En Cali, mujeres se reconcilian a través del video

Durante dos años, 25 mujeres víctima del conflicto, ex combatientes y de población vulnerable trabajaron en el proyecto ‘Video reconciliación´, en el cual fortalecieron su auto-reconocimiento y empoderamiento. Durante ese tiempo las mujeres produjeron dos cortometrajes. Asimismo, un documental que relata este proceso fue estrenado en el acto de clausura.

La metodología que atravesó todo este trabajo se llama Video Transformación, que consiste en formar a las mujeres en herramientas audiovisuales para producir historias, contar con su propia voz los relatos y trabajar en equipo. De esta manera, las mujeres provenientes de distintos sectores e historias personales se integraron en esta tarea, en la que el video fue una excusa y un espejo para reflexionar sobre ellas mismas y trabajar en el reconocimiento de las demás.

“Como MAPP/OEA nos sentimos honrados de haber acompañado este proceso, que nace de la decisión de mujeres y un conjunto de instituciones para apostarle a la reconciliación individual y grupal”, señaló Daniel Millares, coordinador del área de Justicias de la Misión.

Durante el proyecto las mujeres produjeron dos cortometrajes, participando de su planeación, elaboración del guion, reportería, actuación y grabación. Uno de ellos se llama ‘Una segunda oportunidad’, y trata sobre iniciativas comunitarias de reciclaje en el barrio Llano Verde, de Cali. El segundo audiovisual, ´Mujeres re-existiendo´, aborda la temática de la migración hacia las ciudades y las dinámicas de violencia que enfrentan quienes llegan a las urbes.

En la jornada de clausura, que se realizó el 8 de noviembre en Cali, fue presentado a los asistentes el documental que recoge todo lo que ha sido esta experiencia, y se realizó un conversatorio en el que las mujeres contaron lo que significó para ellas esta propuesta.

“Después de un pasado tormentoso la paz llegó a mi vida. Video-reconciliación me dió oportunidades en mi día a día. Hoy todas somos una sola”, exclamaron al unísono las 25 mujeres en el acto de graduación, en el que fluyeron los abrazos sinceros de amistad, cariño y gratitud.

Este proyecto fue financiado por la Embajada de la República de Corea en Colombia, coordinado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) y apoyado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN), la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Cali y la Ruta Pacífica de las Mujeres.

CARACOL RADIO: “El reto es mantener la percepción positiva que dejó el desarme de las Farc”

La Misión de Paz de la OEA reconoce los avances, pero señala los riesgos por economías ilícitas y grupos armados ilegales que persisten.

El Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos, (MAPP/OEA), Roberto Menéndez, en entrevista con Caracol Radio señaló los resultados que ha tenido el desarme de las Farc especialmente en las regiones.

Sin embargo, advirtió sobre los retos que representa la ausencia del Estado que está apenas llegando con oferta institucional a muchos territorios, donde había gran expectativa por la firma de la paz, pero donde continúan padeciendo el flagelo de la violencia, por actores como los grupos armados que se mantienen, las disidencias de las Farc y las economías ilegales.

 ¿CÓMO OBSERVAN DESDE LA OEA EL RESULTADO DEL DESARME DE LAS FARC?

Hay que posicionar esta pregunta en un contexto general y es que estamos hablando de la valoración de un año sobre el impacto que ha tenido un acuerdo de paz que aspira resolver muchos de los problemas que durante 50 años han ensangrentado al país. Por otra parte transformaciones, cambios que se aspiran concretar con estos acuerdos que tiene unos grados de dificultad, de complejidad y una magnitud muy grande.

Sin estos dos elementos básicos es muy complejo decir lo que uno puede observar apenas en un año de los entre 10 y 15 previstos para la implementación.

Hay logros que debemos destacar por que se viven y se disfrutan en el territorio de los muchos elementos, uno, quizá el más urgente que se había planteado es el desmonte y la desaparición de un actor ilegal armado, que formaba parte de la ecuación de violencia desde hace 50 años .

Casi 12.000 integrantes de las Farc se han registrado y están en proceso de reintegración, han dejado de ejercer la violencia y están en proceso de integrarse a la sociedad, a la vida económica social, cultural y política.

Más de 9.000 armas han salido de circulación, armas que no están amenazando, matando, amedrentando a la población lo que es extremadamente destacable. Entre 700 y 800 caletas de armamento de todo tipo han sido encontradas, vaciadas y sus explosivos desactivados.

Hay un partido político más y un actor armado ilegal menos y eso enriquece la democracia y decrece las posibilidades de mantener las diferencias a través del uso de la violencia que es una aspiración de toda Colombia.

