EL ESPECTADOR: Las recomendaciones de la MAPP-OEA para una paz completa en Colombia

21 septiembre, 2022

Este es el balance que presenta hoy la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos sobre la situación humanitaria en el país, de cara a la Paz Total del presidente Petro. Alerta por las afectaciones a civiles por parte de grupos armados y hace un llamado a que la sociedad civil sea más protagonista en la construcción de paz.

“La paz es un camino de escucha basado en la memoria, en la solidaridad y la cooperación”. Esa es una de las frases con las que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP-OEA) inicia su informe número 33 sobre el seguimiento al posconflicto colombiano, que atraviesa su sexto año. Un documento que surgió después de 1.217 misiones en terreno, desarrolladas en 678 centros poblados pertenecientes a 194 municipios de 26 departamentos del país.

El documento recopiló información en 1.217 misiones en terreno, desarrolladas en 194 municipios de 26 departamentos del país.
Photo: Christian Escobar Mora

Durante ese trabajo de campo, la seguridad territorial, la reincorporación de antiguos actores armados, las afectaciones a liderazgos sociales, el desarrollo de campañas y elecciones legislativas y presidenciales, y las garantías para el ejercicio de la movilización social, fueron apenas algunos de los factores determinantes a los que la MAPP-OEA les prestó especial cuidado para ver cómo vamos, en qué hemos fallado, qué hemos aprendido y cómo podremos seguir construyendo un país menos violento.

El documento cita el episodio ocurrido en marzo de este año con la fuerza pública en la zona de Alto Remanso, jurisdicción de Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que fueron evidentes las contradicciones entre las autoridades involucradas, las víctimas y las organizaciones sociales sobre si fue un combate legítimo o un caso de ejecuciones extrajudiciales. Para la entidad, casos como ese no pueden repetirse en un contexto de posconflicto.

De hecho, sobre este caso, la MAPP-OEA instó al Estado a que se debe “acelerar y profundizar la investigación sobre estos hechos, ante una eventual infracción al DIH, y establecer las sanciones respectivas. Asimismo, brindar apoyo psicosocial y humanitario a las víctimas, como también, proteger la vida y la integridad de los testigos”.

El caso de Alto Remanso apenas es un abrebocas de lo que este informe señaló sobre la fragilidad en las condiciones de seguridad de lugares periféricos de Colombia. También hizo énfasis en el accionar del Eln y las Agc, grupos que decretaron en el primer semestre de 2022, en algunas subregiones como Catatumbo y Montes de María, paros armados “que alteraron la seguridad y las dinámicas sociales y económicas de los pobladores, con graves impactos humanitarios”, como se lee en el documento.

Además, el informe rastrea los puntos en los que la guerrilla del Eln ha operado y ha disputado frente a paramilitares y diferentes disidencias de las Farc. La MAPP-OEA asegura que “en los ríos San Juan y Baudó (Chocó) el Eln mantiene disputas con las Agc y, en menor medida, en el sur de Bolívar y Bajo Cauca Antioqueño. Con los grupos disidentes o residuales de las Farc sostiene relacionamientos diferenciados que apuntan a la existencia de alianzas y/o acuerdos con la Segunda Marquetalia en Arauca, Cauca y Nariño”.

Sobre las disidencias, particularmente, si bien alerta que mantengan una presencia constante en Cauca, Nariño y Putumayo, por ejemplo, la misión dijo que a filas como las de Iván Mordisco se les ve debilitadas considerablemente, “debido a la muerte de varios de sus principales jefes, la persecución de la fuerza pública y las confrontaciones entre sí, que podrían tener repercusiones para sus planes de consolidación o expansión territorial, al menos en el corto plazo”.

Fidel Cano Correa, director de El Espectador, lee el editorial de este domingo 18 de septiembre titulado “Para tener paz total se necesita claridad total”, en este hace una reflexión acerca de las críticas hechas a la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro.

Aún con los golpes que han recibido las disidencias y otros grupos armados, este informe constata que la población civil sigue recibiendo los mayores rigores de su violencia e insiste en que hay mayor vulnerabilidad en zonas en las que los grupos armados ilegales sostienen disputas por apropiarse de contextos de ilegalidad asociados a economías criminales y corredores de movilidad o combates con la fuerza pública.

Las investigaciones de MAPP- OEA concluyen sobre este tema que las afectaciones más graves continúan siendo los homicidios, amenazas, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, confinamientos, restricciones a la movilidad, instalación de minas antipersonal, reclutamiento forzado de menores de edad, feminicidios y otras violencias basadas en género.

Reincorporación, a media máquina

En Colombia existen estrategias de seguridad integral a nivel departamental para personas que dejaron las armas y se suscribieron al Acuerdo de Paz de 2016. Distintos programas de protección integral, cita el documento, se han enfocado en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca, que han sido los que mayores asesinatos de esta población han tenido en los últimos cinco años.

