“Todo el sistema judicial busca hacer justicia, pues es una condición necesaria para vivir en paz”, asegura Leandro Shinye Jamioy del grupo de fortalecimiento de justicia étnica del Ministerio de Justicia. El mejoramiento de la administración de la justicia se ha convertido en un referente para la sana convivencia y un ideal para la construcción de paz. Tanto para los pueblos indígenas como para los entes judiciales del Estado, la justicia es y será una base para el alistamiento territorial de cara al posconflicto.

Las comunidades indígenas hacen un llamado a la comprensión de su jurisdicción especial, un reconocimiento que viene desde la constitución del 91, con la distinción de sus derechos colectivos y fundamentales, sino también a la luz de tratados internacionales y de la Corte Suprema de Justicia.

Esta visión según las autoridades indígenas, no solo permitirá entender cómo funciona su ordenamiento jurídico y la forma cómo se administra justicia al interior de los resguardos y cabildos, sino también sus tradiciones y costumbres esenciales. Esto implica no desconocer que ha existido un debilitamiento de la administración de la justicia, en la mayoría de los casos por las dinámicas que suscita la presencia del conflicto armado en estos territorios.

La masacre en el resguardo Tortugaña-Telembí, donde fueron asesinados 14 miembros de la comunidad indígena por parte de las FARC en el año 2009, es un referente de esta realidad. La presencia de grupos armados en esta zona ocasionó desplazamientos y reclutamiento forzado, como también afectaciones al medio ambiente, factores que coartan la posibilidad de administrar un territorio propio, un derecho que tienen las comunidades indígenas. “Con la masacre llegó un debilitamiento a nivel general, pero desde el día que se presentaron los hechos nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y le hicimos frente a una situación de guerra”. Alberto Pay, Gobernador del Resguardo Gran Rosario del Municipio de Tumaco, Nariño.

En las regiones donde el conflicto armado se ha instaurado durante muchos años, la administración de la justicia por parte de las comunidades indígenas se ve limitada, hasta el punto que la justicia ordinaria llega a suplir esta necesidad, en gran parte por el desconociendo del derecho propio como mandato especial.

“Hay casos en los que en la justicia ordinaria se nos pasan por encima. Sería también muy importante que la justicia ordinaria no se imponga frente al posible desorden que exista en los resguardos cuando no podamos, se nos va de las manos administrar nuestra propia justicia“ y agrega que, “nosotros tenemos nuestras leyes y nosotros mismos tomamos las decisiones para personas que cometen errores. La justicia de los cabildos es autónoma, entre nosotros mismos castigamos”.

Con este conflicto de competencias, tanto la institucionalidad como las comunidades indígenas estiman necesario llegar a una articulación que procure el mejoramiento de la administración de la justicia a nivel nacional. Una coordinación que permita generar mecanismos efectivos para la administración de la justicia, tanto por parte de la comunidad indígena como de las instituciones del Estado.

“La armonización es importante porque a través de ella los diferentes agentes que trabajan con organismos de justicia, los defensores de Derechos Humanos y demás van a conocer la competencia del derecho propio, su originalidad, y que existe unas diferencias culturales y de justicia propia”, afirma Alejandro Fonseca presidente de la Asociación Azcaita y coordinador temporal de la Jurisdicción Especial Indígena, tanto las comunidades indígenas, como la institucionalidad nacional reconocen que hay que tener un entendimiento entre ambos sistemas, sin desconocer la efectividad que cada uno de ellos trae consigo.

A su vez afirma el gobernador indígena afirma que, “sin haber una armonización, no se va a conocer este tipo de justicia, y no se podrá llegar a una articulación eficaz”.

Actualmente diversas instituciones del gobierno nacional y autoridades indígenas, a través de la Comisión Nacional de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional (COCOIN), están avanzando a través del diálogo y el consenso, para evaluar y determinar cuáles serían los mejores mecanismos para que se establezca una armonización plena y efectiva de la justicia, llegando a una articulación conjunta entre la justicia especial y la justicia ordinaria. “Hay que dialogar y mirar entre ley de autoridad y autoridad estatal cómo vamos a relacionarnos, generando una articulación entre políticas municipales, dialogando con los jueces y la fiscalía”. Explica el gobernador indígena Alberto Pay.

Siendo aún actuales los desafíos para llegar a un consenso frente a la coordinación interjurisdiccional, la MAPP/OEA ha venido acompañando diferentes iniciativas de diálogo en pro de la generación de espacios para lograr una factible armonización entre ambos sistemas. También se ha apoyado la instalación de las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional en las regiones de Guanía, Putumayo y Norte de Santander. Como también la reactivación y fortalecimiento de las mesas en el Nariño, Caquetá y Cesar.

Y si bien, los retos en la armonización siguen vigentes, son notorios los esfuerzos que desde la institucionalidad y las comunidades indígenas se tejen para generar una articulación en pro de la administración efectiva de la justicia, un camino hacia la sana convivencia y la construcción de paz en Colombia.