese simple procedimiento se demora meses o se refunden los documentos”, dijo Beatriz Quintero, quien representa a casi el 70 por ciento de los postulados en la cárcel de Barranquilla.

Una vez llega a los despachos de los seis jueces de ejecución, la decisión de suspender las sentencias puede tardar unos cuantos meses. Las tutelas de los exparamilitares por las demoras han llegado hasta la Corte Suprema, que les ha recordado a los jueces que estos sólo deben hacer la suspensión de la sentencia, pues del estudio de los casos se encarga la justicia transicional.

“Me ha pasado que solicito la copia de la sentencia que en teoría están vigilando y me dicen que la sentencia se perdió, fallos con nombre errados y eso genera unos trancones terribles”, indica la abogada.

Por esta razón, la MAPP/OEA ha propiciado espacios de dialogo entre las entidades que ayuden a descongestionar las solicitudes de libertad que se han quedado en el embudo. De hecho, hace una semana se reunieron los seis jueces, con las autoridades carcelarias, la Defensoría del Pueblo y los abogados para darle solución al problema.

Sin embargo, a los postulados les preocupa en particular las decisiones del juez cuarto de ejecución de penas de Barranquilla que ha ordenado pagar una caución a quienes quieran acceder a su libertad. En algunos casos ha llegado a ordenar pagos de hasta 15 salarios mínimos.

De acuerdo con los defensores de los exparamilitares, esto es irregular si se tiene en cuenta que dentro del proceso de Justicia y Paz estos debían entregar todos sus bienes para reparar a sus víctimas. Independientemente de si esto se cumplió o no, los ‘paras’ rasos aseguran que no están en capacidad de cancelar esos montos.

Algunos postulados han apelado la decisión en varias oportunidades hasta lograr una rebaja de hasta tres salarios mínimos, otros siguen en la cárcel buscando el dinero para poder quedar en libertad.

Muy pocos exparamilitares han podido sortear estos obstáculos y algunos se han encontrado con otra barrera cuando están listos para dejar el centro penitenciario: las medidas de aseguramiento siguen vigentes por investigaciones que los fiscales de la justicia ordinaria se han negado a cerrar. Se trata de delitos que ya está siendo juzgados por la justicia transicional.

“Lo que está claro es que esta norma nunca logró integrar la justicia ordinaria y no se midieron las consecuencias. Sin duda esto trae muchas lecciones para nuevos procesos de justicia transicional”, concluye la abogada.

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EL TIEMPO: Una misión internacional de paz en territorio de conflicto

13 febrero, 2017

EL TIEMPO estuvo en el Catatumbo con la MAPP-OEA y habló con comunidad. Crónica desde campo.

Desde aquí, el país se ve diferente. La Colombia en guerra es una realidad y mantiene las calles empolvadas en un constante tránsito entre miedo y esperanza. Se sabe, por ejemplo, que en algunos pueblos, cuando se escucha el primer disparo desde la selva, hay que cerrar puertas y buscar resguardo hasta que terminen los hostigamientos contra el Ejército. También, es una regla implícita de vida nunca recorrer la región de noche o “respetar” los grafitis que aparecen en las fachadas.

Aquí la gente sabe que mientras en Bogotá se habla de paz, ellos hacen parte de una región en donde los grupos armados ilegales siguen activos en guerra. Y a pesar de los complejos conflictos con los cuales viven a diario y de todas las noticias negativas que llegan al centro del país, sus comunidades tienen presente también que algún día ese país en posconflicto que se ve en las noticias será el suyo.

Y trabajan para que lo sea. Los liderazgos comunitarios son, probablemente, el mecanismo más poderoso que tiene este territorio, no solo para mitigar el temor y la incertidumbre, sino para lograr el cambio.

Los líderes sociales repiten, incansablemente y con vehemencia, palabras como ‘concertación’, ‘participación’, ‘transformación’ y también ‘sustitución’. Consideran que allí está la clave para la paz en su región. Las comunidades, por su parte, saben escucharlos, rodearlos e interpelarlos. A ellos se suman los indígenas barí, habitantes ancestrales del territorio, quienes aportan su sabiduría y noción incluyente para la resolución pacífica de conflictos. Todos, desde sus visiones particulares, desarrollan planes autónomos para aportar a esta fase de transición que se vislumbra en el Catatumbo.

