El Espectador. Con la paz a la vuelta de la esquina, así se vive en uno de los epicentros de las Farc en el centro- oriente del país. Hay esperanza por el cambio, temor a las bacrim y escepticismo acerca de que la guerrilla y el Gobierno cumplan su palabra.

Por César Molinares Dueñas

Es mediodía en Puerto Rico (Meta). En la plaza principal, un militar pinta la cara de una niña. Otros pequeños se deslizan por un tobogán inflable custodiados por soldados, unos vestidos de payaso y otros armados con fusiles Galil. A pocos kilómetros, en Vista Hermosa, el Concejo discute, a puertas abiertas, el plan de desarrollo local. En Piñalito, una vereda que hasta hace poco controlaban las Farc, un policía mira hacia el río Güejar y señala la manigua donde asegura que hay un campamento guerrillero. “No tenemos combates a pesar de que pasamos a 200 metros de distancia”.

Es cierto, desde que las Farc decretaron el cese al fuego hace 17 meses en esta región del Ariari, corazón del Meta y uno de los fortines históricos de esa guerrilla, los combates y lo que se conocía como el “estado fariano” parecen cosa del pasado. Pero hay nuevas amenazas.

Varios curiosos se agolpan frente al único juzgado que existe en Puerto Rico, donde procesan a un extorsionista que se hacía pasar por guerrillero. “Es un muchacho de la comunidad”, comenta un curioso. Hay incertidumbre porque no es claro de dónde provienen las extorsiones. La guerrilla ha advertido sobre los timadores, pero sigue cobrando lo que ahora llaman el “impuesto del posconflicto”. La presencia del clan Úsuga también se empieza a notar. Hace un mes la Policía capturó en Vista Hermosa a uno de sus jefes, alias el Negro Andrés, señalado de asesinatos y desplazamientos en Meta y Casanare.

A estas amenazas se suma el miedo a lo que pasará cuando se firme la paz. Temen que se repita lo que ocurrió con los paramilitares y que sin el sello de la guerrilla las Farc se unan a bandas que como los Úsuga ya están llegando al Ariari. El paso siguiente –dicen– sería la agudización de la extorsión y el narcotráfico. Algunos indígenas de Mesetas son escépticos de que las Farc dejen las armas. “Hasta no ver no creer. Algunos ya se están yendo al Eln y podrían copar los espacios dominados por las Farc”, dice uno de sus líderes.

También rondan las intrigas, que de ser ciertas develan las grandes carencias de la región. Por ejemplo, corre el rumor de que hay jóvenes desempleados que se están enrolando en la guerrilla para después desmovilizarse y así lograr que el Gobierno les pague una mensualidad. El desempleo y los pírricos presupuestos de los municipios del Ariari son la cruda realidad. “¿Cuál será la suerte de los desmovilizados que lleguen a nuestros municipios?”, se pregunta un concejal de Vista Hermosa. “Es posible que se dediquen a la delincuencia porque no saben trabajar”, especula un funcionario de la Alcaldía de Mesetas.

En medio de la incertidumbre por la desmovilización, salta a la luz la desinformación sobre el papel que estos municipios jugarán en el posconflicto. “Se habla de una paz duradera con equidad, pero a poco de concretarse no la vemos llegar. Ni nos han preguntado qué paz queremos”, advierte José Martínez, miembro de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Vista Hermosa. Este dirigente espera que no se repitan programas como el Plan Colombia y Consolidación. “Si hacen lo mismo, fracasarán”. El alcalde de ese municipio, Marco Gordillo, añade que es imposible “una pedagogía de la paz con necesidades insatisfechas. A los alcaldes no nos pueden dejar solos. Eso de que nada está acordado hasta que todo esté acordado, nos tiene en la incertidumbre”.

La coca, guerra sin fin

Cortar los lazos entre los cultivos de coca y las Farc ha sido una obsesión del Estado en el Ariari. En este territorio, que hace parte del área de manejo especial de La Macarena conocida como AMEM, se desplegaron 14 mil militares una vez se terminó la zona de distensión en 2002, los cuales dieron fuertes golpes a las Farc reduciéndolas a 2.000 integrantes. También erradicaron miles de hectáreas de coca.

