EL ESPECTADOR: MAPP/OEA alerta sobre dinámicas de actores armados en Colombia durante la pandemia

21 julio, 2021

Según el informe, durante la pandemia se profundizaron las desigualdades y hubo un aumento de las brechas. Además, llamaron la atención sobre la acción de los grupos armados en el territorio nacional.

Ante el Consejo permanente de la OEA, la delegación de la Mapp-OEA rindió su trigésimo informe semestral sobre los avances de la implementación en Colombia. En una corta exposición, la misión dio cuenta de lo que encontró en el segundo semestre de 2020 e hizo varias observaciones sobre lo ocurrido durante la pandemia en más de 500 centros poblados del país.

En un primer momento, en la rendición se destacó varios avances, tales como la prorroga por 10 años de la ley de víctimas. La secretaría también resaltó los avances del Consejo Nacional de Paz y Reconciliación y pidió que este progreso sea valorado por todos los actores. Además, destacó que en pocos meses se entregará el informe de la Comisión de la Verdad: “la secretaría general confía que colaborará a superar los ciclos de violencia e incentivar el diálogo”.

En este mismo punto de elementos a destacar, la Mapp-OEA celebró que el gobierno de Iván Duque haya nombrado un gestor de paz para adelantar acercamientos con el Eln. La organización interamericana hizo referencia a Juan Carlos Cuellar, que nuevamente fue nombrado gestor de paz en mayo de este año. Para los que rindieron el informe, este nombramiento es importante debido a que permite soñar con “una paz completa” para Colombia.

Tras resaltar los avances de los últimos meses, en el informe se pasó a expresar las preocupaciones de la delegación de verificación, que hace algunas semanas se prolongó su mandato en Colombia. Según el texto dado a conocer en una sesión extraordinaria, se hicieron más evidente las desigualdades y el aumento de las brechas durante la pandemia.

El informe dejó constancia de las dinámicas de control y disputa territorial por los distintos actores armados. Allí alertaron sobre las distintas acciones que están llevando estos grupos, tales como reclutamientos masivos, homicidios, amenazas, confinamientos, violencias basadas en género y la siembra nuevamente de minas antipersonales.

En este punto hicieron mención directa de Arauca, Cauca, Caquetá, Cesar y Meta, donde grupos habrían impuesto restricciones a la movilidad y se habrían presentado amenazas y acciones de violencia. En una línea similar, se hizo referencia a Nariño y se mencionó los ataques que recibieron las autoridades indígenas de algunas comunidades de dicho departamento.

La Mapp-OEA hizo un especial énfasis en la situación vivida en Meta, Caquetá y Guaviare, donde las amenazas y acciones violencias llevaron incluso a la suspensión de mesas regionales de diálogo social y ambiental, un hecho que fue del interés de esta delegación pues se hay una “exacerbación de conflictividades socio ambientales”.

El informe también da cuenta de que en el país continuaron las amenazas y asesinatos de los liderazgos y sus familias. En este sentido también reportaron que lo grupos armados son responsables de feminicidios, trata de personas y otros delitos que siembre el miedo en la población y has implican un freno para sus reclamos y trabajo social.

Tras rendir el informe, Roberto Menéndez, jefe de la Mapp-OEA expresó que Colombia debe privilegiar el diálogo y entendimiento. Además le pidió un mayor compromiso de la región y del mundo para la construcción de la paz en Colombia. Luego reiteró el compromiso de la organización que comanda para seguir su trabajo en el país.

Tras la lectura del informe, la palabra la tomó Alejandro Ordóñez, representación de Colombia ante la OEA. Ordóñez celebró el trabajo “imparcial” que ha llevado a cabo la delegación al redactar el informe. Asimismo, destacó que el informe fue realizado en una de las condiciones más difíciles en Colombia, la pandemia.

También se manifestó el delegado de Canadá, que expresó su acogida al informe. Sin embargo, aunque reconoció los avances del gobierno colombiano, dejó constancia de su preocupación por los homicidios en contra de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Por otro lado, confirmó la entrega de USD2,5 millones para fortalecer el trabajo de Mapp-OEA en Colombia.


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W RADIO: OEA, preocupada por situación de orden público en varios departamentos del país

El jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, Roberto Menéndez, agradeció la extensión del periodo de trabajo aprobada por gobierno.

La Misión de Apoyo de la OEA al Proceso de Paz (MAPP) presentó ante el Consejo Permanente de la Organización su informe número 30, en el cual alertó por la crítica situación humanitaria vivida particularmente durante los últimos seis meses del 2020 en departamentos como Cauca y Nariño por cuenta de disputas de grupos criminales.

