Así afectó la covid-19 la implementación del acuerdo de paz con Farc

17 diciembre, 2020

Jueves, 17 de diciembre 2020

Durante la temporada de aislamiento obligatorio para prevenir el contagio de covid-19 se agudizaron las vulnerabilidades en las zonas donde converge el conflicto armado, la criminalidad, la inequidad y la débil presencia estatal.

Esta es una de las principales conclusiones del vigésimo noveno informe semestral que la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) le presentó este miércoles al Consejo Permanente de la Organización.

El documento, que analizó los primeros seis meses de 2020, evidencia los impactos que tuvo la pandemia no solo en las dinámicas de violencia armada en el país, sino también en la implementación del acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las Farc hace cuatro años.

Entre los graves hallazgos que resalta el informe está el aumento de grupos armados ilegales en varios departamentos del país, el reclutamiento forzado de menores (desde los 11 años) por parte de estas estructuras criminales, la violencia contra líderes sociales y excombatientes y la persistencia en la instalación de minas antipersonal, violencias basadas en género, desplazamientos forzados, confinamientos y homicidios.

“La pandemia ha evidenciado los urgentes desafíos que aún persisten en las zonas más apartadas, como son la garantía de derechos, el fortalecimiento de la participación, la priorización de recursos disponibles, la realización de obras y el acceso efectivo a la conectividad y a herramientas digitales”, dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA.

Condiciones de seguridad

El informe pone de relieve cómo, durante el primer semestre del año, y sobre todo desde que se establecieron las medidas de aislamiento, los grupos armados ilegales aumentaron las acciones de control social y presión sobre la población civil y liderazgos sociales para cumplir con las restricciones. De hecho, señala que en municipios del Cauca se registraron asesinatos contra los pobladores que violaron las medidas.

La MAPP también le puso la lupa a las disidencias de las Farc, grupo que durante el primer semestre del año tuvo una mayor actividad bélica, “por encima incluso del Eln, el clan ‘del Golfo’, ‘Los Caparros’ y ‘Los Pelusos’”, dice el documento.

El informe alerta sobre las afectaciones de las disputas territoriales y enfrentamientos entre estos grupos, que han derivado en el desplazamiento forzado o confinamiento de la población civil.

Sin embargo, “valora los esfuerzos y avances del Estado colombiano por mejorar las condiciones de seguridad en los territorios en los que aún se evidencian retos y desafíos para la consolidación de la paz”. En ese sentido, destaca la tendencia decreciente que desde el año 2012 viene registrando el país en cuanto al número de secuestros.

Frente a la dramática situación de ataques contra líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, la MAPP hizo un llamado a la institucionalidad para que persevere en la construcción e implementación efectiva de la Política Pública para la Protección Integral y Garantías para Líderes Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de los derechos humanos.

De igual forma, el informe expone que hasta el 10 de junio de 2020 se presentaron 239 casos de homicidio, tentativa de homicidio o desaparición forzada a reincorporados de las extintas Farc, por lo cual el mecanismo solicitó fortalecer la respuesta institucional a estos ataques y tomar medidas preventivas para eliminar las violencias contra excombatientes.

Estrategias y el sistema de verdad, justicia y reparación

El informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz también le hizo un riguroso seguimiento a las políticas y estrategias que se han implementado para transformar los territorios afectados por el conflicto.

Al respecto, el mecanismo destacó que, durante el primer semestre del año, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) lograron avanzar en el catastro multipropósito, la adjudicación y formalización de tierras a campesinos y las obras de infraestructura, sin desconocer que sigue siendo un desafío lograr que mejore la percepción de las comunidades respecto del avance de los programas.

La MAPP también resaltó la reducción de los cultivos de uso ilícito entre 2018 y 2019, pero hizo un llamado a no descuidar la implementación del PNIS, programa de sustitución voluntaria al que se acogieron 100.000 familias de cultivadores de coca.

Por otra parte, la Misión le tomó el pulso al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), conformado por la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Sobre este tema, subrayó los avances del sistema para verificar el cumplimiento del régimen de condicionalidad de los comparecientes, entre sus mecanismos judiciales y extrajudiciales, así como el esfuerzo de las tres entidades para mantener el ritmo de sus funciones durante la pandemia.

En el marco de la presentación del informe, Menéndez le hizo un llamado al país para hacer sinergias que faciliten la implementación: “Invitamos a los colombianos y colombianas a acercar posiciones, alcanzar y materializar acuerdos, con los efectos transformadores que la realidad exige. La paz completa demanda unidad en la diversidad”.


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Grupos armados impiden desminado humanitario: MAPP-OEA

16 diciembre, 2020

Miércoles, 16 de diciembre 2020

Según el más reciente informe de la Misión de Apoyo a la Paz, que se entregó hoy al Consejo Permanente, en Cauca y en Caquetá han terminado expulsando a los operadores civiles que se encargan de esta labor. El documento presenta un crudo balance sobre la violencia en las regiones, aunque también destaca los avances en el punto de la reforma rural del Acuerdo de Paz.

Para levantar las minas antipersonales en territorio colombiano existen únicamente cinco operadores civiles de desminado humanitario. Halo Trust, organización inglesa, es uno de esos operadores y desde 2013 ha adelantado acciones de desminado en varios departamentos del país. Sin embargo, en el primer semestre de este año, grupos disidentes de las antiguas Farc presentes en la región del Naya, específicamente en Buenos Aires (Cauca), impidieron que ese operador avanzara en su tarea de desminado a través de amenazas directas y su personal tuvo que salir del territorio, pese a que contaban con autorización de las comunidades indígenas para desarrollar esa labor.

No es el único caso en que grupos armados han impedido el desminado humanitario. En Caquetá, en los municipios de Milán y San Vicente del Caguán, dos de esos operadores se retiraron definitivamente de la región por las reiteradas amenazas de disidencias de las Farc. La denuncia sobre la obstrucción de esos grupos a la labor del desminado en Colombia está incluida en el más reciente informe semestral que hizo la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) – Mapp-OEA – y que presentó este miércoles ante el Consejo Permanente.

El documento detalla la situación de violencia que se vive en varias regiones del país y revisa algunos asuntos fundamentales de la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, devela un crudo panorama de la guerra, que se recrudeció durante la pandemia del COVID-19 y aún más en medio de las medidas de aislamiento implementadas para combatirlo. El documento fue construido por la Mapp-OEA con base en 495 misiones en terreno, en 404 centros poblados de 159 municipios de 18 departamentos del país; así como de 3.561 monitoreos y acompañamientos virtuales en 257 centros poblados de 154 municipios de 16 departamentos, ejecutados entre el primero de enero y el 30 de junio de este año.

En ese reporte, la Mapp-OEA rastrea a los distintos grupos armados en las regiones en las que tienen presencia y asegura que las disidencias de las Farc registraron “una mayor actividad bélica de confrontación y consolidación territorial, por encima incluso del Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, los Caparros y el Epl”. En la costa pacífica nariñense, por ejemplo, esas estructuras están atomizadas y fragmentadas, debido en buena medida por la captura o muerte de sus líderes, como ocurrió en febrero de 2020 con ‘Contador’ o la muerte de ‘Mario Lata’ en mayo de 2020En Roberto Payán, Maguí Payán y Tumaco, el Frente Alfonso Cano se identifica como una facción surgida de rupturas al interior del Frente Oliver Sinisterra.

Los enfrentamientos entre esas estructuras disidentes han generado desplazamientos y confinamientos masivos de comunidades campesinas, afro e indígenas en esa región del país. Pero en otras zonas, dice el documento, las confrontaciones han venido de otros actores. En la zona del río Baudó, en Chocó, la disputa es entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas; en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba es entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparros; en el Catatumbo es entre el Eln y el Epl; en el Cauca hay enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln, y en la zona de frontera de Norte de Santander la disputa es entre el Eln y los Rastrojos.

El informe sostiene que en esos escenarios ha aumentado la instalación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados. Según el documento, en Antioquia, Chocó y Nariño el incremento se debe a la confrontación entre los grupos armados, mientras que en otros departamentos, como Cauca y Putumayo, se utiliza como estrategia para proteger los cultivos de uso ilícito. Así también ocurre en municipios antioqueños, como Tarazá e Ituango, donde miembros de la Fuerza Pública murieron en medio de labores de erradicación forzada de los cultivos.