Otros aspectos que son importantes, el andamiaje normativo complejo va por alrededor de 100 normas concretadas, entre ellas varias reformas constitucionales.

Instituciones y políticas se han creado y se han establecido y hay enormes esfuerzos que hemos observado en los territorios de llegada del Estado, territorios que durante tantos años han sido olvidados de sus derechos y aquellos más afectados por la violencia. Hay inversiones y reconocimiento internacional.

Destacamos estos y otros avances y logros. En los territorios es evidente, cuantificar los muertos que no fueron suena desagradable pero si uno imagina un solo colombiano que no haya perdido la vida, que no haya sido despojado, herido, reclutado, extorsionado, uno solo de estos ciudadanos vale la pena y según la dinámica de la guerra son miles los colombianos que no han sido afectados por los avances de estos acuerdos de paz.

¿CÓMO ORGANISMO INTERNACIONAL QUE OPINAN DE LOS TIEMPOS DEL DESARME?

Cuando una sociedad y un pueblo han vivido tantos y tantos años con un armasobre la cabeza no se puede dar el lujo de vivir con un reloj detrás de la cabeza, sentirse amenazado, apurado y presionado por el tiempo. El trascurso del tiempo debe verse en la medida en que uno vea decisión política, avances concretos, el paso del tiempo entonces debe verse como una inversión, no como algo que jala hacia abajo el proceso.

En los territorios lo más importante es como la población percibe los beneficios de la paz, y la irreversibilidad de estos procesos, más allá de los blindajes jurídicos, los ciudadanos del común que durante generaciones han padecido la debilidad del Estado y la violencia de la ilegalidad, aspira a más que urgencias a hechos concretos que le digan que esto está cambiando.

El Estado debe llegar eficazmente a esos territorios con garantías de seguridad efectivas, concretas y visibles, no solo en materia de seguridad, debe llegar con planes y con políticas pero es hora de que la población sienta en el día a día que la escuela, la educación, la justicia y la infraestructura están llegando. Si eso no lo viven las poblaciones día a día los logros van a correr un riesgo de sustentabilidad y de penetración en donde deben tener.

 ¿CUÁL HA SIDO EL IMPACTO REAL DEL DESARME EN LOS TERRITORIOS QUE ACOMPAÑA LA MAPP-OEA?

Sin duda, ha habido una percepción inicial extremadamente positiva, el hecho de que las comunidades vean a los miembros de las Farc concentrados, en grupo hacia los diferentes puntos de ubicación, verlos dejar las armas, la cotidianidad de estas personas no haciendo violencia, educándose, capacitándose y conviviendo, ha generado un salto hacia delante y una mirada esperanzadora.

Sin embargo, es un proceso complejo, no solo estaban las Farc en los territorios y no solo estaba la ausencia del Estado. A medida que se avanza positivamente, también los territorios y otros grupos se han reconfigurado, en la misma manera en que las Farc han dejado el territorio o están con una modalidad cívica, también otros grupos armados ilegales que ya estaban y que se han fortalecido han llegado a esos territorios.

Grupos que habían estado históricamente y se habían trasladado han regresado, economías ilícitas que alimenta y perpetua estos grupos armados ilegales persisten en los territorios porque todavía no hay suficiente control, garantías de seguridad, ni el Estado se ha instalado allí.

Más los grupos residuales o disidentes de las mismas Farc han generado en algunos lugares y en algunas comunidades esa sensación de que la percepción positiva inicial empieza a frenarse, porque lo que esperaban un cambio definitivo de vida no lo ha terminado siendo.

Porque llegan estos grupos, porque pretende dejar de cultivar la coca y pasar a una actividad lícita y no se lo permiten, de golpe los asesinan, etcétera.

Esto es una realidad en muchos territorios, pero también es una realidad que muchos territorio que estaban bajo zozobra con las Farc hoy ya no lo están, hay mucho territorio en Colombia donde no hay conflicto armado, no hay guerra. No podemos dejar de ocultar que también en otros tantos territorios no se ha podido consolidar la percepción de que la paz está llegando y está cambiando la vida cotidiana.

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EL ESPECTADOR: “¡La paz sin las mujeres, no va!”

Las voces de 2.500 mujeres, en 11 departamentos del país, se unieron para pedirles al Eln y al Gobierno que incluya de manera transversal el enfoque de género en sus negociaciones. En cada ciudad se sentaron el pasado 1° de junio, para construir propuestas que llevarán a La Habana bajo la bandera de la equidad y la paz.

