SEMANA: OEA lanzó alerta por violencia armada en Colombia; pidió paz con el ELN

17 junio, 2022

La violencia armada persiste en Colombia, a pesar de avances en la implementación del acuerdo de paz sellado hace cinco años, advirtió un reciente informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llamando a la guerrilla del ELN a dar señales de paz.

El último reporte de la Misión de la OEA en Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) identifica “graves impactos” sobre la población civil en muchas zonas del país, varias fronterizas con Venezuela y Ecuador.

Menciona homicidios de activistas y líderes comunitarios, desplazamientos forzados, confinamientos, extorsiones, contaminación con minas antipersonales y reclutamiento de menores, especialmente indígenas y migrantes.

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Aunque el Estado colombiano acordó en 2016 el fin del conflicto con las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Farc y bandas narcotraficantes siguen disputándose el control territorial.

Más allá de que su objetivo parece ser maximizar sus ganancias de economías legales e ilegales, en gran parte “intentan sostener una plataforma político-ideológica con la que buscan legitimar su existencia y accionar”, agrega el reporte.

También señala la “alta actividad armada” de bandas narcotraficantes, como el Clan del Golfo, aunque destaca la detención de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel, extraditado a Estados Unidos en mayo.

El informe, que repasa el segundo semestre de 2021, subraya “preocupación” por lo que considera una “justicia de facto” ejercida por estos grupos armados ilegales, que “entorpecen” la labor de la justicia formal.

Aunque aplaude la puesta en marcha por parte del gobierno de Iván Duque del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la MAPP/OEA nota dificultades en la implementación, con “casos de estafas” y “débil gestión” de entes territoriales.

Por otra parte, resalta que la población migrante “sigue siendo víctima de agresiones físicas, homicidios, desapariciones y expulsiones” por parte los grupos armados ilegales.

https://twitter.com/MAPPOEA/status/1537177552246263808?cxt=HHwWgMC-5dy1k9UqAAAA

“Necesidad de un acuerdo de paz con el ELN”

A cuatro días del balotaje presidencial en Colombia, en el que se medirán el exguerrillero del M19 Gustavo Petro y el excéntrico millonario Rodolfo Hernández, la MAPP/OEA convoca a seguir avanzando hacia la “paz completa” tras seis décadas de conflicto armado.

Es necesario que la guerrilla del ELN dé señales claras y concretas de sus intenciones de paz”, enfatiza el informe, pidiendo la liberación de todos los secuestrados, y el cese de los raptos, las afectaciones a la población civil y los atentados contra la infraestructura que producen “enormes” impactos ambientales.

Además, el reporte llama a mantener abiertas las vías de diálogo que permitan eventualmente “retomar las conversaciones de paz” con esta guerrilla guevarista, alzada en armas desde 1964.

“El pueblo colombiano se merece una paz completa”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, al presentar el informe ante el Consejo Permanente de la OEA.

Iván Duque, que dejará la presidencia en agosto luego de cuatro años en el poder, rompió los diálogos con el ELN en 2019, luego de un atentado en una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.

Las conversaciones habían sido iniciadas por el antecesor de Duque, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, quien el 24 de noviembre de 2016 firmó la paz con las Farc.

La MAPP/OEA apreció, por otra parte, lo que describió como “logros institucionales” en la implementación de programas de desarrollo territorial y sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), desminado humanitario y prevención del reclutamiento.

También reconoció hechos de “gran relevancia en términos democráticos”, como la reactivación del proceso de elección de 16 curules de paz para el Congreso nacional.

Finalmente, exaltó el trabajo de la Comisión de la Verdad para el acceso de las víctimas del conflicto armado a justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

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EL TIEMPO: Los retos y avances del proceso de paz en Colombia, según informe de la OEA

Amenazas por grupos armados ilegales, financiación de programas y narcotráfico, entre los temas.

El accionar de los grupos armados ilegales sobre la población civil e instituciones del Estado, la persistencia de dinámicas del narcotráfico y el conflicto, el periodo de renovación democrática y el proceso de reincorporación y comparecencia a la justicia de los excombatientes de las Farc son algunos de los temas centrales que aborda el informe semestral de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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El documento aborda el segundo semestre de 2021, y aunque se destacan algunos logros alcanzados durante la implementación del acuerdo de paz, también se encienden las alertas sobre varios temas.

“La MAPP/OEA expresa su altísima preocupación por la persistencia de acciones violentas por parte de grupos armados ilegales que afectan gravemente a las comunidades, principalmente a liderazgos sociales y comunales; autoridades étnicas; mujeres; niños, niñas y adolescentes; víctimas del conflicto armado; personas en proceso de reincorporación, y servidores públicos”, indica la misión.

Producto de 5.197 acciones de monitoreo y acompañamiento, en cerca de 700 centros poblados de 29 departamentos, la MAPP observó que continúan los homicidios, el desplazamiento forzado, los atentados, las amenazas, la instalación de minas antipersonal, las extorsiones y el control territorial en el Bajo Cauca (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander), Sur de Bolívar, Sur de Córdoba y ejes de los ríos Atrato, Baudó y San Juan (Chocó), así como en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.

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“También, que se mantiene el reclutamiento forzado de menores de edad, que afecta de manera particular a miembros de pueblos étnicos y población migrante, así como el incremento de la justicia de facto”, dice el informe.


La misión destaca logros en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS), el desminado humanitario, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y el trabajo adelantado por la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que está ad portas de entregar su informe final.

Además, la MAPP reconoce el proceso de renovación democrática adelantado en instancias territoriales como las Juntas de Acción Comunal (JAC) y las Mesas de Participación de Victimas; la elección de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ) y la Instancia Especial de Mujeres de la Comisión de seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI), y la reactivación del proceso de elección de 16 curules de paz para el Congreso de la República.


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“Una Paz que defienda la vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de diálogo y alternativas judiciales con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y acelere el desarrollo en todos los territorios”, puntualizó Roberto Menéndez, jefe de la misión.

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EL ESPECTADOR: Las luces y sombras sobre la paz que detectó MAPP-OEA en su más reciente informe

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) analizó la implementación de la paz en Colombia. De acuerdo con el documento, se han reforzado los grupos armados y los problemas territoriales siguen persistiendo.

En octubre de 2021, el Gobierno Nacional renovó hasta 2025 el mandato de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), entidad que le ha seguido de cerca la pista a la implementación del Acuerdo de Paz colombiano, precisando en retos y amenazas que tiene el pacto para calar al interior de los territorios más afectador por la guerra.

Este miércoles, la MAPP-OEA entregó al Consejo Permanente de la OEA un informe, con corte al segundo semestre de 2021, en el que abordó la situación de implementación de los seis puntos de lo pactado en La Habana, prestando especial atención en compromisos relacionados con: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), las campañas de desminado territorial, la Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento, los mecanismos de participación juveniles y con enfoque diferencial, los avances institucionales en el Sistema Integral para la Paz, entre otras directrices.

El común denominador de las observaciones de la MAPP son las preocupaciones por la persistencia de las acciones violentas que afectan a poblaciones que ya sufrieron los rigores de la guerra y que por la comisión de crímenes como el reclutamiento forzado, atentados sistemáticos y desplazamientos forzados, no han encontrado la paz que tanto han anhelado.

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Puntualmente, la organización detalla que estas situaciones críticas se manifestaron de sobremanera en el Bajo Cauca (Antioquia), Catatumbo (Norte de Santander), sur de Bolívar, sur de Córdoba y ejes de los ríos Atrato, Baudó y San Juan (Chocó), así como en los departamentos de Arauca, Cauca, Caquetá, Guaviare, Meta, Putumayo, Nariño y Valle del Cauca.

Retos para la seguridad territorial y la justicia

Roberto Menéndez, jefe de la MAPP-OEA, insistió en que Colombia necesita efectuar acciones inmediatas para consolidar “una paz que defienda la vida y cese todas las afectaciones contra comunidades y liderazgos; que silencie todas las armas y fusiles; que abra escenarios de diálogo y alternativas judiciales con los distintos grupos armados ilegales; que facilite la llegada integral y articulada del Estado, y acelere el desarrollo en todos los territorios”. Pero en terreno, ¿qué tan lejos estamos de eso?

Retomando el contenido del documento, sobre las condiciones de seguridad y accionar de grupos armados que rodean la paz, en el Trigésimo Segundo Informe del Secretario General al Consejo Permanente sobre la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, se instó al Estado colombiano a que analizara y adelantara acciones para no permitir más la expansión de la guerrilla del Eln, que tras la desmovilización de las Farc aumentaron su influencia en el país.

Asimismo, la MAPP-OEA advirtió que por si la presencia de otros actores como las Agc o las disidencias de las Farc no era suficiente, “en regiones como el Catatumbo y la Costa Pacífica caucana se ha hecho referencia la circulación de personas de otras nacionalidades que estarían ejerciendo el rol de emisarios de carteles u organizaciones criminales dedicadas a la cadena del narcotráfico, principalmente en las fases de comercialización y exportación de cocaína”.

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Las violencias basadas en género (VBG) y la violencia contra pueblos étnicos siguen siendo una constante en el posconflicto. Sobre esto, MAPP – OEA señaló que, en municipios como Tibú, las VBG tuvieron un aumento de 500% respecto al mismo periodo de 2020, principalmente por causa de liderazgos sociales de mujeres que dentro de sus comunidades son constructoras de paz.