La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela y extendida por el departamento de Norte de Santander, ha sido y sigue siendo una zona de interés y disputa para los actores armados ilegales, precisamente por su carácter geoestratégico de frontera.

Están las Farc, el Eln, el Epl, bandas criminales como el ‘clan del Golfo’, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de lado y lado de la frontera, quienes han aprovechado la débil presencia estatal para consolidarse a través del control de la economía ilegal, principalmente los cultivos de coca, el narcotráfico y el contrabando de gasolina. Todos ellos, a veces en alianzas y a veces por separado, manejan en mayor o menor medida los distintos eslabones de la economía local. También intimidan a través del dinero ilícito las extorsiones a la mayoría de los 11 municipios que conforman la región.

Aquí hay heridas de la guerra aún por sanar y un conflicto que sigue presente y deja nuevas víctimas. En La Gabarra, un corregimiento al norte de Tibú, la capital de la región, una mujer dice que hace más de diez años los paramilitares la violaron y producto del hecho tuvo una hija. Lo recuerda una y otra vez, sin parecer encontrar la calma que necesita. Y en Versalles, otro caserío pero al sur, en la entrada se levanta un imponente letrero de las Farc que nadie se atreve a retirar. Mientras que en el occidente, en el municipio de San Calixto, la vía estuvo interrumpida en diciembre por un carro bomba del Epl, y el Eln continúa con ataques a oleoductos y bloqueo de carreteras.

A estas dinámicas de conflicto, criminalidad y rentas ilegales se suma la pobreza. A pesar de ser una región rica en tierras fértiles y recursos mineros, la carencia de servicios básicos es evidente a medida que transitamos y nos adentramos en el territorio, al punto de que un habitante del corregimiento de Versalles señala que los del Catatumbo son “los hijos olvidados de Colombia”.

Las vías terciarias son en realidad largas trochas. Para transportar enfermos y heridos los pobladores han tenido que recurrir al uso de motos particulares, pues no hay ni ingresan ambulancias. No hay suficientes hospitales ni centros de salud. Y las escuelas, además de ser escasas, ofrecen hasta quinto de primaria o atienden a solo 30 estudiantes.

Esta falta de oportunidades de educación y empleo, sumada a la presión ejercida por los ilegales, ha hecho del cultivo de coca una de las principales fuentes de ingresos para los campesinos de la zona, quienes desde muy jóvenes empiezan a rasparla. Aun así, ellos saben que “lidiar con la mata de coca es lidiar con violencia”. De ahí su reiterada voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito por proyectos productivos concertados.

El terreno está abonado. Por un lado, existe la intención; por el otro, hay iniciativas locales de emprendimiento y asociatividad que, tan solo, necesitan ser potenciadas. “Nosotros no somos agricultores, somos cultivadores. Necesitamos que el Gobierno nos enseñe a producir la comida para alimentar al país. Ese es nuestro mayor deseo”, le dijo a EL TIEMPO uno de los líderes comunitarios del tema en el Catatumbo.

Sin embargo, el Estado aquí se ve únicamente vestido de camuflado. Las acciones militares están vigentes y la inversión social sigue siendo una promesa. En su lugar, los casos de corrupción se oyen con frecuencia, al punto de que las comunidades temen, desde ya, que los recursos del posconflicto se queden “en el camino”, en manos de intermediarios. Por eso, piden tener mayor veeduría sobre estos fondos y así evitar que la paz esté en riesgo.

Monitoreo y acompañamiento en zona de conflicto

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) ha estado en el Catatumbo desde el momento en que se desmovilizaron las AUC. En estos 13 años en la región, ha sido un actor fundamental en la visibilización de las afectaciones del conflicto armado a las poblaciones, en el monitoreo a los procesos de reparación colectiva de víctimas y restitución de tierras, así como en el acompañamiento a iniciativas comunitarias de paz.

“La gente siempre tiene la expectativa de ser escuchada”, dice María Mandova, coordinadora regional en Cúcuta de la Mapp-OEA. “Las personas tienen preocupaciones y necesidades, pero creo que una de las grandes conclusiones que nos queda es que la gente tiene muchas propuestas de cómo proyectarse y cómo seguir adelante en un Catatumbo sin conflicto armado”, señala.

