EL TIEMPO: ‘OEA advierte sobre violencia de grupos armados contra civiles’

Martes, 23 de junio 2020

El acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen siendo factores de riesgo en el país.


La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) informó, en su más reciente informe, de fuertes que, durante el segundo semestre de 2019, los grupos armados ilegales ejercieron contra comunidades y liderazgos sociales.

Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, señaló que es “alarmante la persistencia del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento”, delitos que han impactado fuertemente, y en especial, a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

La MAPP/OEA realizó 1.200 misiones de monitoreo, en las que verificó la continuidad en las expansión y el control territorial de los grupos armados ilegales, situaciones que generaron afectaciones a la población del Bajo Atrato, Alto y Medio Baudó, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Catatumbo, Pacífico nariñense y en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Putumayo.

Además, la Misión advirtió sobre amenazas, hostigamientos, estigmatización, desplazamientos forzados y homicidios contra líderes y lideresas comunales, de derechos humanos, reclamantes de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y autoridades étnicas, en territorios como Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó.

El informe más reciente señala que el acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen siendo escenarios de riesgo en el país y llamó la atención; especialmente, sobre graves afectaciones en contra de los excombatientes que están en proceso de reincorporación.

Al respecto, la MAPP/OPEA exigió a los grupos armados ilegales que cesen todo ataque contra la población civil e instó a las autoridades nacionales y locales a fortalecer la articulación de esfuerzos en favor de la protección y la no repetición de violencias. Así mismo, reiteró su llamado al Gobierno Nacional y al ELN para que continúen en la búsqueda de diálogo.

El informe destacó los impactos positivos que ha traído para la paz la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la activación de los Consejos Territoriales de Paz. Además, valoró la llegada sostenida del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) a los territorios más vulnerables.

Por otro lado la Misión hizo observaciones frente a la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, adjunto a las presiones e incentivos de grupos armados ilegales. Situación que identifican como un desafío frente a la implementación de planes de sustitución voluntaria y confrontaciones derivadas de la erradicación forzosa: “Insistimos en la necesidad de avanzar en la transformación de los territorios; también, en la generación de un diálogo amplio que aborde con determinación todas las dimensiones del fenómeno, en especial los relacionados con la narcoactividad. Es urgente ponerle fin a uno de los impulsores de la violencia en Colombia”, dijo el Jefe de Misión.

Finalmente, la MAPP/OEA reafirmó su compromiso con las comunidades e instituciones para seguir avanzando hacia una paz completa en Colombia.


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SEMANA: ‘OEA advierte “altos niveles de hostilidad” contra líderes sociales en Colombia’

Viernes, 19 de junio 2020

Según la organización, desde el primer semestre de 2019 viene observando “la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, presiones y confrontaciones por la erradicación forzosa”.


La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso de paz en el país dio la voz de alarma por “los altos niveles de hostilidad” a los que se ven sometidos los líderes sociales y sus comunidades por parte de los grupos armados, en su último informe semestral, que se refiere a la segunda mitad del año 2019.

“Alarma la persistencia del reclutamiento forzado de niños y adolescentes, así como la instalación de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, la violencia sexual, el confinamiento, el desplazamiento y el secuestro”, ha dicho el jefe de la misión, Roberto Menéndez, según informó la OEA en un comunicado.

En concreto, denunció “con alta preocupación las amenazas, los hostigamientos, la estigmatización, los desplazamientos y los homicidios” contra líderes sociales, ya sea por su defensa de los derechos humanos en general, de los derechos sobre la tierra o de los planes para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

A este respecto, indicó que desde el primer semestre de 2019 viene observando “la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, presiones e incentivos de grupos armados, desafíos frente a la implementación de planes de sustitución voluntaria y confrontaciones derivadas de la erradicación forzosa”.

“Insistimos en la necesidad de avanzar en la transformación de los territorios y también en la generación de un diálogo amplio que aborde con determinación todas las dimensiones del fenómeno, en especial los relacionados con la ‘narcoactividad‘. Es urgente ponerle fin a uno de los impulsores de la violencia en Colombia“, reclamó Menéndez.

Asimismo, la organización regional ha llamado la atención “sobre las graves afectaciones contra exguerrilleros (de las Farc) en proceso de reincorporación”.

El bloque hemisférico ha atribuido todos estos abusos a “la continuidad en las acciones de expansión y de control territorial de los grupos armados”.

Así las cosas, ha reiterado su llamamiento a los grupos armados a “cesar todo ataque contra la población civil”, instando también a las autoridades colombianas a “fortalecer la articulación de esfuerzos en favor de la protección y la no repetición de violencias”.

La OEA renovó su llamamiento al gobierno de Iván Duque y al ELN para que reactiven el diálogo de paz, que se rompió en enero de 2019 por un atentado de la guerrilla contra una escuela de cadetes de Bogotá.

En el lado positivo, la OEA destaca “los impactos positivos que ha traído para la paz la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la activación de los Consejos Territoriales de Paz y el alcance del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) en zonas “vulnerables”.

“Frente a estos desafíos y en el actual contexto de pandemia, la MAPP/OEA reafirma su compromiso con las comunidades e instituciones para seguir avanzando hacia una paz completa en Colombia”, finalizó.


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EL ESPECTADOR: ‘Grupos ilegales continúan administrando justicia en las áreas rurales, dice Misión de la OEA’

Viernes, 19 de junio 2020

El más reciente informe de esta misión ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó sobre la persistencia de minas antipersonales en esta vereda del municipio de Briceño, en Antioquia, declarada libre de minas en 2016, producto del acuerdo de paz con las Farc. Advirtió también sobre el reclutamiento forzado de menores de edad, el asesinato de líderes sociales y la reconfiguración del conflicto armado.

El Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), la vereda que fue declarada libre de minas antipersonales en 2016, como consecuencia del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, ya no está libre de estos artefactos explosivos que tantas víctimas indiscriminadas ha dejado en el país. El éxito de este plan piloto, anunciado en su momento con euforia por el Gobierno y las organizaciones, es hoy un fracaso. Este es uno de los hallazgos más novedosos y preocupantes del informe semestral que presentó este viernes el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) al consejo permanente a la misión internacional para la verificación, monitoreo y acompañamiento a procesos de paz en Colombia de esta organización.

Estas trampas explosivas persisten en vías terciarias donde suelen movilizarse tropas del Ejército Nacional en este municipio, poniendo en riesgo a personas de la comunidad, incluyendo menores que a diario transitan estas vías para asistir a sus actividades, dice la MAPP/OEA y detalla: “Se identifica con mayor afectación las vías de acceso al sector de la vereda El Orejón de este municipio, siendo un caso que reviste especial preocupación por haber sido parte del plan piloto de desminado humanitario acordado en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; zona que, en el 2016, fue declarada libre de sospecha de minas”.