En línea con las afectaciones a líderes y lideresas, el documento indicó que en Arauca, Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo y Valle del Cauca, al igual que en las subregiones del sur de Bolívar y Catatumbo, y en el Área Metropolitana de Cúcuta, se manifestaron en mayor cuantía este tipo de situaciones, por el accionar del Eln, las Agc y las disidencias de las extintas Farc.

Si bien las bajas tasas de rearme en Colombia dan muestra de un proceso de reincorporación exitoso, la violencia contra esta población no ha cesado. MAPP-OEA informó que entre el segundo semestre de 2020 y el corte del primer semestre de 2021, 64 firmantes de paz fueron víctimas de homicidio, tentativa de homicidio y desaparición forzada.

“Uno de los principales factores de inseguridad está relacionado con la persistencia del accionar de grupos armados en los territorios donde habitan las personas en proceso de reincorporación y sus familias. Si bien existe un riesgo mayor para aquellas personas que han decidido continuar su proceso de reincorporación por fuera de los antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de manera individual o colectiva, la población concentrada en dichos espacios también es objeto de vulneraciones”, agregó el informe.

En contravía con el lado nefasto que mostraron los anteriores indicadores, los temas de desminado y de prevención de ataques con trampas explosivas, el informe reconoció avances en el desarrollo de actividades en el riesgo de minas, lo que además de fortalecer la articulación institucional y civil, logró activar hojas de ruta e inclusión de enfoques diferenciales para tratar estas situaciones.

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Por otro lado, el tema de justicia es contradictorio. Por un lado, la Jurisdicción Especial Indígena se vio fortalecida en 45 comunidades indígenas, sin que eso fuera garantía para no recibir ataques por parte de grupos armados. A su vez, como describe el documento, “los pueblos Embera Katío, Embera Dobida, Embera Eyábida y Wounaan en Chocó y Antioquia fueron víctimas de confinamiento, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, instalación de minas antipersonas, escenarios de fuego cruzado e imposición de medidas de facto, en contradicción con los reglamentos internos”.

Por el lado de sanciones dentro de la justicia transicional, MAPP OEA comentó que se presentaron avances en un componente institucional que ha encabezado el Ministerio de Justicia. “El Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado del Ministerio de Defensa Nacional ha avanzado en la coordinación de la ruta. Igualmente, la ARN (Agencia para la Reincorporación y la Normalización) viene desarrollando el Proceso de Atención Diferencial (PAD) que ha permitido que 306 personas (36 mujeres y 270 hombres) integrantes de diferentes GAO (Grupos Armados Organizados), sean atendidas a través de los Grupos Territoriales a nivel nacional”, reza el documento.

Aterrizando en el Sistema Integral de Paz, MAPP – OEA insistió en que, si bien desde allí se han consolidado acciones complementarias sobre asuntos estratégicos que permiten una noción de trabajo en bloque en los territorios, las particularidades de tiempo, metodología, priorización de lugares, fórmulas para la participación de las víctimas y el alcance de cada entidad, hacen que la integralidad siga siendo un reto.

Acciones destacables para el proceso de paz

La participación ciudadana y política fue un punto alto con la consolidación de instancias como los Consejos Municipales de Juventud (con 7.789 listas paritarias), la puesta en marcha de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (escaños elegidos el 13 de marzo de 2022), la aprobación paritaria en organismos electorales -que entró en vigor desde 2020 – o con el adelanto institucional del Proceso participativo del Organismo de Acción Comunal (para dar respuesta a procesos democráticos locales).

Esto en conjunto significó una apertura más de la Ley de Víctimas de 2011 y un impacto estratégico para las políticas de transformación territorial en las zonas afectadas por el conflicto armado.

Para cerrar brechas en el campo, MAPP-OEA reconoció también un esfuerzo desde el Estado para trabajar en favor de los PDET y las políticas rurales que los rodean. En concreto, se estipuló que “los componentes de fortalecimiento del Estado social de derecho y aceleración PDET son los que presentan un mayor avance en la instalación, mejora o dotación de infraestructura esencial para la reducción de brechas de desigualdad y acceso a recursos públicos. En este aspecto, las Consejerías Presidenciales y la OACP han desempeñado un rol importante para acelerar el ingreso articulado e integral de las instituciones del Estado”. Caso contrario al problema de las drogas ilícitas, donde hubo puntualizaciones para buscar estrategias amplias que redujeran los cultivos de coca, especialmente en territorios colectivos.

Entre las recomendaciones finales, llama poderosamente la atención la referida a la JEP y a la Corte Constitucional, en la que la Misión de Apoyo sugiere avanzar en nuevas audiencias territoriales o sesiones técnicas que permitan a estos tribunales conocer los riesgos y dificultades que enfrentan los comparecientes y exintegrantes de las antiguas Farc en cada uno de los territorios en donde adelantan su proceso de reincorporación. Esto a puertas de nuevas audiencias y diligencias judiciales que van a definir prontamente el futuro de los máximos responsables de la comisión de crímenes durante el conflicto armado.

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“Comunidades camino a la justicia”, la nueva apuesta de cooperación para la paz entre Alemania y la MAPP/OEA

12 julio, 2021

Ocho comunidades y organizaciones de víctimas trabajan desde mayo en la elaboración de informes para entregar a la Justicia Especial para la Paz – JEP y en la creación de escuelas de liderazgos sociales.

Como parte de la apuesta de la MAPP/OEA y el Gobierno de Alemania de fortalecer la centralidad de las víctimas en el acceso a sus derechos y la implementación de políticas públicas de Paz, nace “Comunidades camino a la justicia”. Un proyecto que le va a permitir a comunidades de Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño y Norte de Santander participar efectivamente ante la JEP y, al mismo tiempo, fortalecer sus liderazgos, lo que redundará en un mejor acceso de las víctimas al Sistema Integral para la Paz.

En cada comunidad, el proceso consta de cuatro talleres para la construcción de cada uno de los informes. Este ejercicio metodológico cuenta con el acompañamiento cercano e inmediato de la Misión, así como apoyo psicosocial durante la entrega de testimonios sobre los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado.

En cuanto a la Escuela de líderes, que se desarrollará de septiembre a marzo de 2022, se realizarán ocho talleres que abordarán temas específicos según los intereses de cada comunidad. En las escuelas también participarán entidades de la institucionalidad local, regional y nacional, buscando dotar a las personas participantes de herramientas sobre mecanismos de prevención y protección de violencias, así como fortalecer los canales de comunicación con representantes de estas entidades en sus territorios.

Para Jorge Elías Ortiz Lopera, representante de la vereda El Carmín y participante del proyecto en Anorí, este proceso es importante “porque, aunque hay voluntad, hay muchas falencias pues el tema de la jurisdicción no ha sido socializado o concertado con las comunidades en su totalidad para que pueda llegar a donde tiene que llegar”.

“La Paz no es fácil. Pero con procesos como estos nos ilusionamos con la posibilidad de que se respeten nuestros derechos y que pronto el Estado pueda estar presente en nuestro territorio. Nos sentimos olvidados por el Estado colombiano”, señala Felipe Chacua habitante del corregimiento de La Victoria, en Nariño.

Con “Comunidades camino a la justicia”, la MAPP/OEA y el Gobierno de Alemania reafirman su compromiso de seguir acompañando a las víctimas, a las comunidades y a la institucionalidad colombiana en la tarea impostergable de construir paz. También, en la búsqueda y consecución de derechos fundamentales, arrebatados por décadas de violencia armada, como la verdad y la justicia.

Seguimos en sintonía con los territorios

24 febrero, 2021

Más de 115 emisoras, en 20 departamentos, se conectan todas las semanas con Frecuencia Paz, la serie radial que aborda los temas más desafiantes y esperanzadores en el camino hacia la Paz.

El 2 de febrero de 2021, la MAPP/OEA emprendió un viaje sonoro a través de las emisoras comunitarias de Colombia. En medio de la segunda ola de la pandemia y de la dificultades que sigue generando, la Misión lanzó el primer capítulo de Frecuencia Paz, una iniciativa creada para abordar las situaciones, problemáticas y desafíos más comunes en el difícil camino hacia la construcción de Paz en Colombia.

En medio de este contexto, la MAPP/OEA decidió iniciar este recorrido haciendo un reconocimiento a los aportes que hacen líderes y lideresas sociales a la Paz de Colombia. En su primer capítulo, Frecuencia Paz visibiliza las graves afectaciones que vive esta población, haciendo énfasis en las rutas de atención locales, donde el papel de los primeros respondientes es fundamental para la garantía de los derechos de los hombres y mujeres que todos los días se juegan la vida por defender los Derechos Humanos y el territorio.

Desde entonces, Frecuencia Paz ha recogido algunas de las situaciones más complejas y esperanzadoras que a diario viven las comunidades de Colombia. Por ejemplo, hablamos de una de las afectaciones más trágicas que viven la niñez y la juventud de nuestro país: la vinculación forzada por parte de grupos armados. Nuestro compromiso es entregar información útil a sus familias, a los entornos protectores, a las profesoras y profesores y a la comunidad en general.

Frecuencia Paz también ha planteado la importancia de los espacios de participación en Colombia, con énfasis en los Consejos Territoriales de Paz y sus potencialidades como órgano consultivo. Alcaldes y gobernadores de todo el país pueden recoger en estos espacios, que deben contar con amplia representación de los sectores sociales, aportes para la implementación local de las políticas públicas de Paz.

Las violencias que a diario siguen afectando a las mujeres también han sido abordadas por Frecuencia Paz. ¿Cómo hablar de esta afectación? ¿cuáles son las rutas de acción y protección? ¿por qué no habrá una Paz Completa sin la superación de estas violencias? Estas fueron algunas de las cuestiones planteadas durante ese capítulo.

Audiencias, radialistas, funcionarias y funcionarios de la institucionalidad local y liderazgos sociales de varios territorios de Colombia han recibido con entusiasmo la llegada de Frecuencia Paz.

“Frecuencia Paz me parece interesante porque aborda temas muy específicos, como es la deserción escolar que sucede en muchos territorios de nuestro país por influencia de los grupos al margen de la ley. Creo que también ayudan a detectarlo, a evitarlo y a identificar qué rutas hay que tomar si en algún caso sucede”, señaló un oyente de la emisora Ebenezer Estéreo del municipio de La Paz, Cesar.

Frecuencia Paz seguirá al aire en las radios comunitarias del país. A través de este y otros espacios, la MAPP/OEA continuará entregando información útil a las comunidades y a la institucionalidad local, para seguir generando puentes entre las necesidades de las personas afectadas por la violencia y la inequidad, y la oferta institucional disponible en los territorios. Con Frecuencia Paz, la Misión ratifica su compromiso de seguir cerca de las comunidades y el Estado colombiano.

Si quiere escuchar los capítulos de Frecuencia Paz, puede seguirnos a través de Spotify o de las redes sociales de la MAPP/OEA. ¡Nos escuchamos en la radio!

Llamado conjunto por la vida y la paz

21 septiembre, 2020

La pandemia nos ha permitido recordar el valor de lo esencial: la vida. En este contexto, todas y todos hemos entendido que sólo juntos, como sociedad, podemos construir un futuro que dignifique la vida, sin distinción.

Lamentablemente en los territorios más vulnerables de Colombia, la vida sigue en riesgo. Vemos con preocupación la violencia que día a día siguen generando el conflicto armado, la criminalidad y la inequidad.

Por eso en el Día Internacional de la Paz, unimos nuestras voces para clamar por el fin de la violencia, la protección de la vida, y la búsqueda colectiva de la PAZ. Llamamos al silencio de todas las armas y los fusiles, y al cese de todo ataque contra la población civil. ¡El camino es la PAZ!

https://youtu.be/PZxZe4Q-qUo

Unimos esfuerzos para alcanzar una PAZ COMPLETA, que garantice la no repetición de violencias, la verdad, el acceso a la justicia, la participación, la reparación de las víctimas, la seguridad, el desarrollo, la protección del medio ambiente y la transformación de los territorios. En esta nueva normalidad, normalicemos el diálogo, no la violencia. Construyamos alianzas, no división. Generemos acuerdos, no agresión. Tenemos la oportunidad de actuar juntos, con sentido humanitario.

También llamamos a la protección de niños, niñas, jóvenes, mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, de liderazgos sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, excombatientes y miembros de instituciones.

Valoramos los avances del Estado colombiano en favor de la PAZ, y lo animamos a fortalecer su presencia integral y articulada en todos los territorios; construyendo confianza con las comunidades.

Estamos convencidos que la unión hace la PAZ. Por eso, hoy reafirmamos nuestra solidaridad, apoyo y compromiso total con Colombia, con sus comunidades y con sus instituciones. Cuenten con NOSOTROS y NOSOTRAS, cuenten con la MAPP/OEA.

Embajada de Alemania

Embajada de Canadá

Embajada de España

Embajada de Noruega

Embajada de los Países Bajos

Embajada de Reino Unido

Embajada de Suiza

Embajada de Suecia


Pueblos indígenas, constructores de Paz

6 agosto, 2020

En el marco de la Semana Interamericana, la Semana Nacional y el Día Internacional, reconocemos el aporte de las comunidades indígenas en la construcción de Paz y llamamos a proteger a sus autoridades en todo el país. 

Los pueblos indígenas de Colombia viven en medio de dos realidades complejas: por un lado, han dado una lucha histórica por construir una visión de mundo autónoma, basada en el diálogo, la memoria y la relación armónica con la comunidad, la naturaleza y sus recursos. Desde hace siglos, son los guardianes del territorio y los poseedores de una tradición oral ancestral que les permiten resolver conflictos, aprender de los errores y caminar hacia la paz. 

Justamente esta batalla la han ganado en medio de circunstancias difíciles: también durante décadas han resistido a la violencia política, social, cultural y económica por parte de grupos armados e intereses económicos. Con fiereza han defendido su territorio, donde están enterrados sus mayores y donde se enraiza su cosmovisión y cultura. 

