El jefe de la Misión de Apoyo Al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, asegura que los ataques y crímenes contra líderes sociales son un riesgo y una amenaza para la paz.

Al cumplirse un año de la desaparición del líder comunitario del Catatumbo, Henry Pérez, la Misión de Apoyo Al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos, MAPP-OEA, hace un llamado de alerta ante la preocupante situación de seguridad de los líderes sociales del país, agravada por las condiciones de aislamiento y debilidad estatal que se viven en muchos territorios. Una problemática a la que se suma el miedo que ha impedido que muchas afectaciones sean visibilizadas, pues las comunidades temen que existan represalias.

En diálogo con El Espectador el jefe de la MAPP-OEA, Roberto Menéndez, explica que se trata de un fenómeno con múltiples motivaciones y que no se puede simplificar.

Ustedes han hecho seguimiento a la desaparición del líder campesino del Catatumbo, Henry Pérez ¿Qué ha pasado con ese caso?

Hemos observado que no ha habido avances sustanciales en la identificación de los autores o del paradero actual de Henry Pérez, lo cual nos preocupa. Además, su esposa y los miembros de la Junta de Acción Comunal de La Gabarra han recibido reiteradas amenazas para que no lo sigan buscando ni exigiendo su liberación. El silencio, la impunidad y la revictimización no son una opción cuando el Catatumbo y el país avanzan en un proceso de paz con las FARC y vislumbran otro con el ELN. Reiteramos nuestro llamado para su inmediato regreso, sano y salvo.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA ha condenado los asesinatos de líderes indígenas, sociales y campesinos en distintos puntos del país, para los que pidió una pronta justicia. Esos asesinatos se siguen presentando. ¿Cuál es hoy el balance que hacen de esta situación?

El balance sigue siendo altamente preocupante. Tenemos la percepción de que en las actuales circunstancias la tendencia de violencia contra los líderes no cesará fácilmente, pudiendo afectar la implementación del proceso de paz. La demora en la investigación de estos hechos y en la implementación de políticas efectivas que garanticen la protección de los líderes en los territorios, requieren atención urgente de las autoridades en los distintos niveles del Estado.

¿Cuáles han sido los principales hallazgos que ha hecho la MAPP-OEA en sus investigaciones sobre este tema?

A través del monitoreo y acompañamiento permanente en los territorios hemos identificado que las amenazas e intimidaciones son la principal afectación contra los líderes, y que sin medidas efectivas de protección, seguridad e investigación, éstas se pueden traducir en nuevos asesinatos.
Este es un fenómeno complejo que no se puede simplificar. Por un lado, el perfil de las víctimas no es homogéneo. Se trata de líderes sociales y defensores de derechos humanos, pero también de líderes comunales, de víctimas, indígenas, afros, campesinos y reclamantes de tierras. Todos ellos, sin embargo, adelantan un importante rol de denuncia y visibilización de las afectaciones en sus comunidades.

Por otro lado, es un fenómeno multicausal, con diversas motivaciones en el actual contexto. La salida de las FARC de las zonas de presencia histórica; el reacomodo de otros grupos armados que buscan controlar esos territorios y las economías ilegales, para quienes las denuncias de los líderes resultan potenciales obstáculos; las tensiones entre viejos y nuevos liderazgos que surgen en el marco de la implementación de los acuerdos, y retaliaciones contra quienes respaldan el proceso, como lo hemos identificado en Córdoba, son algunas de las causas. Todos estos factores han sido exacerbados por las condiciones de aislamiento y debilidad estatal que han padecido los territorios por décadas.

El Gobierno cree que no hay un patrón sistemático en dichos crímenes, ¿ustedes lo ven así?

Estos casos de violencia, así como las consecuentes investigaciones, no pueden estar desvinculados del contexto del conflicto. Se trata de una serie de afectaciones que se están generando en cortos periodos de tiempo y contra personas con roles sociales similares de denuncia y visibilización de afectaciones, en el marco del proceso de paz.

¿Qué análisis hacen sobre la denuncia de que entre los autores de estos atentados contra líderes se encuentran las llamadas bandas criminales u organizaciones surgidas posdesmovilización de los paramilitares?

Sin entrar en generalidades, hemos constatado que los responsables no siempre son los llamados “sucesores del paramilitarismo”. La complejidad del fenómeno en juego hace difícil señalar a un único autor. De hecho, hay casos donde la responsabilidad de los ataques se difumina debido a la presencia de varios actores ilegales en una misma zona, como sucede en el sur de Bolívar, el Bajo Ariari, el Catatumbo y la costa de Nariño.
Aun así, la Misión ha conocido casos en los cuales las comunidades señalan como responsables a las llamadas Bacrim o GAO, como el Clan del Golfo, como viene ocurriendo en sur de Córdoba y el Urabá antioqueño.

El año pasado también tuvimos conocimiento de que en los territorios con presencia y control del ELN, FARC-EP y EPL se presentaron homicidios, como es el caso de Cauca, Arauca y el mismo Catatumbo, donde desapareció Henry Pérez y líderes comunales son objeto de constantes amenazas.
Hay otros casos donde la responsabilidad recae en poderes fácticos, mafias locales o colaboradores que sirven intereses de terceros, a veces de estructuras más grandes.

¿Son estos crímenes el obstáculo más grande a superar de cara a la consolidación de una paz estable y duradera?

Estos crímenes son un riesgo y una amenaza para la paz, de esto no tenemos ninguna duda. Hemos reiterado que atentar contra un líder es atentar contra una comunidad entera. La ausencia del líder fractura completamente una población, como ocurre desde hace un año en La Gabarra con la desaparición forzada de Henry. Si no hay garantías para los líderes y lideresas, que son la voz y rostro de las comunidades, difícilmente habrá garantías para la paz.

¿Qué llamado le hacen al Gobierno para evitar que este tipo de casos se sigan presentando en el país?

Hemos constatado que las medidas ordinarias de prevención y protección no son suficientes para garantizar la vida e integridad de los líderes. Es clave que dichas medidas se adapten a las realidades de las personas y los territorios, que en la mayoría de los casos son rurales y aislados. Esto también implica que la justicia adecúe sus métodos de investigación al accionar de los autores ilegales, de modo que la respuesta institucional pueda ser efectiva. Además es clave escuchar y acompañar las propuestas y planes de las comunidades con el fin de mejorar la situación de seguridad.