El documento de 35 páginas, conocido por este diario, alarma también sobre el incremento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; el asesinato y amenazas de liderazgos, en especial de quienes han buscado la sustitución de la hoja coca en sus territorios; y la reconfiguración del conflicto armado y el impacto en los territorios de los grupos disidentes del proceso de paz, los grupos sucesores del paramilitarismo, las bandas criminales y la guerrilla del ELN.

Es precisamente “el accionar de estos grupos armados ilegales”, advierte esta organización multilateral, lo que está afectando el desarrollo del desminado humanitario en todo el país. “En particular, existe preocupación en las comunidades e instituciones de municipios como Mesetas y Uribe, en el departamento del Meta, por las amenazas que estos grupos armados hicieron a las organizaciones que adelantan dicho proceso. De igual forma, en San Vicente del Caguán y Milán en el departamento de Caquetá, y en Buenos Aires, Cauca, operadores de desminado humanitario suspendieron o modificaron sus operaciones por la amenaza de grupos disidentes de las FARC-EP”, dice el informe. Los hallazgos obtenidos corresponden al periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019, durante el cual la MAP/OEA realizó 1.251 misiones en terreno, en 594 centros poblados pertenecientes a 191 municipios de 20 departamentos del país.

Reclutamiento de menores se intensifica

Un capítulo a aparte merece el tema del reclutamiento de menores. Aunque no menciona cifras, el informe da cuenta de los escenarios donde actúan los armados:

“A partir del monitoreo, la Misión sigue identificando dinámicas de reclutamiento forzado y vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales. En relación con los territorios donde tiene presencia el ELN, se observa que los espacios escolares son utilizados para inducir u obligar a los menores a que formen parte de su organización, resaltando que la población que no tiene acceso a la educación es la más vulnerable; lo que se ha identificado en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo”, dice el documento.

Otros actores que también están reclutando menores son los grupos disidentes de las FARC-EP, quienes lo han hecho en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Putumayo, Cauca; y en la Costa Pacífica nariñense. Otros, con presencia en el departamento de Caquetá, continúan reclutando en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, Milán y El Doncello, “situación que las comunidades y el Ministerio Público han visibilizado, generando el desplazamiento forzado de los personeros de Solano y Puerto Rico, tras las denuncias públicas que realizaron con ocasión al operativo realizado por la Fuerza Pública a finales del mes de agosto en San Vicente del Caguán”, resalta el informe. Y agrega que los grupos disidentes de las Farc también están reclutando en comunidades indígenas y afrodescendientes en municipios como Patía, Morales, Suárez, Timbiquí y Guapi en el Cauca; y Buenaventura y Jamundí, en el Valle del Cauca.

En la región del Bajo Cauca esta afectación la llevan a cabo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas Clan del Golfo por el Gobierno) las fuerzas militares, reseña el informe. Igualmente lo hace, se lee, en otros municipios del departamento de Antioquia como Apartadó, Chigorodó, Murindó y Vigía del Fuerte; en Riosucio y Alto Baudó, en el Chocó; y en el municipio de Leiva en Nariño. Los Caparrapos (o Caparros, como les dice el Gobierno), por su parte, han reclutado menores en el casco urbano de El Bagre, en zonas rurales y territorios colectivos de comunidades indígenas de Cáceres, al igual que en las áreas urbanas y rurales de Caucasia, Zaragoza y Tarazá, en Antioquia. El EPL mantiene la misma práctica en la región del Catatumbo.

Las funciones que les están asignando a estos menores al interior de los grupos armados, también fueron documentadas por la Misión. “El tipo de vinculación y el reclutamiento forzado varía según la edad, el género y la procedencia de las víctimas. En el caso de los varones, sus funciones al interior del grupo están ligadas con actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte y actividades de tipo militar. Mientras que la mayoría de las niñas y adolescentes son vinculadas forzadamente para cumplir roles de reclutadoras de otros menores, siendo, además, víctimas de explotación y agresión sexual, características principales de los riesgos diferenciales de género”.

El asesinato de líderes sociales

El documento, contiene un capítulo aparte sobre el homicidio contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, “cuyos perfiles corresponden a líderes y lideresas comunales, autoridades indígenas, afrodescendientes, reclamantes de tierras, víctimas del conflicto armado y promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que asumen un importante rol de reclamo, denuncia y visibilización en sus comunidades. Los ataques identificados se concentran en departamentos como Meta, Guaviare, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Caquetá”.

Sobre los líderes de sustitución y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el informe trae duros cuestionamientos frente al abandono del programa en algunas regiones y el impacto que eso ha generado en las comunidades. “En municipios donde se previó que originalmente el PNIS ingresaría y finalmente no se implementó, o se firmaron acuerdos colectivos y la ruta no continuó, los liderazgos han perdido credibilidad de las comunidades quienes los consideran culpables de que el programa no avance, situación que agrava su estado de vulnerabilidad”, resalta el documento.

Estos casos se han presentado en lugares como Valdivia y Cáceres (Antioquia); en toda la subregión de Cordillera, Magüí Payán, Roberto Payán, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y Tumaco (Nariño); en San José del Palmar, Medio Baudó y Medio San Juan (Chocó); y en López de Micay, Guapi, Argelia, Balboa, Mercaderes, Corinto, Morales, Cajibío, Suarez Buenos Aires, Patía, Almaguer y Bolívar (Cauca).

De hecho, resalta el escenario de peligro al que están expuestos estos líderes que impulsaron la sustitución voluntaria y que luego quedaron con los brazos cruzados. “La promoción que ejercieron líderes y lideresas para que las comunidades se acogieran al programa, el acompañamiento que brindan a quienes realizan labores de sustitución y las negativas para realizar acciones de resiembra o para fungir como comercializadores de la hoja de coca o de la pasta base, se configuran como los principales factores de riesgo. La labor de líderes y lideresas también se ha visto afectada debido a que son reconocidos como propulsores del PNIS, siendo víctimas de amenazas por la falta de respuesta en casos de suspensión o de exclusión del programa”.

Por otro lado, el informe desataca los avances en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algunos planes para proteger a los líderes sociales y el papel de la sociedad civil en la paz territorial y la no repetición: “La Misión de la OEA reconoce la labor del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia que se encuentra en funcionamiento con 68 miembros de Sociedad Civil y 35 miembros de institucionalidad nombrados. Durante el segundo semestre de 2019 se celebró una sesión plenaria, 7 sesiones del Comité Nacional de Paz y reuniones de la subcomisión operativa y comisiones permanentes de Educación, Pedagogía, Arte y Cultura; Paz Territorial; y Veeduría y Garantías de No Repetición”.

Finalmente, el informe realiza varias recomendaciones sobre el Acuerdo de Paz, en las que está la importancia al acceso a la justicia. “Valoramos los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano tendientes a fortalecer el desempeño de la justicia a través de la creación de nuevos juzgados, permanentes o de descongestión, la instalación de equipos tecnológicos para realizar audiencias virtuales, y la reactivación de los modelos de Justicia Local y Rural”.