Ante el plenario y en cabeza de su jefe de Misión, Roberto Menéndez, denunciaron el asesinato de líderes sociales, amenazas sobre los mismos, reclutamiento de menores y otras acciones armadas que persisten en los territorios.

La Secretaría General deja constancia de las dinámicas de control y disputas territoriales de grupos armados ilegales que ponen en riesgo la integridad de la población civil y de los agentes del estado”, señaló Roberto Menéndez, jefe de la Misión.

Además, reconocieron, a su juicio, los esfuerzos del estado colombiano en luchar contra los grupos criminales que por cuenta del narcotráfico siguen sembrando el terror en las poblaciones.

El jefe de misión Menéndez también agradeció la decisión del gobierno de confirmar la extensión del mandato de ese cuerpo diplomático hasta el año 2024 en el país.

Delegaciones como la canadiense por medio del embajador Hugh Adsett expresaron su respaldo a la Misión, y señalaron preocupación ante las denuncias de graves violaciones a los derechos humanos derivadas de esas disputas de grupos armados ilegales.


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CANAL 1: OEA rechaza ataque a misiones médicas en Colombia durante el paro nacional

24 mayo, 2021

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP – OEA) rechazó los bloqueos y ataques a ambulancias y misiones médicas durante el paro nacional.

La Misión condena las acciones que limitan el acceso a los servicios vitales para la población, como las lesiones al personal de salud, obstaculización del paso de ambulancias y la restricción del tránsito de insumos médicos”, dijo la MAPP.

Desde el inicio del paro nacional el pasado 28 de abril, la misión de la OEA hizo un llamado a la población colombiana a facilitar y respetar la libre circulación de su personal para “garantizar la vida, salud pública y labor médica”.

Hoy, la Misión reitera su llamado en esa vía”, señaló la entidad de la OEA en un comunicado publicado en Twitter.

Además, condenó el asesinato del patrullero de la Policía Nacional Juan Sebastián Briñes en Cali.

La Misión “exhorta nuevamente a una pronta investigación, judicialización y sanción de los responsables de las muertes de civiles y miembros de la fuerza pública durante las protestas sociales”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado para encontrar una salida a la crisis que atraviesa Colombia a través del diálogo y la cooperación entre distintos sectores de la sociedad.


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EL TIEMPO: Misión de la OEA y ONU acompaña corredor humanitario en Cauca

6 mayo, 2021

Caravana busca garantizar el traslado de alimentos e insumos hospitalarios en carretera. 

En la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) brindan acompañamiento a una caravana para garantizar el paso de alimento e insumos para hospitales y otras instituciones de salud en el Cauca. 

Es un corredor humanitario, de acuerdo con la Misión de Apoyo, en un recorrido encabezado por miembros de la guardia indígena y de la Gobernación de este departamento.  También participan delegados de la Defensoría del Pueblo.

En el Cauca, hay problemas también con la leche, porcinos y otras carnes ante la situación. En el vecino departamento del Valle, la crisis por el paro está golpeando a los productores lecheros, porcinos y avícolas, porque los alimentos para los animales escasean también. 

El Cauca, según la comunidad internacional, esta es una de las regiones también siente los coletazos del desabastecimiento y del paro que ha sido violento, teniendo en cuenta que muchos provienen del Valle del Cauca, donde la gobernadora Clara Luz Roldán ha venido clamando por el respeto al corredor humanitario habilitado a la central mayoritaria Cavasa. 

“La disposición al diálogo de los ciudadanos y líderes que participan en las manifestaciones del paro nacional, permitió habilitar un corredor humanitario para Cavasa”, dijo la gobernadora Roldán.

“Se trata de un importante paso, señaló la gobernadora Clara Luz Roldán, quien con la iglesia, la Defensoría del Pueblo, avanza en consensos con los líderes de las manifestaciones para abastecer de alimentos y elementos esenciales a la región”. 

Señaló que se estima que al menos 200 toneladas de alimentos, de las más de cuatro mil toneladas represadas desde la semana pasada, se movieron desde la central Cavasa.

Luisa Jimena Sarmiento Gómez, ‎directora Comercial y de Mercadeo de Cavasa, explicó que inicialmente se logró la reactivación y la distribución de productos en el municipio de Candelaria, en el sur del Valle, límite que está al norte del Cauca.  Así mismo, para sectores aledaños a la central de abastos como El Carmelo, San Joaquín y El Poblado.

Alimentos como papa, tomate, melón, naranja, zapallo, papa amarilla remolacha y zanahoria comenzaron a distribuirse nuevamente y se mantiene el monitoreo de los precios desde la central para que haya estabilidad en el mercado, esto gracias a la gestión, señaló Oliver Medina, coordinador de Precios de Cavasa.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, tambien hizo el llamado ante el corredor humanitario que se abrió paso el 5 de mayo y lo hizo en un acto desde la plazoleta Jairo Valela, que comunica el norte con el centro caleño, hasta Sameco donde siguen los bloqueos. Esta es una zona del norte de la capital del Valle. 

CALI


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AGENCIA EFE: Misión de la OEA condena el uso desproporcionado de la fuerza pública en Colombia

4 mayo, 2021

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) condenó este martes el uso desproporcionado de la fuerza pública durante las protestas en el país, que dejan al menos 19 muertos y unos 800 heridos.

“La MAPP/OEA expresa su profunda preocupación y condena por los casos de uso desproporcionado de la fuerza pública que se han registrado en el marco de las movilizaciones y protestas que desde el 28 de abril se adelantan en el país”, aseguró la Misión en un comunicado.

En ese sentido hizo un llamado urgente para que se investigue, judicialice y sancione a los responsables, y además rechazó “las acciones que involucran ataques de miembros de la fuerza pública contra la vida e integridad de quienes se manifiestan”.

RECHAZAN ATAQUES CONTRA MISIÓN DE VERIFICACIÓN

Además repudió las amenazas y violencias contra miembros de la comisión multisectorial de verificación, encabezada por la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) y la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos (OACNUDH), ocurridos en la noche del lunes en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste).

La representante en Colombia de la OACNUDH, Juliette de Rivero, denunció disparos de la Policía contra una misión humanitaria que estaba en Cali verificando la situación por las protestas.

“Mientras dábamos seguimiento a situación de DD.HH. (en) Cali no hubo disparos directos contra equipo ONU Derechos Humanos. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la policía, sin que nadie resultara impactado”, informó De Rivero en Twitter.

Sobre estas agresiones y otras que han sido denunciadas por organizaciones civiles, la MAPP/OEA reiteró un llamado “a las autoridades a garantizar el derecho fundamental a la protesta pacífica” e insistió en “que toda acción de la fuerza pública debe enfatizar la observancia, protección y respeto de los Derechos Humanos”.

Igualmente puso sobre la mesa la necesidad de un diálogo nacional en el que el Estado, los actores políticos y la sociedad civil recurran a la calma para la resolución pacífica de las diferencias en momentos de tensión y vandalismo.

“La MAPP/OEA viene adelantando labores de monitoreo a las movilizaciones en Cali y otras zonas del país, y se pone a disposición del Estado y de las organizaciones convocantes para generar puentes de entendimiento, que permitan poner fin a la crisis que ha cobrado la vida de colombianos y colombianas”, manifestó.

Las protestas, surgidas en medio de una pandemia con graves consecuencias económicas para una buena parte de las familias colombianas, tuvieron como detonante una propuesta de reforma tributaria que ya ha sido retirada por el Gobierno, en el que renunció el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.


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RADIÓNICA: “Frecuencia paz”: el proyecto que construye con las regiones

12 febrero, 2021

Este es un programa radial creado por la MAPP/OEA para difundir mensajes que aporten a la construcción de paz.

“Frecuencia Paz” es un proyecto radial creado durante la pandemia como respuesta de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia –MAPP– a la necesidad de seguir trabajando con las comunidades y de continuar entregando herramientas que permitan llegar a la construcción de paz en las zonas rurales del país que durante años han sido el escenario de la violencia.

La radio comunitaria, que continúa siendo la mejor amiga en lugares apartados, fue el medio por el cual se le dio vida a “Frecuencia Paz” y a todas las historias que ocurren en Villa Esperanza: “un lugar que representa los territorios de Colombia más afectados por el conflicto armado, por la criminalidad y la inequidad, en donde también avanza la construcción de paz. Villa Esperanza es un lugar diverso como lo es Colombia misma, con presencia de comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, con organizaciones de mujeres, jóvenes, población LGBTI que día a día participan y le apuestan a la paz”. Así describe Verónica Murcia –Coordinadora Nacional de Comunicaciones de la MAPP/OEA – el lugar desde donde arranca el viaje sonoro. 

Cada capítulo de este proyecto tiene una temática diferente, pero hay un interés transversal: resaltar que la construcción de paz no es un trabajo de algunos, sino que necesita del esfuerzo de todos, de una correcta articulación entre el Estado y la sociedad.

“Frecuencia Paz” también hace énfasis en las diferentes problemáticas que se pueden dar a lo largo del conflicto, y muestra de forma pedagógica las rutas que la población puede tomar para recibir ayuda. 

Las historias de este proyecto son contadas por medio de dramatizados que, según Verónica, hacen para poder generar más cercanía con las comunidades y su realidad: “El slogan de Frecuencia Paz es ‘en sintonía con los territorios’ y justamente buscamos un formato que nos permitiera mostrar de manera clara y sencilla lo que ocurre en los territorios de Colombia.”

“Frecuencia Paz” se puede escuchar en veredas, corregimientos y municipios de 18 departamentos del país gracias a más de cien emisoras comunitarias. Sin embargo, la radio no es la única aliada de la MAPP/OEA, WhatsApp es otra herramienta que permite que este contenido llegue a otras personas. Además, los capítulos también se pueden encontrar a través del canal en Spotify de Frecuencia Paz. 

Para las comunidades que han sido víctimas del conflicto, oportunidades y proyectos como este son muy importantes porque les permite hablar sobre lo que ha ocurrido, conocer las rutas que tienen para solicitar apoyo y acompañamiento. Gracias al formato de este proyecto, también los más pequeños pueden ser parte de las conversaciones sobre las realidades que los rodean. 


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EL TIEMPO: Así afectó la covid-19 la implementación del acuerdo de paz con Farc

17 diciembre, 2020

Jueves, 17 de diciembre 2020

Durante la temporada de aislamiento obligatorio para prevenir el contagio de covid-19 se agudizaron las vulnerabilidades en las zonas donde converge el conflicto armado, la criminalidad, la inequidad y la débil presencia estatal.

Esta es una de las principales conclusiones del vigésimo noveno informe semestral que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) le presentó este miércoles al Consejo Permanente de la Organización.

El documento, que analizó los primeros seis meses de 2020, evidencia los impactos que tuvo la pandemia no solo en las dinámicas de violencia armada en el país, sino también en la implementación del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las Farc hace cuatro años.

Entre los graves hallazgos que resalta el informe está el aumento de grupos armados ilegales en varios departamentos del país, el reclutamiento forzado de menores (desde los 11 años) por parte de estas estructuras criminales, la violencia contra líderes sociales y excombatientes y la persistencia en la instalación de minas antipersonal, violencias basadas en género, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios.

“La pandemia ha evidenciado los urgentes desafíos que aún persisten en las zonas más apartadas, como son la garantía de derechos, el fortalecimiento de la participación, la priorización de recursos disponibles, la realización de obras y el acceso efectivo a la conectividad y a herramientas digitales”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA.

Condiciones de seguridad

El informe pone de relieve cómo, durante el primer semestre del año, y sobre todo desde que se establecieron las medidas de aislamiento, los grupos armados ilegales aumentaron las acciones de control social y presión sobre la población civil y liderazgos sociales para cumplir con las restricciones. De hecho, señala que en municipios del Cauca se registraron asesinatos contra los pobladores que violaron las medidas.

La MAPP también le puso la lupa a las disidencias de las Farc, grupo que durante el primer semestre del año tuvo una mayor actividad bélica, “por encima incluso del Eln, el clan ‘del Golfo’, ‘Los Caparros’ y ‘Los Pelusos’”, dice el documento.

El informe alerta sobre las afectaciones de las disputas territoriales y enfrentamientos entre estos grupos, que han derivado en el desplazamiento forzado o confinamiento de la población civil.

Sin embargo, “valora los esfuerzos y avances del Estado colombiano por mejorar las condiciones de seguridad en los territorios en los que aún se evidencian retos y desafíos para la consolidación de la paz”. En ese sentido, destaca la tendencia decreciente que desde el año 2012 viene registrando el país en cuanto al número de secuestros.

Frente a la dramática situación de ataques contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, la MAPP hizo un llamado a la institucionalidad para que persevere en la construcción e implementación efectiva de la Política Pública para la Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los derechos humanos.

De igual forma, el informe expone que hasta el 10 de junio de 2020 se presentaron 239 casos de homicidio, tentativa de homicidio o desaparición forzada a reincorporados de las extintas Farc, por lo cual el mecanismo solicitó fortalecer la respuesta institucional a estos ataques y tomar medidas preventivas para eliminar las violencias contra excombatientes.

Estrategias y el sistema de verdad, justicia y reparación

El informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz también le hizo un riguroso seguimiento a las políticas y estrategias que se han implementado para transformar los territorios afectados por el conflicto.

Al respecto, el mecanismo destacó que, durante el primer semestre del año, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) lograron avanzar en el catastro multipropósito, la adjudicación y formalización de tierras a campesinos y las obras de infraestructura, sin desconocer que sigue siendo un desafío lograr que mejore la percepción de las comunidades respecto del avance de los programas.

La MAPP también resaltó la reducción de los cultivos de uso ilícito entre 2018 y 2019, pero hizo un llamado a no descuidar la implementación del PNIS, programa de sustitución voluntaria al que se acogieron 100.000 familias de cultivadores de coca.

Por otra parte, la Misión le tomó el pulso al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), conformado por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre este tema, subrayó los avances del sistema para verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de los comparecientes, entre sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, así como el esfuerzo de las tres entidades para mantener el ritmo de sus funciones durante la pandemia.

En el marco de la presentación del informe, Menéndez le hizo un llamado al país para hacer sinergias que faciliten la implementación: “Invitamos a los colombianos y colombianas a acercar posiciones, alcanzar y materializar acuerdos, con los efectos transformadores que la realidad exige. La paz completa demanda unidad en la diversidad”.


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EL ESPECTADOR: Grupos armados impiden desminado humanitario: MAPP-OEA

16 diciembre, 2020

Miércoles, 16 de diciembre 2020

Según el más reciente informe de la Misión de Apoyo a la Paz, que se entregó hoy al Consejo Permanente, en Cauca y en Caquetá han terminado expulsando a los operadores civiles que se encargan de esta labor. El documento presenta un crudo balance sobre la violencia en las regiones, aunque también destaca los avances en el punto de la reforma rural del Acuerdo de Paz.

Para levantar las minas antipersonales en territorio colombiano existen únicamente cinco operadores civiles de desminado humanitario. Halo Trust, organización inglesa, es uno de esos operadores y desde 2013 ha adelantado acciones de desminado en varios departamentos del país. Sin embargo, en el primer semestre de este año, grupos disidentes de las antiguas Farc presentes en la región del Naya, específicamente en Buenos Aires (Cauca), impidieron que ese operador avanzara en su tarea de desminado a través de amenazas directas y su personal tuvo que salir del territorio, pese a que contaban con autorización de las comunidades indígenas para desarrollar esa labor.

No es el único caso en que grupos armados han impedido el desminado humanitario. En Caquetá, en los municipios de Milán y San Vicente del Caguán, dos de esos operadores se retiraron definitivamente de la región por las reiteradas amenazas de disidencias de las Farc. La denuncia sobre la obstrucción de esos grupos a la labor del desminado en Colombia está incluida en el más reciente informe semestral que hizo la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) – Mapp-OEA – y que presentó este miércoles ante el Consejo Permanente.

El documento detalla la situación de violencia que se vive en varias regiones del país y revisa algunos asuntos fundamentales de la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, devela un crudo panorama de la guerra, que se recrudeció durante la pandemia del COVID-19 y aún más en medio de las medidas de aislamiento implementadas para combatirlo. El documento fue construido por la Mapp-OEA con base en 495 misiones en terreno, en 404 centros poblados de 159 municipios de 18 departamentos del país; así como de 3.561 monitoreos y acompañamientos virtuales en 257 centros poblados de 154 municipios de 16 departamentos, ejecutados entre el primero de enero y el 30 de junio de este año.

En ese reporte, la Mapp-OEA rastrea a los distintos grupos armados en las regiones en las que tienen presencia y asegura que las disidencias de las Farc registraron “una mayor actividad bélica de confrontación y consolidación territorial, por encima incluso del Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, los Caparros y el Epl”. En la costa pacífica nariñense, por ejemplo, esas estructuras están atomizadas y fragmentadas, debido en buena medida por la captura o muerte de sus líderes, como ocurrió en febrero de 2020 con ‘Contador’ o la muerte de ‘Mario Lata’ en mayo de 2020En Roberto Payán, Maguí Payán y Tumaco, el Frente Alfonso Cano se identifica como una facción surgida de rupturas al interior del Frente Oliver Sinisterra.

Los enfrentamientos entre esas estructuras disidentes han generado desplazamientos y confinamientos masivos de comunidades campesinas, afro e indígenas en esa región del país. Pero en otras zonas, dice el documento, las confrontaciones han venido de otros actores. En la zona del río Baudó, en Chocó, la disputa es entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas; en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba es entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparros; en el Catatumbo es entre el Eln y el Epl; en el Cauca hay enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln, y en la zona de frontera de Norte de Santander la disputa es entre el Eln y los Rastrojos.

El informe sostiene que en esos escenarios ha aumentado la instalación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados. Según el documento, en Antioquia, Chocó y Nariño el incremento se debe a la confrontación entre los grupos armados, mientras que en otros departamentos, como Cauca y Putumayo, se utiliza como estrategia para proteger los cultivos de uso ilícito. Así también ocurre en municipios antioqueños, como Tarazá e Ituango, donde miembros de la Fuerza Pública murieron en medio de labores de erradicación forzada de los cultivos.

En el Catatumbo y en la zona rural de Cúcuta, por la confrontación entre Eln y Epl, los grupos instalan minas antipersonales para impedir acciones del contrario o de la Fuerza Pública, lo que ha generado desplazamientos de la población en Sardinata.

