Concluye formación de la OEA para el empoderamiento político de las candidatas en Colombia

Durante una semana intensa, entre el 26 y 30 de agosto, 50 candidatas de las zonas más afectadas por el conflicto armado en el país participaron del Curso para Candidatas Electorales de la OEA, que en la edición colombiana llevó el nombre “Policarpa Salavarrieta”, honrando la memoria de esta heroína de la independencia colombiana.

La iniciativa contribuyó a fomentar el liderazgo político de las participantes, fortalecer sus habilidades para competir con mayor eficacia durante la campaña y brindar herramientas para combatir los sesgos de género presentes en una contienda electoral.

El curso abordó asuntos como liderazgo político con enfoque de género, comunicación política y organización de campaña electoral, así como situciones de violencia y garantías de seguridad para candidatas. Participaron mujeres afrodescendientes, indígenas y de otras étnias, que aspiran a cargos como alcadías, concejos, asambleas departamentales, gobernaciones indígenas y juntas administradoras locales, de diferentes partidos y movimientos políticos.

Durante la jornada del viernes se desarrolló el conversatorio “Navegar una campaña electoral siendo mujer”, con la participación de Balbina Herrera, excandidata a la presidencia de Panamá, y Tania Pariona, congresista de Perú. Este espacio tuvo como meta compartir recomendaciones para enfrentar los desafíos que pueden surgir en una campaña electoral, desde un enfoque de género. Herrera les recordó que “como candidata es fundamental tener un mensaje y una propuesta clara. Además, prepararse para ganar, pero también estar lista para perder y volverlo a intentar”. Sobre la participación de las mujeres indígenas en la política, Pariona reflexionó que este es el tiempo de las mujeres”.

El curso, en su edición Colombia, fue organizado por la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM), la Escuela de Gobierno de la OEA y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), y contó con el apoyo de la Embajada de Noruega, la Vicepresidencia de la República, la Consejería Presidencia para la Equidad de la Mujer, el Ministerio del Interior, la Unidad para la Atención y Reparación Integral para las Víctimas y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del Gobierno de Colombia.

“Nuestra misión es seguir siendo útiles a la construcción de paz”

Entre los días 01 y 05 de octubre, los 110 funcionarios de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) se dieron cita en Bogotá en el marco del Taller Nacional anual.

El evento congregó a los equipos de las 16 oficinas regionales, con el fin de planificar y articular las estrategias que se adelantarán desde los territorios, en seguimiento con el Mandato de monitoreo y acompañamiento a las políticas de paz que tiene la Misión.

Este espacio permitió a todos los equipos de trabajo y áreas temáticas analizar las perspectivas de trabajo de cara a los retos identificados en el proceso, así como compartir los aprendizajes y experiencias positivas recogidas en los territorios en el último año.

Durante el encuentro, fue fundamental la presencia de autoridades institucionales, quienes agradecieron la labor de la Misión, a la vez que compartieron la visión y perspectivas de sus entidades, en el marco de la gestión del gobierno del presidente Iván Duque. El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, destacó que “queremos seguir contando con el apoyo de la MAPP/OEA, su presencia territorial efectiva y discreta nos da tranquilidad a los colombianos”.

Adicionalmente, se generaron espacios de interlocución con la Consejera Presidencial para las Regiones, Karen Abudinen, donde se socializaron los aspectos más relevantes de la iniciativa “Construyendo País”. A su vez, la Viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, destacó los retos y nuevos desafíos para la paz, valorando además “la capacidad que tienen como Misión de estar en sintonía con las dinámicas del territorio”.

Por otra parte, el Magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz Roberto Vidal, resaltó la importancia de la aplicación de modelos de justicia reparativa dentro de los procesos de reparación a víctimas; mientras que el Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa, valoró la presencia territorial de la Misión en las zonas más afectadas por el conflicto en el país.

“Nuestra misión es seguir siendo útiles para la construcción de Paz en Colombia” señaló Roberto Menéndez, jefe de Misión, en el marco del cierre Taller Nacional. Este ha sido el objetivo de la MAPP/OEA en sus 14 años de trabajo ininterrumpido en los territorios, donde ha trabajado de cerca con las comunidades, organizaciones, líderes y defensores de derechos, apoyando el fortalecimiento de sus iniciativas locales de paz.

