Especial: Retos actuales entre la justicia indígena y la justicia ordinaria

“Todo el sistema judicial busca hacer justicia, pues es una condición necesaria para vivir en paz”, asegura Leandro Shinye Jamioy del grupo de fortalecimiento de justicia étnica del Ministerio de Justicia. El mejoramiento de la administración de la justicia se ha convertido en un referente para la sana convivencia y un ideal para la construcción de paz. Tanto para los pueblos indígenas como para los entes judiciales del Estado, la justicia es y será una base para el alistamiento territorial de cara al posconflicto.

Las comunidades indígenas hacen un llamado a la comprensión de su jurisdicción especial, un reconocimiento que viene desde la constitución del 91, con la distinción de sus derechos colectivos y fundamentales, sino también a la luz de tratados internacionales y de la Corte Suprema de Justicia.

Esta visión según las autoridades indígenas, no solo permitirá entender cómo funciona su ordenamiento jurídico y la forma cómo se administra justicia al interior de los resguardos y cabildos, sino también sus tradiciones y costumbres esenciales. Esto implica no desconocer que ha existido un debilitamiento de la administración de la justicia, en la mayoría de los casos por las dinámicas que suscita la presencia del conflicto armado en estos territorios.

La masacre en el resguardo Tortugaña-Telembí, donde fueron asesinados 14 miembros de la comunidad indígena por parte de las FARC en el año 2009, es un referente de esta realidad. La presencia de grupos armados en esta zona ocasionó desplazamientos y reclutamiento forzado, como también afectaciones al medio ambiente, factores que coartan la posibilidad de administrar un territorio propio, un derecho que tienen las comunidades indígenas. “Con la masacre llegó un debilitamiento a nivel general, pero desde el día que se presentaron los hechos nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y le hicimos frente a una situación de guerra”. Alberto Pay, Gobernador del Resguardo Gran Rosario del Municipio de Tumaco, Nariño.

En las regiones donde el conflicto armado se ha instaurado durante muchos años, la administración de la justicia por parte de las comunidades indígenas se ve limitada, hasta el punto que la justicia ordinaria llega a suplir esta necesidad, en gran parte por el desconociendo del derecho propio como mandato especial.

“Hay casos en los que en la justicia ordinaria se nos pasan por encima. Sería también muy importante que la justicia ordinaria no se imponga frente al posible desorden que exista en los resguardos cuando no podamos, se nos va de las manos administrar nuestra propia justicia“ y agrega que, “nosotros tenemos nuestras leyes y nosotros mismos tomamos las decisiones para personas que cometen errores. La justicia de los cabildos es autónoma, entre nosotros mismos castigamos”.

Con este conflicto de competencias, tanto la institucionalidad como las comunidades indígenas estiman necesario llegar a una articulación que procure el mejoramiento de la administración de la justicia a nivel nacional. Una coordinación que permita generar mecanismos efectivos para la administración de la justicia, tanto por parte de la comunidad indígena como de las instituciones del Estado.

“La armonización es importante porque a través de ella los diferentes agentes que trabajan con organismos de justicia, los defensores de Derechos Humanos y demás van a conocer la competencia del derecho propio, su originalidad, y que existe unas diferencias culturales y de justicia propia”, afirma Alejandro Fonseca presidente de la Asociación Azcaita y coordinador temporal de la Jurisdicción Especial Indígena, tanto las comunidades indígenas, como la institucionalidad nacional reconocen que hay que tener un entendimiento entre ambos sistemas, sin desconocer la efectividad que cada uno de ellos trae consigo.

A su vez afirma el gobernador indígena afirma que, “sin haber una armonización, no se va a conocer este tipo de justicia, y no se podrá llegar a una articulación eficaz”.

Actualmente diversas instituciones del gobierno nacional y autoridades indígenas, a través de la Comisión Nacional de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional (COCOIN), están avanzando a través del diálogo y el consenso, para evaluar y determinar cuáles serían los mejores mecanismos para que se establezca una armonización plena y efectiva de la justicia, llegando a una articulación conjunta entre la justicia especial y la justicia ordinaria. “Hay que dialogar y mirar entre ley de autoridad y autoridad estatal cómo vamos a relacionarnos, generando una articulación entre políticas municipales, dialogando con los jueces y la fiscalía”. Explica el gobernador indígena Alberto Pay.

