Bogotá, octubre de 2023.

En el marco de las elecciones regionales del 29 de octubre en todo el territorio nacional, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Política, liderado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, inició un seguimiento a distintas fuentes que reportan estos hechos que afectan a candidatas e integrantes de campañas y que permiten evidenciar la magnitud de esta forma de violencia en el contexto electoral.

El informe señala que entre la primera semana de mayo y la primera semana de octubre de este año, se identificaron 34 casos de este tipo, los cuales se dieron a conocer a través de medios de comunicación, redes sociales o por medio de fuentes directas de las campañas. De acuerdo con los datos registrados por medios, se han evidenciado hechos de violencia política en contra de mujeres principalmente en los departamentos de Antioquia (20,6%), Cesar (14,7%) y Sucre (8,8%). En los departamentos de Cauca, Nariño, Quindío, Santander y Córdoba se han detectado hasta dos casos. En los departamentos de Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Casanare, Cundinamarca, Tolima y Valle del Cauca se identificó un caso de violencia. El 44,1% de las mujeres que se han identificado como víctimas de violencia política aspiran a una alcaldía, el 32,4% a una gobernación y el 20,6% aspiran al concejo o asamblea departamental.

Conoce todo el comunicado aquí

Descarga aquí el boletín completo

En la semana de los Pueblos Indígenas, la MAPP/OEA celebró y resaltó la importancia de los sistemas propios de protección y las guardias indígenas para la defensa de la cultura, los saberes, el territorio ancestral en Colombia y la autonomía de los pueblos indígenas.

Las guardias indígenas son las cuidadoras ancestrales de los pueblos indígenas y una forma en la que se materializan el gobierno propio y la Jurisdicción Especial Indígena, derechos que son reconocidos por diversos instrumentos de derecho internacional para que cada pueblo originario pueda establecer sus propias formas de gobernarse. Las guardias son uno de los sistemas de protección de los pueblos indígenas en Colombia, y tienen tareas específicas de apoyo a las autoridades indígenas en el control territorial y la aplicación de la justicia propia, entre otros.  

Estos cuerpos de protección pueden ser numerosos o pequeños, y pueden formar parte de ellos hombres, mujeres, jóvenes o también incluir niños y niñas para labores de protección al medio ambiente, por ejemplo. En algunos casos todo comunero puede convertirse en guardia de por vida, por turnos o ante ciertos imprevistos; la decisión sobre su funcionamiento depende de los propios pueblos y su autoridad indígena. El objetivo de estas guardias es la defensa y protección de los pueblos ante situaciones internas o externas que puedan poner en riesgo su pervivencia.

En este contexto, la protección no se relaciona únicamente con la defensa física y material de las comunidades. Implica también una salvaguardia de las instituciones organizativas propias, la cultura inmaterial de los pueblos, la lengua, la madre tierra en su máxima expresión, la armonía comunitaria, los saberes tradicionales, la medicina propia, el Derecho Mayor, los valores y elementos espirituales, entre otros.

En la Semana Interamericana de los Pueblos Indígenas, que se conmemoró entre el 9 y 13 de agosto, la MAPP/OEA resaltó la importancia de fortalecer las guardias indígenas como una forma de salvaguardar a las comunidades indígenas y reafirmó su acompañamiento a los procesos organizativos de los pueblos étnicos del país.

Si bien las guardias indígenas son milenarias y ancestrales, y vienen formándose y ofreciendo su apoyo a las autoridades étnicas desde antes del reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena, en los contextos recientes de conflicto armado se han convertido en pieza fundamental para la protección debido a que el accionar de los grupos armados ha afectado de manera constante y directa a las comunidades y sus autoridades propias. De esta forma, son un referente del gobierno y el derecho propio que incluso ha evitado el ingreso de grupos armados y sus afectaciones a los territorios indígenas, por lo que fortalecerlas se hace relevante y necesario.

Por eso, la MAPP/OEA ha impulsado procesos de fortalecimiento de guardias con diversas comunidades indígenas. Por ejemplo, con las guardias Embera Katío y Embera Dóbida en Chocó, en un trabajo coordinado con la Organización Nacional Indígena de Colombia, se fortalecieron asuntos como legislación étnica, nacional e internacional, así como justicia propia, protección ambiental y el afianzamiento de la historia y cosmovisión Embera para la protección del territorio.

Por otra parte, con la guardia del Pueblo U’wa, ubicado en Boyacá, Casanare, Santander y Norte de Santander, la Misión ha trabajado en la producción de sus manuales de funciones, en el fortalecimiento de capacidades y en la construcción de protocolos de coordinación con la fuerza pública. Asimismo, con el pueblo Awá en Nariño, en conjunto con la Consejería de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, se ha impulsado el fortalecimiento de los medios comunitarios para la generación de escenarios de autoprotección de las comunidades y el fortalecimiento en dotación y capacitación.

La guardia indígena también posibilita que niños, niñas, jóvenes y mujeres, quienes en algunos casos no han participado en los gobiernos propios, puedan ejercer roles de liderazgo. De igual forma, contribuye a alejar a niños, niñas y jóvenes de los grupos armados, ya que pertenecer a la guardia les motiva a ser parte de procesos que involucran y benefician a sus propias comunidades.

La MAPP/OEA reconoce y destaca el papel de las guardias indígenas en la construcción de la paz territorial, ya que sus labores le aportan a la justicia, a la equidad y a la igualdad. Donde quiera que existan estas formas de organización y protección, los saberes ancestrales, la vida y el territorio están protegidos. Los pueblos indígenas resguardan el camino hacia la paz y son fundamentales en la búsqueda la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la violencia en el país.