La Consejería Presidencial para la Estabilización durante el gobierno del expresidente Iván Duque aseguró que el 98 % de las personas en proceso de reincorporación que fueron candidatas a recibir medidas de protección las recibieron, especialmente durante los procesos electorales, momentos en los que la violencia armada se podría disparar en su contra.

Sin embargo, la MAPP-OEA señaló que en el país persisten graves afectaciones contra la vida de estas personas y sus familias, especialmente por parte de disidencias que ven en ellos “traidores”, al participar en rutas de reincorporación. Los casos más graves “se concentraron en Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo, dinámica que además impactó a sus familiares, servidores públicos y organismos de cooperación internacional”.

Otra arista de este análisis de la misión está enfocada en los temas de reincidencia. Si bien múltiples indicadores internacionales han mostrado que las tasas de rearme de antiguos combatientes de las Farc han sido bajas desde la firma del Acuerdo de Paz, preocupa que en la subregión del Urabá antioqueño haya personas en proceso de reincorporación que se estarían sumando a filas de grupos paramilitares de las Agc. Así lo denuncia la misión: “las comunidades e institucionalidad perciben que integrantes de esta población harían parte de las filas de las Agc e incluso desempeñarían roles de mando. En cierta medida, la existencia de un relacionamiento previo entre quienes mantienen su compromiso con el proceso y aquellas personas en proceso de reincorporación presuntamente reincidentes permitiría el establecimiento de acuerdos de no agresión”.

Apoyo a la Paz Total de Petro

La MAPP-OEA, desde el inicio de su trigésimo tercer informe, hace explícito su reconocimiento al proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro. Plantea que los acercamientos con el Eln son necesarios para mitigar la violencia territorial y un paso importante para mostrar que la paz se construye hablando con todos los grupos armados organizados.

El organismo aseguró que si bien hay constancia en los intentos de generar esquemas de desmovilización y sometimiento individual, esto “no ha logrado el completo desmantelamiento de los grupos armados, razón por la cual es necesario explorar formas colectivas en las que se pueda tener un mayor control del desmantelamiento efectivo, un proceso de atención diferencial integral y el desarrollo de escenarios judiciales de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

Es decir, se hace un llamado para que el Gobierno estudie la macrocriminalidad de los actores armados que persisten en los territorios para obtener información que permita desmantelamientos efectivos, con sometimientos libres y, en la medida de lo posible, con carácter voluntario.

El documento incluye recomendaciones concretas a entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en las que les solicita que fortalezcan “las capacidades de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), la Sección de Ausencia de Reconocimiento (SRVR) y otras instancias encargadas del estudio y la emisión de medidas cautelares y de protección, con el fin de garantizar la correcta participación de las víctimas y comparecientes, evitando escenarios de riesgo”.

Sobre la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se le pide al organismo humanitario que haga más robustas “las mesas de trabajo con la JEP, que permitan ampliar masivamente la identificación de zonas y territorios para la ubicación de cuerpos. Asimismo, acelerar la puesta en marcha de los planes regionales de búsqueda”.

También se refirieron a la Agencia para la Renovación del Territorio, a la que instaron a “diseñar un protocolo de participación ciudadana para el seguimiento de las iniciativas de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Este proceso permitirá a la entidad y a las comunidades llegar a acuerdos sobre las competencias y las formas en las que se puede ejercer el derecho a la participación ciudadana en el marco de los PDET”. Para MAPP-OEA, el fortalecimiento de los escenarios de diálogo y la garantía de derechos constituyen “una tarea impostergable para la gestión y transformación de los conflictos sociales”.

Esto después de las lecciones aprendidas tras las violaciones de derechos humanos por parte de instituciones del Estado a ciudadanos en el marco del paro nacional de 2021, que incluso llegaron a instancias internacionales, con el rechazo de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el accionar de la Fuerza Pública frente a manifestantes.

Asimismo, según el informe, los cuidados para ejercer de manera tranquila el derecho a la protesta social deben ir ligados a la escucha de las peticiones de firmantes de paz, pueblos indígenas y caravanas humanitarias que salieron a las calles en departamentos como Valle, Tolima, Nariño y Chocó pidiendo garantías de seguridad para sus comunidades.

Participación ciudadana para la paz

Para la misión, un punto neurálgico es cómo la ciudadanía puede tomar las riendas de los procesos de construcción de paz. MAPP-OEA insistió en que deben aumentar las capacidades ciudadanas de incidencia y construcción de propuestas desde todos los sectores sociales; así como fortalecer los mecanismos, espacios y reglas institucionales para la participación ciudadana basada en la transparencia y el acceso a garantías.

A su vez, quedó expuesto que los procesos de diálogo social son primordiales a la hora de entender que desde los territorios más afectados por el conflicto armado y la inequidad surgen iniciativas humanitarias y mensajes de paz que evidencian la determinación, experticia y perseverancia de las bases sociales.

