Bogotá, 18 de septiembre de 2025. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) reconoce las primeras dos sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como un avance en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016.

Tras siete años de funcionamiento, la JEP dictó sus primeras sentencias con sanciones propias. Una de ellas está dirigida al último Secretariado de las FARC-EP, hallados como máximos responsables del crimen de secuestro. Como parte de la sanción, deberán trabajar durante ocho años en la búsqueda de personas desaparecidas, acciones contra minas antipersonal, recuperación del ambiente y reparación simbólica.

La segunda sentencia está dirigida a doce exintegrantes del Batallón La Popa, hallados como máximos responsables de asesinatos y desapariciones forzadas, presentadas como bajas en combate en los departamentos de Cesar y La Guajira. La JEP impone una sanción restaurativa, de cinco a ocho años, para trabajar en seis proyectos restaurativos con los Pueblos Indígenas Wiwa y Kankuamo, así como con los Pueblos Afrocolombianos de los Consejos Comunitarios Kusuto Ma-Gende y José Prudencio Padilla.

Estas decisiones judiciales, dictadas a los máximos responsables de graves crímenes cometidos durante el conflicto armado, buscan contribuir a la restauración del daño causado y a la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La MAPP/OEA reconoce estos avances como un anhelado paso en la lucha contra la impunidad y como una oportunidad para dignificar a las víctimas.

Asimismo, reitera la importancia de garantizar el rol central de las víctimas en todo el proceso judicial ante la JEP, así como en la implementación efectiva de las sanciones restaurativas, asegurando que todas las víctimas, sin exclusión, sean tenidas en cuenta en cada etapa del proceso.

En este momento crucial de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, la MAPP/OEA destaca la necesidad de implementar lo ordenado por la JEP, en coherencia con los compromisos asumidos con la paz y la justicia. Al mismo tiempo, subraya la necesidad de que el Estado garantice las condiciones de seguridad, los recursos financieros y la coordinación interinstitucional para el desarrollo y sostenibilidad de las sanciones propias, así como para el fortalecimiento de la confianza en el proceso.

La MAPP/OEA hace también un llamado a resolver los serios rezagos en los procesos de reparación de las víctimas del conflicto armado, especialmente aquellos enmarcados en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y Restitución de Tierras) y en la Ley 975 de 2005 (Ley de Justicia y Paz).

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA continuará acompañando a las víctimas en su búsqueda del acceso efectivo a sus derechos, y monitoreando la implementación de procesos y mecanismos de justicia transicional.