Proceso de reparación colectiva de la Mesa LGBT Comuna 8 de Medellín

Los días 21 y 22 de junio, se llevó a cabo en Bogotá  la validación del diagnóstico de daño colectivo de la Mesa LGBT perteneciente a la Comuna 8 de Medellín, reconocida como el primer sujeto de reparación colectiva perteneciente a los sectores LGBTI tanto en el país como en el mundo. Esta actividad contó con la participación de la Unidad de Victimas y con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, la organización Colombia Diversa y la MAPP/OEA.

La Mesa LGBT se ha visto afectada por el desplazamiento de sus líderes y la obstaculización de sus actividades en el marco del conflicto armado, por lo que han enfocado sus esfuerzos a incentivar la participación política y comunitaria, así como el empoderamiento de las personas pertenecientes a los sectores LGBTI en la región.

Andrés Gutiérrez, miembro de la Mesa Diversa de la Comuna 8 desde hace diez años, afirma que “hemos tenido un aprendizaje en términos de como reparar lo que el conflicto nos arrebató y de qué manera podemos hacerlo en el marco de este plan”. Así mismo, la organización considera que esta reparación colectiva debe tener un trato diferencial y que debe servir como base para otras comunidades LGTBI.

La Oficina Regional en Medellín y el Área de Construcción de Paz de la MAPP/OEA han servido como apoyo y respaldo a la Mesa LGBT desde el 2015, momento en que inició  su acompañamiento en el proceso de declaración del colectivo como sujeto de reparación. Actualmente, en conjunto con la Unidad de Víctimas, la Misión se encuentra acompañando la fase de diagnóstico de daño para la redacción del Plan Integral de Reparación Colectiva (PRIC) y el inicio de su ruta de reparación colectiva.

La Misión también ha venido acompañando la creación de espacios artísticos y culturales para sectores con  orientación sexual diversa, en el marco de las iniciativas de construcción de paz y reparación colectiva a víctimas con enfoque diferencial en los territorios.

Diálogo institucional: Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

La agencia Nacional de Tierras (ANT), ubicada en Barrancabermeja, ha convocado a diferentes instituciones presentes en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra desde octubre de 2017. Esta convocatoria tiene el fin de articular las acciones que las distintas agencias del gobierno vienen desarrollando para la implementación de los acuerdos de paz en esta zona del Magdalena Medio, comprendida entre los municipios de Remedios y Yondó (Antioquía) y San Pablo y Cantagallo (sur de Bolívar).

En el marco de la Reforma Rural Integral pactada en los acuerdos de La Habana, las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) son parte importante para el reconocimiento de los derechos territoriales de miles de campesinos y campesinas. Es por esto que la ANT consideró necesario generar una coordinación interinstitucional que responda a los retos puntuales de la formalización de tierras, la restitución, la sustitución de cultivos de uso ilícito y la implementación de los PDET.

Según Alexander Rivera, subdirector de Administración de Tierras de la Nación de la ANT, este espacio entre agencias del Estado ha sido clave para “la formulación y consolidación de políticas públicas, acceso a la institucionalidad, fortalecimiento de mecanismos de participación democrática, aplicación del enfoque diferencial e identificación de oportunidades de complementariedad institucional”. En este sentido, este espacio permite potenciar el trabajo en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra.

A la fecha se han realizado varios encuentros interinstitucionales en los que han participado la  Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), la Secretaría Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz-Enlace Magdalena Medio, la Defensoría del Pueblo, la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (UNIPEP) de la Policía Nacional, el Comando Conjunto de Monitoreo y Verificación. Así mismo, han participado la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Oficina de la Misión de Verificación de la ONU.

En cumplimiento de su mandato, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) acompaña esta iniciativa como parte del apoyo al estado colombiano en su esfuerzo por ampliar la oferta institucional y la garantía de derechos en zonas claves para la construcción de una paz estable y duradera.

