VERDAD ABIERTA: Se enredó la libertad de los ‘paras’ en la costa Caribe

Han pasado varios meses, e incluso años, desde que algunos desmovilizados del Bloque Norte cumplieron la condena de ocho años que se pactó en la Ley de Justicia y Paz, pero por problemas de trámite muy pocos están en libertad.

A mediados de enero, más de 20 paramilitares del pabellón de Justicia y Paz de la cárcel de Barranquilla se declararon en huelga de hambre. Protestaban porque no han sido puestos en libertad, a pesar de que ya cumplieron ocho años en la cárcel, la pena máxima para los desmovilizados que se acogieron a la ley 975 de 2005.

En una carta dirigida al director del establecimiento carcelario, culpa de estas dilaciones a los seis jueces de ejecución de penas de Barranquilla: “Nosotros hemos cumplido con los compromisos que adquirimos al acogernos al proceso de desmovilización (verdad, justicia, perdón garantía de no repetición y reparación), por lo tanto, exigimos a los jueces de ejecución de penas de Barranquilla, cumplan con lo de ordenado por el tribunal de justicia y paz”. (Ver comunicado)

Se trata de un problema de trámite entre los jueces de la justicia transicional, es decir los magistrados de Justicia y Paz, y los jueces de la justicia ordinaria. Para algunos expertos, este es el resultado de una ley que no cumplió los límites temporales que se impuso y, cuyos funcionarios, tanto jueces como fiscales, no lograron conectarse con sus pares en de la jurisdicción ordinaria.

De acuerdo con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), es claro que la ley no le está cumpliendo a quienes se desmovilizaron y decidieron hacer parte del proceso, pues los postulados están cumpliendo en promedio 9.4 años de prisión.

El problema ya había sido denunciado cuando los primeros jefes paramilitares cumplieron su condena, y desde entonces se han logrado mejoras sustanciales en el proceso. Sin embargo, los abogados de los postulados coinciden en que hay un embudo en los procesos de la costa Caribe que puede convertirse en una ‘bomba de tiempo’ en las cárceles.

Cargas desproporcionadas

El enredo se centra en la sustitución de la medida de aseguramiento, una figura creada en 2012 por el Congreso de la República cuando se reformó la Ley de Justicia y Paz, que permitía dejar en libertad a los desmovilizados que, aunque no hubieran sido condenados, cumplieran ocho años privados de la libertad. La medida fue tomada a raíz de la mínima cantidad de fallos emitidos hasta entonces.

De acuerdo con información de la Fiscalía, hasta el momento hay 28 sentencias de Justicia y Paz en firme y la mayoría en contra de exjefes paramilitares. Estas personas tienen un procedimiento distinto para solicitar su libertad.

De acuerdo con abogados y expertos en el tema consultados por VerdadAbierta.com, varios de los ‘paras’ rasos y exmandos medios del Bloque Norte han encontrado un primer embudo en la falta de personal de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla. Una sola magistrada debe resolver las solicitudes de libertad de todo el Bloque Norte, la estructura más numerosa de las Auc.

Aunque la norma dice que hay un plazo de 20 días para resolver dichas sustituciones de medida de aseguramiento, lo cierto es que cada uno de estos casos se está tardando entre ocho y nueve meses en llegar a audiencia.

En respuesta a una tutela interpuesta por un grupo de postulados en la cárcel de Montería, la magistrada Zoraida Anyul Chalela aseguró que sólo cuenta con un profesional de apoyo debido al recorte de personal que hizo el Consejo Superior de la Judicatura. Esta entidad “no prorrogó las medidas de descongestión, ni creó cargos permanentes que se requieren, lo que ha traído una sobrecarga laboral”. En esa misma respuesta, la magistrada aseguró que a comienzos del año pasado había 68 peticiones de libertad en su despacho esperando una respuesta.

Los abogados que acompañan estos casos y los mismos postulados son conscientes del trabajo imparable de la magistrada, pero saben que estas solicitudes desbordan las capacidades de la funcionaria. Teniendo en cuenta, además, que esta misma magistrada es la encargada de hacer las imputaciones a los postulados e imponer medidas cautelares de los predios que serán destinados a la reparación a las víctimas.

Por esa razón, en respuesta a la tutela, el Tribunal de Bogotá aseguró que esta situación no puede afectar los derechos de quienes que acogieron a la Ley de Justicia y Paz. Por lo que le pidió al Consejo Superior de la Judicatura y al Ministerio de Justicia dar respuestas claras y de fondo a las solicitudes de los desmovilizados.