Sin embargo, la Misión pide profundizar en este punto porque los grupos armados ilegales continúan ejerciendo y administrando justicia de facto, sobre todo en áreas rurales: “en estos territorios existe una precaria presencia institucional e inconvenientes para acceder al sistema judicial, ya sea por las distancias entre zonas rurales y centros urbanos, las dificultades geográficas, o la imposibilidad de los operadores de justicia para llegar a todos los territorios por la situación de inseguridad que se vive en ellos. Esto da lugar a que los grupos armados ilegales impongan medidas, restricciones y disposiciones, con el fin de regular el comportamiento social y asegurar, entre otros, el mantenimiento de sus economías ilegales”.


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EL TIEMPO: ‘No existe justificación para continuar con la violencia en Colombia’

Sábado, 02 de mayo 2020

El jefe de la Misión de la OEA pide atención para comunidades apartadas que sufren la violencia.


Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP / OEA), en entrevista con EL TIEMPO se refirió a la situación actual del país de cara a los problemas de orden público, y señaló que recibía con agrado el anuncio del presidente Iván Duque de avalar un sometimiento individual de los grupos armados, pero sin olvidar la justicia y reparación para las víctimas.

¿Cómo han venido desarrollando su trabajo en Colombia?

En efecto, trabajamos en los territorios rurales más afectados por la violencia, la inequidad y la insuficiente presencia del Estado, a través de 18 oficinas regionales. Nuestro trabajo se centra, principalmente, en el monitoreo a las dinámicas del conflicto, así como en el acompañamiento a los esfuerzos de paz. El año pasado cumplimos 15 años de apoyo ininterrumpido a las comunidades e instituciones de Colombia. De hecho, la MAPP / OEA es la primera Misión de un organismo internacional con tareas de verificación a acuerdos de paz en el país.

Durante este tiempo no hemos tenido mayores incidentes de seguridad. Por el contrario, nuestra presencia tiene un efecto disuasivo, en gran parte, por la cercanía e imparcialidad de nuestro trabajo, lo que nos ha permitido construir confianza entre las comunidades y demás actores en los territorios.

El gobierno de Iván Duque trazó una línea de sometimiento para los grupos armados organizados, ¿cómo reciben este anuncio?

Considerando las graves afectaciones que estos grupos generan, por supuesto que lo saludamos. Constituye un hecho concreto que abre la puerta para la búsqueda de acuerdos que contribuyan a la pacificación de los territorios. Ahora bien, es importante señalar que, en nuestro concepto, cualquier mecanismo que entregue seguridad jurídica a quienes se someten también debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Esto es de la mayor importancia.

En este sentido, reiteramos la exigencia a todos los grupos armados ilegales a cesar los ataques contra la población civil y el medioambiente. Hacemos el llamado a los miembros de estos grupos a reconsiderar su proyecto de vida y el de sus familias, y los invitamos a externar su voluntad de acogerse a los beneficios vigentes para su tránsito a la legalidad.

¿Cuáles consideran que son los problemas más graves de violencia que afectan al país?

Desde nuestra apreciación son tres: el conflicto armado, la criminalidad y la inequidad. Hemos constatado que estas violencias coexisten e impactan, de manera directa y reiterada, a la población que habita áreas rurales y profundas, donde la presencia del Estado aún no es suficiente, y en donde grupos armados ilegales accionan a través de disputas armadas o de alianzas criminales.

Estas expresiones de violencia tienen su principal combustible en el narcotráfico, un flagelo de dimensión transnacional que pone en peligro a comunidades enteras, a liderazgos sociales y funcionarios públicos, que profundiza las desigualdades en la sociedad y que causa un daño irreparable al medioambiente.

Los grupos armados ilegales se configuran como agentes de violencia que vinculan a niños, niñas y adolescentes, siembran minas antipersona, imponen medidas de control social, extorsión y justicia de facto, confinan y desplazan poblaciones, entre otras afectaciones. De esta manera generan graves impactos humanitarios que obstaculizan el desarrollo social, económico, político y cultural de las comunidades, así como la llegada y eficacia del Estado.

¿Los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc cómo lo analizan?

Con alta preocupación, por supuesto. Desde 2009, a través de informes directos al Estado colombiano y de informes públicos ante el Consejo Permanente de la OEA, hemos venido alertando sobre las afectaciones a liderazgos sociales en el país. Hemos señalado que el perfil de las víctimas se corresponde, mayoritariamente, con líderes y lideresas que adelantan un importante rol de reclamo, denuncia y visibilización de afectaciones en sus comunidades. Se trata de liderazgos comunales, de víctimas, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras e impulsores de la sustitución de cultivos ilícitos. De hecho, en informes recientes hemos señalado que quienes habitan en zonas de sustitución voluntaria o erradicación forzosa enfrentan un mayor riesgo.

Entre los factores que configuran este fenómeno está, principalmente, el accionar de los grupos armados ilegales en territorios donde ejercen un fuerte control o donde desarrollan disputas. Todos estos factores se exacerban en la vigente situación de aislamiento que impone la covid-19.

También nos genera preocupación las afectaciones contra exintegrantes de las Farc que han dejado las armas y avanzan en procesos de reincorporación. La seguridad de los liderazgos y excombatientes es fundamental, no solo para el éxito del proceso de paz, sino para el logro de una paz completa. En ambos casos, la lucha contra la impunidad, así como la oportuna y adecuada administración de justicia constituyen un desafío permanente.

La Misión insiste en la urgente necesidad de armonizar los numerosos esfuerzos del Estado, de las comunidades, organizaciones sociales, autoridades étnicas y entes territoriales, observando los aspectos diferenciales de esos fenómenos, a fin de lograr acciones más coordinadas, efectivas y contundentes.

Frente al tema del reclutamiento de niños y adolescentes, ¿qué han encontrado y qué grupos mantienen esta práctica?

Lamentablemente, todos los grupos armados ilegales reclutan menores de edad. Niños, niñas y adolescentes son obligados a vincularse a las filas o son utilizados como vigilantes, cobradores de extorsiones e incluso como reclutadores de otros menores. También son víctima de violencia sexual, minas antipersonal y desplazamientos forzados. Hemos advertido que estos grupos emplean diversas estrategias para reclutarlos, desde el ofrecimiento de armas y dinero hasta la presión psicológica y las amenazas para atentar contra sus vidas o las de sus familias.

Además, hemos identificado que las comunidades afrodescendientes e indígenas y la población migrante son fuertemente impactadas por el reclutamiento forzado. Niños y niñas de nacionalidad venezolana, por ejemplo, enfrentan alto nivel de riesgo, pues los grupos aprovechan la informalidad de su residencia para evadir la acción de la justicia.

¿Cuáles son las regiones que más llaman su atención?