En ese sentido, instancias como los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, las Mesas de Participación de Víctimas, las Mesas Territoriales de Garantías, los Consejos Municipales de Juventud, entre otros, deben tener mayor protagonismo en la agenda política del país.

Colombia no puede estar rezagada por los actos violentos ni mucho menos condenada a repetir hechos que causaron dolor por tantos años. La suma de voluntades para alentar la construcción de paz es la clave, según la misión, para acelerar el cumplimiento de lo pactado en La Habana y coordinar nuevos pactos que hagan del país un sitio más cercano y generoso con los que en su momento lo perdieron casi todo.

Artículo extraído de: www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/estas-son-las-recomendaciones-de-la-mapp-oea-para-una-paz-completa-en-colombia/

SEMANA: OEA lanzó alerta por violencia armada en Colombia; pidió paz con el ELN

17 junio, 2022

La violencia armada persiste en Colombia, a pesar de avances en la implementación del acuerdo de paz sellado hace cinco años, advirtió un reciente informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llamando a la guerrilla del ELN a dar señales de paz.

El último reporte de la Misión de la OEA en Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) identifica “graves impactos” sobre la población civil en muchas zonas del país, varias fronterizas con Venezuela y Ecuador.

Menciona homicidios de activistas y líderes comunitarios, desplazamientos forzados, confinamientos, extorsiones, contaminación con minas antipersonales y reclutamiento de menores, especialmente indígenas y migrantes.

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Aunque el Estado colombiano acordó en 2016 el fin del conflicto con las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Farc y bandas narcotraficantes siguen disputándose el control territorial.

Más allá de que su objetivo parece ser maximizar sus ganancias de economías legales e ilegales, en gran parte “intentan sostener una plataforma político-ideológica con la que buscan legitimar su existencia y accionar”, agrega el reporte.

También señala la “alta actividad armada” de bandas narcotraficantes, como el Clan del Golfo, aunque destaca la detención de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, extraditado a Estados Unidos en mayo.

El informe, que repasa el segundo semestre de 2021, subraya “preocupación” por lo que considera una “justicia de facto” ejercida por estos grupos armados ilegales, que “entorpecen” la labor de la justicia formal.

Aunque aplaude la puesta en marcha por parte del gobierno de Iván Duque del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la MAPP/OEA nota dificultades en la implementación, con “casos de estafas” y “débil gestión” de entes territoriales.

Por otra parte, resalta que la población migrante “sigue siendo víctima de agresiones físicas, homicidios, desapariciones y expulsiones” por parte los grupos armados ilegales.

https://twitter.com/MAPPOEA/status/1537177552246263808?cxt=HHwWgMC-5dy1k9UqAAAA

“Necesidad de un acuerdo de paz con el ELN”

A cuatro días del balotaje presidencial en Colombia, en el que se medirán el exguerrillero del M19 Gustavo Petro y el excéntrico millonario Rodolfo Hernández, la MAPP/OEA convoca a seguir avanzando hacia la “paz completa” tras seis décadas de conflicto armado.

Es necesario que la guerrilla del ELN dé señales claras y concretas de sus intenciones de paz”, enfatiza el informe, pidiendo la liberación de todos los secuestrados, y el cese de los raptos, las afectaciones a la población civil y los atentados contra la infraestructura que producen “enormes” impactos ambientales.

Además, el reporte llama a mantener abiertas las vías de diálogo que permitan eventualmente “retomar las conversaciones de paz” con esta guerrilla guevarista, alzada en armas desde 1964.

“El pueblo colombiano se merece una paz completa”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, al presentar el informe ante el Consejo Permanente de la OEA.

Iván Duque, que dejará la presidencia en agosto luego de cuatro años en el poder, rompió los diálogos con el ELN en 2019, luego de un atentado en una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.

Las conversaciones habían sido iniciadas por el antecesor de Duque, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, quien el 24 de noviembre de 2016 firmó la paz con las Farc.

La MAPP/OEA apreció, por otra parte, lo que describió como “logros institucionales” en la implementación de programas de desarrollo territorial y sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), desminado humanitario y prevención del reclutamiento.

También reconoció hechos de “gran relevancia en términos democráticos”, como la reactivación del proceso de elección de 16 curules de paz para el Congreso nacional.

Finalmente, exaltó el trabajo de la Comisión de la Verdad para el acceso de las víctimas del conflicto armado a justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

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EL TIEMPO: Los retos y avances del proceso de paz en Colombia, según informe de la OEA

Amenazas por grupos armados ilegales, financiación de programas y narcotráfico, entre los temas.