Una a una, las manos de las 500 mujeres que estaban en el coliseo de la Universidad del Valle en Santander de Quilichao se unieron y se levantaron, para acompañar las voces que al unísono exclamaban que la paz sin las mujeres no es posible. Ese fue el mensaje que les enviaron a las delegaciones del Eln y del Gobierno en La Habana, con quienes hablaron vía streaming el pasado 1° de junio.

El cuadro de mujeres organizadas, con la bandera de la paz, lo conformaban indígenas, afrocolombianas, campesinas, académicas, políticas, jóvenes, trans, lideresas y mujeres de la ciudad, de todas las edades y costumbres. Iban con sus hijos e hijas, algunas con sus esposos. Otras eran las organizadoras de este diálogo, que estaba replicándose en gran parte del país al mismo tiempo. Ese viernes, 2.500 mujeres en total, en 11 departamentos de Colombia, estaban construyendo propuestas para llevarlas a la mesa de diálogos de La Habana con el Eln.

Antioquia, Arauca, Bogotá, Atlántico, Boyacá, Cauca, Chocó, Huila, Quindío, Tolima y Nariño fueron los escenarios para la difícil tarea de hacer un diálogo nacional, para construir la agenda de paz territorial, para hacer pedagogía sobre la negociación actual con el Eln y el seguimiento a la implementación del proceso con las Farc.

La iniciativa, llamada Juntanza de Mujeres Conectadas con la Paz, nació con dos metas muy claras: lograr la participación de las mujeres en la implementación del Acuerdo Final con las Farc y gestionar la Comisión de Género en la actual mesa de negociación con el Eln. Estos diálogos territoriales fueron parte de una estrategia que comenzó el pasado 18 de mayo, con la visita de la Cumbre Nacional de Mujeres y la Juntanza de Mujeres a las delegaciones del Eln y el Gobierno en La Habana para darles un taller sobre enfoque de género.

La camiseta para defender la paz

La capacidad organizativa en el Cauca no se pone en duda. La presencia de 500 mujeres en el campus de la Universidad del Valle en Santander de Quilichao lo demuestra. Fue la región con más asistentes, a pesar de que en la zona se están presentando de nuevo hostigamientos y amenazas de grupos armados residuales, paramilitares o disidencias de las Farc.

Eso no las detuvo para llegar en chivas desde las veredas de Cajibío, Caloto, Inzá, Toribío, Caldono o Buenos Aires. Muchas llegaron con chalecos y pañoletas alusivas a la organización de mujeres de su región. Y según los cálculos de la Juntanza de Mujeres, la plataforma que convocó este diálogo nacional, estuvieron ahí cerca de 50 organizaciones indígenas, campesinas, sindicales y raizales.

En este encuentro, las mujeres “se pusieron la camiseta para defender la paz”. Desde las ocho de la mañana empezaron a llegar en grupos y cada una recibía una camiseta blanca que podían pintar. Minutos después, el centro del coliseo se pintó de blanco y se dio inicio al encuentro con el saludo de la Embajada de Suecia, el Centro Fokus y la Mapp-OEA, organizaciones que han apoyado con recursos financieros, logísticos y pedagógicos el diálogo nacional de la Juntanza de Mujeres.

Las 500 asistentes en Cauca se distribuyeron en ocho mesas de discusión para construir entre todas las propuestas que llevarán en dos semanas a La Habana. Educación para la paz, inclusión de la juventud, el mecanismo de participación en los diálogos con el Eln, paridad política, aprendizajes del proceso de paz con las Farc, ordenamiento territorial, una vida libre de violencias hacia la mujer, economía de las mujeres y protección a los líderes y lideresas sociales fueron los grandes temas de discusión.

Los hombres que fueron, participaron en su gran mayoría en la mesa de líderes sociales y jóvenes. Mujeres trans llegaron a la mesa sobre violencia contra la mujer y población LGBTI; indígenas y campesinas discutieron el ordenamiento territorial desde el punto de vista de las mujeres, la protección al medio ambiente y la educación con enfoque de género y étnico. Al final, las propuestas quedaron consignadas en ocho pliegos de cartulina en forma de camiseta que horas después compartieron entre todas en el Parque Francisco de Paula Santander, en el centro del municipio.

Allá llegaron de nuevo en chivas hacia las tres de la tarde. El parque se llenó de folclor al ritmo de chirimía. Las mujeres bailaron, ante los ojos de otros espectadores del pueblo, en esa soleada tarde en el parque. Grupo a grupo fueron leyendo sus propuestas, se escucharon arengas y aplausos al finalizar el encuentro. Todo el municipio supo entonces que allí se estaban construyendo salidas de paz. Falta que el país entero también lo sepa.