“En el caso de territorios colectivos pertenecientes a comunidades indígenas, estas prácticas restringen su movilidad y el ejercicio de sus usos y costumbres, siendo Antioquia uno de los departamentos más afectados. En el municipio de Dabeiba estas afectaciones han impactado a las comunidades indígenas en el acceso a alimentos y el libre desarrollo de sus actividades cotidianas; mientras que en el Resguardo Murrí Pantano del pueblo Embera Ayábida del municipio de Frontino, dos menores de edad fueron víctimas de accidente por MAP”, se lee en el informe.

Sin embargo, el documento también destaca el trabajo que ha adelantado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en materia de desminado de los territorios. Reconoce que durante el periodo de análisis del informe esa oficina incentivó la inclusión de la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (Aicma) en los planes de desarrollo departamentales y municipales, así como en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además, resalta que en ese lapso se acreditaron 11 asociaciones y organizaciones étnicas y de sobrevivientes de accidentes con minas.

La pandemia incrementó el reclutamiento

El informe confirma que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) continúa dentro del accionar de todos los grupos armados. En el caso de las disidencias de las Farc, reclutaron menores en Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Guaviare y Meta. “De manera particular, preocupa que los grupos disidentes de las Farc abordan a NNA desde los 11 años y, en algunos territorios, han iniciado procesos de censo y control para ubicar con facilidad y llevar un registro con el fin de vincularlos a sus estructuras”. Esa situación, según el documento, ocurre en Vistahermosa (Meta), donde las disidencias han empezado a ‘carnetizar’ a los menores para llevar un registro de aquellos que tengan entre 14 y 18 años.

El Eln ha hecho lo propio en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira y Arauca. “En este último, su estrategia ha sido aprovechar la coyuntura de aislamiento obligatorio para entregar mercados, y aprovechar el cierre de las escuelas, que funcionaban como espacios protectores para los NNA, para convencerlos de unirse a sus filas.”

En las regiones en que esa guerrilla mantiene confrontaciones con las AGC, entre Antioquia y Chocó, ambos grupos han vinculado a menores de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas para que participen directamente de los combates. El informe llama la atención específicamente sobre la instrucción dada por esos grupos a los menores para que instalen minas antipersonales en sus propios territorios, “situación que les ha causado accidentes ante su falta de experticia en el manejo de explosivos”. Así ocurrió con una menor indígena de 16 años, que perdió sus manos instalando una mina en Murindó (Antioquia), denuncia el informe.

Según las fuentes consultadas en el documento, “los NNA reclutados son trasladados a otros territorios para evitar que sus comunidades intercedan ante los grupos armados ilegales, donde son utilizados en actividades de transporte de estupefacientes y son usados como escudo en los anillos de seguridad de los comandantes de las estructuras”.

Mapp-OEA resaltó avances en los PDET

En contraste con el crudo balance que hace el documento de la situación de violencia en varias regiones, también se evidencia los avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el primer punto del Acuerdo de Paz. “Por primera vez en la implementación del Acuerdo Final, mediante la Hoja de Ruta Única se dio la oportunidad de alinear, en el nivel departamental y municipal de gobierno, los ejercicios de planificación pública producto del proceso de construcción participativa de los PDET. Ajustes normativos, institucionales y financieros como el OCAD-Paz u obras por impuestos, realizados en años anteriores para garantizar la implementación y seguimiento de los programas, están posibilitando que estos programas avancen”, exalta la Mapp-OEA.

En medio de esa implementación el documento hizo énfasis en que las ‘obras PDET’ se han contratado con las Juntas de Acción Comunal y han sido ejecutadas por las propias comunidades, lo que fortalece su papel activo en la transformación territorial. “La participación de las comunidades en la construcción de estas obras brinda mayor legitimidad a las acciones de la institucionalidad, impactando estratégicamente en la percepción de avance en la construcción de paz”.

Especialmente, la Mapp-OEA reconoce la labor de la Consejería para la Estabilización y de la Agencia de Renovación del Territorio, en medio de la pandemia. Según el documento, esas instituciones lideraron “una reacción rápida como medida de mitigación dirigida a consolidar la percepción de presencia institucional en momentos de crisis; impulsar la apropiación de los PDET por parte de mandatarios y mandatarias departamentales y municipales y promover la incorporación de las iniciativas que componen los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) en los planes departamentales y municipales de desarrollo con vigencia para los próximos 4 años”.