El accionar de los grupos armados ilegales sobre la población civil e instituciones del Estado, la persistencia de dinámicas del narcotráfico y el conflicto, el periodo de renovación democrática y el proceso de reincorporación y comparecencia a la justicia de los excombatientes de las Farc son algunos de los temas centrales que aborda el informe semestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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El documento aborda el segundo semestre de 2021, y aunque se destacan algunos logros alcanzados durante la implementación del acuerdo de paz, también se encienden las alertas sobre varios temas.

“La MAPP/OEA expresa su altísima preocupación por la persistencia de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales que afectan gravemente a las comunidades, principalmente a liderazgos sociales y comunales; autoridades étnicas; mujeres; niños, niñas y adolescentes; víctimas del conflicto armado; personas en proceso de reincorporación, y servidores públicos”, indica la misión.

Producto de 5.197 acciones de monitoreo y acompañamiento, en cerca de 700 centros poblados de 29 departamentos, la MAPP observó que continúan los homicidios, el desplazamiento forzado, los atentados, las amenazas, la instalación de minas antipersonal, las extorsiones y el control territorial en el Bajo Cauca (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander), Sur de Bolívar, Sur de Córdoba y ejes de los ríos Atrato, Baudó y San Juan (Chocó), así como en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.

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“También, que se mantiene el reclutamiento forzado de menores de edad, que afecta de manera particular a miembros de pueblos étnicos y población migrante, así como el incremento de la justicia de facto”, dice el informe.


La misión destaca logros en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), el desminado humanitario, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y el trabajo adelantado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que está ad portas de entregar su informe final.

Además, la MAPP reconoce el proceso de renovación democrática adelantado en instancias territoriales como las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Mesas de Participación de Victimas; la elección de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y la Instancia Especial de Mujeres de la Comisión de seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), y la reactivación del proceso de elección de 16 curules de paz para el Congreso de la República.


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“Una Paz que defienda la vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de diálogo y alternativas judiciales con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y acelere el desarrollo en todos los territorios”, puntualizó Roberto Menéndez, jefe de la misión.

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EL ESPECTADOR: Las luces y sombras sobre la paz que detectó MAPP-OEA en su más reciente informe

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) analizó la implementación de la paz en Colombia. De acuerdo con el documento, se han reforzado los grupos armados y los problemas territoriales siguen persistiendo.

En octubre de 2021, el Gobierno Nacional renovó hasta 2025 el mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), entidad que le ha seguido de cerca la pista a la implementación del Acuerdo de Paz colombiano, precisando en retos y amenazas que tiene el pacto para calar al interior de los territorios más afectador por la guerra.

Este miércoles, la MAPP-OEA entregó al Consejo Permanente de la OEA un informe, con corte al segundo semestre de 2021, en el que abordó la situación de implementación de los seis puntos de lo pactado en La Habana, prestando especial atención en compromisos relacionados con: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), las campañas de desminado territorial, la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, los mecanismos de participación juveniles y con enfoque diferencial, los avances institucionales en el Sistema Integral para la Paz, entre otras directrices.

El común denominador de las observaciones de la MAPP son las preocupaciones por la persistencia de las acciones violentas que afectan a poblaciones que ya sufrieron los rigores de la guerra y que por la comisión de crímenes como el reclutamiento forzado, atentados sistemáticos y desplazamientos forzados, no han encontrado la paz que tanto han anhelado.

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Puntualmente, la organización detalla que estas situaciones críticas se manifestaron de sobremanera en el Bajo Cauca (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander), sur de Bolívar, sur de Córdoba y ejes de los ríos Atrato, Baudó y San Juan (Chocó), así como en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.

Retos para la seguridad territorial y la justicia

Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, insistió en que Colombia necesita efectuar acciones inmediatas para consolidar “una paz que defienda la vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de diálogo y alternativas judiciales con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y acelere el desarrollo en todos los territorios”. Pero en terreno, ¿qué tan lejos estamos de eso?

Retomando el contenido del documento, sobre las condiciones de seguridad y accionar de grupos armados que rodean la paz, en el Trigésimo Segundo Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, se instó al Estado colombiano a que analizara y adelantara acciones para no permitir más la expansión de la guerrilla del Eln, que tras la desmovilización de las Farc aumentaron su influencia en el país.

Asimismo, la MAPP-OEA advirtió que por si la presencia de otros actores como las Agc o las disidencias de las Farc no era suficiente, “en regiones como el Catatumbo y la Costa Pacífica caucana se ha hecho referencia la circulación de personas de otras nacionalidades que estarían ejerciendo el rol de emisarios de carteles u organizaciones criminales dedicadas a la cadena del narcotráfico, principalmente en las fases de comercialización y exportación de cocaína”.

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Las violencias basadas en género (VBG) y la violencia contra pueblos étnicos siguen siendo una constante en el posconflicto. Sobre esto, MAPP – OEA señaló que, en municipios como Tibú, las VBG tuvieron un aumento de 500% respecto al mismo periodo de 2020, principalmente por causa de liderazgos sociales de mujeres que dentro de sus comunidades son constructoras de paz.

