Así caminan hacia la justicia ocho comunidades de Colombia

14 septiembre, 2021

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Con Comunidades camino a la justicia, una apuesta de la MAPP/OEA y el Gobierno de Alemania, organizaciones de víctimas en Antioquia, Arauca, Caquetá, Chocó, Córdoba, Guaviare, Nariño y Norte de Santander construyen informes para presentar ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Estos informes tienen el fin de poner en conocimiento de la JEP aquellos crímenes atroces que sufrieron para que esta jurisdicción pueda avanzar en las medidas de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición encomendadas en el Acuerdo Final.

Comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas y de mujeres son las protagonistas de Comunidades camino a la justicia, un proyecto que se viene desarrollando en ocho departamentos del país y que ha traído profundas reflexiones y aprendizajes sobre lo sucedido durante el conflicto armado, y las huellas que ha dejado.  

El proceso de construcción de los informes, que inició en junio de 2021, ya se encuentra en su etapa final. Ha contado con el acompañamiento de profesionales que, a través de talleres y encuentros con las comunidades, han guiado el ejercicio que permitirá a las comunidades aportar a los fines de la Justicia Transicional y la reconciliación.

A fuerza de valentía y dignidad, cada una de estas comunidades y organizaciones de víctimas caminan hacia la justicia.

Con la Mesa de Víctimas de Anorí, Antioquia, se han hecho jornadas de recolección de información a través de ejercicio de cartografía social, con el fin de plasmar en el mapa del municipio los hechos de violencia más representativos y con impacto colectivo. También se han realizado entrevistas con líderes y lideresas de distintas zonas del municipio con el fin de terminar con mayor certeza elementos de modo, tiempo y lugar de estas violaciones a los derechos humanos.

Se trata de un proceso relevante para esta comunidad, pues ayuda a darle cuerpo al discurso y a las acciones de paz, para que se conviertan en realidad para las víctimas.

En Chocó, la construcción del informe ha sido todo un reto, ya que la situación de orden público ha impedido denuncias respecto a los delitos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Sin embargo, gracias a la articulación con organizaciones de mujeres como La Juntanza, se han establecido lazos de confianza y se ha construido un proceso desde la sororidad, en el que las mujeres chocoanas dan una lección de amor y vida al territorio.

Los talleres han incorporado una metodología lúdica acompañada de la mandala, una actividad tradicional de las mujeres afrodescendientes y negras que representa las intenciones o deseos respecto a su territorio, al tiempo que ayuda a medir puntos energéticos para sanar y cultivar el amor propio.

Con la Asociación de Mujeres Víctimas de Desaparición Forzada del Guaviare (Asovig) se han desarrollado espacios grupales e individuales que han contado con acompañamiento psicosocial. Se construyeron las historias de vida de las participantes, para que cada una pudiese narrar los hechos desde su propia perspectiva. Asimismo, la JEP facilitó una capacitación en Trabajos, obras y actividades con contenido restaurador reparador (TOAR), lo que permitió que las víctimas tuvieran contacto directo con la institución a la que posteriormente le entregarán su informe.

En Montelíbano, Córdoba, se ha desarrollado cartografía social, líneas de tiempo, entrevistas semiestructuradas y diversas herramientas de carácter colectivo para recrear la historia a partir de discusiones e intercambio de experiencias sobre el conflicto armado. En este proceso ha sido vital el apoyo psicosocial, que ha permitido reconocer las vivencias, experiencias individuales y familiares, generar más confianza y valorar la dimensión del daño en las familias y personas.

Los y las participantes se sienten reconocidas. Perciben que su historia es relevante y necesita ser visibilizada. Para muchas, incluso, esta ha significado la primera vez que han podido hablar sobre su historia y esto ha tenido un impacto positivo en sus vidas.

El Pueblo Coreguaje, ubicado en el Caquetá, eligió para el desarrollo de las actividades el Resguardo Indígena de Agua Negra, un lugar de su territorio donde se sienten protegidos por sus ancestros y en contacto con la tierra, la naturaleza y los espíritus. Los testimonios han sido trabajados de manera colectiva por petición del pueblo y sus autoridades, lo que ha representado mucha riqueza. Uno de los logros de este proceso ha sido la construcción de confianza con los integrantes del pueblo, quienes destacan Comunidades camino a la justicia como una forma de construir memoria, de reconocer lo que ha ocurrido en su territorio a causa del conflicto y sobre todo de dar cuenta de los delitos cometidos en contra de las comunidades indígenas.   

Con el Pueblo Barí, ubicado en Norte de Santander, el proceso también ha sido participativo. Con el acompañamiento de la MAPP/OEA, los Barí han hecho énfasis en la forma en la que el conflicto armado afectó su cultura, su relación con el territorio y sus costumbres ancestrales. Se priorizaron las cuatro comunidades que hacen parte de la construcción del relato. Para este pueblo, lo más importante es la apropiación del informe, ya que es un documento de ellos y para ellos, por lo que han participado activamente de los talleres y de sus resultados. 

En el Pueblo Hitnu, ubicado en Arauca, se han realizado visitas domiciliarias y entrevistas familiares, usando el genograma y el familiograma como instrumentos de registro que permiten identificar las dinámicas, relaciones, evolución y composición de las familias. Estos espacios han posibilitado construir lazos de confianza, así como reconocer la cotidianidad, espacios y perspectivas de quienes participan. Durante los encuentros grupales también se realizaron actividades para­ intercambiar experiencias, emociones y sensaciones sobre las violaciones a los derechos humanos que sufrieron durante el conflicto armado.

En La Victoria, Ipiales, se han utilizado estrategias como cuadros escénicos teatrales, preparación de recetas y diseño de mapas para la recolección de información. Con esta comunidad, la construcción de lazos de confianza se ha dado gracias al acompañamiento de gestorías comunitarias y de la generación de puentes con la institucionalidad para potenciar las capacidades organizativas. El interés específico en el territorio es avanzar en la implementación de propuestas de reparación para restablecer los derechos de la comunidad víctima e impulsar el desarrollo.

La MAPP/OEA y el Gobierno de Alemania respaldan el trabajo que viene adelantando la JEP, pues consideran que la justicia transicional es una herramienta fundamental para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Por eso, a través de Comunidades camino a la justicia acompañan a las comunidades a participar en esta jurisdicción, a visibilizar los crímenes de lesa humanidad y graves violaciones al DIH que sufrieron a la vez que construyen memoria para avanzar.