En el Catatumbo y en la zona rural de Cúcuta, por la confrontación entre Eln y Epl, los grupos instalan minas antipersonales para impedir acciones del contrario o de la Fuerza Pública, lo que ha generado desplazamientos de la población en Sardinata.

“En el caso de territorios colectivos pertenecientes a comunidades indígenas, estas prácticas restringen su movilidad y el ejercicio de sus usos y costumbres, siendo Antioquia uno de los departamentos más afectados. En el municipio de Dabeiba estas afectaciones han impactado a las comunidades indígenas en el acceso a alimentos y el libre desarrollo de sus actividades cotidianas; mientras que en el Resguardo Murrí Pantano del pueblo Embera Ayábida del municipio de Frontino, dos menores de edad fueron víctimas de accidente por MAP”, se lee en el informe.

Sin embargo, el documento también destaca el trabajo que ha adelantado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en materia de desminado de los territorios. Reconoce que durante el periodo de análisis del informe esa oficina incentivó la inclusión de la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (Aicma) en los planes de desarrollo departamentales y municipales, así como en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además, resalta que en ese lapso se acreditaron 11 asociaciones y organizaciones étnicas y de sobrevivientes de accidentes con minas.

La pandemia incrementó el reclutamiento

El informe confirma que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) continúa dentro del accionar de todos los grupos armados. En el caso de las disidencias de las Farc, reclutaron menores en Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Guaviare y Meta. “De manera particular, preocupa que los grupos disidentes de las Farc abordan a NNA desde los 11 años y, en algunos territorios, han iniciado procesos de censo y control para ubicar con facilidad y llevar un registro con el fin de vincularlos a sus estructuras”. Esa situación, según el documento, ocurre en Vistahermosa (Meta), donde las disidencias han empezado a ‘carnetizar’ a los menores para llevar un registro de aquellos que tengan entre 14 y 18 años.

El Eln ha hecho lo propio en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira y Arauca. “En este último, su estrategia ha sido aprovechar la coyuntura de aislamiento obligatorio para entregar mercados, y aprovechar el cierre de las escuelas, que funcionaban como espacios protectores para los NNA, para convencerlos de unirse a sus filas.”

En las regiones en que esa guerrilla mantiene confrontaciones con las AGC, entre Antioquia y Chocó, ambos grupos han vinculado a menores de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas para que participen directamente de los combates. El informe llama la atención específicamente sobre la instrucción dada por esos grupos a los menores para que instalen minas antipersonales en sus propios territorios, “situación que les ha causado accidentes ante su falta de experticia en el manejo de explosivos”. Así ocurrió con una menor indígena de 16 años, que perdió sus manos instalando una mina en Murindó (Antioquia), denuncia el informe.

Según las fuentes consultadas en el documento, “los NNA reclutados son trasladados a otros territorios para evitar que sus comunidades intercedan ante los grupos armados ilegales, donde son utilizados en actividades de transporte de estupefacientes y son usados como escudo en los anillos de seguridad de los comandantes de las estructuras”.

Mapp-OEA resaltó avances en los PDET

En contraste con el crudo balance que hace el documento de la situación de violencia en varias regiones, también se evidencia los avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el primer punto del Acuerdo de Paz. “Por primera vez en la implementación del Acuerdo Final, mediante la Hoja de Ruta Única se dio la oportunidad de alinear, en el nivel departamental y municipal de gobierno, los ejercicios de planificación pública producto del proceso de construcción participativa de los PDET. Ajustes normativos, institucionales y financieros como el OCAD-Paz u obras por impuestos, realizados en años anteriores para garantizar la implementación y seguimiento de los programas, están posibilitando que estos programas avancen”, exalta la Mapp-OEA.

En medio de esa implementación el documento hizo énfasis en que las ‘obras PDET’ se han contratado con las Juntas de Acción Comunal y han sido ejecutadas por las propias comunidades, lo que fortalece su papel activo en la transformación territorial. “La participación de las comunidades en la construcción de estas obras brinda mayor legitimidad a las acciones de la institucionalidad, impactando estratégicamente en la percepción de avance en la construcción de paz”.

Especialmente, la Mapp-OEA reconoce la labor de la Consejería para la Estabilización y de la Agencia de Renovación del Territorio, en medio de la pandemia. Según el documento, esas instituciones lideraron “una reacción rápida como medida de mitigación dirigida a consolidar la percepción de presencia institucional en momentos de crisis; impulsar la apropiación de los PDET por parte de mandatarios y mandatarias departamentales y municipales y promover la incorporación de las iniciativas que componen los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) en los planes departamentales y municipales de desarrollo con vigencia para los próximos 4 años”.


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EL ESPECTADOR: ‘Casa Diversa: un lugar de resistencia LGBT en la Comuna 8 de Medellín’

12 noviembre, 2020

Jueves, 12 de noviembre 2020

La lucha de la Mesa LGBT por defender la diversidad en su comuna y hacer visible la diversidad sexual en medio del conflicto armado inspiró la fábula “Un refugio para todos”, que podrá encontrar este viernes con el periódico El Espectador. Aquí la historia de este colectivo que lleva casi 20 años resistiendo a la violencia y la estigmatización.

Tras ataques recurrentes y violencias, un grupo de hormigas doradas tuvieron que huir de su hábitat natural por el miedo. Llegaron a un hormiguero donde no fueron bienvenidas por las otras hormigas. Sufrieron de discriminación y hasta ataques físicos, pero como no tenían más alternativa, decidieron quedarse.

Mientras esto pasaba, una hormiga alada se dio cuenta de que algo andaba mal, porque todas merecían ser aceptadas y respetadas, sin importar sus diferencias. Como la situación se iba complicando cada vez más, la hormiga alada decidió buscar una cueva y adecuarla para que las hormigas que alguna vez habían sido discriminadas, atacadas o heridas por ser diferentes a las otras, tuvieran un lugar seguro para refugiarse. ¿Cómo lo logró?

Así comienza la séptima fábula de esta nueva temporada de “¡De Otra Manera!”, llamada “Un refugio para todos”. Esta fábula está inspirada en el proceso de liderazgo de la Mesa LGBT de la Comuna 8 de Medellín, hasta consolidar el colectivo Casa Diversa, que fue el primer colectivo LGBT sujeto de Reparación Colectiva en Colombia. Pero para llegar ahí pasaron por un proceso largo y un camino labrado por la violencia que dejó muchas heridas.

Desde comienzos de los años 2000, los grupos armados ilegales con influencia en la zona centroriental de Medellín, especialmente grupos paramilitares y bandas criminales, comenzaron a intimidar y estigmatizar a las personas LGBT que habitaban la zona. Esto se agravó cuando a ellos se les prohibió salir a las calles, atender a eventos públicos y, además, fueron víctimas de ataques físicos, desplazamiento forzado y violencia sexual.

Con este panorama de violencia que cada vez arrinconaba a las personas LGBT, John Restrepo, uno de los líderes LGBT de la región decidió que no podían callar más y en 2006 junto a otros habitantes de la Comuna se reunieron y conformaron la Mesa LGBT, que fue la semilla de Casa Diversa. Empezaron 12 integrantes y en su mejor momento llegaron a ser 33. Construyeron ladrillo a ladrillo la sede de la Casa, pintaron las paredes con los materiales que les donaban, eso sí no podían faltar los seis colores de la bandera LGBT. Siempre multicolor y recordando su lucha.

En la Mesa era bienvenida la diversidad. Tenían adolescentes, mujeres, hombres, afros. Tenían las puertas abiertas a todos y todas. “Ese fue siempre nuestro accionar” asegura Jhon Restrepo uno de los líderes LGBT y quienes encabezan el proceso de la Mesa. “Casa Diversa no solo es una casa LGBT, es la casa de todas y todos. Estamos en un territorio donde, por ejemplo, la mayoría de la población es afro. Entonces nuestras acciones han sido interseccionales: hablamos de vivienda, de salud, de educación, pero no sólo para personas LGBT, sino en general”, añadió.