En línea con las afectaciones a líderes y lideresas, el documento indicó que en Arauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo y Valle del Cauca, al igual que en las subregiones del sur de Bolívar y Catatumbo, y en el Área Metropolitana de Cúcuta, se manifestaron en mayor cuantía este tipo de situaciones, por el accionar del Eln, las Agc y las disidencias de las extintas Farc.

Si bien las bajas tasas de rearme en Colombia dan muestra de un proceso de reincorporación exitoso, la violencia contra esta población no ha cesado. MAPP-OEA informó que entre el segundo semestre de 2020 y el corte del primer semestre de 2021, 64 firmantes de paz fueron víctimas de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada.

“Uno de los principales factores de inseguridad está relacionado con la persistencia del accionar de grupos armados en los territorios donde habitan las personas en proceso de reincorporación y sus familias. Si bien existe un riesgo mayor para aquellas personas que han decidido continuar su proceso de reincorporación por fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de manera individual o colectiva, la población concentrada en dichos espacios también es objeto de vulneraciones”, agregó el informe.

En contravía con el lado nefasto que mostraron los anteriores indicadores, los temas de desminado y de prevención de ataques con trampas explosivas, el informe reconoció avances en el desarrollo de actividades en el riesgo de minas, lo que además de fortalecer la articulación institucional y civil, logró activar hojas de ruta e inclusión de enfoques diferenciales para tratar estas situaciones.

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Por otro lado, el tema de justicia es contradictorio. Por un lado, la Jurisdicción Especial Indígena se vio fortalecida en 45 comunidades indígenas, sin que eso fuera garantía para no recibir ataques por parte de grupos armados. A su vez, como describe el documento, “los pueblos Embera Katío, Embera Dobida, Embera Eyábida y Wounaan en Chocó y Antioquia fueron víctimas de confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, instalación de minas antipersonas, escenarios de fuego cruzado e imposición de medidas de facto, en contradicción con los reglamentos internos”.

Por el lado de sanciones dentro de la justicia transicional, MAPP OEA comentó que se presentaron avances en un componente institucional que ha encabezado el Ministerio de Justicia. “El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional ha avanzado en la coordinación de la ruta. Igualmente, la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) viene desarrollando el Proceso de Atención Diferencial (PAD) que ha permitido que 306 personas (36 mujeres y 270 hombres) integrantes de diferentes GAO (Grupos Armados Organizados), sean atendidas a través de los Grupos Territoriales a nivel nacional”, reza el documento.

Aterrizando en el Sistema Integral de Paz, MAPP – OEA insistió en que, si bien desde allí se han consolidado acciones complementarias sobre asuntos estratégicos que permiten una noción de trabajo en bloque en los territorios, las particularidades de tiempo, metodología, priorización de lugares, fórmulas para la participación de las víctimas y el alcance de cada entidad, hacen que la integralidad siga siendo un reto.

Acciones destacables para el proceso de paz

La participación ciudadana y política fue un punto alto con la consolidación de instancias como los Consejos Municipales de Juventud (con 7.789 listas paritarias), la puesta en marcha de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (escaños elegidos el 13 de marzo de 2022), la aprobación paritaria en organismos electorales -que entró en vigor desde 2020 – o con el adelanto institucional del Proceso participativo del Organismo de Acción Comunal (para dar respuesta a procesos democráticos locales).

Esto en conjunto significó una apertura más de la Ley de Víctimas de 2011 y un impacto estratégico para las políticas de transformación territorial en las zonas afectadas por el conflicto armado.

Para cerrar brechas en el campo, MAPP-OEA reconoció también un esfuerzo desde el Estado para trabajar en favor de los PDET y las políticas rurales que los rodean. En concreto, se estipuló que “los componentes de fortalecimiento del Estado social de derecho y aceleración PDET son los que presentan un mayor avance en la instalación, mejora o dotación de infraestructura esencial para la reducción de brechas de desigualdad y acceso a recursos públicos. En este aspecto, las Consejerías Presidenciales y la OACP han desempeñado un rol importante para acelerar el ingreso articulado e integral de las instituciones del Estado”. Caso contrario al problema de las drogas ilícitas, donde hubo puntualizaciones para buscar estrategias amplias que redujeran los cultivos de coca, especialmente en territorios colectivos.

Entre las recomendaciones finales, llama poderosamente la atención la referida a la JEP y a la Corte Constitucional, en la que la Misión de Apoyo sugiere avanzar en nuevas audiencias territoriales o sesiones técnicas que permitan a estos tribunales conocer los riesgos y dificultades que enfrentan los comparecientes y exintegrantes de las antiguas Farc en cada uno de los territorios en donde adelantan su proceso de reincorporación. Esto a puertas de nuevas audiencias y diligencias judiciales que van a definir prontamente el futuro de los máximos responsables de la comisión de crímenes durante el conflicto armado.