Desorden y pagos irregulares

Una vez los desmovilizados llegan a juicio y la magistrada le concede la libertad, esta envía copias de la decisión a los jueces de ejecución de penas de la justicia ordinaria, es decir, a los jueces que se encargan de vigilar el cumplimiento de las sentencias proferidas.

Esto sucede porque en la mayoría de los casos, mientras estos exparamilitares eran juzgados por Justicia y Paz, los procesos siguieron andando en la justicia ordinaria por hechos que sucedieron mientras hicieron parte del grupo armado. Cada postulado tiene en promedio entre 5 a 20 sentencias proferidas por jueces de todo el país y mientras estas sigan en firme es imposible que salgan libres.

Como una solución, la Corte Suprema ha dicho que la magistrada debe informar a los jueces de ejecución para que suspendan dichas sentencias, pero este procedimiento se ha tornado particularmente enredado en Barranquilla.

“Llega la orden de suspensión al centro de servicios administrativos, que está encargado de hacerlas llegar a los jueces de ejecución de penas, pero a veces ese simple procedimiento se demora meses o se refunden los documentos”, dijo Beatriz Quintero, quien representa a casi el 70 por ciento de los postulados en la cárcel de Barranquilla.

Una vez llega a los despachos de los seis jueces de ejecución, la decisión de suspender las sentencias puede tardar unos cuantos meses. Las tutelas de los exparamilitares por las demoras han llegado hasta la Corte Suprema, que les ha recordado a los jueces que estos sólo deben hacer la suspensión de la sentencia, pues del estudio de los casos se encarga la justicia transicional.

“Me ha pasado que solicito la copia de la sentencia que en teoría están vigilando y me dicen que la sentencia se perdió, fallos con nombre errados y eso genera unos trancones terribles”, indica la abogada.

Por esta razón, la MAPP/OEA ha propiciado espacios de dialogo entre las entidades que ayuden a descongestionar las solicitudes de libertad que se han quedado en el embudo. De hecho, hace una semana se reunieron los seis jueces, con las autoridades carcelarias, la Defensoría del Pueblo y los abogados para darle solución al problema.

Sin embargo, a los postulados les preocupa en particular las decisiones del juez cuarto de ejecución de penas de Barranquilla que ha ordenado pagar una caución a quienes quieran acceder a su libertad. En algunos casos ha llegado a ordenar pagos de hasta 15 salarios mínimos.

De acuerdo con los defensores de los exparamilitares, esto es irregular si se tiene en cuenta que dentro del proceso de Justicia y Paz estos debían entregar todos sus bienes para reparar a sus víctimas. Independientemente de si esto se cumplió o no, los ‘paras’ rasos aseguran que no están en capacidad de cancelar esos montos.

Algunos postulados han apelado la decisión en varias oportunidades hasta lograr una rebaja de hasta tres salarios mínimos, otros siguen en la cárcel buscando el dinero para poder quedar en libertad.

Muy pocos exparamilitares han podido sortear estos obstáculos y algunos se han encontrado con otra barrera cuando están listos para dejar el centro penitenciario: las medidas de aseguramiento siguen vigentes por investigaciones que los fiscales de la justicia ordinaria se han negado a cerrar. Se trata de delitos que ya está siendo juzgados por la justicia transicional.

“Lo que está claro es que esta norma nunca logró integrar la justicia ordinaria y no se midieron las consecuencias. Sin duda esto trae muchas lecciones para nuevos procesos de justicia transicional”, concluye la abogada.

Para ver la nota en el medio, haga clic aquí.

EL TIEMPO: Una misión internacional de paz en territorio de conflicto

EL TIEMPO estuvo en el Catatumbo con la MAPP-OEA y habló con comunidad. Crónica desde campo.

Desde aquí, el país se ve diferente. La Colombia en guerra es una realidad y mantiene las calles empolvadas en un constante tránsito entre miedo y esperanza. Se sabe, por ejemplo, que en algunos pueblos, cuando se escucha el primer disparo desde la selva, hay que cerrar puertas y buscar resguardo hasta que terminen los hostigamientos contra el Ejército. También, es una regla implícita de vida nunca recorrer la región de noche o “respetar” los grafitis que aparecen en las fachadas.

Aquí la gente sabe que mientras en Bogotá se habla de paz, ellos hacen parte de una región en donde los grupos armados ilegales siguen activos en guerra. Y a pesar de los complejos conflictos con los cuales viven a diario y de todas las noticias negativas que llegan al centro del país, sus comunidades tienen presente también que algún día ese país en posconflicto que se ve en las noticias será el suyo.