Municipios de unos 22 departamentos enfrentan dinámicas diferenciadas de conflicto y criminalidad, y por tanto son de especial atención de la Misión. Actualmente nos genera particular preocupación la reiterada violencia en el Cauca, en municipios como El Tambo, Argelia, Buenos Aires y Santander de Quilichao. La semana pasada alertamos sobre el asesinato de cinco liderazgos sociales en un lapso de seis días. También repudiamos la masacre de un líder comunal y su familia ocurrida el miércoles en Mercaderes. Estamos haciendo seguimiento a estos casos, así como a los nuevos planes anunciados por el Estado colombiano, que confiamos traerán mayores garantías de seguridad a estas poblaciones.

Otros departamentos como Chocó y Putumayo, y zonas como el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y la franja fronteriza con Venezuela también son de actual inquietud, principalmente por los impactos humanitarios que generan las acciones de grupos ilegales.

El Eln dio por finalizado su cese unilateral, ¿cómo se puede retomar el acercamiento entre Gobierno y guerrilla?

La paz se construye con hechos, principalmente con aquellos que generan alivio a la población civil. En este sentido, valoramos el desempeño del cese al fuego unilateral del Eln durante el mes de abril, pues observamos alivios sustanciales en no pocas comunidades. Tras la reciente declaración de ese grupo armado, la MAPP / OEA reitera su enfático llamado a esa guerrilla a retomar el cese al fuego y a detener todas las afectaciones contra civiles.

¿Y al Estado?

Al Gobierno lo llamamos a redoblar los esfuerzos tendientes a la implementación de acuerdos y políticas de paz. Consideramos también que, así como se nombraron dos promotores de paz, la designación de gestores contribuiría a mejorar las condiciones para avanzar hacia la paz completa. Tanto para el Estado como para el Eln, nuestro mensaje ha sido y seguirá siendo: la paz es un imperativo, y el camino es el diálogo efectivo hacia acuerdos concretos. Desde nuestro punto de vista, no existe justificación alguna para continuar con el ejercicio de la violencia en Colombia, y sí innumerables motivos para detenerla definitivamente.

En la pandemia, ¿qué ha identificado la Misión?

La vigente pandemia ha evidenciado las vulnerabilidades estructurales de aquellas regiones donde confluyen factores de violencia armada, inequidad e insuficiente presencia del Estado. Por un lado, a pesar de las medidas de aislamiento social, los grupos armados han aprovechado para ampliar su control territorial y social, generando confrontaciones que impactan en la integridad de las comunidades. Asimismo, se observan procesos comunitarios y sociales que trabajan para evitar la propagación del virus en los territorios.

La Misión ha observado la continuidad de esfuerzos institucionales en la implementación de los acuerdos de paz, también en numerosas iniciativas para combatir las afectaciones contra el liderazgo social y de excombatientes. Las acciones de la Fuerza Púbica siguen concentrándose en el combate a los grupos armados ilegales y, un tanto, en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Esto último incrementa las tensiones sociales con la población campesina, pues escala la percepción de incertidumbre económica ante la vigente coyuntura.

Además de implicar una crisis de salud y económica, la actual pandemia representa un desafío institucional, político y social. Desde la visión de la MAPP / OEA, también es una nueva oportunidad para acercar posiciones, alcanzar acuerdos y cumplirlos con los efectos transformadores que la realidad exige.


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LA OPINIÓN: ‘Vemos con preocupación la reconfiguración y persistencia del conflicto’

Lunes, 6 Enero 2020

Roberto Menéndez, jefe la misión de apoyo al proceso de paz en colombia, en diálogo con La Opinión, reconoció que el Catatumbo es uno de los epicentros para la consolidación de la paz, pero que es preocupante la persistencia del conflicto.


La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia fue creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene 15 años en el país. 

Su jefe es Roberto Menéndez, abogado. Funciona en Norte Santander, con una regional que tiene oficinas en Cúcuta y Ocaña, bajo la coordinación del sociólogo mexicano Carlos González Zárate.  

Como vocero institucional de la MAPP-OEA, Menéndez conversó con La Opinión sobre las acciones que lleva a cabo el organismo no solo en el país sino en la convulsionada región del Catatumbo y, en general, en el departamento.

¿Cuáles son los objetivos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia?

La MAPP/OEA es una misión internacional que monitorea y acompaña las políticas e iniciativas de paz, directamente en los territorios rurales más afectados por el conflicto armado, la inequidad y la débil presencia del Estado. Allí entablamos un diálogo cercano y franco con las comunidades, para visibilizar las principales afectaciones que sufre la población civil, entregar recomendaciones concretas a la institucionalidad, y crear puentes entre comunidades y Estado para la construcción conjunta de paz. También aportamos al fortalecimiento de procesos y capacidades de liderazgos y organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, mujeres, y comunales para procurar que esa paz sea plural, incluyente y participativa. De igual manera,  facilitamos la llegada coordinada e integral del Estado.

¿Qué resultados han alcanzado en Norte de Santander?

Norte de Santander fue uno de los primeros departamentos a los que llegó la MAPP/OEA en cumplimiento de su mandato de verificación al proceso de desmovilización de las AUC. En el caso del Bloque Catatumbo, identificamos  violaciones al cese de hostilidades, lanzamos las primeras alertas sobre reagrupamientos y surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, y alertamos sobre el asesinato de desmovilizados. Asimismo, tras la salida de las Farc, advertimos sobre el reacomodo de otros grupos armados ilegales, y los impactos humanitarios a las comunidades, que lamentablemente aún siguen vigentes. 

¿Cuál ha sido el trabajo con las víctimas?

En este departamento acompañamos a las víctimas que se organizaron para asistir a las primeras versiones libres de paramilitares ante la Fiscalía de Justicia y Paz, facilitando su participación, su trato digno en escenarios profundamente difíciles, y contribuyendo a que accedieran a la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo,  acompañamos procesos de fortalecimiento y reparación colectiva, como en La Gabarra, cuyo objetivo aún no se ha cumplido en su totalidad. También hemos acompañado los esfuerzos institucionales y de sociedad civil para mitigar las afectaciones derivadas de la confrontación entre grupos armados ilegales, así como procesos organizativos de campesinos, jóvenes, mujeres, comunales e indígenas, incluidas las reivindicaciones del Pueblo Barí. 

¿El proceso de implementación también lo acompañan hoy en día?

Sí. Acompañamos la implementación del PDET y monitoreamos el proceso de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). 

A propósito de este tema, ¿cómo ve el cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana?

Firmar un acuerdo de paz es un proceso sumamente complejo, e implementarlo aún más. Desde la MAPP/OEA somos respetuosos de la forma en que los gobiernos han enfrentado estos enormes desafíos, exhortando siempre a la implementación completa y efectiva de los acuerdos y compromisos asumidos. Hemos constatado que se han establecido prioridades, discusiones y ajustes que se  consideraron necesarios. 

¿Cuáles cree que son los principales avances?

Reconocemos avances en la elaboración de un fuerte andamiaje normativo e institucional, como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, el de la desmovilización y desarme de las exFarc, en la reincorporación de los ex combatientes, el desminado humanitario, la apertura de nuevos espacios y escenarios de participación política para actores del conflicto, etcétera. 