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EL ESPECTADOR: Gobierno renueva mandato de la MAPP/OEA en Colombia

13 octubre, 2021

Este fue un compromiso que el presidente Iván Duque hizo con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. La misión que sigue la implementación del Acuerdo de Paz tiene asegurados otros tres años en el país.

Este miércoles, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez firmó el octavo protocolo que renueva el mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) por otros tres años más.

Este fue un tema de conversación entre el presidente Iván Duque y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante la visita a Washington del primer mandatario. “Agradecemos al gobierno de Colombia por renovar la confianza en la MAPP-OEA. La paz con legalidad es el objetivo del Gobierno y tienen todo nuestro apoyo para hacer realidad esa visión”, manifestó Almagro.

Por su lado, la vicepresidenta y canciller en el evento de la firma del protocolo destacó la labor de la misión en el país. “Los aportes de la MAPP-OEA han permitido al Estado acercarse a las comunidades y han servido de puente para generar diálogo en contextos de alta conflictividad. Han sido aliados incansables a través de la entrega de información oportuna y recomendaciones, facilitando la toma de decisiones para abordar los desafíos y amenazas para la paz”.

El jefe de la Misión, Roberto Menéndez, también agradeció la confianza por el trabajo de la MAPP-OEA. “Es una responsabilidad y un privilegio seguir sumando a la paz del pueblo colombiano. Asumimos este compromiso con independencia e imparcialidad, así como la decidida voluntad de acompañar todos los esfuerzos de paz que Colombia realiza”, comentó Menéndez.

La MAPP-OEA hace presencia en 18 zonas del país y tiene un trabajo dedicado en temas sobre víctimas, procesos de reincorporación, programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, PDETs, entre otros.


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EL TIEMPO: Se firma renovación de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP – OEA) y la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, firmaron este miércoles el octavo Protocolo Adicional al Convenio entre la República de Colombia y la Secretaría General de la OEA, el cual amplía el mandato de la Misión por 3 años más.

Esto significa que la MAPP – OEA continuará aportando sus capacidades y conocimiento acumulado a la construcción de Paz desde los territorios. Actualmente la Misión tiene presencia en Colombia con 18 oficinas regionales y una sede principal en Bogotá, desde donde se brinda cubrimiento a más de 193 municipios en 20 departamentos del país.

La vicepresidenta, quien firmó en nombre del Gobierno y el presidente Iván Duque, dijo que “al suscribir este nuevo protocolo al acuerdo del 2004 se constituye un eje importante en el relacionamiento que tenemos la OEA. Son 17 años de presencia ininterrumpida de esa misión en Colombia, que se ha convertido en un aliado incondicional de nuestra país en ese propósito de avanzar todos los días hacia una Paz  estable, duradera, con legalidad e incluyente“. 

Así las cosas, la MAPP- OEA seguirá enfocándose en asuntos decisivos como el apoyo a las víctimas, los procesos de reincorporación, los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, el seguimiento a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la Reforma Rural Integral e iniciativas de desminado, entre otros. 

Según establecieron en la renovación de la Misión, tanto el Gobierno colombiano como la OEA están convencidos de que el multilateralismo y la cooperación hemisférica son indispensables para la construcción de la paz.

En este sentido, la Misión seguirá siendo un apoyo para Colombia, observando los avances obtenidos y alertando los principales desafíos, a través de sus recomendaciones a la implementación de los acuerdos, políticas públicas y a las estrategias institucionales y comunitarias que se desarrollan para alcanzar la paz.

La ministra de Relaciones Exteriores mencionó que “los aportes de la MAPP/OEA han permitido al Estado acercarse a las comunidades y han servido de puente para generar diálogo en contextos de alta conflictividad. Han sido aliados incansables a través de la entrega de información oportuna y recomendaciones, facilitando la toma de decisiones para abordar los desafíos y amenazas para la paz”.

Por otro lado, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, quien se reunió este lunes en Washington con el presidente Iván Duque, agradeció al gobierno de Colombia por la confianza en la Misión.

“La paz con legalidad es el objetivo del Gobierno y tienen todo nuestro apoyo para hacer realidad esa visión. Para ello, es fundamental el trabajo en el terreno, generando confianza, generando las mejores condiciones de acercamiento, las mejores condiciones de trabajo en tareas clave, desde el desarme hasta el acceso a derechos de la gente”, afirmó.

Finalmente, Roberto Menéndez, Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, destacó que “para la MAPP/OEA es un privilegio y una responsabilidad seguir sumando a la Paz del pueblo colombiano. Agradecemos la confianza del Estado y asumimos este compromiso con independencia e imparcialidad, así como con la decidida voluntad de acompañar todos los esfuerzos de paz que Colombia realiza”.