Mujeres unidas en Colombia

La Juntanza de Mujeres es una articulación de más de 24 organizaciones en todo el país, unidas para defender el Acuerdo Final con las Farc y participar en los diálogos con el Eln. Se conformó en 2017 y desde entonces ha buscado incidir en ambos procesos.

En mayo de este año realizaron dos actividades con este fin. La primera fue el taller de género que, junto con la Cumbre Nacional de Mujeres, hicieron con las delegaciones del Gobierno y el Eln en Cuba el 18 y el 19 de mayo. La segunda fue un encuentro en Barrancabermeja, también el 18 de mayo, para hacer el lanzamiento oficial de los diálogos territoriales que se llevaron a cabo el viernes pasado.

Cada uno de los 11 departamentos donde se realizó el encuentro manejó con autonomía las actividades para acercar a las mujeres, pero lo que sí se mantuvo en común fue la discusión de las propuestas, el balance de la negociación con el Eln y la transmisión en vivo con el equipo negociador de Cuba.

En Duitama (Boyacá), por ejemplo, hicieron un mural en el que las asistentes dibujaron sus compromisos para que los diálogos de paz avancen y un ritual de hermandad entre las mujeres. En Bogotá, en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, se presentaron Daira Quiñones, cantadora del Pacífico, y el grupo Naturaleza Suprema. Y en Neiva se presentaron la obra Cuerpaz y el grupo de danza contemporánea Gioconda.

En total, fueron 2.500 las mujeres que participaron en el diálogo nacional. En Saravena (Arauca) se reunieron 350 y en Bogotá 210.

Cada ejercicio no solo sirvió para pensar la construcción de una paz completa en Colombia, sino que también fue un logro político para las mujeres, quienes además hicieron un llamado a la unión en medio de la polarizada campaña electoral a la Presidencia.

“Lo fundamental que queremos impulsar con esta Juntanza es la posibilidad de que se avance lo más lejos posible en la mesa de diálogos con el gobierno de Juan Manuel Santos para poder entregar la negociación en un punto que sea irreversible para el próximo gobierno”, resaltó Marta Restrepo, vocera nacional de la Juntanza de Mujeres e integrante de la Asamblea Permanente de Mujeres en Medellín.

El turno de las mujeres en La Habana

Para Diana Granados, líder de la Juntanza en Cauca e integrante de Mujeres Diversas y Corporación Ensayos, el principal problema es que la sociedad no conoce en qué consiste la agenda de negociación con el Eln por falta de pedagogía.

“Las mujeres estamos en la disposición de participar. Creemos que este proceso debe tener una estrategia pedagógica más fuerte, y ahí hacemos un llamado a la mesa de negociaciones para que las mujeres también sean informadas de qué está pasando y qué se está negociando. Eso nos parece fundamental”, aseguró.

Por eso, la gran expectativa del encuentro nacional era la videoconferencia con las delegaciones del Eln y el Gobierno desde Cuba. Hubo mucha preparación entre todas las mujeres de la Juntanza para que la transmisión se viera en directo en las 11 regiones. Se decidió mandarles un cuestionario sobre la participación de las mujeres en el proceso y la creación de la Comisión de Género en esta negociación para evitar las intervenciones desde Colombia, por el número tan grande de asistentes y las dificultades que podría traer la conexión vía streaming.

“Queremos decirles a los elenos que paren los fusiles, que cantemos al son de otro bolero, que seamos más conscientes de la realidad que hoy vive Colombia, que hay que ser más solidarios con los acuerdos de paz ya escritos. Que se junten a este diálogo nacional para deponer las armas”, exclamó Dora María Chamorro, directora de Ecofeminizarte y Voces de Mujeres en Cali, y asistente al diálogo nacional en Cauca.

Ella, al igual que el resto de mujeres reunidas en todo el país, estaba a la espera de las respuestas que venían de La Habana. La videoconferencia se logró al mediodía con la delegación del Eln. El Gobierno, por factores de tiempo, decidió enviar un video con las respuestas.

Silvana Guerrero, Consuelo Tapias e Isabel Torres, del Eln, se conectaron al evento. Las tres aseguraron que los diálogos están marchando alrededor del cese bilateral del fuego y del mecanismo de participación de la sociedad, y que esperan tener un borrador de este tema al finalizar este ciclo. También aseguraron que las mujeres están priorizadas en la negociación y que están buscando que el nuevo cese bilateral del fuego tenga claro el grado de afectación que tiene el conflicto armado en ellas.

