Para la OEA, hay que avanzar sobre lo construido para hacer que los nuevos procesos sean posibles y consolidar una “paz completa”.

La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó el informe 35 ante el Consejo Permanente de la Organización, que detalla las labores realizadas por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023. Esta misión tiene como objetivo contribuir al avance de las negociaciones y acercamientos con grupos armados ilegales en Colombia.

La MAPP/OEA entregó un total de 16 recomendaciones dirigidas a diversas entidades del Gobierno colombiano, con un enfoque especial en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Estas recomendaciones abarcan temas cruciales como el desminado humanitario, la desvinculación de niños, niñas y adolescentes del conflicto, el cese al fuego, la seguridad jurídica para las víctimas y victimarios, los parámetros de judicialización y las condiciones de sometimiento y desmantelamiento de los distintos grupos armados ilegales.

Durante el período informado, la MAPP/OEA llevó a cabo un total de 1.128 misiones en terreno, abarcando 486 centros poblados en 195 municipios de 22 departamentos del país. Estos centros poblados incluyeron cabeceras municipales, corregimientos, veredas, resguardos indígenas y consejos comunitarios. El alcance de su trabajo se refleja en el recorrido de 159.328 kilómetros por vía terrestre y 3.521 kilómetros por vía fluvial.

Roberto Menéndez, jefe de Misión de la MAPP/OEA, enfatizó la importancia de unir esfuerzos de todos los actores involucrados en la búsqueda de la “paz completa en Colombia”, dado el impacto significativo en la población civil. También destacó la necesidad de preservar los logros alcanzados y superar los desafíos en los nuevos procesos.

“Después de casi 20 años acompañando a Colombia en la construcción de paz, la Misión llama a sumar voluntades de todos los actores involucrados en los esfuerzos para la búsqueda de la paz completa. Las graves afectaciones a la población civil hacen que sea impostergable la atención a los desafíos en el marco de las negociaciones y conversaciones con los grupos armados. Por eso, resulta indispensable avanzar sobre lo construido, preservar lo alcanzado y superar los desafíos para hacer que los procesos sean posibles. La experiencia y lo recorrido todos estos años, son una fuente para buscar soluciones y hacer viable la paz”, afirmó Menéndez durante la presentación ante el Consejo Permanente.

El informe también abarcó la política de ‘paz total’ durante el primer año de Gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en las negociaciones con grupos armados ilegales de carácter rural y urbano. Se mencionó la instalación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) del Cese al Fuego Bilateral y Temporal de Carácter Nacional (CFBTN) entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

En el ámbito de la ‘paz urbana’, resaltaron los acercamientos del Gobierno con varios grupos armados locales en Quibdó, Buenaventura, Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá para la instalación de espacios de conversación sociojurídicos.

El informe también subrayó la importancia de considerar el medio ambiente como un componente esencial de la política de ‘paz total’ y abordó lo que se denomina “paz ambiental”. De acuerdo con la MAPP/OEA, se examinaron las afectaciones a comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y sus líderes, así como las consecuencias del secuestro, las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, entre otros aspectos.

La MAPP/OEA aprovechó para hacer una invitación a los nuevos líderes públicos surgidos después de las elecciones regionales en Colombia para que se unan en la búsqueda de una “paz completa” en el país y destaca su disposición para colaborar en este objetivo.

El trabajo de la MAPP/OEA es posible gracias al apoyo político y financiero de los países miembros del Fondo Canasta, que incluye a Alemania, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Irlanda, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Turquía. Además, Noruega y Suiza también contribuyen, fortaleciendo el trabajo de la Misión en áreas clave como la participación y el diálogo con las comunidades en los territorios.

En su 35° informe semestral, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz reportó luces y sombras: hay persistencia en violencia de grupos armados a civiles, amenazas a pueblos étnicos y reclutamientos, pero se registró una disminución en desplazamientos forzados y la consolidación de algunos procesos en medio de las Paz Total del Gobierno Petro.

Una grave preocupación por la expansión de grupos armados ilegales y, en contraste, avances importantes en la búsqueda de soluciones al conflicto y la violencia tanto en ciudades como en zonas rurales. Esos fueron dos de los panoramas que se registraron durante el primer semestre de 2023, y que fueron recogidos por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA), que lanzó este miércoles desde Washington su trigésimo quinto informe periódico del secretario general al Consejo Permanente.

En el documento se hace un análisis de enero a junio en materia de Paz Total, dinámicas de grupos armados, avances en la construcción de paz en el país, y hallazgos y recomendaciones para que el Estado colombiano cumpla la defensa de derechos humanos frente a sus pobladores que más han vivido una violencia armada que parece incesante.

“En el periodo informado los grupos armados afianzaron su presencia y expandieron su control en diversos territorios del país”, aseguró Roberto Menéndez, jefe de la MAPP OEA en Colombia. No obstante, esta misión, próxima a cumplir dos décadas en el país y con extensión de su mandato hasta 2025, nuevamente le dio un espaldarazo a la Paz Total y sus estrategias de diálogo para desmantelar o negociar con los grupos ilegales.