Pero ni la presencia militar, ni los miles de millones de pesos gastados en aspersión y los programas de erradicación, evitaron que se volviera a sembrar. Hoy, según el Sistema de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci), hay 5.042 hectáreas sembradas de coca en Meta, muchas en parcelas de una hectárea, una cifra que preocupa, aunque no se compara con las 10 mil que había en 2007.

La mezcla militares-erradicación, pero sin vías y puentes, ni opciones de proyectos productivos, terminó por enfrentar a los campesinos con el Gobierno, por lo que se han venido organizado para negociar la sustitución voluntaria, uno de los temas que serán cruciales cuando se implementen los acuerdos de La Habana. Víctor Moreno, presidente de la Asociación de Productores del río Güejar (Agroguejar), reconoce que están cansados de la coca, pero carecen de alternativas. “El Gobierno tiene que preguntarle al campesino qué sabe y qué puede sembrar. Tiene que concertar”, dice.

La coca se ha sembrado tradicionalmente en el Ariari en lo que se conoce como la Zona de Recuperación para la Producción, un anillo que bordea la serranía de La Macarena, donde también hay cultivos de pancoger. Pero ante la presión de las autoridades, los campesinos están talando en los parques naturales que integran la AMEM. En las imágenes satelitales del Simci llama la atención que la deforestación no es solo en los sembrados de coca, sino en los que se usan para ganadería y en otros que no tienen ningún uso.

Al problema de la coca se suma el de las mineras. En los últimos meses, toda la región se ha puesto en pie de lucha contra las ocho concesiones petroleras que pretenden entrar, por el riesgo que representan para los parques naturales. “Hay una contradicción entre la decisión de recuperar el territorio de los cultivos ilícitos, pero al tiempo llegan nuevos conflictos con el petróleo y las bandas criminales”, dice José Pachón, concejal de Puerto Rico.

A la espera del cambio

Parte de los dilemas que comienzan a despuntar en el Meta con la llegada del posconflicto tienen que ver con la ausencia de instituciones. La escasa presencia que hasta hace poco podían ver los pobladores del Ariari era de la Iglesia católica, ONG y la Misión de Apoyo de la OEA. Para el jefe de esta última, Roberto Menéndez, es lógico que una vez se firme la paz resurjan conflictos no resueltos. “Temas como el uso de la tierra, del agua e incluso de participación y distribución del poder, son necesidades urgentes y no siempre hay soluciones rápidas”, explica.

En los últimos años y gracias al clima de paz que se respira, han llegado programas de los gobiernos nacional y departamental, así como juzgados y fiscales. “Las instituciones se han acercado, pero el campesino aún está reservado. Hacen falta procesos serios de producción, que le digan al campesino ‘arranque la mata de coca y tenga con qué vivir’. Pero lo que hacen es plantear proyectos, firmar, tomarse la foto e irse”, resalta el párroco de Puerto Rico, Didier Martínez.

Con la fuerza pública también hay recelos. “La gente reconoce que hay un gobierno legítimo, pero apenas ahora es que escuchan de él y sus instituciones”, asegura otro miembro de Asojuntas en Vista Hermosa. Se quejan de que la aproximación del Estado ha sido mayoritariamente militar. “Todo tiene que coordinarse con ellos, ¿dónde está la autonomía? Acá la batuta y la autoridad la tienen los militares”, explica un funcionario de Puerto Rico.

Para Cristian Rodríguez, coordinador de la Misión de la OEA en el Meta, los procesos que han venido impulsando en el Ariari se enfrentan a la demanda por más presencia del Estado. “Hay una coincidencia en la necesidad de consolidar y profundizar la llegada integral del Estado, una que permita reconstruir la confianza y emprender proyectos de vida sostenibles. De lo contrario, la desconfianza será una barrera gigantesca para la construcción de la paz”.