A la renovación de la Misión, firmada en Bogotá, asistieron representantes de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Noruega, países aliados en la construcción de paz. La vicepresidenta les expresó su agradecimiento, indicando que “su apoyo político y financiero han hecho posible el apoyo de esta misión en el país”.


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AGENCIA EFE: Colombia amplía a 2024 el mandato de la misión de apoyo de la OEA al proceso de paz

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP) de la Organización de Estados Americanos (OEA) continuará acompañando el proceso de paz en Colombia hasta finales de 2024 gracias a la firma del octavo protocolo adicional que tuvo lugar este miércoles en Bogotá.

EL documento fue suscrito en el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, por la canciller y vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, y el jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez.

Durante la firma del protocolo, los dos funcionarios coincidieron en que el multilateralismo y la cooperación hemisférica son indispensables para la construcción de la paz.

En ese orden de ideas, la Misión que comenzó en 2004 seguirá siendo un apoyo para Colombia, observando los avances obtenidos y alertando sobre los principales desafíos, a través de sus recomendaciones a la implementación de los acuerdos, de políticas públicas y de las estrategias institucionales y comunitarias que se desarrollan para alcanzar la paz.

“Los aportes de la MAPP/OEA han permitido al Estado acercarse a las comunidades y han servido de puente para generar diálogo en contextos de alta conflictividad”, dijo Ramírez.

La canciller destacó que la Misión ha sido un “aliado incansable” y que siempre ha entregado “información oportuna y recomendaciones, facilitando la toma de decisiones para abordar los desafíos y amenazas para la paz”.

A renglón seguido valoró positivamente que el mandato de la Misión “ha podido llevarse a cabo en gran medida gracias a la confianza y al apoyo constante de la comunidad internacional”.

Reconoció que a lo largo de los años han existido “diferencias” que se han podido superar “entendiendo todos que la paz es posible en la medida en que logremos eliminar el narcotráfico”, del que dijo es uno de los principales obstáculos para implementar el acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

RESPALDO AL PAÍS

Por su parte, Menéndez destacó que “para la MAPP/OEA es un privilegio y una responsabilidad seguir sumando a la paz del pueblo colombiano”.

Recordó que el mandato lo han asumido con independencia e imparcialidad, así como con la decidida “voluntad de acompañar todos los esfuerzos de paz que Colombia realiza”.

Menéndez subrayó que cuando la Misión llegó a Colombia, en 2004, traía unas experiencias pero la realidad del país los dejó ante un “desafío enorme” y en estos 17 años han visto los esfuerzos de la comunidad internacional, del Gobierno y de su gente para alcanzar la paz.

El jefe de la MAPP/OEA recalcó que las 18 oficinas regionales y su sede en Bogotá seguirán centradas temas decisivos como el apoyo a las víctimas, los procesos de reincorporación y los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

Igualmente lo harán en el seguimiento a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la reforma rural integral prevista en el acuerdo de paz con las FARC e iniciativas de desminado.

A la firma del Octavo Protocolo de la MAPP/OEA asistieron representantes de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Noruega, países aliados en la construcción de la paz de Colombia.


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EL ESPECTADOR: MAPP/OEA alerta sobre dinámicas de actores armados en Colombia durante la pandemia

21 julio, 2021

Según el informe, durante la pandemia se profundizaron las desigualdades y hubo un aumento de las brechas. Además, llamaron la atención sobre la acción de los grupos armados en el territorio nacional.

Ante el Consejo permanente de la OEA, la delegación de la Mapp-OEA rindió su trigésimo informe semestral sobre los avances de la implementación en Colombia. En una corta exposición, la misión dio cuenta de lo que encontró en el segundo semestre de 2020 e hizo varias observaciones sobre lo ocurrido durante la pandemia en más de 500 centros poblados del país.

En un primer momento, en la rendición se destacó varios avances, tales como la prorroga por 10 años de la ley de víctimas. La secretaría también resaltó los avances del Consejo Nacional de Paz y Reconciliación y pidió que este progreso sea valorado por todos los actores. Además, destacó que en pocos meses se entregará el informe de la Comisión de la Verdad: “la secretaría general confía que colaborará a superar los ciclos de violencia e incentivar el diálogo”.

En este mismo punto de elementos a destacar, la Mapp-OEA celebró que el gobierno de Iván Duque haya nombrado un gestor de paz para adelantar acercamientos con el Eln. La organización interamericana hizo referencia a Juan Carlos Cuellar, que nuevamente fue nombrado gestor de paz en mayo de este año. Para los que rindieron el informe, este nombramiento es importante debido a que permite soñar con “una paz completa” para Colombia.

Tras resaltar los avances de los últimos meses, en el informe se pasó a expresar las preocupaciones de la delegación de verificación, que hace algunas semanas se prolongó su mandato en Colombia. Según el texto dado a conocer en una sesión extraordinaria, se hicieron más evidente las desigualdades y el aumento de las brechas durante la pandemia.