En Villa Hermosa, la Mesa empezó a ser más visible y a tener incidencia social. Con tal protagonismo, lamentablemente, no cesaban los ataques y las amenazas contra los miembros de la Casa Diversa continuaban. Y es que por aquel entonces muchos barrios de Medellín se convirtieron en epicentros de batallas, violencia sicarial, y disputas entre grupos armados ilegales.

“Luego de la desmovilización de diferentes frentes y bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia en 2005, fueron los grupos postdesmovilización que entraron a regular los barrios de la ladera de Medellín. Entre ellos Los Paisas o La Oficina, conformados a partir de las antiguas milicias coordinadas por Don Berna. Así como los Urabeños, también conocidos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Clan del Golfo o Clan Úsuga, quienes bajo el mando de “Don Mario”, lograron atemorizar las regiones del bajo y Medio Atrato, en Chocó, y el departamento de Antioquia. Se estima que el número de miembros (de los grupos ilegales) pasaron a ser 1.120 en 2010 a 3.000 en 2016”, relata el informe Un parche que resiste de Colombia Diversa, en el que se recopila la historia de violencia y de resistencia de la Mesa LGBT en la capital antioqueña.

La diversidad, entonces, estaba amenazada por las armas y el odio. Durante la época de 2011 a 2014, al menos 131 personas con orientaciones o identidades de género diversas fueron asesinadas en Antioquia. De estos, al menos El 78 % fueron cometidos en Medellín. Asimismo, durante este periodo, también asegura el informe, se presentaron el mayor número de amenazas y hechos violentos documentados. Por ejemplo, en 2014, dos jóvenes trans que se dedicaban a la prostitución fueron asesinadas dentro de hoteles en el centro de la ciudad y una tercera, fue asesinada frente a una peluquería.

Durante este lapso, la violencia se recrudeció a tal punto que los líderes de la Mesa ya no podían salir solos a las calles. Les tocaba andar de a grupos de 30, cuenta Jhon Restrepo, uno de los líderes y fundadores de Casa Diversa. Las amenazas, muchas de ellas de muerte, y los atentados sembraron el miedo en los integrantes de la Mesa LGBT y en su proceso de liderazgo. De hecho en agosto de 2011, John, quien ha sido el miembro más visible del colectivo. recibió intimidaciones diciéndole que “le iban a mochar la cabeza”.

Fue tal el terror que se sintieron en aquella época que al menos cuatro líderes sociales LGBT de la zona tuvieron que desplazarse y salir huyendo de Medellín. Esto frenó durante al menos dos años los procesos comunitarios que adelantaba la Mesa. Sin embargo, en 2014, retomaron sus labores y con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Misión de Apoyo al proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA) y Colombia Diversa, buscó a la Unidad de Víctimas para que reconociera el daño que sufrieron sus integrantes a causa de la violencia.

Dos años después, en enero 2016, marcaron un hito a nivel nacional: fueron reconocidos como Sujetos de Reparación Colectiva y lograron que la Unidad para las Víctimas reconociera que habían sufrido la violencia de manera diferencial a causa de sus orientaciones sexuales e identidades de género diversas; es decir, por ser lesbianas, gais, bisexuales o trans.

Durante casi 20 años Casa Diversa le ha abierto sus puertas a aquellas personas que la violencia, la estigmatización y el odio han querido borrar. Como Yuli Gutiérrez, una de las integrantes de Casa Diversa, que asegura es “un lugar donde todos podamos ser lo que queremos ser”. Sin embargo, los ataques contra ellos continúan, de hecho, en marzo de este año, John Restrepo fue víctima de otro atentado en su contra, y el colectivo ha sido enfático solicitando que se refuercen medidas de seguridad y protección, así como de garantías de no repetición para las víctimas LGBT.


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EL TIEMPO: ‘OEA advierte sobre violencia de grupos armados contra civiles’

23 junio, 2020

Martes, 23 de junio 2020

El acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen siendo factores de riesgo en el país.


La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) informó, en su más reciente informe, de fuertes que, durante el segundo semestre de 2019, los grupos armados ilegales ejercieron contra comunidades y liderazgos sociales.

Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, señaló que es “alarmante la persistencia del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, así como la instalación de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, el secuestro, la violencia sexual, el confinamiento y el desplazamiento”, delitos que han impactado fuertemente, y en especial, a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.

La MAPP/OEA realizó 1.200 misiones de monitoreo, en las que verificó la continuidad en las expansión y el control territorial de los grupos armados ilegales, situaciones que generaron afectaciones a la población del Bajo Atrato, Alto y Medio Baudó, Bajo Cauca, Sur de Córdoba, Sur de Bolívar, Catatumbo, Pacífico nariñense y en los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Meta, Guaviare, Valle del Cauca y Putumayo.

Además, la Misión advirtió sobre amenazas, hostigamientos, estigmatización, desplazamientos forzados y homicidios contra líderes y lideresas comunales, de derechos humanos, reclamantes de tierras, promotores de la sustitución de cultivos ilícitos y autoridades étnicas, en territorios como Cauca, Antioquia, Caquetá, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y Chocó.

El informe más reciente señala que el acceso a la tierra y la defensa del territorio siguen siendo escenarios de riesgo en el país y llamó la atención; especialmente, sobre graves afectaciones en contra de los excombatientes que están en proceso de reincorporación.

Al respecto, la MAPP/OPEA exigió a los grupos armados ilegales que cesen todo ataque contra la población civil e instó a las autoridades nacionales y locales a fortalecer la articulación de esfuerzos en favor de la protección y la no repetición de violencias. Así mismo, reiteró su llamado al Gobierno Nacional y al ELN para que continúen en la búsqueda de diálogo.

El informe destacó los impactos positivos que ha traído para la paz la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la activación de los Consejos Territoriales de Paz. Además, valoró la llegada sostenida del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) a los territorios más vulnerables.

Por otro lado la Misión hizo observaciones frente a la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, adjunto a las presiones e incentivos de grupos armados ilegales. Situación que identifican como un desafío frente a la implementación de planes de sustitución voluntaria y confrontaciones derivadas de la erradicación forzosa: “Insistimos en la necesidad de avanzar en la transformación de los territorios; también, en la generación de un diálogo amplio que aborde con determinación todas las dimensiones del fenómeno, en especial los relacionados con la narcoactividad. Es urgente ponerle fin a uno de los impulsores de la violencia en Colombia”, dijo el Jefe de Misión.

Finalmente, la MAPP/OEA reafirmó su compromiso con las comunidades e instituciones para seguir avanzando hacia una paz completa en Colombia.


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SEMANA: ‘OEA advierte “altos niveles de hostilidad” contra líderes sociales en Colombia’

19 junio, 2020

Viernes, 19 de junio 2020

Según la organización, desde el primer semestre de 2019 viene observando “la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, presiones y confrontaciones por la erradicación forzosa”.


La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para el proceso de paz en el país dio la voz de alarma por “los altos niveles de hostilidad” a los que se ven sometidos los líderes sociales y sus comunidades por parte de los grupos armados, en su último informe semestral, que se refiere a la segunda mitad del año 2019.

“Alarma la persistencia del reclutamiento forzado de niños y adolescentes, así como la instalación de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, la violencia sexual, el confinamiento, el desplazamiento y el secuestro”, ha dicho el jefe de la misión, Roberto Menéndez, según informó la OEA en un comunicado.

En concreto, denunció “con alta preocupación las amenazas, los hostigamientos, la estigmatización, los desplazamientos y los homicidios” contra líderes sociales, ya sea por su defensa de los derechos humanos en general, de los derechos sobre la tierra o de los planes para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

A este respecto, indicó que desde el primer semestre de 2019 viene observando “la persistencia del cultivo de hoja de coca como principal fuente de sustento en varios municipios, presiones e incentivos de grupos armados, desafíos frente a la implementación de planes de sustitución voluntaria y confrontaciones derivadas de la erradicación forzosa”.