Y trabajan para que lo sea. Los liderazgos comunitarios son, probablemente, el mecanismo más poderoso que tiene este territorio, no solo para mitigar el temor y la incertidumbre, sino para lograr el cambio.

Los líderes sociales repiten, incansablemente y con vehemencia, palabras como ‘concertación’, ‘participación’, ‘transformación’ y también ‘sustitución’. Consideran que allí está la clave para la paz en su región. Las comunidades, por su parte, saben escucharlos, rodearlos e interpelarlos. A ellos se suman los indígenas barí, habitantes ancestrales del territorio, quienes aportan su sabiduría y noción incluyente para la resolución pacífica de conflictos. Todos, desde sus visiones particulares, desarrollan planes autónomos para aportar a esta fase de transición que se vislumbra en el Catatumbo.

La región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela y extendida por el departamento de Norte de Santander, ha sido y sigue siendo una zona de interés y disputa para los actores armados ilegales, precisamente por su carácter geoestratégico de frontera.

Están las Farc, el Eln, el Epl, bandas criminales como el ‘clan del Golfo’, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas de lado y lado de la frontera, quienes han aprovechado la débil presencia estatal para consolidarse a través del control de la economía ilegal, principalmente los cultivos de coca, el narcotráfico y el contrabando de gasolina. Todos ellos, a veces en alianzas y a veces por separado, manejan en mayor o menor medida los distintos eslabones de la economía local. También intimidan a través del dinero ilícito las extorsiones a la mayoría de los 11 municipios que conforman la región.

Aquí hay heridas de la guerra aún por sanar y un conflicto que sigue presente y deja nuevas víctimas. En La Gabarra, un corregimiento al norte de Tibú, la capital de la región, una mujer dice que hace más de diez años los paramilitares la violaron y producto del hecho tuvo una hija. Lo recuerda una y otra vez, sin parecer encontrar la calma que necesita. Y en Versalles, otro caserío pero al sur, en la entrada se levanta un imponente letrero de las Farc que nadie se atreve a retirar. Mientras que en el occidente, en el municipio de San Calixto, la vía estuvo interrumpida en diciembre por un carro bomba del Epl, y el Eln continúa con ataques a oleoductos y bloqueo de carreteras.

A estas dinámicas de conflicto, criminalidad y rentas ilegales se suma la pobreza. A pesar de ser una región rica en tierras fértiles y recursos mineros, la carencia de servicios básicos es evidente a medida que transitamos y nos adentramos en el territorio, al punto de que un habitante del corregimiento de Versalles señala que los del Catatumbo son “los hijos olvidados de Colombia”.

Las vías terciarias son en realidad largas trochas. Para transportar enfermos y heridos los pobladores han tenido que recurrir al uso de motos particulares, pues no hay ni ingresan ambulancias. No hay suficientes hospitales ni centros de salud. Y las escuelas, además de ser escasas, ofrecen hasta quinto de primaria o atienden a solo 30 estudiantes.

Esta falta de oportunidades de educación y empleo, sumada a la presión ejercida por los ilegales, ha hecho del cultivo de coca una de las principales fuentes de ingresos para los campesinos de la zona, quienes desde muy jóvenes empiezan a rasparla. Aun así, ellos saben que “lidiar con la mata de coca es lidiar con violencia”. De ahí su reiterada voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito por proyectos productivos concertados.

El terreno está abonado. Por un lado, existe la intención; por el otro, hay iniciativas locales de emprendimiento y asociatividad que, tan solo, necesitan ser potenciadas. “Nosotros no somos agricultores, somos cultivadores. Necesitamos que el Gobierno nos enseñe a producir la comida para alimentar al país. Ese es nuestro mayor deseo”, le dijo a EL TIEMPO uno de los líderes comunitarios del tema en el Catatumbo.

Sin embargo, el Estado aquí se ve únicamente vestido de camuflado. Las acciones militares están vigentes y la inversión social sigue siendo una promesa. En su lugar, los casos de corrupción se oyen con frecuencia, al punto de que las comunidades temen, desde ya, que los recursos del posconflicto se queden “en el camino”, en manos de intermediarios. Por eso, piden tener mayor veeduría sobre estos fondos y así evitar que la paz esté en riesgo.

Monitoreo y acompañamiento en zona de conflicto

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) ha estado en el Catatumbo desde el momento en que se desmovilizaron las AUC. En estos 13 años en la región, ha sido un actor fundamental en la visibilización de las afectaciones del conflicto armado a las poblaciones, en el monitoreo a los procesos de reparación colectiva de víctimas y restitución de tierras, así como en el acompañamiento a iniciativas comunitarias de paz.

