Al frente de la Misión de la MAPP-OEA en Colombia está Roberto Menéndez, quien habla de los alcances de las labores que realizan en el Valle del Cauca, el Pacífico y otras regiones de Colombia.

¿Cuál es el aporte de la MAPP-OEA en el proceso de paz? ¿Qué labores realizan en las regiones?
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Desde 2004, por solicitud del Gobierno colombiano, la MAPP-OEA ha acompañado de manera ininterrumpida los esfuerzos de construcción de paz. Nuestro aporte fundamental ha sido estar de forma permanente y solidaria con las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto en los últimos 13 años, recogiendo de manera amplia y plural las percepciones de las poblaciones, visibilizando y trasladando sus demandas a más de 20 instituciones y entregando recomendaciones al Estado a nivel local, regional y nacional. Como organismo internacional también hemos logrado un efecto disuasivo con los violentos en contextos de conflicto.

¿Qué los motivó a abrir una oficina en el Valle del Cauca y qué trabajo desarrollarán en esta región?
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Con la nueva oficina de la Misión en Cali queremos potenciar el trabajo que hemos venido haciendo desde nuestras oficinas en Pasto, Tumaco, Popayán y Quibdó. Las acciones que desarrollaremos en el Valle del Cauca tienen relación directa con nuestro mandato, que se centra en el monitoreo de las dinámicas territoriales que generan riesgos y amenazas para la paz, y en el acompañamiento a las víctimas y las comunidades para apoyar el diálogo, la participación y los procesos de restitución de tierras y reparación de víctimas, entre otros.

Buscamos fortalecer el trabajo de monitoreo a las dinámicas del Pacífico, específicamente en Buenaventura. Allí hemos encontrado fenómenos complejos de violencia, criminalidad y conflictividades sociales que deben ser atendidas cuanto antes por el Gobierno.

También buscamos favorecer espacios de diálogo sobre dinámicas humanitarias y participación social para contribuir a la Mesa Pública de Conversaciones entre el Gobierno y el ELN. Esto en el marco del convenio que suscribimos con la Arquidiócesis de Cali, con el apoyo de Suecia.

¿Cómo ve el fenómeno de disidentes en las Farc y el ingreso a bandas criminales?
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El riesgo de que los llamados disidentes de las Farc terminen en bandas criminales siempre estará latente, pues en muchas de las zonas de las que salió esta guerrilla se siguen identificando contextos de ilegalidad vinculados netamente al control de economías ilegales. En este sentido, es posible que a mediano o largo plazo dichas disidencias terminen convertidas en bandas criminales o en oferta criminal disponible para delinquir al mejor postor.

El gran temor de las Farc es que los asesinen, de hecho ya ha ocurrido con excombatientes. ¿Qué se puede hacer para evitar eso?
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Esta es una situación lamentable y preocupante que la Misión ha venido monitoreando con la mayor atención. Sin embargo, en este tipo de procesos es común que cuando una fuerza beligerante se desmoviliza después de tantos años de confrontación exista toda una serie de factores de riesgo que pueden tener varios autores y motivaciones, como venganzas, represalias o estigmatizaciones.

Lo ideal es que los miembros de las Farc puedan desarrollar su proceso de reincorporación a la vida civil con el máximo de garantías de seguridad y sin preocupaciones de que puedan ser asesinados, amenazados o intimidados. El Gobierno deberá propender para que los lugares de reincorporación colectiva o individual sean concebidos como entornos seguros donde, en lo posible, no existan tentaciones o distractores que acerquen a los desmovilizados nuevamente a la ilegalidad.

Cada vez es más evidente que uno de los mayores retos de la reincorporación de las Farc se relaciona con la marcada estigmatización y afectaciones de las que también están siendo víctimas sus familiares, allegados y antiguos colaboradores. Las garantías de seguridad deben extenderse a ellos, e incluso a funcionarios que participen del proceso.

Si bien es cierto que se firmó la paz con las Farc, que se está implementando, también es cierto que esa paz no se siente en regiones apartadas del Valle y el Pacífico. ¿Qué hacer frente a eso?
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En efecto, la experiencia en este y otros procesos evidencia que la desmovilización de actores armados no garantiza la paz. Si bien es cierto que el cese al fuego y la dejación de armas por parte de las Farc ha traído transformaciones positivas, observamos con preocupación que en algunos territorios aún parecen mantenerse las dinámicas violentas.

