Por Roberto Menéndez, Jefe de MAPP/OEA

Publicado en Revista ORBIS*, No. 21. Marzo de 2017.

Finalizar con más de medio siglo de enfrentamiento armado en Colombia no es una tarea fácil. El logro de la paz requiere del concurso de una serie de factores y, además, su implementación en los territorios está plagada de grandes dificultades y enormes desafíos en la etapa del posconflicto.

A pesar de ello, el camino hacia la paz bien vale el sacrificio y los esfuerzos que se realizan, si con ello se logra el cese de afectaciones causado sobre la población, especialmente a aquellos grupos poblacionales que históricamente han estado en condiciones de desigualdad o vulnerabilidad, como las mujeres, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los niños, niñas y adolescentes, las personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas.

Los resultados negativos obtenidos tras la reciente expresión ciudadana en las urnas votando sobre del Acuerdo Final para la Terminación de del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, deja una serie de conclusiones y lecciones aprendidas, pero tal vez una de las más importantes sea la necesidad de incluir desde el inicio, en la construcción de los acuerdos, de la manera más amplia, plural y activa a todos los estamentos del quehacer nacional.

La participación amplia y consultiva en la formación de procesos de paz cobra en este contexto, especial relevancia y atención.

Nuestra experiencia comparada en procesos de paz en Centro América, indica que la verdadera paz se construye en base a la propuesta de un amplio abanico de sectores.

Es fundamental, mediante la participación, recoger las expectativas, valoraciones y propuestas de sectores políticos, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, respecto a la manera cómo se imaginan la paz y cómo se pueden incluir sus diferentes perspectivas y visiones en los acuerdos que se logren.

Participación, paz y democracia.

La activa participación ciudadana, como lo debiera ser en los procesos de paz, en países que atraviesan situaciones de conflicto armado interno (como exclusión a aquella que se manifiesta esporádicamente mediante el voto) es en gran medida uno de los pilares del sistema democrático.

La participación de los ciudadanos es un componente central para la construcción de una democracia más dinámica, en parte porque el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas depende tanto de garantizar y proteger los derechos de los ciudadanos como de una ciudadanía alerta y activa. Los ciudadanos apoyan la democracia no solo porque sea un bien deseable en sí mismo, sino porque conlleva la esperanza de una mejor calidad de vida socioeconómica y política.

Asimismo, la participación social es fundamental para la mejora continua del desempeño de las instituciones, donde con frecuencia el ámbito local es el punto de entrada para la participación política de las personas. En este espacio es donde se suele formar la cultura democrática en la mente de los ciudadanos, y donde estos experimentan diariamente los resultados prácticos de sus decisiones políticas y la repercusión en sus vidas.

Las personas valoran y juzgan la calidad de la democracia en función de su capacidad de involucramiento en decisiones fundamentales y de la respuesta que reciben por parte del Estado para garantizar sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que les permita vivir en condiciones dignas.

En tal medida, los conceptos universales de derechos y ciudadanía corren el riesgo de tener poco sentido en la vida cotidiana de la población si se emplean para excluir a las personas en lugar de incluirlas.

La participación como complemento de los acuerdos de paz, sirve de puente entre las cúspides de poder y las esferas más amplias de la sociedad. El debate y las propuestas ciudadanas ahondan en el sentido de la democracia, y son una barrera para impedir el alejamiento progresivo entre la toma de decisiones y el sentir de la sociedad real.

Participación social para la paz

Para que la paz no sufra reveses, es necesario una participación temprana. La participación ciudadana activa en los procesos de paz no debe generar prevenciones, ni tampoco debe ser mal entendida como un entramado cuyo hilo conductor se pierde en discusiones interminables, sin sentido o interesadas. Por el contrario, la participación temprana de la población como parte propositiva e integrante de la discusión, es garantía de legitimidad y blinda el proceso desde sus orígenes aumentando la aceptación de lo que se acuerde y facilitando la parte más crítica e importante del proceso, su implementación.

De igual manera, el involucramiento ciudadano es un reconocimiento a la capacidad de las comunidades, haciéndolas parte de la propia construcción del proceso y no sólo que sean tomadas en cuenta al final del mismo, sea para validar o manifestarse en contra de lo acordado mediante acto refrendario.

La participación es el medio para obtener el enorme bagaje de información que emerge de las comunidades. De ellas se obtienen valiosas lecciones que son perfectamente funcionales a una construcción de paz territorial. Considerar estos factores marca la diferencia entre lo ideal y lo real, entre lo nacional y lo local, haciendo más efectivas las medidas que se adopten de cara al logro de una paz firme y duradera.

Asimismo, para que los efectos de la paz lleguen a los lugares más afectados, la comprensión de lo local es un factor determinante. Esto implica entender el tejido social para relacionar las dinámicas institucionales nacionales con las particularidades de las dinámicas a nivel local.

Es cierto que los mecanismos de la consulta y participación social pueden ser más demorados, pero es indiscutible que acorta los tiempos y facilita diametralmente las fases de implementación de los acuerdos.

Encontrar los medios que faciliten la fluidez de los debates, opiniones y aceleren la formación de acuerdos previos que sirvan de insumos para las negociaciones, es el reto que debe convocar las mejores intenciones y voluntades.

Es menester tener en cuenta que este esquema constituye un reto organizativo y plantea diversos desafíos a las partes y a los convocados. La participación debe plantearse como un ejercicio amplio, abierto, integrador, inclusivo y descentralizado. Un proceso de comunicación en doble vía que fomente la interacción, donde haya una relación transparente y fluida entre los que participan y los que toman decisiones.