¿Y las principales inquietudes?

Nos preocupan las demoras y expectativas generadas en las comunidades, frente a asuntos centrales como las garantías de seguridad, el desarrollo y la sustitución de cultivos ilícitos.

¿Le ve posibilidades a nuevos acuerdos con grupos que todavía están alzados en armas? 

La paz es un imperativo para todo Estado y sociedad, y en Colombia vemos oportunidades para alcanzarla de forma completa y definitiva. Desde la MAPP/OEA hemos reiterado que el diálogo es la mejor senda para alcanzarla; que se requieren pasos, gestos y hechos concretos, y que evitar mayores afectaciones a la población civil debe ser la principal motivación para ambientar y perseverar en los esfuerzos.

Particularmente, ¿cuál es su visión del Catatumbo?

En Norte de Santander la MAPP/OEA tiene dos oficinas: una en Ocaña y otra en Cúcuta, porque consideramos que el Catatumbo es uno de los epicentros para la construcción y consolidación de la paz en Colombia. Vemos con preocupación la reconfiguración y persistencia del conflicto alrededor de las economías ilegales, las afectaciones a las comunidades campesinas e indígenas, y el contexto de informalidad, ilegalidad, debilidad institucional y necesidades insatisfechas agravadas por la crisis venezolana.

¿Es sostenible la contribución de la comunidad internacional a la paz de Colombia?

La comunidad internacional está convencida que la paz de Colombia es paz para el hemisferio y para el mundo. Por eso ha demostrado y reiterado su voluntad de apoyar a Colombia en estos procesos históricos, a través de mecanismos de monitoreo y acompañamiento permanentes como es la MAPP/OEA, de cooperación financiera y técnica. Siempre insistimos, además, en que la paz es un asunto que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos aquellos que no están a favor de los acuerdos del Teatro Colón o quienes se declaran como indiferentes.

¿Qué tanta influencia le asigna al narcotráfico en el conflicto armado de Colombia?

El narcotráfico ha servido de combustible para el conflicto armado en Colombia, degradándolo y perpetuándolo. Los grupos armados ilegales se lucran y tienen interés en mantener todos los eslabones de la cadena. Esto incluye la siembra y transformación de hoja de coca, marihuana o amapola, y principalmente la narcoactividad, que implica a los eslabones más gruesos y rentables, como los carteles y lavadores de activos, quienes tienen gran interés de que el negocio continúe, a pesar de las graves consecuencias humanitarias y ambientales.

‘La paz sí es posible’

En la revista MAPP-OEA, publicada en junio de 2019 con motivo de cumplirse los 15 años de esa entidad en Colombia, el jefe de la misión, Roberto Menéndez, escribió un editorial destacando los resultados de ese proceso, titulado “Lo que aprendimos de las víctimas”. En uno de sus apartes dice:

“En estos 15 años, Colombia nos ha enseñado que la paz es posible. A pesar de la violencia, las víctimas del conflicto armado perseveran diariamente, no solo en mostrarnos que la paz es el camino sino en la importancia de construirlo. En las zonas rurales, en los centros poblados, en las ciudades intermedias y en las capitales, siempre hemos encontrado procesos organizativos de víctimas que emprenden, con más o menos herramientas, pero con completa convicción y voluntad procesos que reivindican la memoria y exigen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Además, hemos aprendido que la paz solo es posible con la activa participación de la sociedad en su conjunto y, fundamentalmente, de las víctimas del conflicto. Quienes acompañamos y hemos sido testigos privilegiados de sus procesos de sanación, resiliencia y empoderamiento hemos visto la fuerza de la reconciliación entre las víctimas y quienes en algún momento fueron victimarios. Ambos nos enseñaron que la paz requiere ver al otro con humanidad.

“Con firmeza y bondad, las víctimas también nos han enseñado que solo es posible construir paz entre adversarios, es decir, entre quienes están, de una manera u otra, en orillas distintas. A entender el diálogo, no como algo lejano o retórico, sino como la única herramienta que permite acercar, tramitar diferencias y transformar los conflictos para llegar a acuerdos concretos, desde el mejoramiento de la convivencia hasta la exigencia a los actores armados de mantenerse fuera de territorios y poblados”.


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SEMANA: ‘La verdadera paz llegará cuando se logre frenar al narcotráfico’

Jueves, 12 de diciembre de 2019

Así lo afirma el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia, Roberto Menéndez.


El narcotráfico ha sido el combustible del conflicto y de la violencia en Colombia durante las últimas décadas, y su persistencia amenaza el logro de la tan anhelada paz. Esta actividad ilícita es defendida por estructuras criminales de diversa índole, como los grupos armados ilegales, y en su nombre se cometen actos atroces que afectan la seguridad de los líderes sociales, de las comunidades y de los agentes del Estado. El narcotráfico es un flagelo de dimensión transnacional que pone en peligro a las niñas, los niños y los adolescentes; que profundiza las desigualdades en la sociedad y causa un daño irreparable al medioambiente.

Homicidios, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzoso, extorsiones, control social, degradación y deforestación son algunos de los efectos invariables de la cruenta disputa que libran los actores ilegales por el control de las rutas y las rentas del narcotráfico. Y estas cadenas y sus redes tienen su eslabón más grueso en el lavado de activos y la comercialización; y el más débil, en la tierra, en las plantaciones.

Durante años los cultivos ilícitos les han servido de sustento a miles de familias campesinas y a diversos grupos étnicos que no tenían otra vía de ingresos para sobrevivir. Pero la mayoría de ellas eran conscientes de los efectos negativos que traía esta actividad ilegal y por esa razón han cambiado la vocación productiva de sus tierras. De hecho, casi 100.000 grupos familiares han atendido el llamado de iniciativas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Y otros se han aliado con el Estado para hallar vías alternativas que les permitan dar el paso hacia la legalidad; una legalidad que les garantice sus subsistencias.

Desde 2016, en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, hemos constatado y alertado sobre la vulnerabilidad de las comunidades, de los líderes sociales y las lideresas, que viven en zonas de sustitución voluntaria o de erradicación forzada. Todos ellos están expuestos a las amenazas, al desplazamiento, las desapariciones forzadas y los homicidios. También hemos insistido en que la seguridad de las poblaciones y de los liderazgos pasa por un abordaje integral del fenómeno de las drogas, con estrategias efectivas en los campos del desarrollo, la salud y la seguridad.

Por tal razón consideramos necesario y oportuno que Colombia entre en un definitivo proceso de sinceramiento y diálogo, uno que abarque todas las dimensiones del problema y que convoque a los sectores competentes, a los interesados y a los afectados. Es urgente llegar a consensos mínimos que aborden con determinación todos los eslabones de dicha actividad ilegal. Esta es una oportunidad histórica para la transformación definitiva del territorio, para ponerle fin a una de las principales causas de la violencia que sigue azotando al país y para encaminar con mayor solidez la construcción de la paz.