Por eso durante Agosto, en el marco de las conmemoraciones nacionales e internacionales de los Pueblos Indígenas, hacemos un homenaje a las más de 115 comunidades que habitan Colombia, y que han contribuido y siguen contribuyendo, de manera decidida, a la construcción de una Paz completa en el país 

Hoy más que nunca se hace indispensable proteger la vida de los grupos étnicos en Colombia. Según el último informe semestral de la MAPP/OEA, estas comunidades siguen sufriendo afectaciones diferenciadas en el marco del conflicto armado, y están en la mira de los grupos armados ilegales. 

Sufren, por ejemplo, la confrontación entre grupos armados en varias regiones del país. En Cauca, Nariño y Chocó, han padecido del reclutamiento forzado por parte de estos actores ilegales, además muchos de sus comuneros y comuneras han sido afectados por la instalación de Minas Antipersonal, desplazamientos forzados y confinamientos recurrentes. 

En varias regiones del país, las autoridades indígenas han sido duramente afectadas. Los miembros de la Guardia Indígena así como dirigentes de los cabildos han sido asesinados y amenazados por grupos ilegales y, de acuerdo con el monitoreo permanente de la Misión en los territorios, hoy se encuentran en riesgo inminente. “La magnitud de estos ataques trasciende la dimensión individual e impactan negativamente el tejido social y las formas locales de organización de las comunidades. Preocupa el marcado escenario de riesgo de las guardias indígenas y autoridades étnico-territoriales en el norte del Cauca”, señala el informe entregado al Consejo Permanente de la OEA en junio de 2020. 

En medio de este desfavorable contexto, los pueblos indígenas colombianos continúan adelante en la lucha por mejorar sus procesos, recuperar saberes y mecanismos ancestrales de justicia, así como hacer visibles sus procesos internos ante las instituciones colombianas. La MAPP/OEA valora, por ejemplo, el avance en la consolidación y proliferación de escenarios de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena (JEI), el sistema de justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Estos avances son pasos firmes para consolidar procesos de reconciliación en las regiones y avanzar hacia una Paz Completa en el país. Los pueblos indígenas de Colombia han sido particularmente afectados por el conflicto, y su relato constituye un elemento indispensable en la superación de esa violencia armada. 

Los pueblos indígenas de Colombia son constructores de Paz. 

El liderazgo social después de la violencia

22 abril, 2020

Tres mujeres de una misma familia fueron víctima de violencia sexual, en medio del conflicto armado en el Sur de Bolívar. Hoy las tres, de generaciones distintas, son activistas y defensoras de derechos humanos.

“Nosotros fuimos el botín de guerra de ellos”, dice Jennis Calderón. Respira, guarda silencio. Recuerda que durante meses, por las calles de su pueblo, se pasearon los grupos paramilitares del Bloque Central Bolívar con sus motos ruidosas, sus fusiles desafiantes y sus listas mal escritas. Interrumpe la entrevista para ojear de nuevo las calles empolvadas de San Blas, un corregimiento que se convirtió a finales de los años 90 en el enclave criminal de esa estructura de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Según relata, las AUC se adueñaron de todos los territorios del Sur de Bolívar: los lugares, que convirtieron en casa de pique, emisoras, salones de reunión y centros de tortura. Pero también se apoderaron de los cuerpos de las mujeres, territorios de lucha y resistencia pues ellas también han parido la resiliencia.

Las y los pobladores de San Blas intenta recuperarse después de vivir la violencia en su pueblo.

El cuerpo de Jennis también fue arrebatado. Prefiere no hablar de eso. Mira para otro lado, le habla  a sus dos pequeños hijos y saluda a los vecinos. Le duele recordar el episodio, pero quizás le atormenta más escuchar en su cabeza las voces de la gente del pueblo, que la increpaban diciéndole que “por algo le había sucedido”. Paradójicamente, frases como esa se convirtieron a la vez en una especie de karma que provocó el germen del liderazgo social.

Es que Jennis es hija y nieta de la resistencia. Su abuela, Julia Calderón, fue la fundadora de San Blas; su madre, Luz Dary, se convirtió en la representante legal de la primera organización de víctimas de esta región, donde el conflicto llegó a través del río y dejó a su paso miles de familias desplazadas, niñas y niños huérfanos y cientos de mujeres viudas.

Jennis siguió sus pasos. Luz Dary, su madre, víctima también de violencia sexual y una especie de consejera espiritual del pueblo, la llevó a las primeras reuniones que convocaba el programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. Allí conoció a otras víctimas, a otras defensoras y otras causas. Desde entonces se prometió que dedicaría su vida a que ninguna otra mujer sufriera lo que ella tuvo que vivir.

