Esta es la declaración de Roberto Menéndez, jefe de MAPP-OEA, sobre el XXIII Informe presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en Washington
La Secretaria General de la OEA congratula al gobierno de Colombia por los enormes esfuerzos para llevar por buen rumbo el proceso con las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El 23 de septiembre de este año será recordado como el día en que se que se silenciaron casi 9,000 armas de manera definitiva.
Asimismo, la Secretaría aplaude el tránsito de las ex FARC-EP a la vida civil, da la bienvenida a la nueva agrupación política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común al juego democrático y la insta a presentarse como opción política para contribuir al abordaje constructivo de las realidades que enfrentan día a día los colombianos.
La Secretaria General resalta los avances en la implementación de los acuerdos firmados con las ex FARC-EP, entre ellos la instalación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuyo objetivo es hacer seguimiento y desmantelar las organizaciones criminales que amenacen a líderes sociales y a la implementación del Acuerdo de Paz. En este ámbito institucional, al cual MAPP/OEA ha sido invitada, la Misión reitera su apoyo y participación para aportar al cumplimiento de los objetivos trazados por esta instancia.
En la misma línea, la Secretaria General celebra la aprobación del Estatuto de la Oposición por parte del Congreso de Colombia, el cual define las garantías para los partidos y movimientos políticos que se declaren en oposición al Gobierno. Asimismo, saluda la escogencia de la totalidad de magistrados y jueces de la Jurisdicción Especial de Paz, y la expedición de decretos legislativos que crean la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, así como la Unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Para la SG, estos avances son muestra del compromiso vigente del Estado colombiano por avanzar en la implementación de los acuerdos.
Por otra parte, con miras a consolidar el acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y FARC-EP, la SG considera de la mayor importancia en esta fase de transición política y movilización social, evitar dilaciones en la ejecución de los componentes de dicho acuerdo, teniendo en cuenta que este tipo de retraso podría generar desconfianza e incertidumbre entre las comunidades afectadas y la sociedad interesadas en transitar efectiva y sostenidamente hacia la paz completa.
La Secretaria General viene observando en los territorios despejados por las FARC-EP, la existencia de vacíos de poder, lo que está siendo aprovechado por actores ilegales, produciendo graves afectaciones contra comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos. En ese sentido, se observa una reconfiguración de grupos que las comunidades identifican como disientes de las FARC-EP, el crecimiento e intensidad de actividades de grupos armados criminales, así como la expansión del ELN y la llegada de nuevos grupos armados ilegales atraídos por las rentas de economía legal e ilegal.
Estos grupos buscan reproducir escenarios de control coercitivo en ámbitos rurales y urbanos, impidiendo la consolidación de las bases organizativas comunitarias y la movilización social por la exigibilidad de sus derechos.
En cuanto al proceso de conversación que adelanta el Gobierno nacional y el ELN, la Secretaria General resalta el acuerdo al cese al fuego bilateral y al cese de hostilidades unilaterales. Considera este primer acuerdo como un hecho esperanzador para el logro de la paz completa en el país, saluda los avances realizados y exhorta a las partes a no cesar en el intento de encontrar una salida pacífica al conflicto.
Asimismo, resalta las audiencias preparatorias de organizaciones sociales como un espacio de participación imprescindible en el proceso de creación y legitimación colectiva de un acuerdo entre las partes, destacando el crecimiento de procesos locales y regionales de participación social en los territorios, así como de las diferentes plataformas nacionales que impulsan el mismo fin.
La Secretaria General reitera su disposición para seguir acompañando este proceso de paz y alienta a los delegados del Gobierno nacional y del ELN a no cesar en los esfuerzos para procurar la paz, superar la polarización y disminuir la capacidad de factores que pueden hacer daño al proceso. Asimismo, hace un llamado para que la sociedad en su conjunto y la generosidad de la comunidad internacional sigan apoyando estos esfuerzos de paz.
Teniendo en cuenta la coyuntura política y el proceso electoral que se avecina, resulta de la mayor relevancia avanzar lo máximo posible en la concreción de acuerdos y su ágil implementación, lo que otorgará confianza y estabilidad al proceso, dejando sólidas bases que permitan ser recogidas y reconocidas por próximas administraciones.
Durante el periodo del presente informe que cubre el período agosto 2016 a enero 2017, la MAPP/OEA llevó a cabo un total de 959 misiones en terreno, cubriendo 524 territorios de 203 municipios y 26 departamentos, los cuales incluyen cabeceras municipales, corregimientos, veredas, resguardos indígenas y consejos comunitarios afro.
Fruto de la presencia permanente de la Misión en terreno, la Secretaria General percibe con preocupación las constantes amenazas y atentados contra dirigentes, líderes, lideresas, representantes de comunidades y defensores de derechos humanos. Las continuas afectaciones sobre esta población generan un grave impacto en el tejido social, afectando fundamentalmente la organización, el ejercicio de derechos y su participación política, a la vez que pone en riesgo la implementación del proceso de paz. Es imprescindible poder garantizar la seguridad en estas zonas, así como investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes.
La Secretaria General reconoce y valora los Planes Estratégicos Militar de Estabilización y Consolidación Victoria y de la Policía Nacional Comunidades Seguras y en Paz como medidas para evitar el surgimiento de nuevos grupos armados ilegales o el crecimiento de algunos ya existentes, incluyendo remanentes de las FARC-EP que intenten controlar las rentas del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal, el contrabando y las afectaciones a las personas. Sin perjuicio de lo anterior, también debe manifestar la percepción de inseguridad y deficiente presencia del Estado por parte de numerosas comunidades en territorios dejados por las sex FARC-EP.
La Secretaria General resalta las iniciativas que viene realizando el Gobierno en materia de lucha contra el tráfico ilícito de drogas. A través de importantes planes derivados de la implementación del Acuerdo de Paz, se busca sustituir los cultivos ilícitos con un enfoque de desarrollo rural. La simultánea implementación de una política de erradicación forzada de cultivos ilícitos, constituye un reto adicional a la solución de este fenómeno y motivo de tensiones.
Por ello, estos esfuerzos no están exentos de retos a nivel local, tanto en su implementación como en el respeto de derechos colectivos y atención a los conflictos sociales en las zonas. MAPP/OEA ha monitoreado este fenómeno y acompañado algunos de estos procesos en los territorios, facilitando diálogos y acuerdos entre las comunidades, organizaciones sociales y Gobierno. La Secretaria General reitera su voluntad de continuar con este apoyo dada la importancia que revisten estos esfuerzos para el logro de la paz.
Con corte al 1º de agosto de 2017, el Registro Único de Víctimas había incluido un total de 8.186.896 personas víctimas de distintos hechos ejecutados por armados parte del conflicto, de ellas, 4.064.710 mujeres.
No obstante, la Secretaria General observa un alto grado de subregistro derivado del desconocimiento de las rutas de atención, la desconfianza frente a las instituciones estatales, las precarias condiciones económicas para trasladarse a los centros regionales de atención y reparación a víctimas, y la misma persistencia del conflicto armado interno y grupos victimizantes.
MAPP/OEA ha identificado que uno de los hechos con mayor sub-registro es el de los delitos contra la libertad e integridad sexual, principalmente porque quienes han sido víctimas de estos hechos, sienten temor de denunciar ante posibles represalias por parte de grupos armados, por el temor a ser señaladas y por la ausencia de espacios adecuados y de confidencialidad al momento de la toma de declaraciones.
De igual manera, persiste el reto de consolidar un modelo de atención con enfoque territorial y diferencial desde la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. La implementación de los decretos étnicos aún es incipiente, evidenciándose desconocimiento del alcance y contenido de éstos en funcionarios, autoridades étnico-territoriales y comunidades; así mismo, el modelo de atención territorial aún tiene dificultades para su apertura, funcionamiento y mantenimiento.
La Secretaria General exhorta, en ese sentido, a redoblar esfuerzos para superar la presencia aún limitada de la institucionalidad en los territorios, e impulsar la aplicación de los decretos ley establecidos para los grupos étnicamente diferenciados.
Tal como se advirtió en anteriores informes, uno de los efectos no deseados en el desarrollo del proceso de paz es la aparición de nuevos conflictos sociales que se vienen manifestando con todo su rigor. Estos conflictos tienen base en cuestionamientos al nivel de implementación de los acuerdos entre el Gobierno y las ex FARC-EP, al nivel de cumplimiento de acuerdos regionales y nacionales suscritos por el Gobierno con organizaciones indígenas, afros y campesinas, a las políticas de erradicación de cultivos, entre otras.
La Secretaria General saluda las reiteradas manifestaciones de voluntad de diálogo por parte del Gobierno nacional y por las diversas expresiones étnicas, campesinas y sociales organizadas que han encontrado un cauce operativo y eficaz en mesas nacionales y regionales con el fin de hacer viable la solución a estos problemas.
De otro lado, la Secretaria General reconoce los avances en la Jurisdicción Especial de Paz como mecanismo alternativo y transitorio que pone su foco de atención en los derechos de las víctimas y resalta el desafío de consolidar un sistema de justicia transicional integral, en el cual el Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición se interrelacione con otros mecanismos como las leyes 975 de 2005, 1424 de 2010, 1448 de 2011 y los que se acuerden en el marco de las conversaciones que adelanta el Gobierno colombiano con el ELN.
La Secretaria General subraya el reto que significa para el Estado colombiano asegurar una coherencia política y financiera entre la ejecución de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas, el potencial incremento sobre el número (aún indeterminado) de población víctima producto de acciones violentas por parte de las FARC-EP, del ELN y de las bandas criminales, y el incremento de la asignación presupuestal para tal fin.
Tal observación se hace desde el conocimiento que ha tenido MAPP/OEA de la disminución progresiva en el presupuesto destinado a la reparación integral de la población victimizada por parte del Estado colombiano. Así, desde los principios de la reparación integral y buscando la eficacia y sostenibilidad de los resultados de la política pública, tal situación representa un factor de riesgo evidente, particularmente por el momento político y transicional por el que pasa el proceso de implementación del Acuerdo de Paz con las ex FARC-EP.
Finalmente, deseamos subrayar que el soporte de la comunidad internacional es clave para que MAPP/OEA cumpla con las actividades contenidas en su Mandato. Por ello, la Secretaria General de la OEA agradece a los donantes y amigos de MAPP/OEA, en especial a Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, integrantes del Fondo Canasta, quienes con su apoyo político y financiero hacen posible el funcionamiento de la Misión.
La Secretaria General de la OEA extiende su agradecimiento y resalta las contribuciones de Argentina, Corea, Suecia, Suiza, Turquía y la Unión Europea, así como a las agencias Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de Cooperación Alemana Internacional, de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y Sueca de Desarrollo Internacional.
Al pueblo y al Gobierno colombiano nuestro agradecimiento por la confianza depositada en MAPP/OEA y por el permanente respeto a su autonomía e independencia.