El informe dejó constancia de las dinámicas de control y disputa territorial por los distintos actores armados. Allí alertaron sobre las distintas acciones que están llevando estos grupos, tales como reclutamientos masivos, homicidios, amenazas, confinamientos, violencias basadas en género y la siembra nuevamente de minas antipersonales.

En este punto hicieron mención directa de Arauca, Cauca, Caquetá, Cesar y Meta, donde grupos habrían impuesto restricciones a la movilidad y se habrían presentado amenazas y acciones de violencia. En una línea similar, se hizo referencia a Nariño y se mencionó los ataques que recibieron las autoridades indígenas de algunas comunidades de dicho departamento.

La Mapp-OEA hizo un especial énfasis en la situación vivida en Meta, Caquetá y Guaviare, donde las amenazas y acciones violencias llevaron incluso a la suspensión de mesas regionales de diálogo social y ambiental, un hecho que fue del interés de esta delegación pues se hay una “exacerbación de conflictividades socio ambientales”.

El informe también da cuenta de que en el país continuaron las amenazas y asesinatos de los liderazgos y sus familias. En este sentido también reportaron que lo grupos armados son responsables de feminicidios, trata de personas y otros delitos que siembre el miedo en la población y has implican un freno para sus reclamos y trabajo social.

Tras rendir el informe, Roberto Menéndez, jefe de la Mapp-OEA expresó que Colombia debe privilegiar el diálogo y entendimiento. Además le pidió un mayor compromiso de la región y del mundo para la construcción de la paz en Colombia. Luego reiteró el compromiso de la organización que comanda para seguir su trabajo en el país.

Tras la lectura del informe, la palabra la tomó Alejandro Ordóñez, representación de Colombia ante la OEA. Ordóñez celebró el trabajo “imparcial” que ha llevado a cabo la delegación al redactar el informe. Asimismo, destacó que el informe fue realizado en una de las condiciones más difíciles en Colombia, la pandemia.

También se manifestó el delegado de Canadá, que expresó su acogida al informe. Sin embargo, aunque reconoció los avances del gobierno colombiano, dejó constancia de su preocupación por los homicidios en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por otro lado, confirmó la entrega de USD2,5 millones para fortalecer el trabajo de Mapp-OEA en Colombia.


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W RADIO: OEA, preocupada por situación de orden público en varios departamentos del país

El jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, Roberto Menéndez, agradeció la extensión del periodo de trabajo aprobada por gobierno.

La Misión de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz (MAPP) presentó ante el Consejo Permanente de la Organización su informe número 30, en el cual alertó por la crítica situación humanitaria vivida particularmente durante los últimos seis meses del 2020 en departamentos como Cauca y Nariño por cuenta de disputas de grupos criminales.

Ante el plenario y en cabeza de su jefe de Misión, Roberto Menéndez, denunciaron el asesinato de líderes sociales, amenazas sobre los mismos, reclutamiento de menores y otras acciones armadas que persisten en los territorios.

La Secretaría General deja constancia de las dinámicas de control y disputas territoriales de grupos armados ilegales que ponen en riesgo la integridad de la población civil y de los agentes del estado”, señaló Roberto Menéndez, jefe de la Misión.

Además, reconocieron, a su juicio, los esfuerzos del estado colombiano en luchar contra los grupos criminales que por cuenta del narcotráfico siguen sembrando el terror en las poblaciones.

El jefe de misión Menéndez también agradeció la decisión del gobierno de confirmar la extensión del mandato de ese cuerpo diplomático hasta el año 2024 en el país.

Delegaciones como la canadiense por medio del embajador Hugh Adsett expresaron su respaldo a la Misión, y señalaron preocupación ante las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos derivadas de esas disputas de grupos armados ilegales.


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CANAL 1: OEA rechaza ataque a misiones médicas en Colombia durante el paro nacional

24 mayo, 2021

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP – OEA) rechazó los bloqueos y ataques a ambulancias y misiones médicas durante el paro nacional.

La Misión condena las acciones que limitan el acceso a los servicios vitales para la población, como las lesiones al personal de salud, obstaculización del paso de ambulancias y la restricción del tránsito de insumos médicos”, dijo la MAPP.

Desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril, la misión de la OEA hizo un llamado a la población colombiana a facilitar y respetar la libre circulación de su personal para “garantizar la vida, salud pública y labor médica”.

Hoy, la Misión reitera su llamado en esa vía”, señaló la entidad de la OEA en un comunicado publicado en Twitter.

Además, condenó el asesinato del patrullero de la Policía Nacional Juan Sebastián Briñes en Cali.

La Misión “exhorta nuevamente a una pronta investigación, judicialización y sanción de los responsables de las muertes de civiles y miembros de la fuerza pública durante las protestas sociales”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado para encontrar una salida a la crisis que atraviesa Colombia a través del diálogo y la cooperación entre distintos sectores de la sociedad.


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