Angélika Rettberg y Socorro Ramírez, de la delegación del Gobierno, se comprometieron en el video a trabajar el enfoque de género de manera trasversal en la agenda de negociación. “Estamos buscando un cese bilateral cualitativamente mejor, con un impacto diferenciado, que tenga en cuenta las necesidades y particularidades de las mujeres y distintos sectores de la sociedad”, manifestaron. De igual forma, les pidieron a las organizaciones que sigan acompañando el proceso para medir el alcance del enfoque de género en la implementación.

Si bien no fueron puntuales en sus compromisos, Diana manifestó sentirse satisfecha con la buena disposición a escucharlas y recibir las propuestas que resultaron de la Juntanza. Ahora está segura de que las mujeres salieron emocionadas porque su participación es un logro en la construcción de la democracia y la defensa de los derechos humanos en el país.

“Hicimos un manifiesto de nuestra decisión absoluta de decirle sí a la paz”, resaltó Marta, “y reiteramos la necesidad de luchar por la transformación que este país necesita. Con nosotras no cuentan para un escenario reversible hacia la guerra y la confrontación armada. Cuentan para lograr la paz”, concluyó.

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EL ESPECTADOR: La situación en el Catatumbo “es una violación al Derecho Internacional Humanitario”: OEA

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación por la situación vivida en el Catatumbo (Norte de Santander) donde continúan los ataques entre los grupos armados ilegales del Eln y una disidencia del Epl. La organización hizo un llamado a los implicados en el conflicto y pidió el cese de los ataques violentos para velar por el respeto a los derechos y la integridad de los habitantes de la zona.

La Organización constató la continuidad de las hostilidades, especialmente en los sitios conocidos como Filogringo, San Pablo, Mesitas y La Primavera, entre otras veredas. En la subregión se denuncian homicidios, desplazamiento forzado y secuestros. Incluso, en el transcurso de esta semana se suspendieron las actividades en las escuelas locales, ya que sería peligroso el tránsito de menores de edad en la zona.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia señaló que el actual paro armado constituye una violación al Derecho Internacional Humanitario, pues se involucra población civil en actos de guerra. De igual forma, las organizaciones comunitarias han manifestado ser víctimas de constantes amenazas a sus líderes.

Por su parte, la disidencia del Epl envió un comunicado el pasado 17 de marzo, en el que informaba que no van a interrumpir las ataques al Eln en el territorio. “Ustedes quisieron llevar nuestras diferencias políticas al plano militar y en el plano militar nos veremos. En el territorio hemos estado y ahí nos quedaremos, cueste lo que nos cueste”. La situación es cada vez peor, tanto así que, el pasado 16 de abril, el gobernador de Norte de Santander decretó una situación de emergencia en la zona.

La Defensoría del Pueblo también se manifestó al respecto. “La reconfiguración de la dinámica armada en el territorio ha conllevado varios hechos de violencia con afectaciones directas sobre la población civil, generando desplazamientos forzados, amenazas, secuestros, confinamiento, restricciones a la movilidad e impidiendo el acceso a bienes y servicios básicos como la salud y la educación”, señaló la entidad.

Finalmente, la Misión de Apoyo confirmó su presencia y seguimiento en el Catatumbo y resaltó las iniciativas de paz y diálogo que las diferentes organizaciones sociales, campesinas e indígenas han promovido a pesar de la grave situación en la que se encuentra en este momento la zona, históricamente enmarcada en el conflicto armado en Colombia.

EL TIEMPO: Mapp-OEA pide a los grupos armados cesar la violencia

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (Mapp-OEA) condenó las graves afectaciones que sufre la población civil de diferentes veredas de El Tarra, San Calixto, Hacari, Teorama, Convención, Sardinata, Tibú y en general del Catatumbo, a raíz de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

“La Misión ha constatado en terreno que las hostilidades entre grupos ilegales continúan y, con ello, las afectaciones a la población civil en Filogringo, San Pablo, Mesitas y La Primavera, entre otras veredas y corregimientos de esta región del Norte de Santander. Además de homicidios, desplazamientos forzados y secuestros, se han generado restricciones a la movilidad y confinamientos de comunidades intimidadas por el accionar de las estructuras ilegales”, señaló en un comunicado.

La Mapp-OEA hizo un llamado a los grupos armados ilegales “a cesar la violencia y a respetar los derechos y la integridad de las comunidades”. “El actual paro armado constituye una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario, al involucrar a la población civil en actos de guerra. Servicios de primera necesidad, como la atención hospitalaria y el funcionamiento de los colegios y escuelas, también se han visto seriamente amenazados y afectados por el accionar de estos grupos. Además, las organizaciones comunitarias han sido amedrentadas y atacadas, lo mismo que sus líderes y lideresas”, agregó.