“Insistimos en la necesidad de avanzar en la transformación de los territorios y también en la generación de un diálogo amplio que aborde con determinación todas las dimensiones del fenómeno, en especial los relacionados con la ‘narcoactividad‘. Es urgente ponerle fin a uno de los impulsores de la violencia en Colombia“, reclamó Menéndez.

Asimismo, la organización regional ha llamado la atención “sobre las graves afectaciones contra exguerrilleros (de las Farc) en proceso de reincorporación”.

El bloque hemisférico ha atribuido todos estos abusos a “la continuidad en las acciones de expansión y de control territorial de los grupos armados”.

Así las cosas, ha reiterado su llamamiento a los grupos armados a “cesar todo ataque contra la población civil”, instando también a las autoridades colombianas a “fortalecer la articulación de esfuerzos en favor de la protección y la no repetición de violencias”.

La OEA renovó su llamamiento al gobierno de Iván Duque y al ELN para que reactiven el diálogo de paz, que se rompió en enero de 2019 por un atentado de la guerrilla contra una escuela de cadetes de Bogotá.

En el lado positivo, la OEA destaca “los impactos positivos que ha traído para la paz la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como la activación de los Consejos Territoriales de Paz y el alcance del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) en zonas “vulnerables”.

“Frente a estos desafíos y en el actual contexto de pandemia, la MAPP/OEA reafirma su compromiso con las comunidades e instituciones para seguir avanzando hacia una paz completa en Colombia”, finalizó.


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EL ESPECTADOR: ‘Grupos ilegales continúan administrando justicia en las áreas rurales, dice Misión de la OEA’

Viernes, 19 de junio 2020

El más reciente informe de esta misión ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó sobre la persistencia de minas antipersonales en esta vereda del municipio de Briceño, en Antioquia, declarada libre de minas en 2016, producto del acuerdo de paz con las Farc. Advirtió también sobre el reclutamiento forzado de menores de edad, el asesinato de líderes sociales y la reconfiguración del conflicto armado.

El Orejón, del municipio de Briceño (Antioquia), la vereda que fue declarada libre de minas antipersonales en 2016, como consecuencia del proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, ya no está libre de estos artefactos explosivos que tantas víctimas indiscriminadas ha dejado en el país. El éxito de este plan piloto, anunciado en su momento con euforia por el Gobierno y las organizaciones, es hoy un fracaso. Este es uno de los hallazgos más novedosos y preocupantes del informe semestral que presentó este viernes el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) al consejo permanente a la misión internacional para la verificación, monitoreo y acompañamiento a procesos de paz en Colombia de esta organización.

Estas trampas explosivas persisten en vías terciarias donde suelen movilizarse tropas del Ejército Nacional en este municipio, poniendo en riesgo a personas de la comunidad, incluyendo menores que a diario transitan estas vías para asistir a sus actividades, dice la MAPP/OEA y detalla: “Se identifica con mayor afectación las vías de acceso al sector de la vereda El Orejón de este municipio, siendo un caso que reviste especial preocupación por haber sido parte del plan piloto de desminado humanitario acordado en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP; zona que, en el 2016, fue declarada libre de sospecha de minas”.

El documento de 35 páginas, conocido por este diario, alarma también sobre el incremento del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes; el asesinato y amenazas de liderazgos, en especial de quienes han buscado la sustitución de la hoja coca en sus territorios; y la reconfiguración del conflicto armado y el impacto en los territorios de los grupos disidentes del proceso de paz, los grupos sucesores del paramilitarismo, las bandas criminales y la guerrilla del ELN.

Es precisamente “el accionar de estos grupos armados ilegales”, advierte esta organización multilateral, lo que está afectando el desarrollo del desminado humanitario en todo el país. “En particular, existe preocupación en las comunidades e instituciones de municipios como Mesetas y Uribe, en el departamento del Meta, por las amenazas que estos grupos armados hicieron a las organizaciones que adelantan dicho proceso. De igual forma, en San Vicente del Caguán y Milán en el departamento de Caquetá, y en Buenos Aires, Cauca, operadores de desminado humanitario suspendieron o modificaron sus operaciones por la amenaza de grupos disidentes de las FARC-EP”, dice el informe. Los hallazgos obtenidos corresponden al periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2019, durante el cual la MAP/OEA realizó 1.251 misiones en terreno, en 594 centros poblados pertenecientes a 191 municipios de 20 departamentos del país.

Reclutamiento de menores se intensifica

Un capítulo a aparte merece el tema del reclutamiento de menores. Aunque no menciona cifras, el informe da cuenta de los escenarios donde actúan los armados:

“A partir del monitoreo, la Misión sigue identificando dinámicas de reclutamiento forzado y vinculación de niños, niñas y adolescentes a grupos armados ilegales. En relación con los territorios donde tiene presencia el ELN, se observa que los espacios escolares son utilizados para inducir u obligar a los menores a que formen parte de su organización, resaltando que la población que no tiene acceso a la educación es la más vulnerable; lo que se ha identificado en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Nariño, Arauca y la región del Catatumbo”, dice el documento.

Otros actores que también están reclutando menores son los grupos disidentes de las FARC-EP, quienes lo han hecho en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Guaviare, Meta, Putumayo, Cauca; y en la Costa Pacífica nariñense. Otros, con presencia en el departamento de Caquetá, continúan reclutando en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Puerto Rico, Solano, Milán y El Doncello, “situación que las comunidades y el Ministerio Público han visibilizado, generando el desplazamiento forzado de los personeros de Solano y Puerto Rico, tras las denuncias públicas que realizaron con ocasión al operativo realizado por la Fuerza Pública a finales del mes de agosto en San Vicente del Caguán”, resalta el informe. Y agrega que los grupos disidentes de las Farc también están reclutando en comunidades indígenas y afrodescendientes en municipios como Patía, Morales, Suárez, Timbiquí y Guapi en el Cauca; y Buenaventura y Jamundí, en el Valle del Cauca.

En la región del Bajo Cauca esta afectación la llevan a cabo las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), llamadas Clan del Golfo por el Gobierno) las fuerzas militares, reseña el informe. Igualmente lo hace, se lee, en otros municipios del departamento de Antioquia como Apartadó, Chigorodó, Murindó y Vigía del Fuerte; en Riosucio y Alto Baudó, en el Chocó; y en el municipio de Leiva en Nariño. Los Caparrapos (o Caparros, como les dice el Gobierno), por su parte, han reclutado menores en el casco urbano de El Bagre, en zonas rurales y territorios colectivos de comunidades indígenas de Cáceres, al igual que en las áreas urbanas y rurales de Caucasia, Zaragoza y Tarazá, en Antioquia. El EPL mantiene la misma práctica en la región del Catatumbo.

Las funciones que les están asignando a estos menores al interior de los grupos armados, también fueron documentadas por la Misión. “El tipo de vinculación y el reclutamiento forzado varía según la edad, el género y la procedencia de las víctimas. En el caso de los varones, sus funciones al interior del grupo están ligadas con actividades de vigilancia, cobros de extorsión, transporte y actividades de tipo militar. Mientras que la mayoría de las niñas y adolescentes son vinculadas forzadamente para cumplir roles de reclutadoras de otros menores, siendo, además, víctimas de explotación y agresión sexual, características principales de los riesgos diferenciales de género”.

El asesinato de líderes sociales

El documento, contiene un capítulo aparte sobre el homicidio contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, “cuyos perfiles corresponden a líderes y lideresas comunales, autoridades indígenas, afrodescendientes, reclamantes de tierras, víctimas del conflicto armado y promotores de la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que asumen un importante rol de reclamo, denuncia y visibilización en sus comunidades. Los ataques identificados se concentran en departamentos como Meta, Guaviare, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Cauca, Valle del Cauca, Chocó y Caquetá”.

Sobre los líderes de sustitución y el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el informe trae duros cuestionamientos frente al abandono del programa en algunas regiones y el impacto que eso ha generado en las comunidades. “En municipios donde se previó que originalmente el PNIS ingresaría y finalmente no se implementó, o se firmaron acuerdos colectivos y la ruta no continuó, los liderazgos han perdido credibilidad de las comunidades quienes los consideran culpables de que el programa no avance, situación que agrava su estado de vulnerabilidad”, resalta el documento.