Especial: Retos actuales entre la justicia indígena y la justicia ordinaria

“Todo el sistema judicial busca hacer justicia, pues es una condición necesaria para vivir en paz”, asegura Leandro Shinye Jamioy del grupo de fortalecimiento de justicia étnica del Ministerio de Justicia. El mejoramiento de la administración de la justicia se ha convertido en un referente para la sana convivencia y un ideal para la construcción de paz. Tanto para los pueblos indígenas como para los entes judiciales del Estado, la justicia es y será una base para el alistamiento territorial de cara al posconflicto.

Las comunidades indígenas hacen un llamado a la comprensión de su jurisdicción especial, un reconocimiento que viene desde la constitución del 91, con la distinción de sus derechos colectivos y fundamentales, sino también a la luz de tratados internacionales y de la Corte Suprema de Justicia.

Esta visión según las autoridades indígenas, no solo permitirá entender cómo funciona su ordenamiento jurídico y la forma cómo se administra justicia al interior de los resguardos y cabildos, sino también sus tradiciones y costumbres esenciales. Esto implica no desconocer que ha existido un debilitamiento de la administración de la justicia, en la mayoría de los casos por las dinámicas que suscita la presencia del conflicto armado en estos territorios.

La masacre en el resguardo Tortugaña-Telembí, donde fueron asesinados 14 miembros de la comunidad indígena por parte de las FARC en el año 2009, es un referente de esta realidad. La presencia de grupos armados en esta zona ocasionó desplazamientos y reclutamiento forzado, como también afectaciones al medio ambiente, factores que coartan la posibilidad de administrar un territorio propio, un derecho que tienen las comunidades indígenas. “Con la masacre llegó un debilitamiento a nivel general, pero desde el día que se presentaron los hechos nos pusimos a pensar qué podíamos hacer y le hicimos frente a una situación de guerra”. Alberto Pay, Gobernador del Resguardo Gran Rosario del Municipio de Tumaco, Nariño.

En las regiones donde el conflicto armado se ha instaurado durante muchos años, la administración de la justicia por parte de las comunidades indígenas se ve limitada, hasta el punto que la justicia ordinaria llega a suplir esta necesidad, en gran parte por el desconociendo del derecho propio como mandato especial.

“Hay casos en los que en la justicia ordinaria se nos pasan por encima. Sería también muy importante que la justicia ordinaria no se imponga frente al posible desorden que exista en los resguardos cuando no podamos, se nos va de las manos administrar nuestra propia justicia“ y agrega que, “nosotros tenemos nuestras leyes y nosotros mismos tomamos las decisiones para personas que cometen errores. La justicia de los cabildos es autónoma, entre nosotros mismos castigamos”.

Con este conflicto de competencias, tanto la institucionalidad como las comunidades indígenas estiman necesario llegar a una articulación que procure el mejoramiento de la administración de la justicia a nivel nacional. Una coordinación que permita generar mecanismos efectivos para la administración de la justicia, tanto por parte de la comunidad indígena como de las instituciones del Estado.

“La armonización es importante porque a través de ella los diferentes agentes que trabajan con organismos de justicia, los defensores de Derechos Humanos y demás van a conocer la competencia del derecho propio, su originalidad, y que existe unas diferencias culturales y de justicia propia”, afirma Alejandro Fonseca presidente de la Asociación Azcaita y coordinador temporal de la Jurisdicción Especial Indígena, tanto las comunidades indígenas, como la institucionalidad nacional reconocen que hay que tener un entendimiento entre ambos sistemas, sin desconocer la efectividad que cada uno de ellos trae consigo.

A su vez afirma el gobernador indígena afirma que, “sin haber una armonización, no se va a conocer este tipo de justicia, y no se podrá llegar a una articulación eficaz”.

Actualmente diversas instituciones del gobierno nacional y autoridades indígenas, a través de la Comisión Nacional de Coordinación de la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional (COCOIN), están avanzando a través del diálogo y el consenso, para evaluar y determinar cuáles serían los mejores mecanismos para que se establezca una armonización plena y efectiva de la justicia, llegando a una articulación conjunta entre la justicia especial y la justicia ordinaria. “Hay que dialogar y mirar entre ley de autoridad y autoridad estatal cómo vamos a relacionarnos, generando una articulación entre políticas municipales, dialogando con los jueces y la fiscalía”. Explica el gobernador indígena Alberto Pay.