Asimismo, frente a condiciones de seguridad en las periferias del país, este organismo destacó la formulación de la política pública de desmantelamiento de organizaciones criminales. La referencia a esto es clave, pues esa política además de impulsar los esfuerzos de la Paz Total es un avance en la implementación del Acuerdo de La Habana.

Las alertas del informe

Sin embargo, además de la expansión de los grupos, hubo varias otras sombras señaladas por la MAPP-OEA, objeto de evaluación para ver cómo va la paz en el país. Como se lee en el informe, en zonas donde los grupos armados ilegales consolidaron su poder “sin que existan disputas entre ellos”, se mantuvieron las afectaciones a civiles y, agregan, a “la limitación al ejercicio de la misionalidad de algunas instituciones locales, como ocurrió en regiones de Caquetá, Guaviare, Meta y Norte de Santander”.

También esta misión aseguró que los grupos armados “afianzaron su presencia y, en algunos casos, expandieron su control territorial, generando desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, homicidios, masacres, secuestros y extorsiones a la población civil en Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo”.

En ese periodo, entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023, los crímenes mayormente perpetrados por parte de estos actores armados fueron los homicidios, el reclutamiento forzado de menores de edad, las amenazas, los secuestros, las extorsiones, el uso de artefactos explosivos y el desplazamiento forzado, aunque este último, como citan, presentó una disminución del 58 %frente a los mismos meses de 2022.

En Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle se concentraron la gran mayoría de disputas entre grupos armados ilegales.

Lea aquí el informe semestral

Por otro lado, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Norte de Santander encabezaron las afectaciones a civiles con imposición de paros armados y otras restricciones a su movilidad. Mientras que Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Meta agruparon, según MAPP-OEA, la utilización de publicidad y formas varias de coacción para “obtener apoyo a favor de los distintos acercamientos con el Gobierno Nacional”.

Han pasado varios meses, e incluso años, desde que algunos desmovilizados del Bloque Norte cumplieron la condena de ocho años que se pactó en la Ley de Justicia y Paz, pero por problemas de trámite muy pocos están en libertad.

A mediados de enero, más de 20 paramilitares del pabellón de Justicia y Paz de la cárcel de Barranquilla se declararon en huelga de hambre. Protestaban porque no han sido puestos en libertad, a pesar de que ya cumplieron ocho años en la cárcel, la pena máxima para los desmovilizados que se acogieron a la ley 975 de 2005.

En una carta dirigida al director del establecimiento carcelario, culpa de estas dilaciones a los seis jueces de ejecución de penas de Barranquilla: “Nosotros hemos cumplido con los compromisos que adquirimos al acogernos al proceso de desmovilización (verdad, justicia, perdón garantía de no repetición y reparación), por lo tanto, exigimos a los jueces de ejecución de penas de Barranquilla, cumplan con lo de ordenado por el tribunal de justicia y paz”. (Ver comunicado)

Se trata de un problema de trámite entre los jueces de la justicia transicional, es decir los magistrados de Justicia y Paz, y los jueces de la justicia ordinaria. Para algunos expertos, este es el resultado de una ley que no cumplió los límites temporales que se impuso y, cuyos funcionarios, tanto jueces como fiscales, no lograron conectarse con sus pares en de la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), es claro que la ley no le está cumpliendo a quienes se desmovilizaron y decidieron hacer parte del proceso, pues los postulados están cumpliendo en promedio 9.4 años de prisión.

El problema ya había sido denunciado cuando los primeros jefes paramilitares cumplieron su condena, y desde entonces se han logrado mejoras sustanciales en el proceso. Sin embargo, los abogados de los postulados coinciden en que hay un embudo en los procesos de la costa Caribe que puede convertirse en una ‘bomba de tiempo’ en las cárceles.

Cargas desproporcionadas

El enredo se centra en la sustitución de la medida de aseguramiento, una figura creada en 2012 por el Congreso de la República cuando se reformó la Ley de Justicia y Paz, que permitía dejar en libertad a los desmovilizados que, aunque no hubieran sido condenados, cumplieran ocho años privados de la libertad. La medida fue tomada a raíz de la mínima cantidad de fallos emitidos hasta entonces.

De acuerdo con información de la Fiscalía, hasta el momento hay 28 sentencias de Justicia y Paz en firme y la mayoría en contra de exjefes paramilitares. Estas personas tienen un procedimiento distinto para solicitar su libertad.

De acuerdo con abogados y expertos en el tema consultados por VerdadAbierta.com, varios de los ‘paras’ rasos y exmandos medios del Bloque Norte han encontrado un primer embudo en la falta de personal de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla. Una sola magistrada debe resolver las solicitudes de libertad de todo el Bloque Norte, la estructura más numerosa de las Auc.