Siendo aún actuales los desafíos para llegar a un consenso frente a la coordinación interjurisdiccional, la MAPP/OEA ha venido acompañando diferentes iniciativas de diálogo en pro de la generación de espacios para lograr una factible armonización entre ambos sistemas. También se ha apoyado la instalación de las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional en las regiones de Guanía, Putumayo y Norte de Santander. Como también la reactivación y fortalecimiento de las mesas en el Nariño, Caquetá y Cesar.

Y si bien, los retos en la armonización siguen vigentes, son notorios los esfuerzos que desde la institucionalidad y las comunidades indígenas se tejen para generar una articulación en pro de la administración efectiva de la justicia, un camino hacia la sana convivencia y la construcción de paz en Colombia.

 

Taller con líderes y lideresas de Belén de los Andaquiés

Los días 2 y 3 de mayo líderes y lideresas de víctimas del municipio de Belén de los Andaquíes, participaron en el taller “El mapa de la política Pública: los retos de su implementación en la restitución y reparación colectiva”, a cargo de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, con el acompañamiento técnico y operativo de la MAPP/OEA.

Con el fin de fortalecer la participación efectiva de líderes y lideresas de víctimas, en estas jornadas se brindó a los asistentes conocimientos y herramientas necesarias para una exigencia efectiva de sus derechos y los de las víctimas.

En este sentido también se aprovechó la ocasión para poner al día a los asistentes sobre los retos actuales de la restitución de tierras, la reparación colectiva y para retomar las oportunidades que brindan los acuerdos firmados con las ex FARC-EP para la participación activa de las víctimas en la construcción de paz.

los acuerdos firmados con las ex FARC-EP, y las oportunidades que estos bridan a las víctimas para que participen activamente en la construcción de paz de sus regiones.

En estas dos jornadas pedagógicas, se contó con los miembros del consultorio jurídico de la Universidad de la Amazonia, la Defensoría del Pueblo y la personería municipal, quienes orientaron y apoyaron a los participantes en la puesta en marcha de acciones jurídicas pertinentes, como parte de los mecanismos de exigencia de sus derechos.

Esta estrategia es coordinada y ejecutada en el departamento de Caquetá por la MAPP/OEA, el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de USAID-OIM, el Consejo Noruego para los Refugiados, Blumont, el Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, la JEP y el Ministerio Público.

Minga por la reconciliación en El Placer, Putumayo

Minga el Placer Putumayo

Este martes, la comunidad de El Placer, el Ejército y la Policía iniciaron una minga de trabajo para el embellecimiento del espacio público y la construcción de un quiosco que será utilizado en beneficio de la población de esta inspección del Valle del Guamuez.

Esta jornada es el resultado de más de dos años de trabajo, en el que la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en cumplimiento de diferentes sentencias de restitución, adelantó un proceso de acercamiento entre los habitantes de El Placer y la fuerza pública. En las distintas etapas de este proceso, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) acompañó tanto a la URT, como a las comunidades y miembros de la fuerza pública que participaron en este acercamiento.

La comunidad de El Placer, quien regresó en 2016 a su territorio y quien actualmente se encuentra en un proceso de restitución, fue víctima de las afectaciones causadas por la presencia de las FARC-EP y las AUC, y como muchas poblaciones del departamento también ha sido víctima de la estigmatización.

Para superar los prejuicios y generar un espacio propicio para la reconciliación, la URT y la MAPP/OEA trabajaron con la fuerza pública y las comunidades. Con cada grupo por aparte, se desarrollaron talleres con el fin de generar conciencia y reconocimiento del otro, buscando así la eliminación de las prevenciones existentes por causa del conflicto. Esta metodología finalizó con talleres conjuntos, en los que, frente a frente, tanto la población civil como fuerza pública se pudieron reencontrar y dialogar.