Agregó que le preocupa que los hechos de victimización continúen o aumenten en el futuro cercano. También preocupa la emergencia social y humanitaria que enfrentan las poblaciones, así como la capacidad local para atenderla de manera oportuna e integral.

La misión hizo un llamado a las instituciones para redoblar los esfuerzos que están adelantando en la zona y al Gobierno para brindar una protección efectiva a la población y garantizar la no repetición de las afectaciones causadas por la violencia y la criminalidad, que históricamente han impactado a estas comunidades.

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EL ESPECTADOR: La OEA expresa su rechazo al atentado en estación de Policía en Barranquilla

Por medio de un comunicado, la organización rechazó a atentado y expresó su solidaridad con familiares de las víctimas y la pronta recuperación a los heridos.

La Organización de Estados Americanos mostró este su “enérgico rechazo” al atentado contra una comisaría de Policía del barrio San José, en la ciudad de Barranquilla, en el norte del país, en el que al menos cuatro policías perdieron la vida.

“Enérgico rechazo a atentado en estación de Policía San José de Barranquilla. Nuestra solidaridad con familiares de las víctimas, y deseo de pronta recuperación a los heridos“, señaló la organización en un comunicado divulgado a través de las redes sociales.

El ataque, que fue causado por un explosivo colocado en uno de los muros de la comisaría, ocurrió cerca de las 06.40 cuando los policías estaban en formación en el patio para el cambio de turno, según explicó el general Mariano Botero, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Las autoridades han informado de la detención de un sospechoso, que fue capturado en las inmediaciones del lugar, a quien se le decomisó un cuaderno y una radio de comunicaciones que podrían haber servido para perpetrar un ataque en el que además 42 personas resultaron heridas.

En estos momentos se investiga si el atentado podría tener relación con un ataque que ocurrió casi en simultánea en un lugar cercano de la ciudad contra un camión de transporte de valores, del cual no se llevaron nada, pero que dejó un vigilante asesinado y dos más heridos.

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EL ESPECTADOR: Misión de paz de OEA en Colombia se amplía hasta 2021

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP / OEA) se extendió hasta finales de 2021. Así quedó establecido en el séptimo protocolo adicional firmado este martes por la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, y el jefe de la Misión, Roberto Menéndez.

La canciller Holguín agradeció el compromiso de la Misión en la construcción de paz en Colombia para estos próximos cuatro años, a la vez que resaltó el trabajo de la organización durante 14 años en el país.

Por su parte, el jefe de la MAPP / OEA, Roberto Menéndez, dijo que se hará especial énfasis en el tema de cultivos ilícitos y la protección de líderes sociales y campesinos que viven en amenaza de diferentes actores armados por los procesos de sustitución. “Con esta nueva firma vamos a continuar haciendo esta tarea que venimos realizando, vamo a seguir priorizando nuestras actividades en aquellos temas que constituyen verdaderos desafíos para la paz”, señaló Menéndez.

El jefe de la misión insitió en que seguirán el trabajo de acompañamiento en temas fundamentales como la situación de comunidades, líderes sociales, comunales y étnicos: “Son afectaciones generadas por grupos ilegales, criminales y aquellos violentos que todavía sumen a Colombia en esta tragedia de la que los colombianos están tratando de salir”.

Las labores de monitoreo de la misión se realizarán de forma directa “en más de 400 centros poblados de 127 municipios y 15 departamentos, con énfasis en zonas rurales, áreas remotas, Consejos Comunitarios, Resguardos y Cabildos indígenas. Para hacerlo, la Misión dispone de 16 oficinas permanentes y un equipo móvil que realiza misiones especiales a lo largo del país”.

Cabe recordar que desde 2004, la MAPP / OEA ha acompañado más de 80.000 víctimas participantes en Justicia  y Paz, a 20.000 desmovilizados en su proceso de reintegración. a 6.000 participantes en proyectos de Construcción de Paz, a  1.600 líderes comunitarios en su reparación integral, y 30 procesos de restitución de tierras y territorios.

La misión tiene tres áreas de trabajo principales:  Dinámicas territoriales de seguridad, con énfasis en el monitoreo a las afectaciones a las comunidades y líderes sociales, y en los conflictos sociales actuales y potenciales; construcción de paz, con énfasis en restitución de tierras, reparación a víctimas y participación; y  Justicia transicional, con énfasis en condiciones carcelarias y armonización entre justicia ordinaria, indígena y transicional.

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EL PAÍS (Cali): “La desmovilización de actores armados no garantiza la paz”

Desde hace más de una década la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA ) trabaja en los territorios más afectados por el conflicto armado, donde ha recogido y visibilizado sus necesidades ante instituciones gubernamentales.