Este es el caso del andén Pacífico, que durante el último año ha sido escenario de disputas de grupos armados ilegales y donde el riesgo de la población es alto debido a condiciones de aislamiento, a contextos de ilegalidad marcados por el narcotráfico y minería ilegal, y al limitado control del Estado.

Colombia y el Pacífico deben seguir transitando un largo camino que, sin ninguna duda, requiere un mayor y más cercano compromiso del Estado. Este acercamiento debe ser integral, no solo mejorando las condiciones de seguridad y justicia, sino la vida de las comunidades a través de planes de desarrollo, productividad y solución de necesidades básicas insatisfechas, como salud, educación y vías. Esto también implica desincentivar los contextos de ilegalidad a los cuales están aferrados o forzados grandes núcleos poblacionales, como campesinos cocaleros o mineros.

¿Qué opinión le merece la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país?
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La situación de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país es compleja. Es motivo de alarma que los liderazgos que están visibilizando las afectaciones de sus comunidades y que propenden por la reclamación de derechos, tanto de necesidades básicas insatisfechas como en el marco del proceso de paz, sean de los más afectados a través de homicidios, amenazas y estigmatización.

Valoramos los esfuerzos del Gobierno para desmovilizar grupos armados ilegales y combatir estructuras criminales, pues ha generado cambios palpables en materia de derechos humanos. No obstante, y como parte de la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, hemos instado al Gobierno a reforzar medidas efectivas y coordinadas de prevención, protección, seguridad e investigación, que se adapten a territorios rurales y a las necesidades de los líderes comunales, étnicos, campesinos y sociales.

¿Cómo analiza la situación frente a la los cultivos ilícitos? ¿Es suficiente la sustitución que ustedes han venido acompañando para facilitar acuerdos en las regiones?
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En regiones como Putumayo, Cauca, Nariño y Bolívar, la Misión ha venido acompañando algunas socializaciones del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el fin de incentivar la participación y formulación de propuestas por parte de las comunidades, cuyos aportes deben ser tenidos en cuenta para el éxito del proceso.

Es fundamental que el Estado siga afinando las estrategias para apuntar los eslabones más gruesos de la cadena, como los cristalizaderos, grupos narcotraficantes y estructuras de lavado de activos, que es donde finalmente se concentran los grandes recursos de esa economía.

¿Cuál es el panorama que ustedes tienen de las bandas criminales?
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Aunque la MAPP-OEA reconoce un esfuerzo consistente y metódico de parte del Estado desde 2006 para desarticular estas estructuras, el fenómeno sigue existiendo en varias regiones y afectando a diversos sectores de la población. De hecho, la Misión ha identificado a estos grupos como uno de los victimarios o fuente de afectación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El panorama de las bandas criminales debe entenderse de acuerdo al contexto particular de cada región donde delinquen. Aún así, hemos identificado que estos grupos están cada vez más fragmentados y desarrollan diferentes modus operandi.

De acuerdo con lo anterior, ¿cómo están operando esas estructuras?
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El Gobierno reconoce tres estructuras principales: Clan del Golfo, Puntilleros, Pelusos o EPL; aunque en varias regiones existen grupos delincuenciales menores que ofertan servicios criminales en función de una retribución económica. Algunas bandas criminales conservan capacidad de desafiar a las autoridades, como aquellos que desarrollaron el ‘plan pistola’ contra la Policía en el norte del país. Otras facciones han desarrollado capacidad de enfrentar a otros actores ilegales, como el Clan del Golfo en el Chocó y el Bajo Cauca antioqueño, donde se enfrentan al ELN por el control geoestratégico del territorio para las economías ilícitas. Otros grupos prestan seguridad a sus jefes, como el Clan del Golfo en el Darién chocoano y el Urabá antioqueño.

Aunque algunas de estas expresiones son locales como los llamados ‘Puntilleros’ en el Meta y Vichada, y los ‘Pelusos’ (EPL) en Catatumbo, Norte de Santander, también hemos identificado que el Clan del Golfo y los ‘Pelusos’ han intentado expandir su presencia a otras zonas del país.
En el sur de la costa Pacífica, específicamente en Valle, Cauca y Nariño, también se percibe una reconfiguración territorial, no solo de bandas criminales, sino de todos los actores ilegales disponibles con posibilidades de efectuar alianzas para fortalecer sus estructuras o facilitar la emergencia de nuevos grupos.