Hoy, el deshierbe, las plantas sembradas y el compartir una olla comunitaria, son el símbolo de reconciliación, que permitirá avanzar en la construcción de paz en el Valle del Guamuez.


Presentación de Observatorio Carcelario del Chocó

En Quibdó, la MAPP/OEA presentó el proyecto de Observatorio Carcelario del Chocó, iniciativa que espera articular el trabajo de diferentes instituciones para el mejoramiento de la calidad de vida de los privados de la libertad en las cárceles del departamento.

En cumplimiento de su mandato, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) ha observado las difíciles condiciones de salud y seguridad en las que se encuentran los privados de la libertad en las cárceles de Quibdó e Istmina.

Es por esto que la Misión presentó a las direcciones de las cárceles municipales, la secretaria de educación del Chocó, la Procuraduría, la Defensoría y representantes de las alcaldías, la metodología de trabajo con la que se espera conocer a profundidad las condiciones de infraestructura de las cárceles, así como el perfil socioeconómico, de salud, educativo, étnico, etario, criminal y disciplinario de los privados de la libertad en el departamento.

Como lo ha podido evidenciar la Misión, enfrentar las dificultades que actualmente se viven en las cárceles del Chocó requiere la elaboración de un diagnostico preciso, que permita definir las prioridades y las acciones necesarias para articular los esfuerzos de instituciones nacionales, departamentales, la academia y la iglesia, entre otros, que puedan generar los alivios humanitarios necesarios en estos casos.

Con esta iniciativa también se busca contribuir a la construcción de confianza en el Estado, al conectar las realidades y necesidades de la población carcelaria y sus familias, con la oferta de las instituciones y operadores de justicia del departamento.

A este esfuerzo se sumará el trabajo de la Universidad de los Andes, la Universidad Tecnológica del Chocó, la Corporación Infancia y Desarrollo, Heartland Alliance y el Consejo Noruego para los refugiados.

Para la MAPP/OEA, el respeto de los derechos fundamentales de la población privada de la libertad en el marco de procesos de Justicia Transicional, resulta clave en la construcción de garantías para la paz. En ese sentido la Misión seguirá monitoreando las condiciones carcelarias y acompañando las iniciativas que permitan mejorar las condiciones de vida de esta población.

EL ESPECTADOR: La situación en el Catatumbo “es una violación al Derecho Internacional Humanitario”: OEA

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la situación vivida en el Catatumbo (Norte de Santander) donde continúan los ataques entre los grupos armados ilegales del Eln y una disidencia del Epl. La organización hizo un llamado a los implicados en el conflicto y pidió el cese de los ataques violentos para velar por el respeto a los derechos y la integridad de los habitantes de la zona.

La Organización constató la continuidad de las hostilidades, especialmente en los sitios conocidos como Filogringo, San Pablo, Mesitas y La Primavera, entre otras veredas. En la subregión se denuncian homicidios, desplazamiento forzado y secuestros. Incluso, en el transcurso de esta semana se suspendieron las actividades en las escuelas locales, ya que sería peligroso el tránsito de menores de edad en la zona.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia señaló que el actual paro armado constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, pues se involucra población civil en actos de guerra. De igual forma, las organizaciones comunitarias han manifestado ser víctimas de constantes amenazas a sus líderes.

Por su parte, la disidencia del Epl envió un comunicado el pasado 17 de marzo, en el que informaba que no van a interrumpir las ataques al Eln en el territorio. “Ustedes quisieron llevar nuestras diferencias políticas al plano militar y en el plano militar nos veremos. En el territorio hemos estado y ahí nos quedaremos, cueste lo que nos cueste”. La situación es cada vez peor, tanto así que, el pasado 16 de abril, el gobernador de Norte de Santander decretó una situación de emergencia en la zona.

La Defensoría del Pueblo también se manifestó al respecto. “La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación”, señaló la entidad.

Finalmente, la Misión de Apoyo confirmó su presencia y seguimiento en el Catatumbo y resaltó las iniciativas de paz y diálogo que las diferentes organizaciones sociales, campesinas e indígenas han promovido a pesar de la grave situación en la que se encuentra en este momento la zona, históricamente enmarcada en el conflicto armado en Colombia.