También hace el acompañamiento de comunidades para apoyar el diálogo, la participación y procesos de restitución de tierras y reparación de víctimas del conflicto.

Al frente de la Misión de la MAPP-OEA en Colombia está Roberto Menéndez, quien habla de los alcances de las labores que realizan en el Valle del Cauca, el Pacífico y otras regiones de Colombia.

¿Cuál es el aporte de la MAPP-OEA en el proceso de paz? ¿Qué labores realizan en las regiones?

Desde 2004, por solicitud del Gobierno colombiano, la MAPP-OEA ha acompañado de manera ininterrumpida los esfuerzos de construcción de paz. Nuestro aporte fundamental ha sido estar de forma permanente y solidaria con las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto en los últimos 13 años, recogiendo de manera amplia y plural las percepciones de las poblaciones, visibilizando y trasladando sus demandas a más de 20 instituciones y entregando recomendaciones al Estado a nivel local, regional y nacional. Como organismo internacional también hemos logrado un efecto disuasivo con los violentos en contextos de conflicto.

¿Qué los motivó a abrir una oficina en el Valle del Cauca y qué trabajo desarrollarán en esta región?

Con la nueva oficina de la Misión en Cali queremos potenciar el trabajo que hemos venido haciendo desde nuestras oficinas en Pasto, Tumaco, Popayán y Quibdó. Las acciones que desarrollaremos en el Valle del Cauca tienen relación directa con nuestro mandato, que se centra en el monitoreo de las dinámicas territoriales que generan riesgos y amenazas para la paz, y en el acompañamiento a las víctimas y las comunidades para apoyar el diálogo, la participación y los procesos de restitución de tierras y reparación de víctimas, entre otros.

Buscamos fortalecer el trabajo de monitoreo a las dinámicas del Pacífico, específicamente en Buenaventura. Allí hemos encontrado fenómenos complejos de violencia, criminalidad y conflictividades sociales que deben ser atendidas cuanto antes por el Gobierno.

También buscamos favorecer espacios de diálogo sobre dinámicas humanitarias y participación social para contribuir a la Mesa Pública de Conversaciones entre el Gobierno y el ELN. Esto en el marco del convenio que suscribimos con la Arquidiócesis de Cali, con el apoyo de Suecia.

¿Cómo ve el fenómeno de disidentes en las Farc y el ingreso a bandas criminales?

El riesgo de que los llamados disidentes de las Farc terminen en bandas criminales siempre estará latente, pues en muchas de las zonas de las que salió esta guerrilla se siguen identificando contextos de ilegalidad vinculados netamente al control de economías ilegales. En este sentido, es posible que a mediano o largo plazo dichas disidencias terminen convertidas en bandas criminales o en oferta criminal disponible para delinquir al mejor postor.

El gran temor de las Farc es que los asesinen, de hecho ya ha ocurrido con excombatientes. ¿Qué se puede hacer para evitar eso?

Esta es una situación lamentable y preocupante que la Misión ha venido monitoreando con la mayor atención. Sin embargo, en este tipo de procesos es común que cuando una fuerza beligerante se desmoviliza después de tantos años de confrontación exista toda una serie de factores de riesgo que pueden tener varios autores y motivaciones, como venganzas, represalias o estigmatizaciones.

Lo ideal es que los miembros de las Farc puedan desarrollar su proceso de reincorporación a la vida civil con el máximo de garantías de seguridad y sin preocupaciones de que puedan ser asesinados, amenazados o intimidados. El Gobierno deberá propender para que los lugares de reincorporación colectiva o individual sean concebidos como entornos seguros donde, en lo posible, no existan tentaciones o distractores que acerquen a los desmovilizados nuevamente a la ilegalidad.

Cada vez es más evidente que uno de los mayores retos de la reincorporación de las Farc se relaciona con la marcada estigmatización y afectaciones de las que también están siendo víctimas sus familiares, allegados y antiguos colaboradores. Las garantías de seguridad deben extenderse a ellos, e incluso a funcionarios que participen del proceso.

Si bien es cierto que se firmó la paz con las Farc, que se está implementando, también es cierto que esa paz no se siente en regiones apartadas del Valle y el Pacífico. ¿Qué hacer frente a eso?

En efecto, la experiencia en este y otros procesos evidencia que la desmovilización de actores armados no garantiza la paz. Si bien es cierto que el cese al fuego y la dejación de armas por parte de las Farc ha traído transformaciones positivas, observamos con preocupación que en algunos territorios aún parecen mantenerse las dinámicas violentas.

