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El Espectador: La alerta sobre extorsiones y trabajos forzados de grupos armados en informe de OEA

El más reciente informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia también se refiere al incremento en el reclutamiento forzado, los alcances de las mesas de diálogo en la paz total y de los daños ambientales que ha dejado el conflicto.

 

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA) presentó en días recientes su informe sobre el monitoreo que hace frente a diferentes dinámicas asociadas al conflicto armado y los avances de procesos vigentes de paz en el país.

 

La información abarca el periodo entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024. Según la Misión, en ese tiempo se llevaron a cabo “858 misiones en terreno, cubriendo 217 centros poblados de 107 municipios en 23 departamentos” de Colombia.

 

El informe destaca al menos 10 hechos durante ese lapso, entre ellos, el incremento de las extorsiones, las sanciones arbitrarias impuestas por los grupos armados -con castigos y trabajos forzados-, las afectaciones por el reclutamiento de menores de edad y los alcances de algunas de las mesas de negociación que acompaña la MAPP-OEA.

 

La preocupación por extorsiones

 

Sobre la “imposición de contribuciones económicas”, como lo llamada la MAPP-OEA, o extorsiones por parte de los grupos armados, el informe dice que los cobros han afectado tanto a la economía formal como informal, impactando la seguridad alimentaria y los ingresos de comunidades enteras. En zonas como Guaviare y Meta, las extorsiones incluyen desde pagos por la venta de inmuebles hasta contribuciones basadas en la producción agrícola.

 

“En territorios donde hay presencia de más de un grupo, estos aprovecharon la incertidumbre y el temor de las comunidades para presionar el pago de los montos demandados. En ocasiones, las víctimas entregaron el dinero impuesto sin tener claridad sobre el relacionamiento del responsable con algún grupo armado, lo que da cuenta de una compleja red de actores involucrados en esta afectación”, dice el informe.

 

El documento de la MAPP-OEA coincide con otros análisis que afirman que las extorsiones se han convertido en la primera fuente de financiación de los grupos armados por dos razones: la debilidad de otros tipos de economías ilícitas, por ejemplo, la caída del precio de la coca, y la ampliación de los grupos extorsionados.

 

“Los grupos ampliaron la población víctima y los productos objeto de contribuciones arbitrarias, definieron los montos de dinero impuestos y establecieron ciclos de cobro entre 10 y 90 días aproximadamente, según las características económicas de las comunidades afectadas”, dice el texto.

 

Los hallazgos de la MAPP-OEA indican que esos cobros se extendieron incluso al sector educativo y a programas ambientales que se desarrollan en los territorios. Las repercusiones a quienes no hacían los pagos, según el informe, fueron “atentados con artefactos explosivos a locales comerciales, secuestros de familiares o trabajadores, hurtos de vehículos, robo de ganado, homicidios y la imposición del cierre temporal de establecimientos comerciales.”

 

Esto se sumó a las sanciones arbitrarias y restricciones que se hicieron a varias comunidades en materia de movilidad o el ejercicio de otros derechos. El informe dice que esto se hace con el “interés de posicionar su influencia en los territorios y proyectar un perfil político en el marco de escenarios de diálogos y conversaciones de paz con el Gobierno”.

 

Las estrategias de difusión de mensajes o actos coercitivos, según los hallazgos, se dieron a través de videos, vallas, comunicados físicos y digitales y del constreñimiento a docentes y liderazgos sociales. Quienes no acataron las directrices y medidas del grupo fueron víctimas de acciones de control para el cumplimiento de las sanciones impuestas. “Para este fin acudieron al uso de planillas de pago de multas, fotografías de trabajos forzados, turnos de castigo y la disposición de lugares para recluir a quienes incumplen sus restricciones.”, dice la MAPP-OEA.

 

Impacto de la guerra en niños, niñas y adolescentes

Uno de los aspectos más alarmantes es el reclutamiento forzado de menores por parte de las estructuras armadas. A pesar de las iniciativas del Gobierno y organizaciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las cifras indican que niños y adolescentes continúan siendo víctimas de violencia sexual y utilización en actividades armadas.

El informe que alerta por la persistencia del suicidio en adolescentes y jóvenes de Chocó por el temor a ser víctimas de reclutamiento y afirma que en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta, Cauca y Valle del Cauca, los grupos armados siguen usando a otros niños, niñas y adolescentes “para engañar y persuadir a sus pares a que abandonaran las aulas de clase y se vincularan al grupo”.

En otras regiones como Bajo Putumayo, norte de Antioquia, sur de Cauca y Telembí; y en el municipio de Calamar en Guaviare, las estructuras ilegales “impusieron a las comunidades listas con nombres y el número de niños, niñas y adolescentes que serían víctimas de reclutamiento forzado”.

Las afectaciones al medio ambiente por minas antipersonales

El informe de la MAAP-OEA también señala que departamentos como Arauca, Putumayo, Antioquia, Chocó, Bolívar y Cauca han sido víctima de contaminación en sus ecosistemas por la instalación de minas antipersonales instaladas por grupos armados.