Siendo aún actuales los desafíos para llegar a un consenso frente a la coordinación interjurisdiccional, la MAPP/OEA ha venido acompañando diferentes iniciativas de diálogo en pro de la generación de espacios para lograr una factible armonización entre ambos sistemas. También se ha apoyado la instalación de las mesas departamentales de coordinación interjurisdiccional en las regiones de Guanía, Putumayo y Norte de Santander. Como también la reactivación y fortalecimiento de las mesas en el Nariño, Caquetá y Cesar.

Y si bien, los retos en la armonización siguen vigentes, son notorios los esfuerzos que desde la institucionalidad y las comunidades indígenas se tejen para generar una articulación en pro de la administración efectiva de la justicia, un camino hacia la sana convivencia y la construcción de paz en Colombia.

 

Indígenas y afro de Carmen del Darién analizan restitución de tierras

Recorrido Río Jiguamiandó

Del 7 al 10 de mayo, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) y la regional Urabá-Darien de la Defensoría del Pueblo realizaron una misión de monitoreo sobre la cuenca del río Jiguamiandó en el municipio del Carmen del Darién (Chocó).

En este recorrido, se adelantaron reuniones con líderes afro de las once comunidades que componen el Consejo Comunitario de Jiguamiandó, así como con las autoridades tradicionales y cabildos del pueblo Embera Katío del resguardo Uradá Jiguamiandó.

Las reuniones realizadas permitieron hacer un análisis con las comunidades sobre las actuales retos en materia de derechos, así como un balance de los avances de la institucionalidad en temas de protección colectiva, restitución de derechos territoriales y reparación colectiva.

Así mismo, en estos diálogos se pudo conocer la percepción de la comunidad Embera sobre el nivel de cumplimiento de las medidas cautelares de protección, emitidas a su favor por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó.

Para la MAPP/OEA, el trabajo con las comunidades afro e indígenas del Chocó resultan indispensables para sus labores de acompañamiento a los procesos de restitución de derechos territoriales, y permiten de igual modo, contribuir al acercamiento de estas poblaciones con instituciones como la Defensoría del Pueblo.

Taller con líderes y lideresas de Belén de los Andaquiés

Los días 2 y 3 de mayo líderes y lideresas de víctimas del municipio de Belén de los Andaquíes, participaron en el taller “El mapa de la política Pública: los retos de su implementación en la restitución y reparación colectiva”, a cargo de la Unidad para las Víctimas y el Ministerio del Interior, con el acompañamiento técnico y operativo de la MAPP/OEA.

Con el fin de fortalecer la participación efectiva de líderes y lideresas de víctimas, en estas jornadas se brindó a los asistentes conocimientos y herramientas necesarias para una exigencia efectiva de sus derechos y los de las víctimas.

En este sentido también se aprovechó la ocasión para poner al día a los asistentes sobre los retos actuales de la restitución de tierras, la reparación colectiva y para retomar las oportunidades que brindan los acuerdos firmados con las ex FARC-EP para la participación activa de las víctimas en la construcción de paz.

los acuerdos firmados con las ex FARC-EP, y las oportunidades que estos bridan a las víctimas para que participen activamente en la construcción de paz de sus regiones.

En estas dos jornadas pedagógicas, se contó con los miembros del consultorio jurídico de la Universidad de la Amazonia, la Defensoría del Pueblo y la personería municipal, quienes orientaron y apoyaron a los participantes en la puesta en marcha de acciones jurídicas pertinentes, como parte de los mecanismos de exigencia de sus derechos.

Esta estrategia es coordinada y ejecutada en el departamento de Caquetá por la MAPP/OEA, el Programa de Fortalecimiento Institucional para las Víctimas de USAID-OIM, el Consejo Noruego para los Refugiados, Blumont, el Grupo de Víctimas del Ministerio del Interior, la Unidad para las Víctimas, la JEP y el Ministerio Público.

Minga por la reconciliación en El Placer, Putumayo

Minga el Placer Putumayo

Este martes, la comunidad de El Placer, el Ejército y la Policía iniciaron una minga de trabajo para el embellecimiento del espacio público y la construcción de un quiosco que será utilizado en beneficio de la población de esta inspección del Valle del Guamuez.