Estos casos se han presentado en lugares como Valdivia y Cáceres (Antioquia); en toda la subregión de Cordillera, Magüí Payán, Roberto Payán, El Charco, Santa Bárbara de Iscuandé y Tumaco (Nariño); en San José del Palmar, Medio Baudó y Medio San Juan (Chocó); y en López de Micay, Guapi, Argelia, Balboa, Mercaderes, Corinto, Morales, Cajibío, Suarez Buenos Aires, Patía, Almaguer y Bolívar (Cauca).

De hecho, resalta el escenario de peligro al que están expuestos estos líderes que impulsaron la sustitución voluntaria y que luego quedaron con los brazos cruzados. “La promoción que ejercieron líderes y lideresas para que las comunidades se acogieran al programa, el acompañamiento que brindan a quienes realizan labores de sustitución y las negativas para realizar acciones de resiembra o para fungir como comercializadores de la hoja de coca o de la pasta base, se configuran como los principales factores de riesgo. La labor de líderes y lideresas también se ha visto afectada debido a que son reconocidos como propulsores del PNIS, siendo víctimas de amenazas por la falta de respuesta en casos de suspensión o de exclusión del programa”.

Por otro lado, el informe desataca los avances en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), algunos planes para proteger a los líderes sociales y el papel de la sociedad civil en la paz territorial y la no repetición: “La Misión de la OEA reconoce la labor del Consejo Nacional de Paz, Reconciliación y Convivencia que se encuentra en funcionamiento con 68 miembros de Sociedad Civil y 35 miembros de institucionalidad nombrados. Durante el segundo semestre de 2019 se celebró una sesión plenaria, 7 sesiones del Comité Nacional de Paz y reuniones de la subcomisión operativa y comisiones permanentes de Educación, Pedagogía, Arte y Cultura; Paz Territorial; y Veeduría y Garantías de No Repetición”.

Finalmente, el informe realiza varias recomendaciones sobre el Acuerdo de Paz, en las que está la importancia al acceso a la justicia. “Valoramos los esfuerzos adelantados por el Estado colombiano tendientes a fortalecer el desempeño de la justicia a través de la creación de nuevos juzgados, permanentes o de descongestión, la instalación de equipos tecnológicos para realizar audiencias virtuales, y la reactivación de los modelos de Justicia Local y Rural”.

Sin embargo, la Misión pide profundizar en este punto porque los grupos armados ilegales continúan ejerciendo y administrando justicia de facto, sobre todo en áreas rurales: “en estos territorios existe una precaria presencia institucional e inconvenientes para acceder al sistema judicial, ya sea por las distancias entre zonas rurales y centros urbanos, las dificultades geográficas, o la imposibilidad de los operadores de justicia para llegar a todos los territorios por la situación de inseguridad que se vive en ellos. Esto da lugar a que los grupos armados ilegales impongan medidas, restricciones y disposiciones, con el fin de regular el comportamiento social y asegurar, entre otros, el mantenimiento de sus economías ilegales”.


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EL TIEMPO: ‘No existe justificación para continuar con la violencia en Colombia’

2 mayo, 2020

Sábado, 02 de mayo 2020

El jefe de la Misión de la OEA pide atención para comunidades apartadas que sufren la violencia.


Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP / OEA), en entrevista con EL TIEMPO se refirió a la situación actual del país de cara a los problemas de orden público, y señaló que recibía con agrado el anuncio del presidente Iván Duque de avalar un sometimiento individual de los grupos armados, pero sin olvidar la justicia y reparación para las víctimas.

¿Cómo han venido desarrollando su trabajo en Colombia?

En efecto, trabajamos en los territorios rurales más afectados por la violencia, la inequidad y la insuficiente presencia del Estado, a través de 18 oficinas regionales. Nuestro trabajo se centra, principalmente, en el monitoreo a las dinámicas del conflicto, así como en el acompañamiento a los esfuerzos de paz. El año pasado cumplimos 15 años de apoyo ininterrumpido a las comunidades e instituciones de Colombia. De hecho, la MAPP / OEA es la primera Misión de un organismo internacional con tareas de verificación a acuerdos de paz en el país.

Durante este tiempo no hemos tenido mayores incidentes de seguridad. Por el contrario, nuestra presencia tiene un efecto disuasivo, en gran parte, por la cercanía e imparcialidad de nuestro trabajo, lo que nos ha permitido construir confianza entre las comunidades y demás actores en los territorios.

El gobierno de Iván Duque trazó una línea de sometimiento para los grupos armados organizados, ¿cómo reciben este anuncio?

Considerando las graves afectaciones que estos grupos generan, por supuesto que lo saludamos. Constituye un hecho concreto que abre la puerta para la búsqueda de acuerdos que contribuyan a la pacificación de los territorios. Ahora bien, es importante señalar que, en nuestro concepto, cualquier mecanismo que entregue seguridad jurídica a quienes se someten también debe garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral. Esto es de la mayor importancia.

En este sentido, reiteramos la exigencia a todos los grupos armados ilegales a cesar los ataques contra la población civil y el medioambiente. Hacemos el llamado a los miembros de estos grupos a reconsiderar su proyecto de vida y el de sus familias, y los invitamos a externar su voluntad de acogerse a los beneficios vigentes para su tránsito a la legalidad.

¿Cuáles consideran que son los problemas más graves de violencia que afectan al país?

Desde nuestra apreciación son tres: el conflicto armado, la criminalidad y la inequidad. Hemos constatado que estas violencias coexisten e impactan, de manera directa y reiterada, a la población que habita áreas rurales y profundas, donde la presencia del Estado aún no es suficiente, y en donde grupos armados ilegales accionan a través de disputas armadas o de alianzas criminales.

Estas expresiones de violencia tienen su principal combustible en el narcotráfico, un flagelo de dimensión transnacional que pone en peligro a comunidades enteras, a liderazgos sociales y funcionarios públicos, que profundiza las desigualdades en la sociedad y que causa un daño irreparable al medioambiente.

Los grupos armados ilegales se configuran como agentes de violencia que vinculan a niños, niñas y adolescentes, siembran minas antipersona, imponen medidas de control social, extorsión y justicia de facto, confinan y desplazan poblaciones, entre otras afectaciones. De esta manera generan graves impactos humanitarios que obstaculizan el desarrollo social, económico, político y cultural de las comunidades, así como la llegada y eficacia del Estado.

¿Los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc cómo lo analizan?

Con alta preocupación, por supuesto. Desde 2009, a través de informes directos al Estado colombiano y de informes públicos ante el Consejo Permanente de la OEA, hemos venido alertando sobre las afectaciones a liderazgos sociales en el país. Hemos señalado que el perfil de las víctimas se corresponde, mayoritariamente, con líderes y lideresas que adelantan un importante rol de reclamo, denuncia y visibilización de afectaciones en sus comunidades. Se trata de liderazgos comunales, de víctimas, indígenas, afrodescendientes, defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras e impulsores de la sustitución de cultivos ilícitos. De hecho, en informes recientes hemos señalado que quienes habitan en zonas de sustitución voluntaria o erradicación forzosa enfrentan un mayor riesgo.

Entre los factores que configuran este fenómeno está, principalmente, el accionar de los grupos armados ilegales en territorios donde ejercen un fuerte control o donde desarrollan disputas. Todos estos factores se exacerban en la vigente situación de aislamiento que impone la covid-19.

También nos genera preocupación las afectaciones contra exintegrantes de las Farc que han dejado las armas y avanzan en procesos de reincorporación. La seguridad de los liderazgos y excombatientes es fundamental, no solo para el éxito del proceso de paz, sino para el logro de una paz completa. En ambos casos, la lucha contra la impunidad, así como la oportuna y adecuada administración de justicia constituyen un desafío permanente.

La Misión insiste en la urgente necesidad de armonizar los numerosos esfuerzos del Estado, de las comunidades, organizaciones sociales, autoridades étnicas y entes territoriales, observando los aspectos diferenciales de esos fenómenos, a fin de lograr acciones más coordinadas, efectivas y contundentes.