Debido a la naturaleza transnacional de este fenómeno, los esfuerzos del Estado y de la sociedad colombiana deben seguir contando con la compañía solidaria de la comunidad hemisférica e internacional.

*Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (MAPP/OEA).


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SEMANA: ‘ELN y disidencias de las Farc: el ‘coco’ de los niños en 19 zonas del país’

Jueves, 11 de julio 2019

A pesar de que la participación de menores en el conflicto armado parecía extinguirse con el acuerdo paz, este flagelo sigue vigente. Un nuevo informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA enciende las alarmas


La historia de Paula (*), de 13 años, parecía un caso más de deserción escolar en la vereda Cortaderal, municipio de Ituango, Antioquia. Pasó dos meses sin regresar al colegio en donde cursaba sexto grado. Sin embargo, resultó ser un caso de reclutamiento y abuso sexual cometido por las disidencias del frente 18 de las Farc. Tuvo suerte. Tropas del ejército la rescataron en medio de un combate con ese grupo criminal y la entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Aunque Paula está a salvo, otros niños como ella viven situaciones similares. Según el secretario de Educación de Antioquia, Néstor Restrepo, a principios de 2018 las veredas de Ituango registraron 5.100 estudiantes, pero al finalizar el año tenían 300 menos. “En un consejo de seguridad, una profesora informó que grupos armados se llevan reclutados a los niños, y que esa era una de las causas de deserción escolar”, explicó el funcionario.

Pero no solo ocurre en Ituango. En todo el departamento de Antioquia, 400 niños están en riesgo de convertirse en instrumentos de guerra. Por ejemplo, en el municipio de Cáceres, la Institución Educativa Monseñor Gerardo Patiño tenía 2.250 estudiantes matriculados entre 2017 y 2018, pero, de acuerdo con un profesor de la institución que prefiere no revelar su nombre por seguridad, este año solo se matricularon 1.400 alumnos. Lo que quiere decir que más del 32 % desertó.

“Es extremadamente doloroso llegar al aula de clase y que la mamá llegue al colegio a sacar los papeles del niño y diga: ‘Me lo voy a llevar porque hay orden de reclutar menores y yo no quiero que mi hijo forme parte de esto’. Se siente una impotencia tremenda porque si intervenimos directamente, nos matan”, cuenta el profesor.

También ocurre hacia el sur del departamento, en San José de Apartadó, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Después de que el Gobierno firmó el acuerdo de paz con las Farc, el municipio quedó a merced de los paramilitares. Según cuenta uno de los miembros del consejo interno de la Comunidad de Paz, en los últimos dos años creció el número de integrantes de este grupo criminal y con ello, el riesgo de reclutamiento infantil.

“Esa gente ha estado de vereda en vereda informando sus objetivos: ocupar el territorio y no permitir la presencia de otro grupo armado. En esas visitas también le ofrecen a los campesinos que se unan a ellos y a cambio les pagan un sueldo. Hoy sabemos que 50 personas se unieron a su red, de las cuales hay cinco niños a quienes tienen trabajando como informantes. Eso nos duele mucho como comunidad, porque nosotros hemos venido educando a la juventud en el respeto y el perdón”.

Un año peligroso para los niños

Más allá de Antioquia, los casos de reclutamiento se esparcen sin control por el país. Hay alertas en otras regiones como Chocó, Nariño, Cauca, Córdoba y Meta, según la Defensoría del Pueblo. Territorios que han liderado históricamente las estadísticas de desvinculación de menores de grupos armados. De los 6.570 niños que han salido de las filas de las grupos armados desde 1999, 2.726 corresponden a estas regiones, de acuerdo con el ICBF.

El informe más reciente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), elaborado sobre las lecciones de más de 1.600 misiones en todo el país, revela cifra alarmantes. De acuerdo con el documento presentado este miércoles frente a la OEA, los grupos armados continúan reclutando menores en 19 zonas de Colombia, principalmente en regiones habitadas por comunidades afro e indígenas. Por ejemplo, señala el informe que el ELN se ha fortalecido llevando a sus filas menores de edad principalmente en Chocó: Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Riosucio y Juradó. También lo están haciendo en zonas como el Catatumbo (Norte de Santander) y en Segovia (Antioquia), Santa Rosa del Sur y Simití (Bolívar). 

Sobre las disidencias de las Farc, el informe señala que el reclutamiento se ha fortalecido en lugares como Suárez y Corinto (Cauca); Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá); San José del Guaviare y Miraflores (Guaviare); San Vicente del Caguán; La Macarena (Meta); y Arauca y Arauquita (Arauca).

Pero eso no es todo. La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) aseguró a principio de año que el reclutamiento infantil creció. Esta organización, que cada año monitorea las acciones que afectan a los menores de edad en el marco del conflicto armado, reveló que en 2017 se reportaron 20 casos de reclutamiento, mientras que en 2018, la cifra subió a 50. Eso, sin contar con el subregistro, ya que en este tipo de hechos la gente siente miedo y no suele denunciar.

De acuerdo con Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de Coalico, las cifras crecieron, entre otras cosas, por la presencia de las disidencias de las Farc, la diversificación de actores y la continuidad del conflicto. Además, los grupos armados luchan por controlar los espacios que dejaron las Farc y que el Estado no ha ocupado. En ese sentido, “todo parece indicar que en 2019 tendremos cifras peores de las que registramos en 2018”, dice Molano.

¿Qué nos enseñó el pasado?

De acuerdo con el informe del Centro de Memoria Histórica (CMH), este flagelo comenzó a aumentar a principios de la década de los noventa y llegó a su pico máximo entre 2000 y 2002, momento en que los grupos armados ilegales reclutaron cerca de 1.500 menores de edad. En esa época, cuando un niño no regresaba al colegio, el sistema educativo no sospechaba esta causa.

Antes del desmonte de las Farc, esta guerrilla desarrollaba acciones de proselitismo, en las que les prometían a los niños que podrían estudiar y además recibir algún dinero. Por su parte, los paramilitares se caracterizaban por reclutarlos exclusivamente a cambio de una suma que podía estar entre 500.000 pesos y 1.700.000 pesos.

Pero sin importar sus ideologías, todos usaron el miedo. El informe “Una guerra sin edad” del CMH, el análisis más exhaustivo realizado en el país sobre el tema, lo describió así: “Amenazas de muerte, violencia sexual, especialmente sobre niñas y adolescentes; insultos e intimidación con armas, imponiendo sus órdenes y controles sociales sobre la población civil”.

Con esa información, más los datos que por años ha recopilado el Estado sobre las zonas rojas del reclutamiento, es posible establecer en qué lugares del país los niños son vulnerables. No obstante, la guerra se sigue moviendo más rápido, pese a que la Defensoría del Pueblo, algunas secretarías de educación y organizaciones como Coalico realizan un monitoreo constante y procuran coordinar a las entidades para evitar este fenómeno.