“La gente siempre tiene la expectativa de ser escuchada”, dice María Mandova, coordinadora regional en Cúcuta de la Mapp-OEA. “Las personas tienen preocupaciones y necesidades, pero creo que una de las grandes conclusiones que nos queda es que la gente tiene muchas propuestas de cómo proyectarse y cómo seguir adelante en un Catatumbo sin conflicto armado”, señala.

Algunas de estas iniciativas de paz se presentan en Pacelli, un corregimiento que, para muchos, es modelo de resiliencia en el convulsionado Catatumbo. A través de estructuras de líderes comunitarios, los pobladores de Pacelli propusieron un modelo propio de sustitución de cultivos ilícitos. El año pasado también socializaron un manual de convivencia que busca ponerles freno a los accidentes de tránsito y que ha permitido solucionar problemas comunitarios por medio del diálogo participativo entre todos sus habitantes. Aquí estuvo presente este organismo internacional brindando asesoría y apoyo.

Como un actor presente en la zona, la Misión también ha conocido y llamado la atención del Gobierno Nacional sobre casos recientes que han herido de manera profunda a las comunidades. Uno de estos es la desaparición forzada del líder comunal Henry Pérez, en La Gabarra, de quien no se tienen noticias desde el 26 de enero del año pasado. Este hecho ha conmocionado a la comunidad, que ha marchado y le ha pedido al Gobierno celeridad en las investigaciones, así como acompañamiento a las estructuras comunitarias locales.

La movilización comunitaria para exigir medidas urgentes y concretas en el caso de Pérez es ejemplo de cómo el renovado impulso de conseguir una paz estable empieza por poner fin al silencio y la impunidad. Aun así, los pobladores siguen sin respuestas sobre el paradero del dirigente comunal.

“Es un gran líder. Este tipo de hechos no se deben repetir en nuestro territorio, donde queremos es paz. Es muy doloroso”, le dijo a EL TIEMPO una mujer del corregimiento, que conocía la labor comunitaria de Pérez.

¿Por qué hay presencia de la Mapp-OEA? Por solicitud expresa del Gobierno Nacional de realizar misiones de monitoreo y apoyo en zonas de conflicto. Sus alertas, el conocimiento de los territorios y la confianza conseguida en el trato cercano con las comunidades permiten dar lectura de cómo avanzan las regiones en conflicto y su camino en búsqueda de la paz.

Al día siguiente de la firma del acuerdo de paz en Cartagena, el Gobierno expresó públicamente su deseo de que la Misión continúe en el país aportando al proceso de paz. Con dicho fin, extendió su presencia hasta diciembre del 2018, encargándole a su vez nuevas funciones en la etapa de posconflicto, que constituyen un aporte al fortalecimiento del proceso en cuanto implican acciones de monitoreo y acompañamiento en zonas del país que son de la mayor importancia. Esto se logra gracias al apoyo económico y político de los diversos países donantes de la Mapp-OEA.

El panorama en una región como el Catatumbo es complejo. Aunque las Farc, presentes en la zona, están próximas a iniciar la entrega de armas tras consolidarse el proceso de paz con el Gobierno, otros grupos ocupan y controlan el lugar.

Roberto Menéndez, el jefe de la Mapp-OEA, señaló en noviembre que sus equipos en las regiones vienen constatando que las zonas de las que se están retirando las Farc están siendo copadas por otros actores armados ilegales.

“Es muy difícil determinar si dichas dinámicas obedecen a una ‘cesión oficial de territorios’, por expresarlo de alguna manera. Lo que sí se ha logrado identificar son reconfiguraciones en los territorios. Las evidencias de dichos reacomodamientos son percibidas por las comunidades por la aparición de grafitis, presencia física y convocatorias a reuniones con pobladores”, le dijo Menéndez a EL TIEMPO.

Y esto es lo que las comunidades quieren que las autoridades locales y nacionales tengan en sus radares, para evitar que la violencia se perpetúe en la zona con nuevos rostros. También para reiterar la esperanza y necesidad de avanzar hacia una paz completa, que dé pronto inicio al anunciado proceso con el Eln y que busque una salida negociada con el reducto del Epl, conocido aquí como ‘los Pelusos’.

Entretanto, mientras avanzan las iniciativas gubernamentales para desarmar grupos a través del diálogo y de la ofensiva militar contra las demás estructuras ilegales, en terreno la gente deja entrever un arma poderosa contra la guerra enquistada en su región, y esta es su esperanza.