Además, la misión agrega que el suelo colombiano también ha sido víctima de contaminación por los restos de trampas explosivas tras atentados a la Fuerza Pública en municipios como Anorí (Antioquia), Fortul (Arauca), San José del Guaviare (Guaviare), Los Andes (Nariño) y La Macarena (Meta).

“La instalación de minas antipersonales y municiones usadas sin explotar produjo secuelas psicológicas en la población civil5; obstaculizó el acceso a bienes y servicios públicos en Segovia en Antioquia y Argelia en Cauca; impactó las acciones agrícolas para la subsistencia en el departamento de Cauca, la región del sur de Bolívar y los municipios de Barbacoas y Tumaco en Nariño; y afectó usos y costumbres de comunidades étnicas en Chocó y Nariño”, agrega el informe.

 

Sin embargo, el documento resalta que en abril el Gobierno nacional declaró 16 zonas libres de sospechas de minas antipersonales mediante operaciones de desminado humanitario, logrando que el 80% de los municipios del territorio nacional reciban esta categoría.

¿Qué dice el informe sobre la agenda de mujeres, paz y seguridad?

El documento de la MAAP resalta los esfuerzos hechos por el Gobierno nacional para impulsar las medidas de género del Plan Marco de Implementación del Acuerdo de Paz, así como también la concertación institucional para sacar adelante el Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325.

Por otro lado, el informe menciona la elaboración del Programa Programa Nacional de Experiencias Demostrativas para el Impulso a la Implementación de las Medidas de Género del Acuerdo de Paz, asegurando que es un sistema para fortalecer a las organizaciones de mujeres para su sostenibilidad y autonomía económica, participación política y seguridad humana.

Sin embargo, en el campo de paz y seguridad, el informe alerta sobre los rezagos en el proceso de reincorporación e implementación de la agenda de género y paz.

“En los departamentos de Arauca, Cauca, Guaviare, Norte de Santander y Putumayo, y la región del Magdalena Medio, los GA perpetuaron violencias basadas en género que incluyeron feminicidios, reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas y adolescentes, violencia sexual, trata de personas y desapariciones forzadas”, alerta el informe.

 

Acompañamiento a la Paz Total

La misión de la OEA en Colombia resalta los esfuerzos hechos por el Gobierno nacional para buscar una salida negociada con los grupos armados para terminar el conflicto en el país.

Así mismo, ratifica su compromiso como acompañante del proceso de Co-construcción de paz que el Ejecutivo adelanta con el grupo Comuneros del Sur en Nariño. El informe también habla sobre el compromiso de la MAPP para acompañar la mesa de diálogos con el Estado Mayor de los Bloques y Frente.

Además, la OEA menciona su compromiso de acompañar los espacios de conversación sociojurídicos que el Gobierno adelantará con el Ejército Gaitanista de Colombia (conocido como Clan del Golfo) y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Respecto a los cese al fuego bilateral, la misión alerta sobre algunos casos expuestos por comunidades y autoridades locales sobre un “deterioro en las condiciones de seguridad” que impacta la confianza frente a los procesos de paz.

“A través de la MAPP, la OEA evidenció la persistencia de las afectaciones a la vida, libertad, integridad, seguridad y bienes de la población civil por parte de los GA. Estas dinámicas continuaron expresándose por medio de la vulneración a la autonomía de liderazgos y organizaciones sociales y étnicas, así como a través de la obstaculización al desarrollo de las labores institucionales”, dice el documento.

La misión también se refiere a las afectaciones a los territorios mediante la activación de artefactos explosivos por parte de los grupos armados en departamentos como Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

“Al cumplirse la mitad del periodo presidencial y ante el recrudecimiento del conflicto armado en algunos territorios, la OEA reitera el llamado al Gobierno nacional y a los grupos armados a insistir en los esfuerzos por mantener los diálogos de paz en todas sus modalidades, poniendo en el centro la protección de la población civil, la prevención de violencias en el marco del conflicto armado, así como el respeto del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los derechos humanos”, recomienda el informe.

El balance sobre el Acuerdo de Paz

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia también hizo un seguimiento a los acuerdos firmados en 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC, señalando que el país ha avanzado en los esfuerzos para ampliar la presencia del Estado en zonas afectadas por el conflicto armado.

“Los liderazgos sociales, comunidades campesinas y étnicas percibieron positivamente la ampliación de la oferta y presencia de las entidades encargadas de la Reforma Rural Integral, facilitando su relacionamiento con estas y la búsqueda de soluciones consensuadas a tensiones sociales por la tenencia del territorio”, señala el documento.

Sin embargo, el informe también es crítico respecto a la estrategia usada para la reducción de cultivos ilícitos en Colombia, pues señala que la “narcoactividad” sigue siendo más rentable que cualquier actividad agrícola y que por eso es que persisten las plantaciones de hoja de coca.

A su vez, el informe menciona la persistencia de riesgos derivados al recrudecimiento de la violencia para comunidades, liderazgos y organizaciones regionales.

“Ante estos contextos, resulta prioritario avanzar en la implementación de medidas de prevención y protección ante afectaciones ocasionadas por el conflicto armado, así como mantener y ampliar la presencia institucional de la Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas, especialmente en territorios en disputa entre grupos armados”, recomienda el documento.

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