Aunque la norma dice que hay un plazo de 20 días para resolver dichas sustituciones de medida de aseguramiento, lo cierto es que cada uno de estos casos se está tardando entre ocho y nueve meses en llegar a audiencia.

En respuesta a una tutela interpuesta por un grupo de postulados en la cárcel de Montería, la magistrada Zoraida Anyul Chalela aseguró que sólo cuenta con un profesional de apoyo debido al recorte de personal que hizo el Consejo Superior de la Judicatura. Esta entidad “no prorrogó las medidas de descongestión, ni creó cargos permanentes que se requieren, lo que ha traído una sobrecarga laboral”. En esa misma respuesta, la magistrada aseguró que a comienzos del año pasado había 68 peticiones de libertad en su despacho esperando una respuesta.

Los abogados que acompañan estos casos y los mismos postulados son conscientes del trabajo imparable de la magistrada, pero saben que estas solicitudes desbordan las capacidades de la funcionaria. Teniendo en cuenta, además, que esta misma magistrada es la encargada de hacer las imputaciones a los postulados e imponer medidas cautelares de los predios que serán destinados a la reparación a las víctimas.

Por esa razón, en respuesta a la tutela, el Tribunal de Bogotá aseguró que esta situación no puede afectar los derechos de quienes que acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Por lo que le pidió al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia dar respuestas claras y de fondo a las solicitudes de los desmovilizados.

Desorden y pagos irregulares

Una vez los desmovilizados llegan a juicio y la magistrada le concede la libertad, esta envía copias de la decisión a los jueces de ejecución de penas de la justicia ordinaria, es decir, a los jueces que se encargan de vigilar el cumplimiento de las sentencias proferidas.

Esto sucede porque en la mayoría de los casos, mientras estos exparamilitares eran juzgados por Justicia y Paz, los procesos siguieron andando en la justicia ordinaria por hechos que sucedieron mientras hicieron parte del grupo armado. Cada postulado tiene en promedio entre 5 a 20 sentencias proferidas por jueces de todo el país y mientras estas sigan en firme es imposible que salgan libres.

Como una solución, la Corte Suprema ha dicho que la magistrada debe informar a los jueces de ejecución para que suspendan dichas sentencias, pero este procedimiento se ha tornado particularmente enredado en Barranquilla.

“Llega la orden de suspensión al centro de servicios administrativos, que está encargado de hacerlas llegar a los jueces de ejecución de penas, pero a veces ese simple procedimiento se demora meses o se refunden los documentos”, dijo Beatriz Quintero, quien representa a casi el 70 por ciento de los postulados en la cárcel de Barranquilla.

Una vez llega a los despachos de los seis jueces de ejecución, la decisión de suspender las sentencias puede tardar unos cuantos meses. Las tutelas de los exparamilitares por las demoras han llegado hasta la Corte Suprema, que les ha recordado a los jueces que estos sólo deben hacer la suspensión de la sentencia, pues del estudio de los casos se encarga la justicia transicional.

“Me ha pasado que solicito la copia de la sentencia que en teoría están vigilando y me dicen que la sentencia se perdió, fallos con nombre errados y eso genera unos trancones terribles”, indica la abogada.

Por esta razón, la MAPP/OEA ha propiciado espacios de dialogo entre las entidades que ayuden a descongestionar las solicitudes de libertad que se han quedado en el embudo. De hecho, hace una semana se reunieron los seis jueces, con las autoridades carcelarias, la Defensoría del Pueblo y los abogados para darle solución al problema.

Sin embargo, a los postulados les preocupa en particular las decisiones del juez cuarto de ejecución de penas de Barranquilla que ha ordenado pagar una caución a quienes quieran acceder a su libertad. En algunos casos ha llegado a ordenar pagos de hasta 15 salarios mínimos.

De acuerdo con los defensores de los exparamilitares, esto es irregular si se tiene en cuenta que dentro del proceso de Justicia y Paz estos debían entregar todos sus bienes para reparar a sus víctimas. Independientemente de si esto se cumplió o no, los ‘paras’ rasos aseguran que no están en capacidad de cancelar esos montos.

Algunos postulados han apelado la decisión en varias oportunidades hasta lograr una rebaja de hasta tres salarios mínimos, otros siguen en la cárcel buscando el dinero para poder quedar en libertad.

Muy pocos exparamilitares han podido sortear estos obstáculos y algunos se han encontrado con otra barrera cuando están listos para dejar el centro penitenciario: las medidas de aseguramiento siguen vigentes por investigaciones que los fiscales de la justicia ordinaria se han negado a cerrar. Se trata de delitos que ya está siendo juzgados por la justicia transicional.

“Lo que está claro es que esta norma nunca logró integrar la justicia ordinaria y no se midieron las consecuencias. Sin duda esto trae muchas lecciones para nuevos procesos de justicia transicional”, concluye la abogada.

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