Esta jornada es el resultado de más de dos años de trabajo, en el que la Unidad de Restitución de Tierras (URT), en cumplimiento de diferentes sentencias de restitución, adelantó un proceso de acercamiento entre los habitantes de El Placer y la fuerza pública. En las distintas etapas de este proceso, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) acompañó tanto a la URT, como a las comunidades y miembros de la fuerza pública que participaron en este acercamiento.

La comunidad de El Placer, quien regresó en 2016 a su territorio y quien actualmente se encuentra en un proceso de restitución, fue víctima de las afectaciones causadas por la presencia de las FARC-EP y las AUC, y como muchas poblaciones del departamento también ha sido víctima de la estigmatización.

Para superar los prejuicios y generar un espacio propicio para la reconciliación, la URT y la MAPP/OEA trabajaron con la fuerza pública y las comunidades. Con cada grupo por aparte, se desarrollaron talleres con el fin de generar conciencia y reconocimiento del otro, buscando así la eliminación de las prevenciones existentes por causa del conflicto. Esta metodología finalizó con talleres conjuntos, en los que, frente a frente, tanto la población civil como fuerza pública se pudieron reencontrar y dialogar.

Hoy, el deshierbe, las plantas sembradas y el compartir una olla comunitaria, son el símbolo de reconciliación, que permitirá avanzar en la construcción de paz en el Valle del Guamuez.


Comunidades de Arenal y Morales (Bolívar) despejan dudas sobre desarrollo rural para la paz

Más de 45 representantes de organizaciones sociales, productores y pescadores, asociaciones de mujeres y víctimas, personerías y alcaldías participaron en las reuniones de socialización sobre la implementación del punto de Reforma Rural Integral pactado en los acuerdos del Teatro Colón y del Decreto 902/17.

Los participantes aprovecharon el espacio, liderado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Defensoría del Pueblo, para aclarar las dudas sobre los procesos de adjudicación de baldíos y el avance avanza el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) en la Zona de Reserva Campesina de Arenal y Morales.

A su vez, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) tuvo oportunidad de socializar los avances en la implementación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) en esta región, al tiempo que alentó a las comunidades y a sus líderes a participar en la etapa municipal de la elaboración de este plan.

El evento se desarrollo los días 20 y 21 de marzo, con el acompañamiento de la MAPP/OEA. Para la Misión, el acercamiento entre la insitucionalidad y las comunidades es clave para una mejor comprensión e implementación de los acuerdos logrados con las ex FARC-EP. En ese sentido la Misión seguirá apoyando a la institucionalidad y a las organizaciones sociales en sus esfuerzos por construir una paz territorial, estable y duradera.

Sesión ampliada del Consejo Departamental de Paz y DDHH en Putumayo

En Mocoa, tuvo lugar la sesión ampliada del Consejo Departamental de Paz y Derechos Humanos, que convocó a alcaldes, secretarios, líderes, lideresas y representantes de organizaciones de los 13 municipios del Putumayo, y que contó con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera.

En un diálogo abierto, los asistentes a este Consejo abordaron el estado de los procesos de reincorporación de los ex combatientes de las FARC-EP, así como la preocupación que existe por adelantar iniciativas de desestigmatización de las comunidades, que por motivos del conflicto, han sido asociadas con diferentes actores. Asimismo, este espacio permitió la discusión de temas de reconciliación.

Como parte de la política departamental en materia de Derechos Humanos, en este escenario también se instaló el Consejo departamental de Paz, Reconciliación, Convivencia, Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario. Este nuevo consejo fusiona al Comité Departamental de Paz y al Consejo Territorial de Paz, con el fin de generar un espacio único de mayor y más diversa participación, en el que se pueda generar un seguimiento más activo a las garantías de los derechos humanos y a la construcción de paz en el departamento.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), a través de su oficina regional de Puerto Asís, acompañó este espacio como parte de su compromiso con iniciativas que promuevan la participación plural en el departamento. En cumplimiento de su mandato, la MAPP/OEA seguirá apoyando a las comunidades y las instituciones en su propósito de construir y afianzar una cultura de paz como plataforma para el desarrollo social y comunitario.