Algunas de estas iniciativas de paz se presentan en Pacelli, un corregimiento que, para muchos, es modelo de resiliencia en el convulsionado Catatumbo. A través de estructuras de líderes comunitarios, los pobladores de Pacelli propusieron un modelo propio de sustitución de cultivos ilícitos. El año pasado también socializaron un manual de convivencia que busca ponerles freno a los accidentes de tránsito y que ha permitido solucionar problemas comunitarios por medio del diálogo participativo entre todos sus habitantes. Aquí estuvo presente este organismo internacional brindando asesoría y apoyo.

Como un actor presente en la zona, la Misión también ha conocido y llamado la atención del Gobierno Nacional sobre casos recientes que han herido de manera profunda a las comunidades. Uno de estos es la desaparición forzada del líder comunal Henry Pérez, en La Gabarra, de quien no se tienen noticias desde el 26 de enero del año pasado. Este hecho ha conmocionado a la comunidad, que ha marchado y le ha pedido al Gobierno celeridad en las investigaciones, así como acompañamiento a las estructuras comunitarias locales.

La movilización comunitaria para exigir medidas urgentes y concretas en el caso de Pérez es ejemplo de cómo el renovado impulso de conseguir una paz estable empieza por poner fin al silencio y la impunidad. Aun así, los pobladores siguen sin respuestas sobre el paradero del dirigente comunal.

“Es un gran líder. Este tipo de hechos no se deben repetir en nuestro territorio, donde queremos es paz. Es muy doloroso”, le dijo a EL TIEMPO una mujer del corregimiento, que conocía la labor comunitaria de Pérez.

¿Por qué hay presencia de la Mapp-OEA? Por solicitud expresa del Gobierno Nacional de realizar misiones de monitoreo y apoyo en zonas de conflicto. Sus alertas, el conocimiento de los territorios y la confianza conseguida en el trato cercano con las comunidades permiten dar lectura de cómo avanzan las regiones en conflicto y su camino en búsqueda de la paz.

Al día siguiente de la firma del acuerdo de paz en Cartagena, el Gobierno expresó públicamente su deseo de que la Misión continúe en el país aportando al proceso de paz. Con dicho fin, extendió su presencia hasta diciembre del 2018, encargándole a su vez nuevas funciones en la etapa de posconflicto, que constituyen un aporte al fortalecimiento del proceso en cuanto implican acciones de monitoreo y acompañamiento en zonas del país que son de la mayor importancia. Esto se logra gracias al apoyo económico y político de los diversos países donantes de la Mapp-OEA.

El panorama en una región como el Catatumbo es complejo. Aunque las Farc, presentes en la zona, están próximas a iniciar la entrega de armas tras consolidarse el proceso de paz con el Gobierno, otros grupos ocupan y controlan el lugar.

Roberto Menéndez, el jefe de la Mapp-OEA, señaló en noviembre que sus equipos en las regiones vienen constatando que las zonas de las que se están retirando las Farc están siendo copadas por otros actores armados ilegales.

“Es muy difícil determinar si dichas dinámicas obedecen a una ‘cesión oficial de territorios’, por expresarlo de alguna manera. Lo que sí se ha logrado identificar son reconfiguraciones en los territorios. Las evidencias de dichos reacomodamientos son percibidas por las comunidades por la aparición de grafitis, presencia física y convocatorias a reuniones con pobladores”, le dijo Menéndez a EL TIEMPO.

Y esto es lo que las comunidades quieren que las autoridades locales y nacionales tengan en sus radares, para evitar que la violencia se perpetúe en la zona con nuevos rostros. También para reiterar la esperanza y necesidad de avanzar hacia una paz completa, que dé pronto inicio al anunciado proceso con el Eln y que busque una salida negociada con el reducto del Epl, conocido aquí como ‘los Pelusos’.

Entretanto, mientras avanzan las iniciativas gubernamentales para desarmar grupos a través del diálogo y de la ofensiva militar contra las demás estructuras ilegales, en terreno la gente deja entrever un arma poderosa contra la guerra enquistada en su región, y esta es su esperanza.