La oficina regional de la MAPP/OEA acompaña el proceso de Construcción de Paz de las mujeres de San Blas.

Hace diez años ingresó a la Mesa Municipal de Víctimas, luego hizo parte de la Mesa Departamental y hoy es una de las voces más importantes en la defensa de los derechos de las mujeres en el Sur de Bolívar. Además, desde hace 4 años creó la primera organización de mujeres víctimas de la violencia.

“He logrado que muchas mujeres despierten y que se eviten muchos feminicidios. Ha sido duro, pero lo he logrado. He logrado que muchas mujeres declaren sus hechos victimizantes como el de la violencia sexual, que es un crimen de lesa humanidad”, dice orgullosa. Se levanta de una silla blanca que ubicamos afuera de su casa para la entrevista. Se quita el micrófono. Tiene afán, una veintena de mujeres la esperan en el parque central de San Blas.

Dictará junto a la oficina regional de la MAPP/OEA un taller participativo sobre género. Gracias a la labor de Jennis, decenas de mujeres de San Blas empiezan a pensar que merecen las mismas oportunidades y derechos que los hombres, se preguntan sobre la maternidad desde la igualdad y la empatía, y comienzan a educar a sus hijas y a sus hijos en el cuidado y la responsabilidad.

Una niña montada en una moto grande pasa por delante nuestro y deja el aire lleno de humo. Las calles polvorientas de San Blas son la huella de un pueblo que no ha logrado recuperarse aún de ese capítulo siniestro que le tocó vivir. Esa niña es Yuly Ximena Calderón, tiene 18 años, es la hija de Jennis y la guerra también le atravesó el cuerpo.

Luz Dary, Jennis y Yuly se han convertido en las referentes de su pueblo.

“Emmm… a ver… cómo le digo. Yo sufrí de violencia sexual”, dice Yuly. También hace silencio y su expresión es tan parecida a la de su mamá que se hacen inconfundibles. Un excombatiente llegó a San Blas hace un par de años y abusó de Yuly. Producto de esa violación, hoy es mamá de una niña de dos años, que empieza a caminar y ya tiene la marca del conflicto en sus hombros. “Una niña criando a otra niña”, sentencia.

Así como Luz Dary llevó a Jennis a las reuniones de líderes y lideresas para empaparla del mundo del activismo, ella ha hecho lo mismo con Yuly. Montada en esa moto negra, recién comprada, llega a los encuentros de la Junta de Acción Comunal de San Blas y hace parte de las reuniones de jóvenes de Simití. Se ha convertido, como su madre, su abuela y su bisabuela, en una defensora de la comunidad.

Las mujeres de San Blas comienzan a pensar que ellas tienen las mismas oportunidades y derechos que los hombres.

San Blas le debe a la familia Calderón, a su tenacidad y liderazgo, que el ejército haya reconstruido el parque central del pueblo, en el que ahora unos columpios de madera pintados con la bandera de Colombia conviven con niñas y niños, gallinas, micos, perros, vacas y gatos. Además, decenas de familias recibieron una carta-cheque como vía de reparación administrativa.

Luz Dary, Jennis y Yuly se convirtieron en tres caras del liderazgo social en el sur de Bolívar. Hoy rara vez las recuerdan como las víctimas de los paramilitares, más bien las saludan en las calles preguntándoles cuándo será la próxima junta, el próximo partido de fútbol, el siguiente taller o la siguiente reunión.

Las Mujeres del San Juan apuestan por más hechos de paz en sus territorios

6 diciembre, 2019

Participaron en un taller de fortalecimiento de capacidades para seguir liderando la agenda de mujeres y paz en el Chocó.

Sesenta mujeres de los Consejos Comunitarios Locales de ACADESAN (Consejo Comunitario General del San Juan), participaron en el primer taller de fortalecimiento de capacidades para la democracia y la Paz Territorial. Dicho taller fue liderado por la MAPP/OEA, en articulación con la junta directiva de ACADESAN, la Universidad Tecnológica del Chocó, la representación regional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y la organización ‘Reconciliación, Convivencia y Paz para la Garantía de los Derechos en el Chocó’.

En este espacio, ACADESAN presentó los ejes del Plan de Etnodesarrollo 2020-2040, dentro de los que se destaca: equidad de género e inclusión, educación y desarrollo étnico- territorial, así como la creación de la Comisión de Género como instancia garante de la participación de las mujeres en la toma de decisiones colectivas.

Las mujeres del San Juan, en el Chocó, quieren seguir liderando la agenda de género y paz en sus territorios.