Frente al tema del reclutamiento de niños y adolescentes, ¿qué han encontrado y qué grupos mantienen esta práctica?

Lamentablemente, todos los grupos armados ilegales reclutan menores de edad. Niños, niñas y adolescentes son obligados a vincularse a las filas o son utilizados como vigilantes, cobradores de extorsiones e incluso como reclutadores de otros menores. También son víctima de violencia sexual, minas antipersonal y desplazamientos forzados. Hemos advertido que estos grupos emplean diversas estrategias para reclutarlos, desde el ofrecimiento de armas y dinero hasta la presión psicológica y las amenazas para atentar contra sus vidas o las de sus familias.

Además, hemos identificado que las comunidades afrodescendientes e indígenas y la población migrante son fuertemente impactadas por el reclutamiento forzado. Niños y niñas de nacionalidad venezolana, por ejemplo, enfrentan alto nivel de riesgo, pues los grupos aprovechan la informalidad de su residencia para evadir la acción de la justicia.

¿Cuáles son las regiones que más llaman su atención?

Municipios de unos 22 departamentos enfrentan dinámicas diferenciadas de conflicto y criminalidad, y por tanto son de especial atención de la Misión. Actualmente nos genera particular preocupación la reiterada violencia en el Cauca, en municipios como El Tambo, Argelia, Buenos Aires y Santander de Quilichao. La semana pasada alertamos sobre el asesinato de cinco liderazgos sociales en un lapso de seis días. También repudiamos la masacre de un líder comunal y su familia ocurrida el miércoles en Mercaderes. Estamos haciendo seguimiento a estos casos, así como a los nuevos planes anunciados por el Estado colombiano, que confiamos traerán mayores garantías de seguridad a estas poblaciones.

Otros departamentos como Chocó y Putumayo, y zonas como el Pacífico nariñense, el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y la franja fronteriza con Venezuela también son de actual inquietud, principalmente por los impactos humanitarios que generan las acciones de grupos ilegales.

El Eln dio por finalizado su cese unilateral, ¿cómo se puede retomar el acercamiento entre Gobierno y guerrilla?

La paz se construye con hechos, principalmente con aquellos que generan alivio a la población civil. En este sentido, valoramos el desempeño del cese al fuego unilateral del Eln durante el mes de abril, pues observamos alivios sustanciales en no pocas comunidades. Tras la reciente declaración de ese grupo armado, la MAPP / OEA reitera su enfático llamado a esa guerrilla a retomar el cese al fuego y a detener todas las afectaciones contra civiles.

¿Y al Estado?

Al Gobierno lo llamamos a redoblar los esfuerzos tendientes a la implementación de acuerdos y políticas de paz. Consideramos también que, así como se nombraron dos promotores de paz, la designación de gestores contribuiría a mejorar las condiciones para avanzar hacia la paz completa. Tanto para el Estado como para el Eln, nuestro mensaje ha sido y seguirá siendo: la paz es un imperativo, y el camino es el diálogo efectivo hacia acuerdos concretos. Desde nuestro punto de vista, no existe justificación alguna para continuar con el ejercicio de la violencia en Colombia, y sí innumerables motivos para detenerla definitivamente.

En la pandemia, ¿qué ha identificado la Misión?

La vigente pandemia ha evidenciado las vulnerabilidades estructurales de aquellas regiones donde confluyen factores de violencia armada, inequidad e insuficiente presencia del Estado. Por un lado, a pesar de las medidas de aislamiento social, los grupos armados han aprovechado para ampliar su control territorial y social, generando confrontaciones que impactan en la integridad de las comunidades. Asimismo, se observan procesos comunitarios y sociales que trabajan para evitar la propagación del virus en los territorios.

La Misión ha observado la continuidad de esfuerzos institucionales en la implementación de los acuerdos de paz, también en numerosas iniciativas para combatir las afectaciones contra el liderazgo social y de excombatientes. Las acciones de la Fuerza Púbica siguen concentrándose en el combate a los grupos armados ilegales y, un tanto, en la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Esto último incrementa las tensiones sociales con la población campesina, pues escala la percepción de incertidumbre económica ante la vigente coyuntura.

Además de implicar una crisis de salud y económica, la actual pandemia representa un desafío institucional, político y social. Desde la visión de la MAPP / OEA, también es una nueva oportunidad para acercar posiciones, alcanzar acuerdos y cumplirlos con los efectos transformadores que la realidad exige.


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LA OPINIÓN: ‘Vemos con preocupación la reconfiguración y persistencia del conflicto’

6 enero, 2020

Lunes, 6 Enero 2020

Roberto Menéndez, jefe la misión de apoyo al proceso de paz en colombia, en diálogo con La Opinión, reconoció que el Catatumbo es uno de los epicentros para la consolidación de la paz, pero que es preocupante la persistencia del conflicto.


La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia fue creada por la Organización de Estados Americanos (OEA) y tiene 15 años en el país. 

Su jefe es Roberto Menéndez, abogado. Funciona en Norte Santander, con una regional que tiene oficinas en Cúcuta y Ocaña, bajo la coordinación del sociólogo mexicano Carlos González Zárate.  

Como vocero institucional de la MAPP-OEA, Menéndez conversó con La Opinión sobre las acciones que lleva a cabo el organismo no solo en el país sino en la convulsionada región del Catatumbo y, en general, en el departamento.

¿Cuáles son los objetivos de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de Colombia?

La MAPP/OEA es una misión internacional que monitorea y acompaña las políticas e iniciativas de paz, directamente en los territorios rurales más afectados por el conflicto armado, la inequidad y la débil presencia del Estado. Allí entablamos un diálogo cercano y franco con las comunidades, para visibilizar las principales afectaciones que sufre la población civil, entregar recomendaciones concretas a la institucionalidad, y crear puentes entre comunidades y Estado para la construcción conjunta de paz. También aportamos al fortalecimiento de procesos y capacidades de liderazgos y organizaciones sociales, étnicas, de víctimas, mujeres, y comunales para procurar que esa paz sea plural, incluyente y participativa. De igual manera,  facilitamos la llegada coordinada e integral del Estado.

¿Qué resultados han alcanzado en Norte de Santander?

Norte de Santander fue uno de los primeros departamentos a los que llegó la MAPP/OEA en cumplimiento de su mandato de verificación al proceso de desmovilización de las AUC. En el caso del Bloque Catatumbo, identificamos  violaciones al cese de hostilidades, lanzamos las primeras alertas sobre reagrupamientos y surgimiento de nuevos grupos armados ilegales, y alertamos sobre el asesinato de desmovilizados. Asimismo, tras la salida de las Farc, advertimos sobre el reacomodo de otros grupos armados ilegales, y los impactos humanitarios a las comunidades, que lamentablemente aún siguen vigentes. 

¿Cuál ha sido el trabajo con las víctimas?

En este departamento acompañamos a las víctimas que se organizaron para asistir a las primeras versiones libres de paramilitares ante la Fiscalía de Justicia y Paz, facilitando su participación, su trato digno en escenarios profundamente difíciles, y contribuyendo a que accedieran a la verdad, la justicia y la reparación. Asimismo,  acompañamos procesos de fortalecimiento y reparación colectiva, como en La Gabarra, cuyo objetivo aún no se ha cumplido en su totalidad. También hemos acompañado los esfuerzos institucionales y de sociedad civil para mitigar las afectaciones derivadas de la confrontación entre grupos armados ilegales, así como procesos organizativos de campesinos, jóvenes, mujeres, comunales e indígenas, incluidas las reivindicaciones del Pueblo Barí. 

¿El proceso de implementación también lo acompañan hoy en día?

Sí. Acompañamos la implementación del PDET y monitoreamos el proceso de implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS). 

A propósito de este tema, ¿cómo ve el cumplimiento del acuerdo de paz de La Habana?

Firmar un acuerdo de paz es un proceso sumamente complejo, e implementarlo aún más. Desde la MAPP/OEA somos respetuosos de la forma en que los gobiernos han enfrentado estos enormes desafíos, exhortando siempre a la implementación completa y efectiva de los acuerdos y compromisos asumidos. Hemos constatado que se han establecido prioridades, discusiones y ajustes que se  consideraron necesarios. 