Este es el caso del andén Pacífico, que durante el último año ha sido escenario de disputas de grupos armados ilegales y donde el riesgo de la población es alto debido a condiciones de aislamiento, a contextos de ilegalidad marcados por el narcotráfico y minería ilegal, y al limitado control del Estado.

Colombia y el Pacífico deben seguir transitando un largo camino que, sin ninguna duda, requiere un mayor y más cercano compromiso del Estado. Este acercamiento debe ser integral, no solo mejorando las condiciones de seguridad y justicia, sino la vida de las comunidades a través de planes de desarrollo, productividad y solución de necesidades básicas insatisfechas, como salud, educación y vías. Esto también implica desincentivar los contextos de ilegalidad a los cuales están aferrados o forzados grandes núcleos poblacionales, como campesinos cocaleros o mineros.

¿Qué opinión le merece la situación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país?

La situación de seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país es compleja. Es motivo de alarma que los liderazgos que están visibilizando las afectaciones de sus comunidades y que propenden por la reclamación de derechos, tanto de necesidades básicas insatisfechas como en el marco del proceso de paz, sean de los más afectados a través de homicidios, amenazas y estigmatización.

Valoramos los esfuerzos del Gobierno para desmovilizar grupos armados ilegales y combatir estructuras criminales, pues ha generado cambios palpables en materia de derechos humanos. No obstante, y como parte de la Comisión Nacional de Garantía de Seguridad, hemos instado al Gobierno a reforzar medidas efectivas y coordinadas de prevención, protección, seguridad e investigación, que se adapten a territorios rurales y a las necesidades de los líderes comunales, étnicos, campesinos y sociales.

¿Cómo analiza la situación frente a la los cultivos ilícitos? ¿Es suficiente la sustitución que ustedes han venido acompañando para facilitar acuerdos en las regiones?

En regiones como Putumayo, Cauca, Nariño y Bolívar, la Misión ha venido acompañando algunas socializaciones del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), con el fin de incentivar la participación y formulación de propuestas por parte de las comunidades, cuyos aportes deben ser tenidos en cuenta para el éxito del proceso.

Los esfuerzos que Colombia viene adelantando permiten dar pasos importantes hacia la solución del problema de las drogas. Pero dada la complejidad del fenómeno, su abordaje debe ser integral, articulando por ejemplo la sustitución con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, involucrando a todo el Estado y atendiendo las dinámicas de los territorios.

Es fundamental que el Estado siga afinando las estrategias para apuntar los eslabones más gruesos de la cadena, como los cristalizaderos, grupos narcotraficantes y estructuras de lavado de activos, que es donde finalmente se concentran los grandes recursos de esa economía.

¿Cuál es el panorama que ustedes tienen de las bandas criminales?

Aunque la MAPP-OEA reconoce un esfuerzo consistente y metódico de parte del Estado desde 2006 para desarticular estas estructuras, el fenómeno sigue existiendo en varias regiones y afectando a diversos sectores de la población. De hecho, la Misión ha identificado a estos grupos como uno de los victimarios o fuente de afectación de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.

El panorama de las bandas criminales debe entenderse de acuerdo al contexto particular de cada región donde delinquen. Aún así, hemos identificado que estos grupos están cada vez más fragmentados y desarrollan diferentes modus operandi.

De acuerdo con lo anterior, ¿cómo están operando esas estructuras?

El Gobierno reconoce tres estructuras principales: Clan del Golfo, Puntilleros, Pelusos o EPL; aunque en varias regiones existen grupos delincuenciales menores que ofertan servicios criminales en función de una retribución económica. Algunas bandas criminales conservan capacidad de desafiar a las autoridades, como aquellos que desarrollaron el ‘plan pistola’ contra la Policía en el norte del país. Otras facciones han desarrollado capacidad de enfrentar a otros actores ilegales, como el Clan del Golfo en el Chocó y el Bajo Cauca antioqueño, donde se enfrentan al ELN por el control geoestratégico del territorio para las economías ilícitas. Otros grupos prestan seguridad a sus jefes, como el Clan del Golfo en el Darién chocoano y el Urabá antioqueño.

Aunque algunas de estas expresiones son locales como los llamados ‘Puntilleros’ en el Meta y Vichada, y los ‘Pelusos’ (EPL) en Catatumbo, Norte de Santander, también hemos identificado que el Clan del Golfo y los ‘Pelusos’ han intentado expandir su presencia a otras zonas del país.
En el sur de la costa Pacífica, específicamente en Valle, Cauca y Nariño, también se percibe una reconfiguración territorial, no solo de bandas criminales, sino de todos los actores ilegales disponibles con posibilidades de efectuar alianzas para fortalecer sus estructuras o facilitar la emergencia de nuevos grupos.

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