Así mismo, las mujeres intercambiaron ideas alrededor de cómo pueden fortalecer sus capacidades de incidencia en la implementación de la Política Pública de Género en el departamento del Chocó, mediante una participación más proactiva en espacios como los Consejos Municipales de Paz, Convivencia y Reconciliación y, al interior de los Consejos Comunitarios Mayores.

La delegada regional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz destacó la importancia de los Consejos (Departamental y Municipales) de Paz, Reconciliación y Convivencia, como un espacio para dinamizar procesos participativos que permitan a los territorios generar propuestas de reconstrucción del tejido social y mejora de la convivencia en las comunidades.

De igual forma, la delegada de la Universidad Tecnológica del Chocó planteó la necesidad de pensar los procesos de empoderamiento de las mujeres en lo público desde la ruralidad y la cultura, haciendo énfasis en que la incidencia inmediata comienza con la participación en la formulación de los Planes de Desarrollo Municipales y en la implementación de los compromisos del Plan de Acción de Transformación Regional del Programa de Desarrollo con Enfoque Étnico Territorial PDET Chocó.

La alianza entre la MAPP/OEA y la Embajada de Suecia ha permitido que decenas de mujeres del Chocó fortalezcan sus capacidades de liderazgo.

Finalmente, las participantes y entidades convocadas, en el marco del “Diálogo por la Paz”, celebraron los 15 años de presencia de la MAPP/OEA en Colombia, reconociendo el papel que juega la Misión, mediante el monitoreo de las diferentes dinámicas territoriales que registran los territorios, con énfasis en afectaciones a la población civil, así como el acompañamiento a las distintas iniciativas de la sociedad civil, trabajando por la construcción y consolidación de más hechos de paz que permitan garantizar un mejor desarrollo comunitario.

La Embajada de Suecia y la MAPP/OEA siguen trabajando por la amplificación y diversificación de la vocería y liderazgo de mujeres rurales en las agendas de género y paz.

Cartilla recoge la memoria de El Caracol, Arauca

18 octubre, 2019

La MAPP/OEA y la Universidad Nacional acompañaron a la comunidad de esta vereda del oriente colombiano en un proceso de memoria que se plasma en más de 100 páginas, llenas de historias sobre lo que significa ser llanero y sobreponerse a la violencia.

“Esto que ven aquí, es un sueño hecho realidad”, dice Lilia Colmenares, lideresa de víctimas y una de las voces más representativas del Caracol. Sostiene una cartilla amarilla y verde en su mano, un texto que es el producto de dos años de trabajo de toda la comunidad. Mujeres, hombres y niños entregaron su tiempo y creatividad para construir este libro.

‘El Caracol, una historia que tú debes conocer’, es el nombre de esta cartilla de 109 páginas, que compila historias sobre la educación, la economía, la política, las fiestas y lo que para ellas y ellos significa ser caracolero. Allí se encuentran relatos de los próceres de la vereda, de personajes ilustres, educadores, educadoras y de quienes han edificado este pueblo.

‘El Caracol, una historia que tú debes conocer’ es el nombre de la cartilla que ya está en la comunidad.

Además, los habitantes del Caracol crearon un glosario en el que explican expresiones ancestrales, casi todas asociadas a la vaquería y al ser llanero.

Al evento de entrega de la cartilla a la comunidad, asistieron representantes de víctimas, de la sede Orinoquía de la Universidad Nacional de Colombia y de la MAPP/OEA, aliada en el proceso de creación, edición y diagramación del texto. La impresión de la cartilla se realizó con el apoyo de FUPAD.

“Este fue un ejercicio hecho sobretodo por mujeres, fueron ellas las que se atrevieron a escribir, a pintar. Eso es maravilloso”, señala la docente Lucía Meneses.

Llaneros y llaneras aprovecharon para contar sus experiencia en la vaquería.

Para la comunidad del Caracol, esta cartilla significa un paso adelante en su proceso de reconciliación. Luego de haber sufrido varios hechos victimizantes durante los primeros años de la década del 2000, ellas y ellos quieren ser recordados como llaneros, como gente trabajadora que se levanta temprano, “a pie descalzo” como dicen, a construir paz en su territorio.

En el evento, algunos de los creadores de la cartilla dieron sus impresiones del proceso. Muchos de ellos no creían que la cartilla se convertiría en una realidad. “Yo quisiera que esto no terminara aquí. Quisiera que llegara a toda Colombia, para que todo el mundo sepa las costumbres del Caracol”, concluye Asdrubal Rodríguez, uno de los creadores de la cartilla.

En Arauca, la MAPP/OEA también acompañó la entrega de la cartilla a las instituciones.

Esta historia del Caracol está dedicada principalmente a 14 víctimas que el conflicto armado dejó en esta región. La entrega oficial de la cartilla fue realizada en la cuiudad de Arauca, con la participación de comunidades, instituciones y autoridades del departamento.