¿Cuáles cree que son los principales avances?

Reconocemos avances en la elaboración de un fuerte andamiaje normativo e institucional, como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, el de la desmovilización y desarme de las exFarc, en la reincorporación de los ex combatientes, el desminado humanitario, la apertura de nuevos espacios y escenarios de participación política para actores del conflicto, etcétera. 

¿Y las principales inquietudes?

Nos preocupan las demoras y expectativas generadas en las comunidades, frente a asuntos centrales como las garantías de seguridad, el desarrollo y la sustitución de cultivos ilícitos.

¿Le ve posibilidades a nuevos acuerdos con grupos que todavía están alzados en armas? 

La paz es un imperativo para todo Estado y sociedad, y en Colombia vemos oportunidades para alcanzarla de forma completa y definitiva. Desde la MAPP/OEA hemos reiterado que el diálogo es la mejor senda para alcanzarla; que se requieren pasos, gestos y hechos concretos, y que evitar mayores afectaciones a la población civil debe ser la principal motivación para ambientar y perseverar en los esfuerzos.

Particularmente, ¿cuál es su visión del Catatumbo?

En Norte de Santander la MAPP/OEA tiene dos oficinas: una en Ocaña y otra en Cúcuta, porque consideramos que el Catatumbo es uno de los epicentros para la construcción y consolidación de la paz en Colombia. Vemos con preocupación la reconfiguración y persistencia del conflicto alrededor de las economías ilegales, las afectaciones a las comunidades campesinas e indígenas, y el contexto de informalidad, ilegalidad, debilidad institucional y necesidades insatisfechas agravadas por la crisis venezolana.

¿Es sostenible la contribución de la comunidad internacional a la paz de Colombia?

La comunidad internacional está convencida que la paz de Colombia es paz para el hemisferio y para el mundo. Por eso ha demostrado y reiterado su voluntad de apoyar a Colombia en estos procesos históricos, a través de mecanismos de monitoreo y acompañamiento permanentes como es la MAPP/OEA, de cooperación financiera y técnica. Siempre insistimos, además, en que la paz es un asunto que debe involucrar a todos los sectores de la sociedad colombiana, incluidos aquellos que no están a favor de los acuerdos del Teatro Colón o quienes se declaran como indiferentes.

¿Qué tanta influencia le asigna al narcotráfico en el conflicto armado de Colombia?

El narcotráfico ha servido de combustible para el conflicto armado en Colombia, degradándolo y perpetuándolo. Los grupos armados ilegales se lucran y tienen interés en mantener todos los eslabones de la cadena. Esto incluye la siembra y transformación de hoja de coca, marihuana o amapola, y principalmente la narcoactividad, que implica a los eslabones más gruesos y rentables, como los carteles y lavadores de activos, quienes tienen gran interés de que el negocio continúe, a pesar de las graves consecuencias humanitarias y ambientales.

‘La paz sí es posible’

En la revista MAPP-OEA, publicada en junio de 2019 con motivo de cumplirse los 15 años de esa entidad en Colombia, el jefe de la misión, Roberto Menéndez, escribió un editorial destacando los resultados de ese proceso, titulado “Lo que aprendimos de las víctimas”. En uno de sus apartes dice:

“En estos 15 años, Colombia nos ha enseñado que la paz es posible. A pesar de la violencia, las víctimas del conflicto armado perseveran diariamente, no solo en mostrarnos que la paz es el camino sino en la importancia de construirlo. En las zonas rurales, en los centros poblados, en las ciudades intermedias y en las capitales, siempre hemos encontrado procesos organizativos de víctimas que emprenden, con más o menos herramientas, pero con completa convicción y voluntad procesos que reivindican la memoria y exigen verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Además, hemos aprendido que la paz solo es posible con la activa participación de la sociedad en su conjunto y, fundamentalmente, de las víctimas del conflicto. Quienes acompañamos y hemos sido testigos privilegiados de sus procesos de sanación, resiliencia y empoderamiento hemos visto la fuerza de la reconciliación entre las víctimas y quienes en algún momento fueron victimarios. Ambos nos enseñaron que la paz requiere ver al otro con humanidad.

“Con firmeza y bondad, las víctimas también nos han enseñado que solo es posible construir paz entre adversarios, es decir, entre quienes están, de una manera u otra, en orillas distintas. A entender el diálogo, no como algo lejano o retórico, sino como la única herramienta que permite acercar, tramitar diferencias y transformar los conflictos para llegar a acuerdos concretos, desde el mejoramiento de la convivencia hasta la exigencia a los actores armados de mantenerse fuera de territorios y poblados”.


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SEMANA: ‘La verdadera paz llegará cuando se logre frenar al narcotráfico’

12 diciembre, 2019

Jueves, 12 de diciembre de 2019

Así lo afirma el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia, Roberto Menéndez.


El narcotráfico ha sido el combustible del conflicto y de la violencia en Colombia durante las últimas décadas, y su persistencia amenaza el logro de la tan anhelada paz. Esta actividad ilícita es defendida por estructuras criminales de diversa índole, como los grupos armados ilegales, y en su nombre se cometen actos atroces que afectan la seguridad de los líderes sociales, de las comunidades y de los agentes del Estado. El narcotráfico es un flagelo de dimensión transnacional que pone en peligro a las niñas, los niños y los adolescentes; que profundiza las desigualdades en la sociedad y causa un daño irreparable al medioambiente.

Homicidios, confinamientos, desplazamientos, reclutamiento forzoso, extorsiones, control social, degradación y deforestación son algunos de los efectos invariables de la cruenta disputa que libran los actores ilegales por el control de las rutas y las rentas del narcotráfico. Y estas cadenas y sus redes tienen su eslabón más grueso en el lavado de activos y la comercialización; y el más débil, en la tierra, en las plantaciones.

Durante años los cultivos ilícitos les han servido de sustento a miles de familias campesinas y a diversos grupos étnicos que no tenían otra vía de ingresos para sobrevivir. Pero la mayoría de ellas eran conscientes de los efectos negativos que traía esta actividad ilegal y por esa razón han cambiado la vocación productiva de sus tierras. De hecho, casi 100.000 grupos familiares han atendido el llamado de iniciativas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS). Y otros se han aliado con el Estado para hallar vías alternativas que les permitan dar el paso hacia la legalidad; una legalidad que les garantice sus subsistencias.

Desde 2016, en la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, hemos constatado y alertado sobre la vulnerabilidad de las comunidades, de los líderes sociales y las lideresas, que viven en zonas de sustitución voluntaria o de erradicación forzada. Todos ellos están expuestos a las amenazas, al desplazamiento, las desapariciones forzadas y los homicidios. También hemos insistido en que la seguridad de las poblaciones y de los liderazgos pasa por un abordaje integral del fenómeno de las drogas, con estrategias efectivas en los campos del desarrollo, la salud y la seguridad.

Por tal razón consideramos necesario y oportuno que Colombia entre en un definitivo proceso de sinceramiento y diálogo, uno que abarque todas las dimensiones del problema y que convoque a los sectores competentes, a los interesados y a los afectados. Es urgente llegar a consensos mínimos que aborden con determinación todos los eslabones de dicha actividad ilegal. Esta es una oportunidad histórica para la transformación definitiva del territorio, para ponerle fin a una de las principales causas de la violencia que sigue azotando al país y para encaminar con mayor solidez la construcción de la paz.

Debido a la naturaleza transnacional de este fenómeno, los esfuerzos del Estado y de la sociedad colombiana deben seguir contando con la compañía solidaria de la comunidad hemisférica e internacional.

*Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (MAPP/OEA).


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SEMANA: ‘ELN y disidencias de las Farc: el ‘coco’ de los niños en 19 zonas del país’

11 julio, 2019

Jueves, 11 de julio 2019

A pesar de que la participación de menores en el conflicto armado parecía extinguirse con el acuerdo paz, este flagelo sigue vigente. Un nuevo informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA enciende las alarmas


La historia de Paula (*), de 13 años, parecía un caso más de deserción escolar en la vereda Cortaderal, municipio de Ituango, Antioquia. Pasó dos meses sin regresar al colegio en donde cursaba sexto grado. Sin embargo, resultó ser un caso de reclutamiento y abuso sexual cometido por las disidencias del frente 18 de las Farc. Tuvo suerte. Tropas del ejército la rescataron en medio de un combate con ese grupo criminal y la entregaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). 