EL TIEMPO: Mapp-OEA pide a los grupos armados cesar la violencia

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) condenó las graves afectaciones que sufre la población civil de diferentes veredas de El Tarra, San Calixto, Hacari, Teorama, Convención, Sardinata, Tibú y en general del Catatumbo, a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

“La Misión ha constatado en terreno que las hostilidades entre grupos ilegales continúan y, con ello, las afectaciones a la población civil en Filogringo, San Pablo, Mesitas y La Primavera, entre otras veredas y corregimientos de esta región del Norte de Santander. Además de homicidios, desplazamientos forzados y secuestros, se han generado restricciones a la movilidad y confinamientos de comunidades intimidadas por el accionar de las estructuras ilegales”, señaló en un comunicado.

La Mapp-OEA hizo un llamado a los grupos armados ilegales “a cesar la violencia y a respetar los derechos y la integridad de las comunidades”. “El actual paro armado constituye una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a la población civil en actos de guerra. Servicios de primera necesidad, como la atención hospitalaria y el funcionamiento de los colegios y escuelas, también se han visto seriamente amenazados y afectados por el accionar de estos grupos. Además, las organizaciones comunitarias han sido amedrentadas y atacadas, lo mismo que sus líderes y lideresas”, agregó.

Agregó que le preocupa que los hechos de victimización continúen o aumenten en el futuro cercano. También preocupa la emergencia social y humanitaria que enfrentan las poblaciones, así como la capacidad local para atenderla de manera oportuna e integral.

La misión hizo un llamado a las instituciones para redoblar los esfuerzos que están adelantando en la zona y al Gobierno para brindar una protección efectiva a la población y garantizar la no repetición de las afectaciones causadas por la violencia y la criminalidad, que históricamente han impactado a estas comunidades.

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MAPP/OEA expresa preocupación por emergencia humanitaria en el Catatumbo

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) se une a las voces de preocupación y condena frente a las graves afectaciones que sufre la población civil de diferentes veredas de El Tarra, San Calixto, Hacari, Teorama, Convención, Sardinata, Tibú y en general del Catatumbo, generadas a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

La Misión ha constatado en terreno que las hostilidades entre grupos ilegales continúan y, con ello, las afectaciones a la población civil en Filogringo, San Pablo, Mesitas y La Primavera, entre otras veredas y corregimientos de esta región del Norte de Santander. Además de homicidios, desplazamientos forzados y secuestros, se han generado restricciones a la movilidad y confinamientos de comunidades intimidadas por el accionar de las estructuras ilegales.

La MAPP/OEA hace un enérgico llamado a los grupos armados ilegales a cesar la violencia, y a respetar los derechos y la integridad de las comunidades. El actual paro armado constituye una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a la población civil en actos de guerra. Servicios de primera necesidad, como la atención hospitalaria y el funcionamiento de los colegios y escuelas, también se han visto seriamente amenazados y afectados por el accionar de estos grupos. Además, las organizaciones comunitarias han sido amedrentadas y atacadas, lo mismo que sus líderes y lideresas.

Preocupa a la MAPP/OEA que los hechos de victimización continúen o aumenten en el futuro cercano. También preocupa la emergencia social y humanitaria que enfrentan las poblaciones, así como la capacidad local para atenderla de manera oportuna e integral.

En este sentido, la Misión hace un llamado a las instituciones locales, regionales y nacionales a redoblar los esfuerzos que están adelantando en la zona. Asimismo, renueva su llamado al Gobierno Nacional para brindar una protección efectiva a la población y garantizar la no repetición de las afectaciones causadas por la violencia y la criminalidad, que históricamente han impactado a estas comunidades.

En este marco, la MAPP/OEA resalta las iniciativas de paz y diálogo promovidas por las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, comunales, de personeros y alcaldes, la Diócesis de Ocaña y de Tibu, redes de defensores y defensoras de DDHH, y la comunidad internacional presente en la región.

La Misión continuará en el Catatumbo, acompañando a las comunidades e instituciones para articular esfuerzos tendientes a encontrar salidas a las graves afectaciones que tienen lugar, y a fortalecer las iniciativas de construcción de la paz que todos anhelamos.