Las eventuales estrategias de prevención corren por cuenta de la Policía o el propio Ejército, dos actores armados que, para muchos expertos como Hilda Molano, ponen en riesgo la vida y la seguridad de los menores y la comunidad educativa. “Resulta peligroso que un policía o un militar entre a una escuela a buscar información sobre los grupos armados que operan en la zona, y se promueva la denuncia sin saber si están cerca”.

Pero ni la falta de coordinación entre las instituciones para prevenir el reclutamiento ni la complejidad del tema representan una excusa para que los más vulnerables aún estén a merced de la guerra. El Estado les falló a los más de 16.879 niños reclutados por grupos armados durante 1960 y 2016, según el CNM. Y no puede cometer de nuevo ese error.

(*) Nombre cambiado por seguridad

La voz de las víctimas

Para construir el informe “Una guerra sin edad”, el Centro de Memoria Histórica (CMH) entrevistó a 16.879 personas que entraron a los grupos armados cuando tenían menos de 18 años. De esas entrevistas, el CMH hizo público el testimonio de un hombre desvinculado del ELN, que ingresó al mismo a los 13 años: “La falta de oportunidades, la falta de educación de los padres y uno de trece años… al ver que convive con personas que tienen plata, armas, poder, pues uno se deja influenciar; y era fácil, porque también nos invitaban a reuniones”, cuenta el hombre, hoy de 33 años.

De esas entrevistas lograron establecer que reclutaban a niños entre 3 y 20 años y a niñas entre 0 y 21 años. Del total de los entrevistados, el 45,6 % sostuvo que sufrían sanciones físicas muy duras. Además, quedó claro que los niños cumplían funciones de inteligencia y mensajería, mientras las niñas hacían las labores domésticas y recibían toda clase de abusos sexuales.


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EL TIEMPO: ‘La paz es un imperativo, se requiere la suma de todos los esfuerzos’

Este martes, en el marco de la 49 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de esa organización  (MAPP/OEA) realizará una presentación en conmemoración de los 15 años que lleva trabajando por la construcción de paz en los territorios colombianos.

Roberto Menéndez, jefe de esa Misión, habló con EL TIEMPO sobre el trabajo que han realizado estos 15 años, los retos que enfrenta el proceso de paz y el futuro que debería buscarse de cara a los suspendidos diálogos de paz con el Eln.

¿Cuáles cree que son las mayores preocupaciones en estos momentos frente al proceso de paz?

La principal amenaza que enfrenta la paz en Colombia es la persistencia de las afectaciones a las comunidades rurales y étnicas, a raíz de las confrontaciones y disputas entre grupos armados ilegales, con graves consecuencias humanitarias como asesinatos, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzado y violencia sexual, en zonas como Bajo Cauca y Catatumbo, y en departamentos como Nariño, Chocó, Arauca y Cauca.

Nos preocupa además el asesinato de líderes y lideresas sociales, comunitarios, étnicos y de Derechos Humanos, así como el de excombatientes. Hemos condenado y visibilizado estos hechos en nuestros 26 informes públicos, y hemos entregado recomendaciones concretas a más de 20 instituciones del Estado, instando a una articulación efectiva entre el nivel local y nacional para prevenir afectaciones, garantizar la protección y evitar la impunidad en estos lamentables casos.

Los diálogos de paz con el Eln se rompieron y no parece que se vayan a retomar pronto… ¿Qué opina de esto, deberían retomarse los diálogos?

La OEA y la MAPP/OEA estamos convencidos de que el diálogo es la senda para alcanzar la paz. En momentos en los cuales se destruyen o se debilitan las condiciones para el diálogo, la actitud no puede ser la resignación y, mucho menos, más violencia, como ocurrió con el atentado terrorista en enero de este año, que condenamos y repudiamos. Consideramos que deben crearse o recomponerse las condiciones necesarias para avanzar por la vía del diálogo.

Frente a la implementación del acuerdo de paz con las Farc, ¿en qué debería concentrarse el Gobierno?

Siempre hemos sido respetuosos de la forma en la que los diferentes gobiernos han enfrentado los enormes desafíos que plantea la implementación de acuerdos, exhortando a que las diversas visiones redunden en avances concretos sobre los compromisos asumidos.

La Misión reconoce que el Gobierno Nacional ha establecido prioridades que considera necesarios para afianzar la paz en los territorios, bajo los principios de legalidad y equidad. En el marco de nuestro mandato, en distintos escenarios, le hemos entregado recomendaciones al Gobierno, orientadas al diseño e implementación de acciones coordinadas que partan del reconocimiento de las complejidades de cada zona, y a que concentre los esfuerzos, no solamente en su control militar, sino fundamentalmente en la transformación estructural de los territorios.

Desde su experiencia, ¿Puede afectar los resultados del proceso de paz el ambiente de polarización y presión que vive?

No en todo el proceso, pero sí en aspectos centrales como la reincorporación de excombatientes, la búsqueda de verdad y justicia, y la ampliación de la participación política. Las diferencias son válidas y contribuyen a la democracia, lo que es importante es reducir los márgenes de polarización en la medida en que generen o propicien violencia. Hemos insistido que la construcción de la paz requiere la participación amplia y plural de todos los sectores de la sociedad colombiana.

¿Qué decirle al país, en estos momentos en los que el acuerdo de paz con Farc es presionado, los diálogos con el Eln se levantaron, y cada vez hay más grupos de delincuencia organizada? ¿Vale la pena seguir buscando oportunidades de paz?

La paz es un imperativo máximo, y justamente en los momentos y contextos difíciles es cuando se requiere la suma de todos los esfuerzos y voluntades. Sin el involucramiento comprometido y activo de toda la sociedad, aún con las diferentes visiones sobre algunos aspectos de los Acuerdos del Teatro Colón, la paz, la equidad, la prosperidad y la reconciliación difícilmente serán posibles.

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EL TIEMPO: ‘Se necesitan acciones eficaces para proteger a líderes sociales’: OEA

Tras realizar 1358 misiones en 720 centros poblados (veredas y corregimientos) de 197 municipios, de 23 departamentos, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), presentó el informe de misión de agosto a diciembre del 2018 ante el Consejo General de la Organización de Estados Americanos.

Algunos de los hallazgos de la Misión, que se enfoca en hacer seguimiento al proceso de paz, son la continuidad de ataques contra líderes sociales en el país, que la falta de presencia estatal en varios territorios ha facilitado la expansión de grupos armados, disidencias y Eln, que han impuesto sus normas de convivencia convirtiéndose en nuevos agentes resolutivos.

Sobre esto, el informe presentado refiere que los casos más recurrentes de justicia impartida por estos grupos ilegales son las sanciones y ejecuciones penales que realizan cuando se presentan casos de homicidios, hurtos y delitos graves que no se remiten a la justicia formal. “En algunos casos excepcionales, y cuando dentro de sus prioridades no está el control de la población, deciden que dichos delitos sean llevados a la institucionalidad o a la justicia comunitaria, y son precisamente los GAOR quienes orientan a la comunidad hacia donde remitirse”, dice el informe.