“Aquí estamos totalmente dispuestos a dejar la coca, que tanto daño nos ha hecho. Estamos dispuestos a ayudar. A unirnos. A buscar que los grupos armados salgan del territorio. Solo necesitamos mejorar la comunicación con el Gobierno y que este, por primera vez, llegue aquí sin promesas electorales. Que nos ayude a sacar los cultivos de cacao porque no hay vías, o que los niños tengan colegios. Juntos podemos lograrlo”, señala un hombre en Versalles, un punto cercano a Caño Indio, que en un principio se planteó como una de las zonas veredales para que las Farc se agruparan y dejaran las armas.

Una misión de paz como esta emite radiografías del conflicto y crea espacios de confianza y diálogo en zonas donde incluso la prensa ve restringido su trabajo por la violencia. Pero también acompaña los procesos que llenan de esperanza a las comunidades que se resisten a la guerra y anhelan conseguir la paz completa con todos los grupos armados.

Aquí, en el Catatumbo, cada vez son más quienes comienzan sus días con la ilusión de ver sus montañas sembradas de cacao, de tener sus vías pavimentadas y de que la educación de calidad llegue a sus niños. Ese día está cerca, porque los primeros pasos ya están dados: creen y trabajan por él.

EL TIEMPO
*Por invitación de la Mapp-OEA

COMUNICADO: Secretario General de la OEA saluda reinicio de diálogos de Paz entre gobierno de Colombia y ELN

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó el anuncio de la instalación de la mesa de negociación y diálogo público entre el gobierno colombiano y la guerrilla del ELN como “un avance concreto y esperanzador hacia una Paz completa, tan anhelada durante décadas por los colombianos”.

Almagro aplaudió “la disposición de las partes para retornar a la mesa e iniciar un proceso de diálogo incluyente, en el que se otorga un papel muy activo a la sociedad civil y otros sectores de la ciudadanía colombiana”.

El líder de la organización hemisférica alabó que “el cese al fuego unilateral dispuesto por el ELN en el marco del plebiscito, y la liberación de secuestrados, son señales de Paz que permiten dar garantías a las víctimas y generar un ambiente de confianza para avanzar en las discusiones”.

El Secretario General Almagro reiteró el compromiso de la OEA con la Paz en Colombia a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA).

La Misión ha acompañado desde hace doce años iniciativas de paz en los territorios más alejados y golpeados por la violencia, y lo seguirá haciendo en el posconflicto. En ese marco, la MAPP/OEA tiene plena voluntad de apoyar este proceso de diálogo reabierto este lunes.

http://www.oas.org/es/

 

COMUNICADO: Colombia amplía el mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos

img-20160927-wa0007

Cartagena. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) vigilará los desafíos y amenazas para la paz en Colombia, según el acuerdo firmado por la Ministra de Relaciones Exteriores María Ángela Holguín; el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

La MAPP/OEA tendrá presencia activa y permanente en los territorios que dejarán las FARC-EP, y en aquellos con presencia de ELN y de grupos armados organizados. En estas zonas, realizará el monitoreo de las condiciones de seguridad y las afectaciones a las comunidades. También monitoreará el desarrollo de conflictos sociales que implican retos para la consolidación de la paz, y continuará con sus tareas referentes a derechos de líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, campesinos, reclamantes de tierras, sujetos de reparación colectiva, pueblos indígenas y afrocolombianos, entre otras. Continue reading “COMUNICADO: Colombia amplía el mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos”

El País (España): Colombia, las lecciones del acuerdo de paz

Editorial de Luis Almagro, Secretario General de la OEA.

Colombia decidió que no valía la pena seguir aferrada a 50 años de guerra, conflicto y falta de civilidad. Por el contrario, concluyó que el tiempo del futuro había llegado ya, para toda su gente.

Así y tras 5 años de intensas negociaciones se selló en La Habana, Cuba, un paso trascendental para el abrazo de todos los colombianos, para poder construir juntos un futuro para todos, sin miedos, sin represalias, sin la sensación permanente de inseguridad.

Hasta hace poco, hablar de paz en Colombia era un deseo ilusorio y escenario de probabilidad remota. Hoy, luego del anuncio de La Habana, estamos ante el advenimiento de lo que podría considerarse uno de los momentos históricos más trascendentales en la vida del país, un paso concreto e irreversible hacia el logro de la paz, el tránsito del ejercicio de la política armada a la práctica política basada en las herramientas de la democracia.
Continue reading “El País (España): Colombia, las lecciones del acuerdo de paz”