Aunque Paula está a salvo, otros niños como ella viven situaciones similares. Según el secretario de Educación de Antioquia, Néstor Restrepo, a principios de 2018 las veredas de Ituango registraron 5.100 estudiantes, pero al finalizar el año tenían 300 menos. “En un consejo de seguridad, una profesora informó que grupos armados se llevan reclutados a los niños, y que esa era una de las causas de deserción escolar”, explicó el funcionario.

Pero no solo ocurre en Ituango. En todo el departamento de Antioquia, 400 niños están en riesgo de convertirse en instrumentos de guerra. Por ejemplo, en el municipio de Cáceres, la Institución Educativa Monseñor Gerardo Patiño tenía 2.250 estudiantes matriculados entre 2017 y 2018, pero, de acuerdo con un profesor de la institución que prefiere no revelar su nombre por seguridad, este año solo se matricularon 1.400 alumnos. Lo que quiere decir que más del 32 % desertó.

“Es extremadamente doloroso llegar al aula de clase y que la mamá llegue al colegio a sacar los papeles del niño y diga: ‘Me lo voy a llevar porque hay orden de reclutar menores y yo no quiero que mi hijo forme parte de esto’. Se siente una impotencia tremenda porque si intervenimos directamente, nos matan”, cuenta el profesor.

También ocurre hacia el sur del departamento, en San José de Apartadó, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Después de que el Gobierno firmó el acuerdo de paz con las Farc, el municipio quedó a merced de los paramilitares. Según cuenta uno de los miembros del consejo interno de la Comunidad de Paz, en los últimos dos años creció el número de integrantes de este grupo criminal y con ello, el riesgo de reclutamiento infantil.

“Esa gente ha estado de vereda en vereda informando sus objetivos: ocupar el territorio y no permitir la presencia de otro grupo armado. En esas visitas también le ofrecen a los campesinos que se unan a ellos y a cambio les pagan un sueldo. Hoy sabemos que 50 personas se unieron a su red, de las cuales hay cinco niños a quienes tienen trabajando como informantes. Eso nos duele mucho como comunidad, porque nosotros hemos venido educando a la juventud en el respeto y el perdón”.

Un año peligroso para los niños

Más allá de Antioquia, los casos de reclutamiento se esparcen sin control por el país. Hay alertas en otras regiones como Chocó, Nariño, Cauca, Córdoba y Meta, según la Defensoría del Pueblo. Territorios que han liderado históricamente las estadísticas de desvinculación de menores de grupos armados. De los 6.570 niños que han salido de las filas de las grupos armados desde 1999, 2.726 corresponden a estas regiones, de acuerdo con el ICBF.

El informe más reciente de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), elaborado sobre las lecciones de más de 1.600 misiones en todo el país, revela cifra alarmantes. De acuerdo con el documento presentado este miércoles frente a la OEA, los grupos armados continúan reclutando menores en 19 zonas de Colombia, principalmente en regiones habitadas por comunidades afro e indígenas. Por ejemplo, señala el informe que el ELN se ha fortalecido llevando a sus filas menores de edad principalmente en Chocó: Alto Baudó, Bajo Baudó, Bojayá, Riosucio y Juradó. También lo están haciendo en zonas como el Catatumbo (Norte de Santander) y en Segovia (Antioquia), Santa Rosa del Sur y Simití (Bolívar). 

Sobre las disidencias de las Farc, el informe señala que el reclutamiento se ha fortalecido en lugares como Suárez y Corinto (Cauca); Cartagena del Chairá y Solano (Caquetá); San José del Guaviare y Miraflores (Guaviare); San Vicente del Caguán; La Macarena (Meta); y Arauca y Arauquita (Arauca).

Pero eso no es todo. La Coalición contra la Vinculación de Niños, Niñas y Jóvenes al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) aseguró a principio de año que el reclutamiento infantil creció. Esta organización, que cada año monitorea las acciones que afectan a los menores de edad en el marco del conflicto armado, reveló que en 2017 se reportaron 20 casos de reclutamiento, mientras que en 2018, la cifra subió a 50. Eso, sin contar con el subregistro, ya que en este tipo de hechos la gente siente miedo y no suele denunciar.

De acuerdo con Hilda Molano, coordinadora de la Secretaría Técnica de Coalico, las cifras crecieron, entre otras cosas, por la presencia de las disidencias de las Farc, la diversificación de actores y la continuidad del conflicto. Además, los grupos armados luchan por controlar los espacios que dejaron las Farc y que el Estado no ha ocupado. En ese sentido, “todo parece indicar que en 2019 tendremos cifras peores de las que registramos en 2018”, dice Molano.

¿Qué nos enseñó el pasado?

De acuerdo con el informe del Centro de Memoria Histórica (CMH), este flagelo comenzó a aumentar a principios de la década de los noventa y llegó a su pico máximo entre 2000 y 2002, momento en que los grupos armados ilegales reclutaron cerca de 1.500 menores de edad. En esa época, cuando un niño no regresaba al colegio, el sistema educativo no sospechaba esta causa.

Antes del desmonte de las Farc, esta guerrilla desarrollaba acciones de proselitismo, en las que les prometían a los niños que podrían estudiar y además recibir algún dinero. Por su parte, los paramilitares se caracterizaban por reclutarlos exclusivamente a cambio de una suma que podía estar entre 500.000 pesos y 1.700.000 pesos.

Pero sin importar sus ideologías, todos usaron el miedo. El informe “Una guerra sin edad” del CMH, el análisis más exhaustivo realizado en el país sobre el tema, lo describió así: “Amenazas de muerte, violencia sexual, especialmente sobre niñas y adolescentes; insultos e intimidación con armas, imponiendo sus órdenes y controles sociales sobre la población civil”.

Con esa información, más los datos que por años ha recopilado el Estado sobre las zonas rojas del reclutamiento, es posible establecer en qué lugares del país los niños son vulnerables. No obstante, la guerra se sigue moviendo más rápido, pese a que la Defensoría del Pueblo, algunas secretarías de educación y organizaciones como Coalico realizan un monitoreo constante y procuran coordinar a las entidades para evitar este fenómeno.

Las eventuales estrategias de prevención corren por cuenta de la Policía o el propio Ejército, dos actores armados que, para muchos expertos como Hilda Molano, ponen en riesgo la vida y la seguridad de los menores y la comunidad educativa. “Resulta peligroso que un policía o un militar entre a una escuela a buscar información sobre los grupos armados que operan en la zona, y se promueva la denuncia sin saber si están cerca”.

Pero ni la falta de coordinación entre las instituciones para prevenir el reclutamiento ni la complejidad del tema representan una excusa para que los más vulnerables aún estén a merced de la guerra. El Estado les falló a los más de 16.879 niños reclutados por grupos armados durante 1960 y 2016, según el CNM. Y no puede cometer de nuevo ese error.

(*) Nombre cambiado por seguridad

La voz de las víctimas

Para construir el informe “Una guerra sin edad”, el Centro de Memoria Histórica (CMH) entrevistó a 16.879 personas que entraron a los grupos armados cuando tenían menos de 18 años. De esas entrevistas, el CMH hizo público el testimonio de un hombre desvinculado del ELN, que ingresó al mismo a los 13 años: “La falta de oportunidades, la falta de educación de los padres y uno de trece años… al ver que convive con personas que tienen plata, armas, poder, pues uno se deja influenciar; y era fácil, porque también nos invitaban a reuniones”, cuenta el hombre, hoy de 33 años.

De esas entrevistas lograron establecer que reclutaban a niños entre 3 y 20 años y a niñas entre 0 y 21 años. Del total de los entrevistados, el 45,6 % sostuvo que sufrían sanciones físicas muy duras. Además, quedó claro que los niños cumplían funciones de inteligencia y mensajería, mientras las niñas hacían las labores domésticas y recibían toda clase de abusos sexuales.


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