“Preocupan persistentes afectaciones a población civil y liderazgos sociales a causa del conflicto armado, como homicidios, amenazas y desplazamientos. Se requieren resultados concretos, garantías de seguridad y presencia articulada del Estado”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la Misión de la OEA, en la presentación del informe.

Además, el informe dice que son necesarias medidas de protección especiales para líderes sociales, de cara a las elecciones regionales del próximo octubre, especialemente en aquellas zonas que antes eran controladas por las Farc, “será necesario avanzar sobre medidas preventivas, de monitoreo y de acompañamiento antes, durante y después de las elecciones, para así garantizar unos comicios con ejercicio pleno a la oposición y votaciones libres para la población“, dice el documento.

Por otro lado, de acuerdo con la MAPP/OEA, las afectaciones a excombatientes se estarían generando porque son vistos como personas útiles para el funcionamiento de economías ilegales, y por el presunto manejo de información estratégica que puede afectar, desequilibrar o ayudar al control territorial de los grupos armados ilegales.

“En esta etapa crítica de la implementación del Acuerdo Final, se hace necesario avanzar en la adopción de decisiones concretas y prioritarias con respecto a la seguridad de los excombatientes y sus familias, especialmente teniendo en cuenta que esta situación se podría agudizar con la eventual salida de esta población de los ETCR en el segundo semestre del 2019”, resalta el informe sobre la situación de los excombatientes, y agrega: “si se asegura la reincorporación social, política y económica efectiva de antiguos miembros de las Farc, la paz en Colombia avanzará y se allanará el camino hacia la reconciliación”.

Problema de cultivos ilícitos y de tierras

Sobre el problema de los cultivos ilícitos, la misión comentó que si bien es importante la intención del Gobierno de continuar con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) hay más de 46.000 familias en aproximadamente 30 municipios, que mostraron su voluntad de participar en el PNIS con la firma de acuerdos colectivos, pero no están siendo contempladas como beneficiarias del programa.

Por ello, la Misión alentó al Gobierno a hacerle seguimiento a las solicitudes de estas familias.

De otro lado, la MAPP/OEA expresó su preocupación por el alto índice de negaciones de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente.

“Un número importante de víctimas aún no han adelantado la solicitud, por desconocimiento de la norma o por temor debido a la persistencia del conflicto armado en algunas zonas, lo que impacta directamente la garantía efectiva de sus derechos”, dijo ese organismo.

La Misión reconoció los esfuerzos del Estado por implementar estrategias que prevengan situaciones de riesgo relacionadas con los procesos de restitución, pero reitera su preocupación por la persistencia de afectaciones a la vida e integridad de las personas intervinientes en la política de restitución de tierras y el bajo nivel de investigación y judicialización de responsables materiales e intelectuales de los hechos victimizantes.

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EL ESPECTADOR: OEA señala desafíos para consolidar la paz en Colombia

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) presentó su XXVI informe semestral, en donde recoge algunos desafíos que hay en materia de paz en Colombia.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA dio a conocer esta semana un informe  basado en las observaciones de 1.350 misiones que realizó el organismo en 720 poblaciones de Colombia  —entre el 7 de agosto y el 31 de diciembre de 2018—, de cara a la implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc.

Entre los desafíos que evidenció la MAPP en su informe se encuentra la situación que actualmente afrontan los líderes sociales en el país. Sobre ello el organismo reseñó que ante las afectaciones contra líderes, lideresas y defensores de DDHH, “son necesarias acciones coordinadas, innovadoras y eficaces, que potencien las instancias y los organismos competentes, y mejoren los sistemas de prevención y protección”.

Por ello, entre las recomendaciones que le hace la MAPP a instituciones como el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección está “desarrollar una estrategia articulada de prevención y protección para líderes y lideresas sociales (…)” y “unificar un Sistema de información del Estado con cifras consolidadas de las diversas afectaciones a líderes sociales (homicidio, amenaza, desplazamiento, confinamiento, extorsión, secuestro, robo de información)”.

Si bien no es clara la cifra de líderes sociales asesinados en los últimos años, según el más reciente informe del Instituto Nacional de Medicina Legal, en Colombia fueron asesinados 317 líderes entre 1 de enero de enero de 2018 y el 30 de abril de 2019. A su vez, la ONG Somos Defensores ha registrado en su sistema de información más 560 homicidios de los cuales alrededor del 90% han quedado impunes.

Otro de los desafíos que enfrenta la paz en Colombia es la permanencia de dinámicas de conflicto y criminalidad en varias regiones del país. Sobre ello, la MAPP llamó la atención sobre la violencia que generan los grupos armados ilegales en los territorios, la cual se traduce en “homicidios, amenazas, siembra de minas antipersonal, desplazamientos, confinamientos, reclutamiento forzado y violencia sexual”.

Frente a ello, la MAPP recomienda al Estado colombiano avanzar en la implementación de medidas de prevención, atención y protección a la población civil que sean adecuadas para atender diferencialmente a diversas poblaciones, tales como niños y niñas, mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes.

Además, el informe invita a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y al Ministerio de Justicia, a “continuar fortaleciendo las acciones que permitan atacar los medios de financiamiento de los grupos armados ilegales para evitar que la extracción de rentas de economías legales e ilegales siga alimentando su tendencia al crecimiento y la expansión, y afectando directamente a las comunidades más vulnerables.”

La implementación de justicia en los territorios es otro de los desafíos para la paz. Hoy en día algunas organizaciones como el Eln o Los Pelusos (Epl) siguen imponiendo sanciones, restricciones y normas de convivencia a la población civil. Sobre ello, la MAPP reseña que “la población no puede acceder a la justicia formal o decide no hacerlo, porque la justicia impartida por grupos armados ilegales les resulta más rápida y eficiente.

Adicionalmente, las condiciones de ruralidad dispersa hacen difícil la llegada de la institucionalidad, en especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) o Medicina Legal, a los territorios más alejados, lo que genera impacto en la rigurosidad de las investigaciones, y mina la confianza de la ciudadanía hacia la justicia.”

Frente a ese escenario, la MAPP aconseja a la Fiscalía General de la Nación y a la Sijin fortalecerse en aquellos territorios en donde su presencia es insuficiente o inexistente. A su vez, señala que es necesario que el Consejo Superior de la Judicatura verifique la capacidad humana que tiene a nivel territorial para que “se cuente en los juzgados con mínimo el Juez, secretario, citadores, escribientes y notificadores (…)”.

De acuerdo al informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, los departamentos de Chocó, Arauca, Cuaca, y los territorios del Bajo Cauca antioqueño, Catatumbo y el Pacífico nariñense son los lugares más golpeados por la presencia de grupos armados ilegales.

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