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EL ESPECTADOR: ‘Casa Diversa: un lugar de resistencia LGBT en la Comuna 8 de Medellín’

12 noviembre, 2020

Jueves, 12 de noviembre 2020

La lucha de la Mesa LGBT por defender la diversidad en su comuna y hacer visible la diversidad sexual en medio del conflicto armado inspiró la fábula “Un refugio para todos”, que podrá encontrar este viernes con el periódico El Espectador. Aquí la historia de este colectivo que lleva casi 20 años resistiendo a la violencia y la estigmatización.

Tras ataques recurrentes y violencias, un grupo de hormigas doradas tuvieron que huir de su hábitat natural por el miedo. Llegaron a un hormiguero donde no fueron bienvenidas por las otras hormigas. Sufrieron de discriminación y hasta ataques físicos, pero como no tenían más alternativa, decidieron quedarse.

Mientras esto pasaba, una hormiga alada se dio cuenta de que algo andaba mal, porque todas merecían ser aceptadas y respetadas, sin importar sus diferencias. Como la situación se iba complicando cada vez más, la hormiga alada decidió buscar una cueva y adecuarla para que las hormigas que alguna vez habían sido discriminadas, atacadas o heridas por ser diferentes a las otras, tuvieran un lugar seguro para refugiarse. ¿Cómo lo logró?

Así comienza la séptima fábula de esta nueva temporada de “¡De Otra Manera!”, llamada “Un refugio para todos”. Esta fábula está inspirada en el proceso de liderazgo de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, hasta consolidar el colectivo Casa Diversa, que fue el primer colectivo LGBT sujeto de Reparación Colectiva en Colombia. Pero para llegar ahí pasaron por un proceso largo y un camino labrado por la violencia que dejó muchas heridas.

Desde comienzos de los años 2000, los grupos armados ilegales con influencia en la zona centroriental de Medellín, especialmente grupos paramilitares y bandas criminales, comenzaron a intimidar y estigmatizar a las personas LGBT que habitaban la zona. Esto se agravó cuando a ellos se les prohibió salir a las calles, atender a eventos públicos y, además, fueron víctimas de ataques físicos, desplazamiento forzado y violencia sexual.

Con este panorama de violencia que cada vez arrinconaba a las personas LGBT, John Restrepo, uno de los líderes LGBT de la región decidió que no podían callar más y en 2006 junto a otros habitantes de la Comuna se reunieron y conformaron la Mesa LGBT, que fue la semilla de Casa Diversa. Empezaron 12 integrantes y en su mejor momento llegaron a ser 33. Construyeron ladrillo a ladrillo la sede de la Casa, pintaron las paredes con los materiales que les donaban, eso sí no podían faltar los seis colores de la bandera LGBT. Siempre multicolor y recordando su lucha.

En la Mesa era bienvenida la diversidad. Tenían adolescentes, mujeres, hombres, afros. Tenían las puertas abiertas a todos y todas. “Ese fue siempre nuestro accionar” asegura Jhon Restrepo uno de los líderes LGBT y quienes encabezan el proceso de la Mesa. “Casa Diversa no solo es una casa LGBT, es la casa de todas y todos. Estamos en un territorio donde, por ejemplo, la mayoría de la población es afro. Entonces nuestras acciones han sido interseccionales: hablamos de vivienda, de salud, de educación, pero no sólo para personas LGBT, sino en general”, añadió.

En Villa Hermosa, la Mesa empezó a ser más visible y a tener incidencia social. Con tal protagonismo, lamentablemente, no cesaban los ataques y las amenazas contra los miembros de la Casa Diversa continuaban. Y es que por aquel entonces muchos barrios de Medellín se convirtieron en epicentros de batallas, violencia sicarial, y disputas entre grupos armados ilegales.

“Luego de la desmovilización de diferentes frentes y bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005, fueron los grupos postdesmovilización que entraron a regular los barrios de la ladera de Medellín. Entre ellos Los Paisas o La Oficina, conformados a partir de las antiguas milicias coordinadas por Don Berna. Así como los Urabeños, también conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo o Clan Úsuga, quienes bajo el mando de “Don Mario”, lograron atemorizar las regiones del bajo y Medio Atrato, en Chocó, y el departamento de Antioquia. Se estima que el número de miembros (de los grupos ilegales) pasaron a ser 1.120 en 2010 a 3.000 en 2016”, relata el informe Un parche que resiste de Colombia Diversa, en el que se recopila la historia de violencia y de resistencia de la Mesa LGBT en la capital antioqueña.

La diversidad, entonces, estaba amenazada por las armas y el odio. Durante la época de 2011 a 2014, al menos 131 personas con orientaciones o identidades de género diversas fueron asesinadas en Antioquia. De estos, al menos El 78 % fueron cometidos en Medellín. Asimismo, durante este periodo, también asegura el informe, se presentaron el mayor número de amenazas y hechos violentos documentados. Por ejemplo, en 2014, dos jóvenes trans que se dedicaban a la prostitución fueron asesinadas dentro de hoteles en el centro de la ciudad y una tercera, fue asesinada frente a una peluquería.