Comunidades de Arenal y Morales (Bolívar) despejan dudas sobre desarrollo rural para la paz

Más de 45 representantes de organizaciones sociales, productores y pescadores, asociaciones de mujeres y víctimas, personerías y alcaldías participaron en las reuniones de socialización sobre la implementación del punto de Reforma Rural Integral pactado en los acuerdos del Teatro Colón y del Decreto 902/17.

Los participantes aprovecharon el espacio, liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Defensoría del Pueblo, para aclarar las dudas sobre los procesos de adjudicación de baldíos y el avance avanza el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) en la Zona de Reserva Campesina de Arenal y Morales.

A su vez, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) tuvo oportunidad de socializar los avances en la implementación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en esta región, al tiempo que alentó a las comunidades y a sus líderes a participar en la etapa municipal de la elaboración de este plan.

El evento se desarrollo los días 20 y 21 de marzo, con el acompañamiento de la MAPP/OEA. Para la Misión, el acercamiento entre la insitucionalidad y las comunidades es clave para una mejor comprensión e implementación de los acuerdos logrados con las ex FARC-EP. En ese sentido la Misión seguirá apoyando a la institucionalidad y a las organizaciones sociales en sus esfuerzos por construir una paz territorial, estable y duradera.

OEA felicita al Gobierno de Colombia y ELN por retomar diálogos de paz

 

Comunicado: OEA felicita al Gobierno de Colombia y ELN por retomar diálogos de paz

El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, saludó hoy la decisión del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de retomar la Mesa de Conversaciones con la guerrilla del ELN, que había sido suspendida en enero pasado.

“Estamos convencidos de que el diálogo es la mejor senda para avanzar hacia la paz. El actual contexto plantea la necesidad de seguir trabajando fuertemente para dar solidez a las negociaciones y seguir hacia adelante en la construcción de paz”señaló el Secretario General Almagro.

El líder de la OEA instó a las partes a avanzar con pasos decididos en la negociación de la agenda y de un nuevo cese bilateral al fuego, que proporcionen significativos alivios a la población civil.

“Evitar mayores sufrimientos a las comunidades, causados por más de 50 años de conflicto ininterrumpido, debe ser uno de los principales motivos del nuevo ciclo de conversaciones que inicia”, afirmó el Secretario General de la OEA.

Finalmente, Almagro reiteró el compromiso inquebrantable del organismo hemisférico de seguir acompañando los esfuerzos sociales e institucionales para construir paz, a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), que cumple 14 años de acompañamiento ininterrumpido en los territorios más aislados y afectados por la violencia armada en Colombia.

 

Sesión ampliada del Consejo Departamental de Paz y DDHH en Putumayo

En Mocoa, tuvo lugar la sesión ampliada del Consejo Departamental de Paz y Derechos Humanos, que convocó a alcaldes, secretarios, líderes, lideresas y representantes de organizaciones de los 13 municipios del Putumayo, y que contó con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera.

En un diálogo abierto, los asistentes a este Consejo abordaron el estado de los procesos de reincorporación de los ex combatientes de las FARC-EP, así como la preocupación que existe por adelantar iniciativas de desestigmatización de las comunidades, que por motivos del conflicto, han sido asociadas con diferentes actores. Asimismo, este espacio permitió la discusión de temas de reconciliación.

Como parte de la política departamental en materia de Derechos Humanos, en este escenario también se instaló el Consejo departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia, Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Este nuevo consejo fusiona al Comité Departamental de Paz y al Consejo Territorial de Paz, con el fin de generar un espacio único de mayor y más diversa participación, en el que se pueda generar un seguimiento más activo a las garantías de los derechos humanos y a la construcción de paz en el departamento.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), a través de su oficina regional de Puerto Asís, acompañó este espacio como parte de su compromiso con iniciativas que promuevan la participación plural en el departamento. En cumplimiento de su mandato, la MAPP/OEA seguirá apoyando a las comunidades y las instituciones en su propósito de construir y afianzar una cultura de paz como plataforma para el desarrollo social y comunitario.