“Aquí estamos totalmente dispuestos a dejar la coca, que tanto daño nos ha hecho. Estamos dispuestos a ayudar. A unirnos. A buscar que los grupos armados salgan del territorio. Solo necesitamos mejorar la comunicación con el Gobierno y que este, por primera vez, llegue aquí sin promesas electorales. Que nos ayude a sacar los cultivos de cacao porque no hay vías, o que los niños tengan colegios. Juntos podemos lograrlo”, señala un hombre en Versalles, un punto cercano a Caño Indio, que en un principio se planteó como una de las zonas veredales para que las Farc se agruparan y dejaran las armas.

Una misión de paz como esta emite radiografías del conflicto y crea espacios de confianza y diálogo en zonas donde incluso la prensa ve restringido su trabajo por la violencia. Pero también acompaña los procesos que llenan de esperanza a las comunidades que se resisten a la guerra y anhelan conseguir la paz completa con todos los grupos armados.

Aquí, en el Catatumbo, cada vez son más quienes comienzan sus días con la ilusión de ver sus montañas sembradas de cacao, de tener sus vías pavimentadas y de que la educación de calidad llegue a sus niños. Ese día está cerca, porque los primeros pasos ya están dados: creen y trabajan por él.

EL TIEMPO
*Por invitación de la Mapp-OEA

COMUNICADO: Secretario General de la OEA saluda reinicio de diálogos de Paz entre gobierno de Colombia y ELN

11 octubre, 2016

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó el anuncio de la instalación de la mesa de negociación y diálogo público entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN como “un avance concreto y esperanzador hacia una Paz completa, tan anhelada durante décadas por los colombianos”.

Almagro aplaudió “la disposición de las partes para retornar a la mesa e iniciar un proceso de diálogo incluyente, en el que se otorga un papel muy activo a la sociedad civil y otros sectores de la ciudadanía colombiana”.

El líder de la organización hemisférica alabó que “el cese al fuego unilateral dispuesto por el ELN en el marco del plebiscito, y la liberación de secuestrados, son señales de Paz que permiten dar garantías a las víctimas y generar un ambiente de confianza para avanzar en las discusiones”.

El Secretario General Almagro reiteró el compromiso de la OEA con la Paz en Colombia a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA).

La Misión ha acompañado desde hace doce años iniciativas de paz en los territorios más alejados y golpeados por la violencia, y lo seguirá haciendo en el posconflicto. En ese marco, la MAPP/OEA tiene plena voluntad de apoyar este proceso de diálogo reabierto este lunes.

http://www.oas.org/es/

 

COMUNICADO: Colombia amplía el mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos

27 septiembre, 2016

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Cartagena. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) vigilará los desafíos y amenazas para la paz en Colombia, según el acuerdo firmado por la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín; el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

La MAPP/OEA tendrá presencia activa y permanente en los territorios que dejarán las FARC-EP, y en aquellos con presencia de ELN y de grupos armados organizados. En estas zonas, realizará el monitoreo de las condiciones de seguridad y las afectaciones a las comunidades. También monitoreará el desarrollo de conflictos sociales que implican retos para la consolidación de la paz, y continuará con sus tareas referentes a derechos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, campesinos, reclamantes de tierras, sujetos de reparación colectiva, pueblos indígenas y afrocolombianos, entre otras. Continue reading “COMUNICADO: Colombia amplía el mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos”

El País (España): Colombia, las lecciones del acuerdo de paz

29 junio, 2016

Editorial de Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

Colombia decidió que no valía la pena seguir aferrada a 50 años de guerra, conflicto y falta de civilidad. Por el contrario, concluyó que el tiempo del futuro había llegado ya, para toda su gente.

Así y tras 5 años de intensas negociaciones se selló en La Habana, Cuba, un paso trascendental para el abrazo de todos los colombianos, para poder construir juntos un futuro para todos, sin miedos, sin represalias, sin la sensación permanente de inseguridad.

Hasta hace poco, hablar de paz en Colombia era un deseo ilusorio y escenario de probabilidad remota. Hoy, luego del anuncio de La Habana, estamos ante el advenimiento de lo que podría considerarse uno de los momentos históricos más trascendentales en la vida del país, un paso concreto e irreversible hacia el logro de la paz, el tránsito del ejercicio de la política armada a la práctica política basada en las herramientas de la democracia.
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