Durante este lapso, la violencia se recrudeció a tal punto que los líderes de la Mesa ya no podían salir solos a las calles. Les tocaba andar de a grupos de 30, cuenta Jhon Restrepo, uno de los líderes y fundadores de Casa Diversa. Las amenazas, muchas de ellas de muerte, y los atentados sembraron el miedo en los integrantes de la Mesa LGBT y en su proceso de liderazgo. De hecho en agosto de 2011, John, quien ha sido el miembro más visible del colectivo. recibió intimidaciones diciéndole que “le iban a mochar la cabeza”.

Fue tal el terror que se sintieron en aquella época que al menos cuatro líderes sociales LGBT de la zona tuvieron que desplazarse y salir huyendo de Medellín. Esto frenó durante al menos dos años los procesos comunitarios que adelantaba la Mesa. Sin embargo, en 2014, retomaron sus labores y con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Misión de Apoyo al proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y Colombia Diversa, buscó a la Unidad de Víctimas para que reconociera el daño que sufrieron sus integrantes a causa de la violencia.

Dos años después, en enero 2016, marcaron un hito a nivel nacional: fueron reconocidos como Sujetos de Reparación Colectiva y lograron que la Unidad para las Víctimas reconociera que habían sufrido la violencia de manera diferencial a causa de sus orientaciones sexuales e identidades de género diversas; es decir, por ser lesbianas, gais, bisexuales o trans.

Durante casi 20 años Casa Diversa le ha abierto sus puertas a aquellas personas que la violencia, la estigmatización y el odio han querido borrar. Como Yuli Gutiérrez, una de las integrantes de Casa Diversa, que asegura es “un lugar donde todos podamos ser lo que queremos ser”. Sin embargo, los ataques contra ellos continúan, de hecho, en marzo de este año, John Restrepo fue víctima de otro atentado en su contra, y el colectivo ha sido enfático solicitando que se refuercen medidas de seguridad y protección, así como de garantías de no repetición para las víctimas LGBT.


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EL TIEMPO: ‘OEA advierte sobre violencia de grupos armados contra civiles’

23 junio, 2020

Martes, 23 de junio 2020

El acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen siendo factores de riesgo en el país.


La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) informó, en su más reciente informe, de fuertes que, durante el segundo semestre de 2019, los grupos armados ilegales ejercieron contra comunidades y liderazgos sociales.

Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, señaló que es “alarmante la persistencia del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento”, delitos que han impactado fuertemente, y en especial, a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

La MAPP/OEA realizó 1.200 misiones de monitoreo, en las que verificó la continuidad en las expansión y el control territorial de los grupos armados ilegales, situaciones que generaron afectaciones a la población del Bajo Atrato, Alto y Medio Baudó, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Catatumbo, Pacífico nariñense y en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Putumayo.

Además, la Misión advirtió sobre amenazas, hostigamientos, estigmatización, desplazamientos forzados y homicidios contra líderes y lideresas comunales, de derechos humanos, reclamantes de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y autoridades étnicas, en territorios como Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó.

El informe más reciente señala que el acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen siendo escenarios de riesgo en el país y llamó la atención; especialmente, sobre graves afectaciones en contra de los excombatientes que están en proceso de reincorporación.

Al respecto, la MAPP/OPEA exigió a los grupos armados ilegales que cesen todo ataque contra la población civil e instó a las autoridades nacionales y locales a fortalecer la articulación de esfuerzos en favor de la protección y la no repetición de violencias. Así mismo, reiteró su llamado al Gobierno Nacional y al ELN para que continúen en la búsqueda de diálogo.

El informe destacó los impactos positivos que ha traído para la paz la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la activación de los Consejos Territoriales de Paz. Además, valoró la llegada sostenida del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) a los territorios más vulnerables.

Por otro lado la Misión hizo observaciones frente a la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, adjunto a las presiones e incentivos de grupos armados ilegales. Situación que identifican como un desafío frente a la implementación de planes de sustitución voluntaria y confrontaciones derivadas de la erradicación forzosa: “Insistimos en la necesidad de avanzar en la transformación de los territorios; también, en la generación de un diálogo amplio que aborde con determinación todas las dimensiones del fenómeno, en especial los relacionados con la narcoactividad. Es urgente ponerle fin a uno de los impulsores de la violencia en Colombia”, dijo el Jefe de Misión.

Finalmente, la MAPP/OEA reafirmó su compromiso con las comunidades e instituciones para seguir avanzando hacia una paz completa en Colombia.


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