De forma paralela al desarrollo del conflicto armado, la sociedad civil se ha organizado y construido formas alternativas de participación, labrando caminos de paz que deberían ser considerados. La sociedad se ha organizado y ha construido formas de movilización, negociación y acción política, así como diversos emprendimientos, gestiones e intervenciones en clave de participación que no obedecen a fórmulas prescritas sino a la propia vivencia de aquellas personas y organizaciones que se han visto afectadas por el conflicto armado.

Existen ciertos criterios que son presupuestos fundamentales a cumplir, para que los ejercicios de consulta a implementarse arrojen los resultados esperados. Entre ellos se puede destacar: el carácter incluyente de los diálogos, que permita una participación lo más amplia posible; realizar una campaña de información que permita que todas las personas intervinientes estén debidamente enteradas de los mecanismos, contenidos y alcances; la participación debe ser accesible a la ciudadanía en el marco de una intervención sin daño; las consultas deben ser realizadas y entendidas en un contexto de construcción de paz; y finalmente, se debe respetar todas las opiniones y procurar la tolerancia.

El modelo de participación ciudadana que se adopte debe, además, aprovechar lo máximo posible las instancias creadas y que ya han adquirido legitimidad y confianza entre la población; por ejemplo, las Juntas de Acción Comunal o el Consejo Nacional de Paz. Esta decisión no sólo se basa en criterios de economía procesal, sino fundamentalmente en fortalecer los espacios democráticos creados para tales efectos.

Asimismo, es necesario tener en consideración las modalidades propias de organización y deliberación de los pueblos indígenas, lo cual supone tratar en lo posible de respetar sus procesos internos en sus comunidades, como los espacios autónomos de minga y asambleas. Estos espacios deberían de ser convocados, concertados y fortalecidos a fin de generar una real y mayor participación de estas minorías.

Con dicho fin, se podrían adoptar las siguientes acciones: Garantizar la autonomía para que las comunidades indígenas elijan a sus representantes libremente; brindar información sobre los impactos y medidas de protección territorial o protección jurídica de los territorios étnicos; adecuar la pedagogía de acuerdo a las regiones y su diversidad, buscando capacitar y empoderar a las autoridades étnico-territoriales; retomar espacios como la Comisión Étnica para la Paz y la Defensa de los Derechos Territoriales, creada para salvaguardar los derechos territoriales y colectivos de las poblaciones étnicas en el actual proceso de negociación; entre otros aspectos.

De igual manera, resulta pertinente tener en cuenta las necesidades y espacios que representan los intereses de la población afrodescendiente. Las comunidades negras tienen asambleas propias, como los Consejos Comunitarios, las cuales deberían ser consideradas para los procesos de participación. Para ello, es importante que se aliste a estas comunidades mediante información clara y concreta, y se tenga en cuenta sus derechos colectivos.

Comprender estos acumulados como integralidad relacional, así como la sumatoria de actores como tejido social garante de la superación del conflicto, es un camino común para poner en relación experiencias históricas y actuales de participación social y política.

Atendiendo a todo ello, no está de más señalar que un proceso de participación que busque impactos locales o regionales, no puede realizarse a partir de suposiciones, presunciones o desconocimiento sobre la operatividad y las posibilidades de éxito del esquema o el modelo a desarrollar. No pocas iniciativas se han realizado sin considerar aspectos básicos (de una importancia determinante) en iniciativas de esta naturaleza. Errores comunes en las acciones consultivas se reproducen frecuentemente generando frustraciones tanto en los organizadores como en las partes intervinientes. Restar posibilidades de fracaso a las etapas del proceso de participación es de una importancia manifiesta para que el proceso logre los resultados que se esperan.

En ese sentido, es necesario tener en cuenta diversas variables y condiciones necesarias para que el proceso sea robusto desde sus inicios y rinda los frutos esperados. Para ello, una ventaja estratégica comparativa es conocer la opinión de aquellos que en última instancia serán los que asuman un rol protagónico en los procesos de participación.

Reflexiones finales y retos para la participación de la sociedad civil en procesos de paz

Más que escenarios formales, las estrategias de participación de los movimientos sociales y de la ciudadanía son posibilidades, son actos de creación de respuesta y propuesta frente a los procesos de paz.

La calidad de la participación es mayor cuando además de colectiva es directa, auto gestionada y se manifiesta en la adopción de acuerdos o decisiones. Para ello, se necesita promover una participación activa, donde la población colabora con su acción personal en su desarrollo y seguimiento. Este involucramiento que pasa por una serie de consideraciones es el reto más importante de cara a la organización de estos procesos.

La principal característica de la participación es el ejercicio legítimo y autónomo, como iniciativa permanente para encontrar alternativas de solución hacia la construcción de la paz. La participación es también una búsqueda constante del reconocimiento como actores válidos frente a los procesos de paz. La búsqueda de tal reconocimiento e interlocución favorece el ejercicio de los derechos ciudadanos. Cada experiencia participativa es en sí misma un ejercicio que favorece el logro de consensos y es una forma de incidencia, diálogo y el sentido de llegar a buen término de las negociaciones, de lograr los objetivos, de culminar los eventos.

Las formas de participación construyen herramientas y logísticas basadas en la cualificación de sus capacidades de interlocución, la comunicación como herramienta de legitimación, y, de manera ascendente la sistematización de los avances, contenidos y prácticas realizadas, lo que a su vez permite una preservación de los aportes colectivos.

Las experiencias indican que el proceso de paz al expresarse territorialmente ayuda a cobrar un sentido en el cual las experiencias de participación y paz asumen que solo bajo el compromiso activo se podrá superar de manera definitiva las dificultades de la implementación de los acuerdos en el posconflicto.

*ORBIS es la revista de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia.