Jueves, 12 de diciembre de 2019
Así lo afirma el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia, Roberto Menéndez.
El narcotráfico ha sido el combustible del conflicto y de la violencia en Colombia durante las últimas décadas, y su persistencia amenaza el logro de la tan anhelada paz. Esta actividad ilícita es defendida por estructuras criminales de diversa índole, como los grupos armados ilegales, y en su nombre se cometen actos atroces que afectan la seguridad de los líderes sociales, de las comunidades y de los agentes del Estado. El narcotráfico es un flagelo de dimensión transnacional que pone en peligro a las niñas, los niños y los adolescentes; que profundiza las desigualdades en la sociedad y causa un daño irreparable al medioambiente.
Homicidios, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzoso, extorsiones, control social, degradación y deforestación son algunos de los efectos invariables de la cruenta disputa que libran los actores ilegales por el control de las rutas y las rentas del narcotráfico. Y estas cadenas y sus redes tienen su eslabón más grueso en el lavado de activos y la comercialización; y el más débil, en la tierra, en las plantaciones.
Durante años los cultivos ilícitos les han servido de sustento a miles de familias campesinas y a diversos grupos étnicos que no tenían otra vía de ingresos para sobrevivir. Pero la mayoría de ellas eran conscientes de los efectos negativos que traía esta actividad ilegal y por esa razón han cambiado la vocación productiva de sus tierras. De hecho, casi 100.000 grupos familiares han atendido el llamado de iniciativas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Y otros se han aliado con el Estado para hallar vías alternativas que les permitan dar el paso hacia la legalidad; una legalidad que les garantice sus subsistencias.
Desde 2016, en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, hemos constatado y alertado sobre la vulnerabilidad de las comunidades, de los líderes sociales y las lideresas, que viven en zonas de sustitución voluntaria o de erradicación forzada. Todos ellos están expuestos a las amenazas, al desplazamiento, las desapariciones forzadas y los homicidios. También hemos insistido en que la seguridad de las poblaciones y de los liderazgos pasa por un abordaje integral del fenómeno de las drogas, con estrategias efectivas en los campos del desarrollo, la salud y la seguridad.
Por tal razón consideramos necesario y oportuno que Colombia entre en un definitivo proceso de sinceramiento y diálogo, uno que abarque todas las dimensiones del problema y que convoque a los sectores competentes, a los interesados y a los afectados. Es urgente llegar a consensos mínimos que aborden con determinación todos los eslabones de dicha actividad ilegal. Esta es una oportunidad histórica para la transformación definitiva del territorio, para ponerle fin a una de las principales causas de la violencia que sigue azotando al país y para encaminar con mayor solidez la construcción de la paz.
Debido a la naturaleza transnacional de este fenómeno, los esfuerzos del Estado y de la sociedad colombiana deben seguir contando con la compañía solidaria de la comunidad hemisférica e internacional.
*Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (MAPP/OEA).
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